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miércoles, 16 de diciembre de 2015

Un decreto de Macri creó el Ministerio de Comunicaciones


El presidente Mauricio Macri creó por decreto el Ministerio de Comunicaciones en el que designó a Oscar Aguad como titular. Bajo la órbita de este organismo funcionará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Las modificaciones realizadas, entran en conflicto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, cuyos diseños institucionales contemplan el funcionamiento autárquico y autónomo de AFSCA y AFTIC para dichas funciones.
La decisión manifestada en el decreto anticipa fuertes negociaciones hacia adelante entre el flamante ministro de Comunicaciones y los directores de las unidades correspondientes que, pese a funcionar como organismos autárquicos, a partir de ahora tendrán que responder a la cartera recientemente creada.

Vale recordar que Aguad, que tendrá a su cargo el control de la telefonía y de ARSAT, la empresa del Estado nacional dedicada a brindar servicios de telecomunicaciones, es una de las figuras más destacadas del radicalismo en la Cámara de Diputados, desde donde desplegó un antikirchnerismo a ultranza y una activa militancia contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“El milico”, apodado así por sus detractores, por su vínculo con el dictador Luciano Benjamín Menéndez, en sus primeras declaraciones, señaló que las comunicaciones son estratégicas para el funcionamiento del país y remarcó que ya mantuvo reuniones con todas las operadoras de telecomunicaciones para hablar sobre la situación del mercado y acelerar inversiones.

Mientras aseguró que buscarán acciones para mejorar el servicio de telefonía móvil, mejoras que remarcó que debería comenzar a visibilizarse dentro de seis meses.


domingo, 3 de noviembre de 2013

SABBATELLA, entre la impunidad y las mentiras


El próximo 10 de diciembre Martín Sabbatella podría quedarse sin trabajo. Ese día se renuevan las autoridades de la AFSCA, y su cargo y el de un director deben ser designados por Cristina Kirchner. El resto se elige por audiencias públicas. Nadie podría decir que está en su mente salir a buscar empleo: el titular de la AFSCA gastó en remodelar su oficina 136.480 pesos y hasta pidió un lustrador de zapatos para tener en su despacho; pagó 429.000 pesos por el alquiler de cuatro maquinas de café (aunque en este caso el elevado costo no garantizó la calidad: una delegada de ATE firmó hace poco una nota de queja por la mala calidad de la bebida en su oficina). También remodeló los ascensores ($ 394.682,2) y aprobó gastos de 125.850 por mes en seguridad.
Desde que entró a la AFSCA, Sabbatella nombró a 130 personas en planta permanente categoría B, con salarios que van desde 11.000 a 23.000 pesos, y nombró nuevos directores dejando vacantes las áreas técnicas y relegando a los funcionarios de carrera. A los 130 nuevos empleados se les obliga a pagar el impuesto revolucionario del 8%, en concepto de “aporte” al partido Nuevo Encuentro, Sabatella Trademark.
Algunos de sus colaboradores más cercanos han tenido, por así decirlo, una trayectoria un tanto errática: el director del área de adjudicaciones, Gabriel Sotille, es, al mismo tiempo, propietario de una productora de contenidos, Tres Clavos, lo que lo ubica a ambos lados del mostrador: las licencias que autorice son las de sus futuros contratistas. Ana Vialle, otra directora, tiene una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la OA por incompatibilidad de empleos: es, al mismo tiempo, directora jurídica de la AFSCA y empleada del Ministerio de Justicia.
Fueron creadas 36 coordinaciones regionales en las que cada director cobra unos 30.000 pesos y es el responsable del control técnico y jurídico de las señales en su región, y se nombraron bomberos y albañiles que hoy no reportan ninguna actividad.
Hay, en el Paraíso Sabbatella, cuatro denuncias de empleados por violencia laboral y varias quejas formales por desplazamiento físico del personal: se armaron oficinas para sabbatellistas y a los trabajadores de carrera se los amontonó en los distintos pisos en condiciones que no superarían la inspección de una ART. Si les interesa visitarlo, encontrarán a esos laburantes hacinados en el frente del tercer piso, el contrafrente del séptimo, el frente del octavo y el contrafrente del noveno. Entre los amontonados circuló hace poco una carta curiosa: era la queja de un intendente al que se le adjudicó una radio en la frecuencia de FM 87.9 cuando el dial arranca en el 88.1.
¿Habrán visto alguna vez un dial?
El jueves a la tarde Sabbatella era entrevistado por María O’Donnell en Radio Continental: mentía con total descaro frente a la periodista y ésta comenzó a cruzarlo con datos concretos: “La publicidad oficial se reparte de manera equitativa”, decía Sabatella.
“No me puede decir eso, el ochenta por ciento de la pauta se la lleva el Grupo Spolsky, Página 12, Vila-Manzano y Gvirtz”, terció María, autora de un libro sobre, precisamente, el reparto de la pauta.
“Esa es su opinión”, le contestó.
Con cinismo, Sabbatella daba en el clavo de la discusión:“Opiniones”. Las matemáticas, la estadística, los hechos concretos son reducidos a la categoría de opiniones.
“Hay pautas claras de cuáles son los criterios para la distribución de publicidad”, decía Sabbatella.
“Y ya que hay pautas, ¿por qué no hay una ley que las aclare?”, le preguntaron.
Sabbatella, silencio de radio.
Con la misma impunidad discursiva, el titular de la AFSCA afirmaba que la ley de medios se está cumpliendo y sin ninguna parcialidad. Vale la pena revisar ese argumento: En Capital, salvo El Trece, todos los canales de TV abierta están bajo control directo o indirecto del Gobierno. La administración K fue comprando todos los medios: Canal 9 cambió de manos cuando lo vendió Hadad, en 2007, a González; Telefe se alineó por estar flojo de papeles; América tuvo su interna con Francisco de Narváez y terminó tomando el control el gobierno con Vila y Manzano; C5N fue vendido por Hadad a Cristóbal López; Crónica TV de Héctor Ricardo García le firmó un contrato de management a la gente de la UOM, y CN23 es de Spolsky-Garfunkel. Vamos caso por caso: –Telefe. El titular de la licencia es de capital español, algo que está prohibido. Y a la vez está expresamente prohibido que el prestador de un servicio público –Telefónica– sea a la vez dueño de un canal. El Grupo Telefónica tiene Telefe y otros ocho canales de TV abierta en todo el país. Algo de eso podría explicar la presencia de Aníbal Fernández como columnista en su pantalla.
–CANAL 9. Su dueño es González  González, de capital mexicano, algo prohibido como extranjero. Permite a TVR, Duro de Domar y hasta presenta un programa de Jorge Coscia, el secretario de Cultura.
–Grupo Moneta. Tenía una medida cautelar como la de Clarín que se revirtió hace tres meses, permitiéndole presentar un plan de adecuación, algo que a Clarín se le niega. Tienen radio Metro, Rock and Pop, Blue, Radio 9 y Splendid.
–C5N. Hadad vendió todas sus radios y C5N a Cristóbal López y se lo hizo pasar como adecuación a la ley de medios. La ley prohíbe la transferencia de medios.
–Grupo Vila-Manzano. Presentaron un plan de adecuación el año pasado, pero aún no fue tratado en el directorio. En el plan el grupo propone dividírselo entre los socios y familiares: hasta Barbarita Vila va a tener su parte.
CN23, C5N y 360TV funcionan sin licencia bajo la excusa de que son servicios experimentales; ya llevan varios años experimentando.
“Claro que hay pluralismo en la televisión pública”, le dijo, sin tentarse de risa, Sabbatella a María O’Donnell.
Después se aflojó la corbata y se puso a mirar 678.
Investigación: JL/ María Eugenia Duffard/Amelia Cole/

© JORGE LANATA –PERIODISTA

sábado, 15 de diciembre de 2012

El juez Alfonso resolvió que la Ley de Medios es constitucional


Entre sus fundamentos sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, el magistrado defendió la "pluralidad". Video-análisis de cómo sigue la batalla Gobierno-Clarín.

El juez Horacio Alfonso "rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Clarín SA" y ordenó el"inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso" en la sentencia de fondo más esperada por la Casa Rosada en la prolongada contienda por la Ley de Medios.
En la sentencia, de 58 páginas, el subrogante del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº1 señaló que Ley de Medios "responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión", entre otros argumentos para validar los artículos 45 y 161, que ordenaban al multimedios a desprenderse radios y canales de televisión.
Por eso el magistrado consideró que "es indispensable la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos y la garantía e independencia de los periodistas".
La Ley de Medios "no permite vislumbrar la afectación de libertad de expresión así como tampoco resulta de la causa ni ha sido demostrado, que tal regulación carezca de razonabilidad (...) Ha sido el Congreso de la Nación, a consecuencia de la pertinente valoración de los elementos involucrados, adoptó la decisión de reordenar y reformular lo atinente a la prestación y regulación" de las señales.
Alfonso continuó así su fundamento: "El interés general tenido en mira por el nuevo ordenamiento, responde al objetivo de diversificar la oferta informativa y ampliar la posibilidad de ejercer la libertad de expresión a la mayor cantidad de medios, pues lo que se intenta no es afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual".
El juez también reivindica el rol de Afsca, la autoridad de aplicación que encabeza Martín Sabbatella. "Ha de reconocerse la autoridad de aplicación, facultar para establecer diferentes limitaciones a los prestadores de servicios de radiodifusión a los fines de evitar una excesiva concentración en manos de un único operador y favorecer por tanto la diversidad", indicó Alfonso.
Sobre los daños patrimoniales invocados por Clarín ante la eventual pérdida de señales de TV y radio, el magistrado señaló que "la licencia de radiodifusión constituye un objeto inmaterial susceptible de valor" que "deberá ser objeto del pertinente reclamo indemnizatorio". Es decir, habilitó una demanda comercial de Clarín al Gobierno.
A su vez, el magistrado Civil y Comercial apuntó sobre los daños económicos denunciados por Clarín que "la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos (...) Si no que se ejercen con arreglo a las leyes que reglamentan su ejercicio".
Libertad de expresión y PERFIL. El juez Alfonso apeló, entre otras, a doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avalar la contitucionalidad de los artículos en cuestión de la Ley de Medios.
Incluso Alfonso tomó las ideas de "libertad de pensamiento" y "libertad de expresión" que invocaron Jorge Fontevecchia -director de la Editorial Perfil- yHéctor D'Amico -exdirector de la revista Noticias- a la CIDH en su defensa por la demanda sobre la identidad de Carlos Nair Menem.
Lo que viene. El periodista del diario PERFIL, Gabriel Ziblat, analizó las próximas instancias judiciales que llevará al conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín hasta la Corte Suprema. 


De esta manera, después de más de tres años de sancionada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también se levanta la medida cautelar que favorecía a Clarín. Ahora el grupo monopólico deberá presentar su plan de adecuación y desinversión. Leé el fallo completo aquí.


viernes, 7 de diciembre de 2012

La CÁMARA CIVIL y COMERCIAL PRORROGÓ La CAUTELAR del Grupo CLARÍN


A un día de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficia al Grupo Clarín, la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal extendió la medida que mantiene suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios "hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa". La resolución, que lleva la firma de los jueces Francisco de las Carreras, quien es investigado por la Justicia Penal por supuestas dádivas y cohecho, y María Susana Najurieta, rechazó además el revocatorio presentado ayer por el Gobierno.
El ministro de Justicia, Julio Alak, anticipó que se presentará el pedido de nulidad ante la Corte Suprema mediante el recurso de per saltum. En tanto, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, consideró que "el fallo es una vergüenza" y aseguró que es "una maniobra más". Además, solicitó que "la Corte actúe de forma urgente" para "asegurar el derecho a la información"