Referentes de la oposición e
incluso funcionarios del oficialismo se expresaron en contra de que se otorguen
permisos de salidas para detenidos, en el marco de las medidas de prevención
para frenar el coronavirus en la Argentina. Desde las redes sociales llaman a
realizar un cacerolazo este jueves a las 20, para que “se proteja y
se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores y corruptos”
El pedido liberación de
grupos de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como
en comisarías por el posible ingreso del coronavirus a los penales
provinciales, generó un enorme revuelo y motivó un amplio rechazo del arco
político opositor, e incluso motivó un llamado para realizar una protesta
nacional.
Desde el PRO advirtieron que
esta decisión avalada por el gobierno nacional pone en riesgo la seguridad de
la sociedad y no respeta el derecho de las víctimas. “En 4 años recuperamos
asesinos de la calle para que no sean un peligro para la sociedad y ahora los
quieren liberar a todos…”, lamentó Patricia Bullrich en Radio con Vos.
No solo la oposición se
mostró en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el
marco de la pandemia del coronavirus: el titular de la Cámara de Diputados de la Nación , Sergio Massa, pidió proteger a las víctimas
y advirtió que “los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a
juicio político”.
De un modo similar se expresó el ministro de Seguridad
de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien pronunció una frase
contundente: "Si dependiera de mí, no sale ningún preso”.
“El verso de que con la
pulsera electrónica los pueden controlar es sarasa. Han salido algunos
(encarcelados) por delitos menores y otros con delitos graves y, por ejemplo en
Pergamino, quisieron robar un supermercado entre seis o siete personas. Uno de
ellos tenía una pulsera electrónica...", argumentó el funcionario
bonaerense para sostener su postura.
El ejemplo más claro lo dio
el intendente de San Miguel, Jaime Méndez: aseguró que en su municipio
liberaron a 20 presos que estaban en la cárcel por abuso sexual, secuestros y
narcotráfico, quienes ahora volvieron “a los mismos ambientes donde cometieron
los delitos que motivaron su detención” y en algunos casos viven a metros de
sus víctimas.
Por supuesto, a todos estos reclamos se suma el
rechazo de asociaciones de familiares de víctimas de delito del interior del
país –Santa Fe, Rosario, Tucumán– así como Madres del Dolor, Usina de Justicia,
Familiares de la Tragedia
de Once, junto a Matías Bagnato, Alberto Lebbo y Victoria Bargna, entre otros,
repudiaron el uso de la pandemia de COVID-19 como “pretexto” para una “búsqueda
de impunidad” para detenidos impulsada por algunos jueces.
En ese contexto de
descontento social, desde las redes sociales empezó a gestarse un cacerolazo
nacional a modo de repudio: “Estamos hartos de la falta de seguridad y de la
complicidad de funcionarios y jueces con el delito, y queremos que se proteja y
se privilegie a las víctimas y no a los asesinos, violadores, narcotraficantes
y corruptos de toda laya”, señala la convocatoria que llama a manifestarse este
jueves (mañana) a las 20.
En una breve texto que
comenzó a viralizarse en las últimas horas, principalmente a través de
whatsapp, los impulsores de la protesta se preguntan: “¿Qué será de los
policías y gendarmes, de los fiscales y jueces que los encerraron y condenaron
y de las familias de todos ellos, que serán amenazadas ahora por los
delincuentes nuevamente en libertad?”.
“Tarde o temprano, quienes hayan emprendido esta
campaña para permitir el armado de un nuevo “Vatayón Militante”, formado por
sicarios al mejor estilo de las milicias paramilitares chavistas, deberán
responder por ello”, acusan.
“No olvidemos preguntar a
#NiUnaMás por qué guarda silencio ante la liberación de un abusador de menores
autorizado a vivir al lado de la niña”, se señala a modo de interpelación en
otro párrafo del texto, y se advierte sobre el riesgo de conceder más prisiones
domiciliarias: “Ya hay más de 2.800 excarcelados y el Estado no puede
controlarlos porque carece de tobilleras electrónicas y de personal para
afectar a su vigilancia”.
Fuente: Infobae
