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jueves, 13 de agosto de 2015

Para participar en las ganancias





La iniciativa propone que las prestatarias del Servicio Nacional de Telecomunicaciones emitan bonos para que el personal participe en los dividendos. Este derecho fue establecido por la Ley de Reforma del Estado, pero Menem eximió a Telecom y Telefónica.

Los trabajadores telefónicos de todo el país se movilizaron ayer de forma masiva hacia el Congreso Nacional para respaldar el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde que propone que las empresas de la actividad estén obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias en beneficio del personal. La iniciativa elaborada por el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja determina que la norma alcanzará a “las empresas prestatarias del Servicio Nacional de Telecomunicaciones que fueron adjudicatarias en la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y sus firmas vinculadas o controladas afectadas a la telefonía fija o móvil”.

“Están también obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija o móvil que hubieran sido autorizadas a su prestación con posterioridad a la privatización de la ENTel”, sostiene el proyecto.

El texto precisa que “los trabajadores de las empresas tienen derecho al bono de participación en las ganancias por la sola existencia de la relación con la compañía obligada durante el año al que correspondan las ganancias a distribuir, sin distinción de jerarquías, categorías, fecha de ingreso u otra característica personal o laboral más que la vigencia de su dependencia”. 

También prevé que “las sumas que los trabajadores perciban como consecuencia de la ley estarán exentas del pago del Impuesto a las Ganancias” y explica en los fundamentos que el proyecto procura que se cumplan las instrucciones de igualdad previstas en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo. “Debe asegurarse la universalidad del acceso a esa distribución de la ganancia empresaria entre todos los trabajadores por la mera comprobación de la relación de dependencia”, puntualiza.

Los telefónicos de todos los gremios de la actividad se concentraron ayer al mediodía en 9 de Julio y Avenida de Mayo y marcharon al son de bombos y arrojando pirotecnia hacia el Congreso para respaldar la iniciativa.

Desde un palco hablaron los secretarios general y adjunto de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra Buenos Aires), Osvaldo Iadarola y Claudio Marín; Daniel Rodríguez (Foeesitra); otros dirigentes del sector y los diputados nacionales Recalde, Carlos Kunkel, Jorge Rivas, Mario Oporto, Edgardo Depetri, Oscar Romero, Héctor Daer (sindicalista de la Sanidad), Carlos Gdansky (metalúrgicos) y Oscar Martínez. Además de los senadores María Higonet y Pablo González. 

La organización empapeló la ciudad con cuatro afiches color convocando a la marcha y en un comunicado afirmó que junto con las Federaciones nacionales que integran la Mesa de Unidad Sindical (Fatel, Foeesitra, Fopstta y Upjet) se movilizó en apoyo de la presentación del proyecto. “El derecho de los trabajadores telefónicos a percibir bonos de participación en las ganancias fue estipulado por la ley 23.696 de Reforma del Estado. Pero el gobierno de Carlos Menem eximió de su emisión a las empresas Telecom y Telefónica por el decreto 395/92, declarado inconstitucional por la Corte Suprema”, puntualizó.

La Foetra subrayó que “las empresas aludieron la prescripción del reclamo, argucia denegada por la misma Corte en 2013, aunque las acciones judiciales iniciadas por las organizaciones sindicales y los trabajadores sufren reveses para el cobro: son favorables para los ex ENTel pero no fijan un monto unificado, y desfavorables para quienes ingresaron después de la privatización”. “Por ello es indispensable la sanción de una ley que contemple a todos los trabajadores de las empresas de origen de la privatización –Telecom, Telefónica– y a las continuadoras, como las móviles Personal, Movistar, Nextel y Claro”.

     

lunes, 23 de febrero de 2015

Buscan garantizar la Estabilidad Laboral


Un proyecto de ley, impulsado por el diputado nacional Héctor Recalde,  busca garantizar la estabilidad laboral en las empresas privadas evitando que se produzcan despidos injustificados. La medida pretende brindar herramientas judiciales a los trabajadores para que puedan defender sus puestos.
El expediente, que hasta el momento solo fue tratado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, asegura que de la única manera que el empleador podrá cesantear a un trabajador, será ante alguna causa que justifique el despido o si por su edad está en condiciones de jubilarse.
Al mismo tiempo, señala que para obtener el beneficio de la denominada, “estabilidad absoluta”, el trabajador deberá tener una antigüedad mínima determinada dentro de la empresa, la cual quedará a criterio de lo que establezca cada convenio colectivo de trabajo.
Recalde prevé,  en su proyecto de ley que el trabajador despedido injustificadamente, tenga 90 días para solicitar la nulidad de su cesantía a través del mecanismo judicial provisto por esta norma. Incluso la reglamentación le otorgaría al trabajador la posibilidad de exigir la reinstalación a su puesto.
En tanto, establece que en caso de que la Justicia declare la nulidad solicitada, el empleador deberá cumplir con los salarios que el trabajador dejó de percibir desde el momento de su despido, hasta ser reincorporado o indemnizado, si esta última fuera la opción elegida.
En caso que la empresa se niegue a devolverle su puesto, estará obligada a pagar el sueldo del trabajador hasta que éste se jubile, lo cual no invalida la posibilidad de que el operario pueda realizar tareas para otra compañía o por cuenta propia. Mientras que a su vez los jueces estarán habilitados para sancionar a la firma con multas en forma gradual y progresiva, por no acatar la orden judicial.
Vale remarcar, que el proyecto de ley presentado señala que en caso que el trabajador no se haya presentado a solicitar la nulidad del despido dentro de los 90 días establecidos, se tomará de hecho que optó por cobrar la indemnización.
Por otra parte, si el despedido sin justificación no reuniese los requisitos que marca el proyecto de ley, como por ejemplo la cantidad de años de servicio, no podrá solicitar la nulidad de la cesantía, pero sí tendrá derecho a percibir indemnización.

lunes, 22 de diciembre de 2014

Código de Trabajo: El Gobierno prepara profundas modificaciones laborales



La idea de unificar todas las leyes en un mismo cuerpo normativo incluiría reformas que inquietan al sector empresario porque ampliaría beneficios para los empleados: indemnización, licencias y reparto de ganancias

En el tramo final de la gestión presidencial de Cristina Kirchner, el oficialismo impulsa la sanción de un Código de Trabajo con el que se propone anular los efectos nocivos de la política de flexibilización laboral que se promulgó en la década del 90. Con esa premisa, el diputado Héctor Recalde (Frente para la Victoria) y un grupo de abogados laboralistas trabajan en la conformación del Código que agruparía todas las leyes vigentes que regulan el empleo e incluiría profundos cambios que ampliarían algunos derechos de los trabajadores.

Los empresarios están inquietos porque trascendió que el kirchnerismo avanza sigilosamente en varios temas relevantes para la economía de las patronales como son la inclusión de los empleados en el reparto de utilidades, la extensión de licencias por embarazo y paternidad, el incremento de la indemnización mínima y la constitución de comités mixtos de seguridad e higiene dentro de las compañías.

La idea ya es analizada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, e incluso hubo contactos con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini.

"Hay mucha preocupación con esto, porque estamos observando avances importantes y no sabemos hasta dónde van a llegar", admitió -en diálogo con el diario El Cronista- el titular de una entidad empresaria que prefirió mantener su identidad bajo reserva. "Esto puede ser muy peligroso y más en el actual escenario económico", advirtió otro ejecutivo.

Ante el aluvión de rumores y análisis que se hicieron sobre el proyecto, Recalde aseguró esta mañana -en declaraciones a radio Vorterix- que el aumento de las indemnizaciones en principio no forma parte de la iniciativa, pero reconoció que sí se trabaja en otros puntos que ya se dieron a conocer públicamente.
"Lo de las licencias es viejo y lo ideal sería llevar a 180 días la que se otorga por maternidad, pero duplicarla parece mucho: hoy está en 90 y la idea es que sea por lo menos de 100 días", detalló el diputado kirchnerista. "Que al padre le otorguen dos jornadas es miserable, tiene que gozar de no menos de 15 días", consideró.

Sobre la inclusión de los trabajadores en el reparto de las utilidades de las compañías, Recalde señaló que ya "tiene estado parlamentario" y seguramente será un tema de debate durante el próximo año.

En tanto, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron al diario La Nación que la idea es "hacer un reordenamiento de la legislación" pero "no se pretende cambiar el espíritu de (Norberto) Centeno", autor del anteproyecto que fue el antecedente principal del Régimen de Contrato de Trabajo.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, buscó restar importancia al proyecto. "Hay una iniciativa, efectivamente, pero eso forma parte de la exposición pública de un legislador", aseguró esta mañana en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.
Las críticas que comenzó a recibir la propuesta -incluso antes de que se conozca su alcance- no modifican la postura de Recalde, quien pese a que está seguro de que próximamente se comenzará a hablar de "ley antiempresa" y volverá a compararse a la Argentina con Venezuela para deslegitimar la idea oficialista, no piensa pisar el freno. "Me la banco", desafió.


jueves, 18 de octubre de 2012

No podés ser tan servil al poder…

   
En medio de una discusión por  la nueva ley de ART, el titular de la CGT Azopardo, Hugo Moyano,  apuntó duro hoy contra el diputado Héctor Recalde, a quien tildó de "servil al poder" y lo instó a renunciar a la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara baja.

   "No podés ser tan servil al poder y no responder a los  trabajadores", le recriminó Moyano a Recalde, uno de su hombres de máxima confianza hasta hace pocos meses y asesor legal de la CGT, a quien acusó de no sostener el proyecto sobre ART de la central obrera opositora.   La relación entre el líder camionero y el abogado laboralista se había desgastado desde la toma de distancia de Moyano con relación al gobierno nacional ocurrida a fines del año pasado.

   No obstante, el secretario general de la CGT Azopardo eligió un evento público para marcar su distancia con el diputado del Frente para la Victoria de quien decía que era su compadre.

   La dura frase del líder camionero se produjo durante una  reunión conjunta de Legislación Laboral, Legislación General y  Presupuesto y Hacienda, que había sido convocada por Recalde para  escuchar las posturas de las distintas centrales gremiales en   torno a la ley de ART que el próximo miércoles será convertida en  ley en Diputados.

   El dictamen de mayoría, que corresponde al texto impulsado por  el Poder Ejecutivo, había sido firmado la semana pasada y luego  del despacho se decidió convocar a los expositores.   "Creíamos que respondías a los trabajadores, tengo que decir  que no es así. Nos tendrías que haber dicho Recalde", increpó  Moyano al titular de Legislación General, al tiempo que enfatizó:  "Invitarnos para decirnos que está todo cocinado, es una falta de  respeto a los trabajadores y la historia lo va a juzgar".

   Inmutable, Recalde aguardó a que terminara su discurso y luego  contestó que él no había adherido al proyecto del Gobierno, sino  que había presentado un dictamen de minoría idéntico al proyecto  de la CGT. (NA)