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jueves, 30 de enero de 2020

Las tres razones por las que ningún jubilado de Anses debería cobrar un aumento menor a 11,56% en marzo ***


El primer punto que explica por qué ningún jubilado de Anses debería cobrar menos del 11,56% en marzo es que las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos amparados constitucionalmente.
La regla general es que las leyes se aplican a partir de su entrada en vigencia, no pudiendo tener efecto retroactivo, especialmente si afectan derechos amparados constitucionalmente. El jurista Bidart Campos ha aclarado oportunamente "la inconstitucionalidad de alguna ley retroactiva no surge por la retroactividad misma, sino porque esa condición afecta un derecho anteriormente incorporado al patrimonio".
El artículo 55° de la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica deroga retroactivamente la movilidad prevista en la ley 27.426 (aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri). Dicha movilidad se devenga trimestralmente, es decir, en el mes de marzo de 2020 los pasivos hubieran recibido los incrementos correspondientes al mes de julio/agosto/septiembre de 2019 y en junio los correspondientes a octubre/noviembre/diciembre. De esta manera, la ley se promulga los últimos días de diciembre y deja sin efecto el próximo aumento retrotrayendo su aplicación al mes de julio.
 Cualquier jubilado que en marzo reciba menos del 11,56% de aumento ya devengado podrá solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión
Lo mismo sucedió cuando se aprobó la ley de movilidad hoy suspendida. A los jubilados les correspondía cobrar seis meses de aumento y les pagaron solo tres, posponiendo los tres pendientes a otro trimestre. En esa oportunidad, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social estableció claramente la distinción entre "devengado" y "percibido". Una cosa es la adquisición del derecho y otra es la percepción del mismo.
Es decir, cualquier jubilado que en marzo reciba menos del 11,56% de aumento ya devengado podrá solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión. Después será cuestión de analizar caso por caso el porcentaje de
2 - La seguridad jurídica es la clave para que un sistema previsional sea sustentable a largo plazo
Cada reforma intempestiva que recibe el sistema previsional tiene una justificación similar: sin estos cambios no es sostenible a largo plazo. Por el contrario, es la incertidumbre e imprevisibilidad del sistema lo que lo torna insostenible.
En el caso de la suspensión de la ley de movilidad se sumó un argumento novedoso: la solidaridad. Pocas personas en una sociedad pueden oponerse a la idea de ser solidarios. Pero aquí se trata de un sistema previsional que debe ser sustentable a largo plazo. La sustentabilidad de un sistema de seguridad social se basa principalmente (o al menos debería hacerlo) en el ingreso de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Resulta un grave atentado al sistema priorizar la solidaridad por sobre su carácter contributivo. ¿Quién a partir de ahora considerará importante efectuar aportes si, al final del camino, todos tendremos una jubilación similar? O lo que es peor aún, ¿quién querrá planificar con tiempo su jubilación para poder garantizarse un haber digno, sabiendo que el Estado una y otra vez les cambia las reglas sobre la marcha?
En 1969 se establece el primer sistema de movilidad de jubilaciones, en 1974 ya se dejó sin efecto. Se suceden planteos de inconstitucionalidad. En 1994 comienza las AFJP, miles de damnificados sufren hoy aún las consecuencias de ese sistema. Entre el año 2002 y 2006 el Gobierno otorgó nueve aumentos que solo alcanzaron a las jubilaciones mínimas. Otra vez, cientos de miles reclamos judiciales. En octubre de 2008 se sanciona la primera Ley de Movilidad. En diciembre de 2017, bajo catorce toneladas de piedra, el Congreso reemplaza dicha ley y le quita del bolsillo a los jubilados un trimestre de aumento. Más amparos contra la reforma. Apenas dos años después, el Congreso decidió directamente su suspensión y la reemplazó por incrementos que serán decididos por el Poder Ejecutivo.
En este escenario, ¿sobre qué fundamento se espera que la sociedad demuestre interés en realizar aportes previsionales? Si se hiciera una encuesta, la gran mayoría de los trabajadores seguramente dirá que al jubilarse no podrá vivir de su jubilación. Por eso la tasa de empleo informal crece de manera incesante, alcanzando en los últimos años niveles alarmantes que rondan casi el cuarenta por ciento del total de puestos de trabajo.
La principal modificación que necesita el sistema para ser sustentable a largo plazo es lograr más aportantes activos por cada pasivo. Los problemas financieros de los sistemas jubilatorios de Europa se basan en que por el envejecimiento general de su población, registran más personas mayores jubiladas que jóvenes trabajando. El desafío local es otro y radica en sacar a la superficie el cincuenta por ciento de la economía que tenemos sumergida en la informalidad.
Los trabajadores deben tomar conciencia de que vivirán de jubilación al momento de retirarse. Pero el Estado, por su parte, debe establecer reglas para determinar los haberes jubilatorios que se respeten en el tiempo, que otorguen un mínimo grado de previsibilidad. Las reformas que se planteen como necesarias deberán gestarse desde el consenso y con períodos de implementación a mediano plazo. De lo contrario, atentando contra la credibilidad del sistema, solo fomentamos la informalidad y el desfinanciamiento sistemático.
3 - Los reclamos ante la justicia deben ser la excepción, no la regla
Un millón de jubilados han llevado sus reclamos a tribunales en las últimas décadas. Se hizo de la excepción, una regla.
 No hay crisis económica que pueda legalmente sostener una confiscación en haberes jubilatorios
Cuando se suspendió la movilidad en 1974 los jubilados hicieron juicio. Cuando en la salida de la convertibilidad se quedaron sin aumentos generales frente a una alta inflación, los jubilados hicieron juicio. Cuando desde el comienzo del sistema jubilatorio general en 1969 les liquidaron incorrectamente su primer haber, hicieron juicio. Cuando les confiscaron un trimestre de movilidad en 2018, hicieron juicio. A tal punto llegó la litigiosidad, que en 1996 se crearon los primeros tribunales de primera instancia específicamente para reclamos de seguridad social.
La situación económica actual no es justificación legal suficiente para afectar derechos adquiridos. No hay crisis económica que pueda legalmente sostener una confiscación en haberes jubilatorios. El famoso fallo Badaro es resultado de medidas que se tomaron cuando se salía de una de las crisis más grandes de la historia, el 2001.
Hasta el 2006 no hubo aumentos generales para jubilados, solo para aquellos que percibían el haber mínimo. La Corte Suprema dio su respuesta: "Que la Corte haya aceptado la validez constitucional de los cambios en los regímenes de movilidad a fin de lograr una mejor administración o dar mayor previsibilidad al sistema de seguridad social no implica que esa facultad no se encuentre sujeta a una indudable limitación, ya que tales modificaciones no pueden conducir a reducciones confiscatorias en los haberes." Así, garantizó el 88,6% de aumento para todos los jubilados por igual, atando la movilidad al crecimiento de salarios durante ese período.
 La principal modificación que necesita el sistema para ser sustentable a largo plazo es lograr más aportantes activos por cada pasivo
Por otra parte, tampoco la gran disparidad entre haberes mínimos (actualmente $14.000) y haberes máximos ($103.000) podría sostener la suspensión de una movilidad devengada. Desde el año 2009 la jubilación máxima representa 7 veces el haber mínimo. Por su parte en el año 2009 el haber medio representaba el 28% del haber mínimo y actualmente ese porcentaje alcanza el 54%, principalmente debido a los efectos de la Reparación Histórica. Es decir, no existe una situación de agravamiento en términos de disparidad entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Lo que sí se ha dado es un incremento de precios en la canasta básica de los jubilados, siendo que en 2010 un jubilado de la mínima cubría el 43% de la canasta básica y actualmente cubre el 28%. Pero la canasta básica se ha encarecido para todos los jubilados, es decir, es justo recomponer en mayor medida los haberes más bajos sin que sea en desmedro de los haberes más altos.
Según las estadísticas de Anses hay 2 millones de jubilados que cobran $28.000 mensuales de haber o más. Dado que los trascendidos indican que todos aquellos que cobren haberes superiores a $21.323 percibirán una movilidad inferior al 11,57% que ya tienen devengado, se podría afirmar que de confirmarse la información más de 2 millones de jubilados podrían reclamar judicialmente.
Es un deber moral desterrar para siempre la litigiosidad de los jubilados argentinos. Por eso hay cumplir con las normas y plantear reformas proyectadas a mediano plazo. Girar el timón violentamente frente al iceberg no puede seguir siendo la forma de navegar. Son necesarias reglas claras que perduren en el tiempo y le garanticen un mínimo de certidumbre sobre el sistema. Solo así, e incorporando más trabajadores al empleo formal, se podrán sentar las bases de un sistema previsional sólido y sustentable en el largo plazo.
*** Andrea L. Falcone / abogada especializada en previsión social

miércoles, 18 de diciembre de 2019

El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación



El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán subsidiando a los de la mínima
Nadie puede declararse sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que estaban en una situación de emergencia.
Claro, lo que seguramente nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.
Porque, en los hechos, la medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a los que están peor.
La consecuencia es que, al menos en los próximos meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema, luego de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia económica- vieron sus ingresos congelados durante años.
No es que el equipo de Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente. Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.
¿Por qué avanza el Gobierno entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.
Y ese es, en realidad, el centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una hiperinflación empieza a corporizarse.
Lo manifestó con claridad el ministro Martín Guzmán, al responder las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta, porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los precios se espiralicen.
"Tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.
Guzmán dijo que el país no tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación. La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos", afirmó.
En consecuencia, el diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales y alimentando la carrera nominal de los precios.
Los números de la emergencia jubilatoria
Hablando en números, la urgencia de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento: hoy en día, el gasto previsional equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de $1,7 billones.
Sin cambios en la fórmula, esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que cortar esa inercia.En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la consultora MacroView.
De hecho, las opiniones de los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.
La economista Marina Dal Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las previsiones del próximo año.
"Está claro que el Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega Goldín.
Dal Poggetto es contundente al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.
En el mismo sentido se expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.
Para tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.
Un dato adicional que sirve para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.
De todas maneras, habrá que esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas complementarias una con la otra.
Entre las iniciativas que aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.
Advertencias añejas
Está claro que el peligro inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos por la justicia.
En aquel momento, muchos economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PBI.
Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13 puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos, lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.
Según ese informe, la tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con la Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
De hecho, esas advertencias fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso. La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la recaudación fiscal.
La realidad demostró con creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía -y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto argumentando que resulta infinanciable.
Fuente: iprofesional.com

lunes, 25 de noviembre de 2019

Jubilación mínima de $14.067,93 desde diciembre




Jubilación mínima de $14.067,93 desde diciembre
La Anses oficializó los montos mínimos y máximos que alcanzarán las prestaciones del sistema jubilatorio a partir de diciembre. El piso de ingresos para los adultos mayores será de 14.067,93 pesos mientras que el techo para las prestaciones ascenderá a 103.064 pesos mensuales. Los valores estarán vigentes hasta finales de febrero del año próximo. Las cifras representan un aumento del 8,74 por ciento, la cuarta actualización prevista en la cuestionada ley de movilidad jubilatoria que impulsó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017. Las subas acumuladas durante 2019 arrojarán un alza de 51,1 por ciento que resultará en una caída de, por lo menos, 4 puntos porcentuales en la capacidad de compra de los jubilados frente a la inflación.
A través de la Resolución 279 publicada el jueves en el Boletín Oficial, el organismo estableció que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará a 11.254,34 pesos. El haber representa el 80 por ciento de la jubilación mínima. El sistema de jubilaciones de segunda fue creado por Cambiemos en 2016.
La movilidad se determina en un 70 por ciento por las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Indec y en un 30 por ciento por el coeficiente que surge de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), de acuerdo a la fórmula que se aplica en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La cuestionada fórmula que arrojó sistemáticamente un deterioro en la capacidad de compra de los adultos mayores está vigente desde marzo de 2018.
Al aumento del 8,74 por ciento que comenzarán a percibir los jubilados a partir de diciembre se suman las tres actualizaciones registradas desde comienzos de 2019: 11,83 por ciento en marzo, 10,74 en junio y 12,22 en septiembre. Representa un ajuste de 51,12 por ciento que estará por debajo de la inflación. El Relevamiento de Expectativas del Mercado que realiza el Banco Central entre las principales consultoras prevé una inflación de 55,6 por ciento este año. Durante 2018, el primer año de la nueva fórmula, la pérdida había sido todavía mayor ya que el aumento de las jubilaciones fue del 28,8 por ciento y la inflación fue de 47,6 por ciento.
S i la fórmula no se modifica, el primer aumento de las jubilaciones durante la gestión del presidente electo Alberto Fernández será del 11,56 por ciento en marzo de 2020. La movilidad abarca a unos 18 millones de beneficiarios: 6,9 millones de jubilaciones y pensiones; 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor, 5,2 millones de asignaciones familiares y casi 4 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las pensiones no contributivas perciben el 70 por ciento de esos valores y la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) el 80 por ciento

Fuente: Pagina 12

viernes, 2 de diciembre de 2011

El haber mínimo ($ 1.434.) de los jubilados no cubre el costo ($ 3.059) de la Canasta básica





El haber mínimo de los jubilados no cubre la mitad de su canasta básica

Necesitan $ 3.059 al mes para subsistir, pero la jubilación mínima es de $ 1.434.

Tres de cada cuatro jubilados ganan el haber mínimo que actualmente es de 1.434 pesos mensuales. Pero con ese ingreso no llegan a cubrir la mitad del costo de la canasta básica del jubilado valuada en $ 3.059, de acuerdo al cálculo que hizo la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Un año atrás, esa canasta mínima costaba 2.458 pesos. Esto implica que en 12 meses aumentó un 24,4% , a tono con la inflación que miden los Institutos Provinciales y muy lejos de las cifras que publica el INDEC, en torno del 10%.

En el caso de las pensiones no contributivas, que son del 70% del haber mínimo o $ 1.003, la cobertura todavía es más baja ya que solo cubre una tercera parte de los $ 3.059 mensuales.

Según el Ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino, la canasta del jubilado contiene los bienes y servicios imprescindibles para la subsistencia de una persona sola.

En el caso de un matrimonio, ambos jubilados, el costo de la canasta sube a $ 3.700 mensuales. Así incluso con dos jubilaciones mínimas de ambos cónyuges, no cubren el costo de esa canasta, precisó Semino a Clarín.

La medición publicada ayer no incluye los mayores gastos asociados a las fiestas de fin de año que, en general, se afrontan con el cobro del medio aguinaldo.

El cálculo de la Defensoría de la Tercera Edad es muy parecido si se compara la jubilación media – $ 1.850 – con el sueldo medio de los trabajadores registrados que ronda los $ 4.500, según la Secretaría de la Seguridad Social. En este caso, el haber medio equivale al 40%, muy lejos del “histórico” 82%.

La composición de la canasta muestra que contiene bienes y servicios mínimos, imprescindibles, valuados a precios por debajo de la media de comercios y negocios, incluidos supermercados chinos. Supone un gasto en alquiler de apenas $ 480 o el gasto en expensas si el jubilado es propietario.

Lógicamente un gasto mayor al resto de la población es el de salud, en medicamentos básicos, pues no contiene tratamientos complicados y por ende, costosos. Y el rubro recreación, únicamente considera una sola ida al cine, una comida en una pizzería y el pago de la cuota de un centro de jubilados.

Hacia adelante, se supone que el jubilado mantendrá los subsidios en gas, luz y agua, servicios que en la canasta del jubilado representan $ 90 mensuales.

Semino aclaró que desde que comenzaron a valuar el costo de la canasta del jubilado “no procuramos patentar un sistema de medición de última generación para compulsar los requerimientos mínimos de los mayores sino poner en discusión en la sociedad, los distintos criterios de los que se parten para considerar la temática de la vejez, que no se base en lo eminentemente cuantitativo. Y tampoco para otorgar ninguna conformidad para discutir la vejez preconfigurada como pobreza”.

En función de estas cifras, Semino considera que “se transforma en un hecho tortuoso para cualquier trabajador activo asumir su próximo pasaje a la condición de jubilado”.

Actualmente, se estima que, con 30 años de aportes, el trabajador se jubila con un haber equivalente a la mitad del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años. Un punto de controversia son los coeficientes de actualización.

Por ISMAEL BERMÚDEZ

Fuente: http://www.ieco.clarin.com/economia/minimo-jubilados-cubre-canasta-basica_0_601739870.html

lunes, 19 de septiembre de 2011

OBRA SOCIAL :Los Jubilados TELEFONICOS Podrìan pasar de la Ostel a Ospetelco y Osmmedt






La Mesa de Unidad de las Telecomunicaciones que integran las 4 federaciones, a saber: FATel, FO.E.E.S.I.T.R.A., FOPTTSA y UPJ han resuelto gestionar el traslado de los Jubilados que actualmente poseen la Obra Social OSTEL a  estas dos Obras sociales OSPETELCO y  OSMMEDT, para cual deberán efectuar las pertinentes tramitaciones en  la Superintendencia de Seguros de Salud.

La causa principal de esta operatoria estaría dada por la inviabilidad de la Ostel para sostener el universo de casi 18000 jubilados y pensionados, lo cual motiva la determinación mencionada sucintamente y cuyos considerandos se  adjuntan en borrador para su conocimiento  

viernes, 5 de agosto de 2011

La jubilación mínima aumenta a $ 1.434 desde Setiembre

La cobrará el 72,6% de los jubilados y equivale a 207 pesos Mensuales.
A partir de septiembre, los haberes de 6.826.000 jubilados y pensionados nacionales y beneficiarios de pensiones no contributivas tendrán un aumento del 16,82% .El anuncio lo hizo ayer la presidenta Cristina Fernández. Fue en un acto en la Casa Rosada para celebrar el 25 aniversario del Consejo Interuniversitario Nacional, que motivó denuncias por violar la veda electoral.
Con este aumento, el haber mínimo -que cobra casi el 75% de los 5,7 millones de jubilados y pensionados- subirá de 1.227,78 a $ 1.434,29. Representa un incremento de 207 pesos.
En tanto, el haber medio pasará de $ 1.594 a $ 1.865 mensuales. Por esto, el gasto de la ANSeS se incrementa unos 1.500 millones de pesos por mes o unos $ 20.000 anualizados.
A su vez, se mantiene desde julio de 2007 en $ 45 mensuales el subsidio del PAMI que perciben 1.400.000 de jubilados que cobran el haber mínimo.
Este número de beneficiarios viene en descenso porque desde hace 2 años no se admiten nuevos beneficiarios y solo se abonan los $ 45 a quienes ya estaban percibiendo este subsidio.
Por su parte, las pensiones no contributivas, como a la vejez, por invalidez y a madres de 7 o más hijos – que cobra 1,1 millón de personas y administra el Ministerio de Desarrollo Social – subirán en la misma proporción. Esas pensiones equivalen al 70% del haber mínimo. En promedio pasan de 859 a 1.004 pesos.
El anuncio de ayer surge de la ley de movilidad jubilatoria aprobada a fines de 2008 . Esa norma establece que deben otorgarse dos aumentos por año – en marzo y septiembre – de acuerdo a la variación semestral de los salarios y de la recaudación impositiva con destino a la Seguridad Social.
El anterior aumento, de marzo, fue del 17,33%, lo que sumado al que regirá desde septiembre, totaliza un 37,06% anual, varios puntos por encima de la inflación y de los aumentos salariales.
A pesar de esa mejora real, y como la estructura previsional parte de niveles muy bajos , el nuevo haber mínimo representa menos de la mitad del costo de la "canasta básica del jubilado" valuada en 2.900 pesos , según los cálculos de Eugenio Semino, Ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña. En el caso de una pareja mayor, el costo de la canasta básica trepa a unos $ 4.000 mensuales.
También el haber promedio de 1.865 pesos mantiene una baja proporción con relación al sueldo medio de los aportantes al sistema: alcanza al 45% del sueldo medio, muy lejos del 82% móvil y de la doctrina de la Corte Suprema. Por este motivo en la Justicia hay más de 465.000 juicios de jubilados e ingresan unas 8.000 demandas nuevas por mes.

lunes, 27 de diciembre de 2010

La Canasta Basica de los jubilados es de $ 2.458.-

 
Aumento un 19.7% en siete meses -en mayo era de $ 2.063.-
Los precios aumentan a pesar del discurso oficial que niega la existencia de inflación . Eso lo puede verificar cualquier persona que se dedique a hacer las compras de su casa o a controlar sus gastos periódicos.
mostró en mayo de este año un relevamiento del Defensor de la Tercera Edad donde la jubilación mínima cubría sólo la mitad de una canasta básica.
Según Eugenio Semino, la canasta de consumo de un jubilado alcanzaba en mayo a $ 2.063,45 contra una jubilación mínima que en ese momento era de 895 pesos mensuales.
Este relevamiento fue actualizado a valores del mes de diciembre, actualizando los mismos artículos, en los mismos lugares, pero sin incluir los gastos adicionales que en general se toman en el mes de diciembre, mes de las fiestas de Navidad y fin de año.
Esta canasta llegó, según las "tensiones de precios" que suele mencionar Amado Boudou o el "poquito" de inflación que acepta Hugo Moyano, a $ 2.458,81 . O sea, un 19,7 por ciento de aumento entre mayo y diciembre .
Desde entonces, los jubilados recibieron un aumento en sus haberes, en el mes de septiembre, de un 17,9 por ciento, por debajo del incremento real de sus gastos básicos , lo que resulta una pérdida del poder adquisitivo del sector que más carencias tiene.
Hoy la jubilación mínima es de $1046,43. Quienes cuentan con la cobertura de PAMI, tienen un "plus" por socio sanitario de $ 45. Y las pensiones no contributivas promedian los $ 732 mensuales. Estas últimas, las otorga el ministerio de Desarrollo Social de Nación; la ANSeS sólo se ocupa de pagarlas.
Es decir: la jubilación sólo cubre el 42% de la canasta básica para los adultos mayores. Y el porcentaje se reduce a apenas el 30% en el caso de quienes cobran las pensiones no contributivas.
Además, en este período se aprobó en el Congreso Nacional la ley que estableció que la jubilación mínima debía ser equivalente al 82% del salario mínimo. Pero recibió el veto presidencial con el argumento de que si se pagaba ese ajuste el país iría a la quiebra .
De todos modos, el Gobierno anunció durante la última semana de noviembre el pago de un plus -por única vez- de 500 pesos. Pero solamente pudieron cobrarlo los jubilados que perciben menos de 1.500 pesos.
Según el Ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, "la inflación es un flagelo que afecta la base de la canasta" del jubilado. Y agregó que "casi en un 90 % (de esta canasta) son artículos de primerísima necesidad, por lo que su impacto es mucho mayor que en otros sectores sociales".
Esta canasta relevada por Semino contempla l os gastos mínimos de una persona mayor. Se efectuó teniendo en cuenta gastos mínimos indispensables y dejando de lado, gastos como Internet, posibles vacaciones, cuidado y alimento de una mascota o regalos.
Semino señala que observaron "una evolución de precios casi constante sobre todo en alimentos muy relacionados con la dieta diaria" y en rubros vinculados a servicios y también con la salud.
Agrega que "no es tomada en cuenta la gravedad de la situación del jubilado" y agregó que como respuesta oficial "sólo se conoció la bonificación del mes de diciembre de 500 pesos que van a ser absorbidos por los gastos no calculados en nuestra canasta que tienen que ver con las fiestas de fin de año".
Los valores de alimentos fueron relevados en dos supermercados chinos de los barrios porteños de Mataderos y Monserrat y en un supermercado de la cadena Coto, según informó la Defensoría.
Repasando algunos de los rubros más importantes, los incrementos abarcaron un abanico muy amplio: el aceite de un litro que en mayo conseguía por $ 4, hoy lo deben comprar por $ 10.
El consumo de carne fue estimado en sólo 2 kilos por me s: lo que en la medición anterior se cotizaba a $ 44, hoy termina costando $ 79,40 por el total. Según los expertos esto sería mucho más fuerte en enero, cuando por temas estacionales y falta de stock , el precio de la carne volvería a subir.
El paquete de yerba de 1 kilo que se conseguía a $ 9 ya se cotiza a $ 11 y se consideró el consumo de dos paquetes en el mes.
También este estudio contempla medicamentos básicos, sin pensar en tratamientos complicados y por ende, costosos. Y el rubro recreación, que únicamente considera una sola ida al cine, una comida en una pizzería y el pago de la cuota de un centro de jubilados, pasó de costar $50 a 75 pesos.

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miércoles, 24 de noviembre de 2010

CFK anunció plus de $500 en diciembre a Jubilados

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció esta mañana por cadena nacional que el Gobierno otorgará un plus de 500 pesos en diciembre a los jubilados que perciben un haber de hasta 1.500 pesos.
La mandataria destacó que la medida favorece a "4.062.000 jubilados del país, el 83,6 por ciento de la totalidad" de la clase pasiva del país.
En su anuncio por la cadena nacional, la Presidenta destacó que el anuncio "es un esfuerzo muy importante, en un mundo donde escuchamos la palabra ajuste, escuchamos quitar derechos. Podemos ir ampliando el universo de inclusión social. Se puede ser potencia del mundo", se esperanzó Cristina Kirchner pero sin "deja a la gente tirada" en la calle.
"Quiero recalcar el esfuerzo, que nos falta, claro que nos falta. Pero lo que hemos avanzados desde 2003 hasta la fecha, en inclusión social y en articulación entre el Estado y la sociedad", señaló Cristina pare reivindicar la gestión K. "Hagamos un gran esfuerzo para cuidar lo que hemos logrado, pero el compromiso de seguir yendo y profundizando, ese es mi compromiso con todos ustedes sigue estando", agregó la mandataria.

La mandataria habló por cadena nacional desde Casa Rosada.
 La acompañaron sindicalistas y empresarios.