El PCR del presidente dio positivo y se confirmó que tiene Covid-19

 La Unidad Médica Presidencial emitió un comunicado en el que ratificó que el mandatario contrajo el virus SARS-CoV-2

La CGT sale al rescate de Alberto Fernández ***

 

Como nunca antes en los casi diez meses que lleva de gestión, la CGT condicionó su alianza con Alberto Fernández. "Es necesario desideologizar la agenda y ocuparse de los temas que preocupan a la gente", lo despidió al Presidente uno de los seis sindicalistas que lo visitaron en Olivos, hace tres semanas. A los pocos días el proyecto de reforma judicial se había desinflado, pero el oficialismo resolvió avanzar a ritmo de machete con el recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires y con el desplazamiento de sus cargos de tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner en casos de corrupción.

Nada cambió desde aquella tarde en la que el sol caía sesgadamente en los jardines de la quinta presidencial. "Está claro que hay dos agendas: la de Cristina y la de Alberto, que no sabemos cuál es", cuestionó el jueves José Luis Lingeri en una reunión con diferentes sectores de la CGT. Sorprendió el gremialista estatal de AySA con su discurso combativo. La raíz de su enojo estaría en la disputa que mantiene con el ministro de Salud, Ginés González García, por el financiamiento de las obras sociales.

Los gremios no son un actor de reparto en la arquitectura de poder que imaginó Fernández. Junto con los gobernadores peronistas, el sindicalismo clásico es la base de su respaldo desde que Cristina Kirchner lo ungió como su candidato para desbancar a Macri. Lo pensó como contrapeso de La Cámpora, según lo graficaron alguna vez un mandatario provincial del norte y un dirigente de la CGT de su máxima confianza.

Con insistencia y preocupada por la debacle económica que advierte, la cúpula de la CGT volvió a la carga esta semana con su sugerencia de un giro, aunque esta vez con un tono más crítico. Los destinatarios de los reclamos fueron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La CGT exigió reactivar el músculo productivo del país cuanto antes y advirtió que, "a pesar de que a Máximo Kirchner no le guste", avanzará en el trazado de una hoja de ruta con la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Es probable que surja otro borrador conjunto focalizado en la creación de empleo, la capacitación y la presión impositiva.

Enumeraron otros disgustos: la parálisis de algunos ministerios (puntualmente, en el de Transporte, a cargo de Mario Meoni, y el de Vivienda, de María Eugenia Bielsa); la urgente necesidad de conocer un plan económico de contingencia ante la devaluación del peso, y la postergación de la puesta en marcha de la mesa de diálogo económico y social con empresarios, la Iglesia, movimientos sociales y la oposición. No se lo dijeron a Cafiero y a Moroni, pero los dirigentes comenzaron a sentir una gestión frágil y débil. Surgió así una propuesta: la CGT intentará moderar el conflicto social y las paritarias con la condición de que el Gobierno gire hacia un peronismo no kirchnerizado. ¿Será eso posible?

Gestos oficiales

Con pequeños gestos, Alberto Fernández calmó por ahora la furia cegetista. Convocó para pasado mañana a las principales cámaras empresarias y a la CGT para escenificar una reactivación económica para la etapa que se avecina del aislamiento por el coronavirus. No se sabe si el llamado es más por presión que por verdadero convencimiento del Gobierno.

            En paralelo, Fernández extendió todos los mandatos sindicales vigentes hasta el 21 de febrero de 2021, incluido el de las autoridades de la CGT. Héctor Daer y Carlos Acuña revalidan así automáticamente su mandato tras el disgusto de comprobar que Hugo Moyano conserva intacto su rol como interlocutor. La otra muestra de cercanía fue aceptar encabezar el acto peronista del 17 de octubre desde la sede de Azopardo. Se realizará en el salón Felipe Vallese, en el primer piso, y el equipo de Presidencia facilitará la plataforma tecnológica para que Fernández, desde la CGT, se comunique virtualmente con las seccionales del interior. No habrá una masiva movilización callejera. La organización quedó en manos de Cafiero y Andrés Rodríguez, que en medio de estas tratativas aceptó sin conflicto un aumento salarial de 7% por dos meses para los estatales.

Con la asistencia del Presidente confirmada, los gremios buscarán ahora que la liturgia peronista no se convierta en un mero acto de respaldo al Gobierno. Difícil. En el debate sindical, un dirigente ironizó: "Así como nosotros no vamos al Patria, no creo que Máximo Kirchner venga a la CGT". Las heridas aún no cerraron después de que el hijo de Cristina criticara duramente el pacto con la Unión Industrial para rebajar salarios a cambio de conservar el empleo. Así y todo, en la CGT reservarán una silla en el estrado por si aparece Cristina. También habrá otra para Máximo, por las dudas. La rebeldía es todavía un espejismo.

***Por: Nicolás Balinotti  - LA NACION

"Vine aquí a terminar con los odiadores seriales" Presidente Alberto Fernández

Alberto Fernández y los problemas del progresismo / Por Julio Bárbaro

“El hábito de la desesperanza es peor que la desesperanza misma”, Albert Camus, La Peste.

La imperiosa necesidad de confiar en quienes nos gobiernan nos enfrenta a los sucesivos responsables, tan dueños de sus propios deseos como ignorantes de los nuestros.

El gobierno fue votado como peronista; sin embargo, en su desarrollo pareciera asumir un lugar opuesto a dicho pensamiento. Son aislados los casos de quienes por historia y formación reivindican las ideas de Perón; en contraposición, quienes expresan un marxismo superado se imaginan a sí mismos como la modernización del peronismo. Y en esa concepción se termina imponiendo el autoritarismo en contra de la democracia, y en alguna medida, lo conspirativo termina ocupando la esencial transparencia que la política exige.

Mientras Perón decía que la política exterior era la verdadera política, desde su arribo al gobierno, el Presidente insiste en una mirada ideologizada en su relación con el mundo. Primero, fue la invocación al Grupo de Puebla, integrado por ex gobernantes de distinto pasado; algunos, merecedores de respeto y otros, distantes de semejante honor. La idea de un pasado digno de ser recordado resulta insuficiente, cuando lo que importa es la democracia. Lo del presidente de México es harina de otro costal. Los mexicanos tienen su historia política propia poco asimilable con la nuestra. La política exterior del peronismo y, en rigor, toda expresión seria se instala respetando las decisiones de los pueblos. El ejemplo de la Unión Europea es más que claro: a nadie se le ocurre inmiscuirse en las elecciones de los otros miembros, mucho menos cuando no se logró instalar un rumbo exitoso en la realidad propia. El peronismo logró un equilibrado balance entre democracia y necesidades sociales. La democracia occidental sigue siendo el espacio en el que pretendemos habitar, más allá de las negociaciones económicas con aquellas naciones que practican el autoritarismo y cuyo crecimiento ignora el valor de las libertades.

Alberto Fernández intenta imponer una supuesta ideología por sobre el valor de la democracia. Cuando habla de “cambiar el mundo”, la frase suena pretenciosa, más aún cuando no ha logrado todavía instalar una acertada política nacional. Hasta el presente, no obstante, la política exterior posee mayor definición que la interior; entre un gabinete carente de brillo y una economía carente de propuestas, el Gobierno tendrá serias dificultades para tener éxito en las elecciones del año próximo.

El kirchnerismo, que hoy integra el Frente de Todos, siempre expresó diferencias con el peronismo. En lo esencial, se manifiesta en la pretendida política de “derechos humanos” que intenta instalar la memoria de la guerrilla por sobre la construcción de Perón y la obra de los trabajadores. La idea maniquea de imponer la imagen oscura de López Rega contra el heroísmo de los desaparecidos poco y nada tiene que ver con la realidad. Ese presunto “progresismo” generó muchos problemas en el peronismo que, con grandeza, supo cobijarlo en su momento. Esa relación termina, como es sabido, con el asesinato de Rucci.

Hubiera sido de esperar que Cristina Kirchner y Alberto Fernández volvieran para convocar a la unidad nacional, respetar los gobiernos de los países hermanos y la doctrina, asumiendo que solo detrás de ese recuerdo es posible gobernar con éxito y, en consecuencia, ganar elecciones. Si hubieran convocado a la grandeza, habrían podido encarar la resolución de las necesidades urgentes de nuestro pueblo e ingresar en la historia a partir tan solo de una autocrítica ejecutada en los hechos. Puede resultar inocente esperar eso de quienes no admiten sus propios errores, tanto como imaginar que tienen plena conciencia de las necesidades sociales. El diálogo entre el Presidente y Lula, por ejemplo, significó una afrenta para varios países hermanos y el retorno a un ideologismo universitario que hace décadas se dio por superado en el mundo.

El kirchnerismo fue derrotado tres veces, y el camino actual puede augurarles una cuarta derrota. El peronismo, con sus gobernadores y sindicalistas, necesita tomar conciencia de ese riesgo para impedir que el fracaso arrastre a sus propias estructuras. Supuse que el Gobierno convocaría a aliados para ampliar su propio consenso, pero compruebo asombrado que solo se ocupa de fanatizar su espacio con agresiones inconducentes. Ese camino no les sirve a las urgencias de la sociedad y ni siquiera a las pretensiones del gobierno, pero parecería que nadie se quiere dar por enterado.

Buenos Aires 05 julio 2020

Alberto Fernández anticipó la extensión de la cuarentena por tres semanas

Pasadas las 20.30, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en al que informó la extensión de la cuarentena. Lo hizo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También valoró que no haya una gran cantidad de muertos, aunque saludó a los familiares de las víctimas que hubo durante la pandemia.

"Vamos a hacer una diferenciación. Vamos a sostener el ASPO en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus", precisó el presidente. Estos son el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba, Trelew, Chaco y Río Negro.

La extensión de esta medida será hasta el 28 de junio. Con esto, Argentina llegará a los 101 días de cuarentena. "No tomemos con displicencia este tema. Todos querríamos volver a nuestra vida normal pero esta es la realidad", sentenció Fernández.

Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo

La Cuarentena Argentina se extendió hasta el 12 de abril

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que termine Semana Santa, el domingo 12 de abril, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus; advirtió que la economía puede levantarse, pero una vida no, y aseguró que el Estado va a estar más presente que nunca.

"Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más", sostuvo el mandatario y subrayó que no se está descuidando la economía.

El Presidente advirtió a “los miserables” que despiden trabajadores en la crisis...

El Presidente Argentino advirtió a “los miserables” que despiden trabajadores en la crisis. “No dejaré que lo hagan”, afirmó Alberto Fernández  en su mensaje por las redes

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222729836976620&set=gm.3177676155600630&type=3&theater&ifg=1

https://twitter.com/alferdez/status/1244258555190009856

Habla Alberto Fernández tras la declaración de la emergencia sanitaria (CORONAVIRUS en Argentina)

El Presidente habló a todo el país tras decretar la emergencia sanitaria por un año, cancelaciones de vuelos y cuarentena obligatoria.

El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación

El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán subsidiando a los de la mínima

Nadie puede declararse sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que estaban en una situación de emergencia.

Claro, lo que seguramente nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.

Porque, en los hechos, la medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a los que están peor.

La consecuencia es que, al menos en los próximos meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema, luego de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia económica- vieron sus ingresos congelados durante años.

No es que el equipo de Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente. Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.

¿Por qué avanza el Gobierno entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.

Y ese es, en realidad, el centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una hiperinflación empieza a corporizarse.

Lo manifestó con claridad el ministro Martín Guzmán, al responder las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta, porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los precios se espiralicen.

"Tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.

Guzmán dijo que el país no tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación. La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos", afirmó.

En consecuencia, el diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales y alimentando la carrera nominal de los precios.

Los números de la emergencia jubilatoria

Hablando en números, la urgencia de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento: hoy en día, el gasto previsional equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de $1,7 billones.

Sin cambios en la fórmula, esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que cortar esa inercia.En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la consultora MacroView.

De hecho, las opiniones de los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.

La economista Marina Dal Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las previsiones del próximo año.

"Está claro que el Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega Goldín.

Dal Poggetto es contundente al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.

En el mismo sentido se expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.

Para tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.

Un dato adicional que sirve para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.

De todas maneras, habrá que esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas complementarias una con la otra.

Entre las iniciativas que aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.

Advertencias añejas

Está claro que el peligro inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos por la justicia.

En aquel momento, muchos economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PBI.

Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13 puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos, lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.

Según ese informe, la tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con la Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.

De hecho, esas advertencias fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso. La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la recaudación fiscal.

La realidad demostró con creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía -y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto argumentando que resulta infinanciable.

Fuente: iprofesional.com

TRASPASO PRESIDENCIAL: Mauricio MACRI entregó el MANDO a Alberto FERNÁNDEZ

El mandatario saliente, #MauricioMacri, hizo entrega de los atributos presidenciales (bastón y banda) al presidente electo #AlbertoFernández durante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.

10 de diciembre de 2019

http://www.foeesitra.com.ar/blog/217-10-de-diciembre-de-2019

Alberto Fernández y Mauricio Macri compartieron la Misa por la unidad y la paz, en la Basílica de Lujan.

El presidente saliente, Mauricio Macri, y el mandatario electo, Alberto Fernández, participan hoy en primera fila de la Misa por la unidad y la paz que lleva a cabo la Iglesia católica en la Basílica de Luján, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción de María.

https://www.pagina12.com.ar/235356-alberto-fernandez-y-macri-compartieron-la-misa-por-la-unidad

Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y cuarenta gremios

Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y cuarenta gremios

#AlbertoFernández almorzó ayer con Hugo Moyano y un grupo de sindicalistas, a los que aseguró que no tiene en carpeta una reforma laboral aunque no descartó que cada sector modifique sus convenios colectivos, como hicieron en su momento los petroleros en Vaca Muerta. Fue un encuentro cordial, donde aseguraron no se discutieron nombres para ningún cargo. Con todo, Moyano le ofreció a Fernández su experiencia en la problemática del transporte terrestre para lo que necesite. Todos los sindicalistas que participaron adelantaron que movilizarían a sus gremios para el acto de asunción del martes que viene.

El encuentro tuvo dos partes. En la primera, más acotada, Fernández -que estuvo acompañado por Santiago Cafiero y por su vocero Juan Pablo Biondi- conversó con Moyano, el canillita Omar Plaini, el secretario adjunto de Smata, Mario "Paco" Manrique, el ceramista Juan José Moreyra, Miguel Díaz de Unión de docentes de Buenos Aires (Udocba), Facundo Moyano, #HugoMoyano (hijo) y el titular del APOPS (Anses), Leonardo Fabre. Para la segunda parte, la del almuerzo, se sumaron un total de 40 gremios, según comentaron cerca del camionero.

Justamente, cerca de Moyano comentaban que uno de los objetivos era mostrarle a Fernández que había un sector del gremialismo que estaba alineado con ellos, aunque se trata de sindicatos menores que orbitan alrededor de Camioneros. Entre esos, obviamente, no se ubica Smata, que orienta Ricardo Pignanelli, quien ya tiene programado su propio encuentro con Fernández y los empresarios de la industria automotriz.

En el almuerzo, cada sindicalista fue detallando la problemática de cada sector. El presidente electo los escuchó pero les aclaró que lo primordial para la etapa que se viene es reactivar la economía, todo lo otro viene después.

Fuente: Pagina12

Mauricio Macri y Alberto Fernández iniciaron la transición del poder

Mauricio Macri y Alberto Fernández iniciaron la transición del poder

El presidente Mauricio Macri y su sucesor, Alberto Fernández, mantuvieron este lunes la primera reunión para coordinar el proceso de transición del poder con el objetivo central de evitar cualquier sobresalto que pueda agravar aún más la situación económica.  

#AlbertoFernández llegó serio y puntual, minutos antes de lo acordado, con la solitaria compañía de su vocero, Juan Pablo Biondi. Por espacio de una hora, el presidente electo dio inicio formal a la transición que derivará en su llegada al sillón de Rivadavia, con su encuentro con el presidente Mauricio #Macri, a quien derrotó por casi ocho puntos en las elecciones de ayer.

De la reunión, manejada con cautela y hermetismo desde ambos espacios, trascendió primero una foto, en el despacho presidencial, en el que ambos miran a cámara, sonrientes y distendidos. No hubo, como se preveía, una declaración conjunta, luego de los chispazos y acusaciones que el Presidente a cargo y el mandatario electo intercambiaron durante la campaña electoral. "Fue una reunión muy buena, empezaron a charlar sobre la transición, y coincidieron en que ese proceso debe ser ordenado", afirmaron cerca del Presidente, que podría luego dar más detalles del encuentro en un encuentro con la prensa. Fuentes cercanas al presidente electo afirmaron que Fernández le anticipó a Macri que le irá "pasando" los nombres de aquellos dirigentes que designe para acordar la transición en las distintas áreas de gestión. Por el lado del Gobierno, esa tarea estará a cago del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y su par de Interior, Rogelio Frigerio.

Antes de encontrarse con Macri, Fernández fue recibido en la escalera Francia por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. Saludó, además, a distintos empleados a quienes conoce de su paso por el gobierno #kirchnerista, como el fotógrafo presidencial Víctor Bugge, mozos y personal de Casa Militar.

Tras su cumbre con Macri, Fernández se dirigió al comando de la calle México, donde esta reunido con su equipo de colaboradores, encabezado por Santiago Cafiero. Del encuentro participan también el vocero de Fernández, Juan Pablo Biondi, y el dirigente del PJ porteño Juan Manuel Olmos. Ellos tuvieron una primera versión de la cita en la Casa Rosada.

Fernández le entregó a Macri la lista de 40 dirigentes que tendrán a cargo la transición. Fueron 50 minutos netos de reunió

Los dilemas éticos del progresismo latinoamericano / por Alberto Fernández **

 

Nadie dudaría en afirmar que a lo largo de los primeros años del siglo XXI en América Latina se desarrolló un proceso que atendió una serie de demandas populares como reacción a las políticas conservadoras y neo-liberales que se habían aplicado en diferentes países de la región.

Por más de una década, en muchos países del continente se desarrollaron enormes cambios que siempre tuvieron un común denominador: integrar socialmente a vastos sectores de la población a los que la pobreza condenaba a la marginalidad. A eso se sumaron acciones que ampliaron derechos de minorías y favorecieron así una mayor integración social. En ese sentido, Argentina, con la puesta en marcha de la "asignación universal por hijo' para madres solteras y con el dictado de la ley que institucionalizó el "matrimonio igualitario" (entre otros), parece haber liderado ese proceso. Así, justo es reconocerle al primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner una enorme capacidad para ampliar derechos de minorías sociales. Las reformas legales que instituyeron además el voto joven, la identidad de género, la fertilización asistida gratuita y el divorcio express son solo prueba de lo dicho.

Si uno mirara retrospectivamente, la América Latina progresista hizo un claro intento en favor de una sociedad más igualitaria, convirtiéndose así en un espacio que confrontó contra el modelo de desarrollo instituido por el mundo central. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un claro retroceso en la continuidad de esas políticas porque los avances logrados no han sido lo suficientemente robustos como para corregir estructuras económicas e instituir esquemas signados por una mayor des concentración en lo productivo y en lo comercial y una distribución del ingreso más equitativa.

La misma crítica podría extenderse hacia el Estado, que, pese a haber sido un protagonista central de estos años, no ha cambiado centralmente su fisonomía, dejando al descubierto su debilidad. Aun así, nada ha deteriorado más a este tiempo progresista en América Latina que las imputaciones lanzadas sobre las faltas éticas de sus responsables políticos. Nadie razonablemente espera que acaben pervirtiéndose los mismos que se han presentado ante la sociedad como los defensores de los postergados. La corrupción fulmina a los Gobiernos progresistas porque destruye el discurso "moral" en que sustentan su propuesta electoral.

Alguna vez escuché una reflexión de Marco Aurelio García que viene al caso recordar. Se preguntaba qué le había pasado al progresismo, que cuando estaba fuera del poder por no tener los votos tenía muchas ideas transformadoras y después, cuando estuvo en el poder, por contar con muchos votos se fue quedando sin ideas. Tal vez la respuesta a esa reflexión esté precisamente en el hecho de que se ha dilatado la ética política del progresismo cada vez que gobernó. ¿Cómo se cataloga la conducta de quien pregona la necesidad de establecer un orden económico distinto y con sus políticas solo promueve la continuidad o la profundización de aquello que dijo que debía ser cambiado?

Del cambio en los discursos a la continuidad de los hechos

Todos los modelos progresistas que en los últimos años gobernaron en América Latina se han presentado ante sus votantes como expresiones de cambio. Cuando este proceso se inició, América Latina se debatía ante distintos problemas. La postración económica y las violaciones de derechos humanos que estaban impunes eran aspectos que mucho preocupaban.

Si una condición caracterizaba entonces a la economía latinoamericana, era la de estructurarse a partir de ser proveedora de materias primas. Esa idea de buscar el crecimiento a partir de la producción primaria venía condenando a la región a un estancamiento innegable. Una suerte de profecía que nos sentenciaba a seguir orbitando como periféricos de un mundo central en ese lugar aspiracional en el que se ubican los Estados "en vía de desarrollo': Superar esa condición, promoviendo la industrialización y a partir de allí mejores condiciones para hacer crecer las economías, fue un compromiso asumido por el progresismo latinoamericano.

La primera década del siglo XXI estuvo signada por el sostenido aumento de los precios de las commodities debido a la creciente demanda de bienes primarios originada por China, una enorme economía que decidida a participar del fenómeno global comenzó a demandar alimentos (granos y oleaginosas), minerales (hierro y cobre) y energía (petróleo).

Detengámonos en el petróleo, un insumo que tiene en Ecuador y Venezuela a dos muy importantes productores. Promediando el año 2003, el precio del barril de petróleo rondaba los 25 dólares. Huracanes desatados sobre el golfo de México ( en especial el recordado huracán Katrina) afectaron mucho la producción, dando inicio a un incremento de los precios que se potenció con el vertiginoso crecimiento de la demanda de China (y de India en segundo lugar), permitiendo que hacia julio de 2008 el precio del barril superara los 140 dólares. La escalada continuó hasta finales de 2008.

Venezuela se vio particularmente favorecida por ese contexto. En 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia, el barril de petróleo venezolano promediaba los 16 dólares. En 2004, ese valor se había duplicado al ubicarse en 32 dólares. La escalada continuó favoreciendo a la república bolivariana y a mediados de 2008 alcanzó el precio de 88 dólares. Posteriormente, entre 2011 y 2014 la situación oscilaría hasta culminar el período con un valor de 103 dólares el barril.

Entre 1999 y 2014, según datos del Banco Mundial, Venezuela recibió más de 960.000 millones de dólares en concepto de exportaciones petroleras. Eso significa que anualmente y durante 17 años percibió un promedio de 56.500 millones de dólares. Para comprender la dimensión de la ventaja, es útil tener en cuenta que en el período 1993/1998 (durante el mandato presidencial de Rafael Caldera) el ingreso promedio de Venezuela por exportación de petróleo fue de 15.217 millones de dólares anuales. En ese mismo lapso, Venezuela llevó adelante una política de endeudamiento creciente aprovechando que el mercado financiero internacional reclamaba bajas tasas. Entre 1999 y 2011, el Gobierno emitió deuda por un monto de 54.327 millones de dólares. Como consecuencia de estas emisiones, Venezuela ha asumido compromisos hasta 2027 por 92.750 millones de dólares en concepto de pago de intereses y capital, comprometiendo su propio futuro.

Al margen de la emisión de títulos, Venezuela contrajo deuda directamente con Estados soberanos y así, desde 2007 hasta la actualidad, China le ha prestado alrededor de 65.000 millones de dólares que en parte se han saldado con exportaciones de petróleo. Es real que gran parte de esos recursos fueron utilizados para mejorar las condiciones sociales profundamente inequitativas que existían al momento en que Hugo Chávez accedió al poder. De ese modo, se construyeron un millón de viviendas, el número de personas que reciben planes sociales se incrementó desde 280.000 en 1998 hasta tres millones en la actualidad y gracias a la creación del Sistema Nacional de Empleo la desocupación se ha mantenido constante en torno al 7% durante mucho tiempo. A su vez, el sistema de atención de salud pública se ha desarrollado y hoy atiende al 80% de la población. Finalmente, el número de estudiantes universitarios creció de 500.000 en 1999 a más de dos millones en la actualidad.
Es evidente que la idea de un reformismo moderado se ha adueñado de muchos de estos espacios políticos. Es necesario no caer en el vicio de la "responsabilidad" que va tornando conservador al progresismo a medida que el poder se le va acercando.

Sin embargo, pese a semejante esfuerzo, las condiciones estructurales de la economía venezolana no se han alterado. Hoy sigue dependiendo de las exportaciones del petróleo y de las importaciones de rubros tan importantes ( entre ellos, los alimentos). Ese contexto, sumado a la crisis internacional, ha llevado a la economía venezolana a desbarrancarse peligrosamente, generando un cuadro de inflación creciente, salida de divisas del sistema financiero, peligroso aumento de la deuda externa y un cuadro social amenazante ante la sostenida pérdida del trabajo.

La Revolución Bolivariana, fundamentalmente tras la desaparición de Chávez, se ha mostrado ineficiente como para alterar la ecuación que sumergió a Venezuela en el retraso. A ello se ha sumado el creciente menosprecio hacia las formas republicanas, evidenciado en el encarcelamiento de opositores y en el intento de disolver el Parlamento a partir de un fallo del máximo tribunal del país.

A su vez, el proceso de reconversión de una economía también alcanza al Estado. Ninguna economía que se tilde de progresista puede desatender la balanza comercial o las cuentas públicas, algo olvidado en el modelo bolivariano. ¿Cómo se cataloga la conducta de quien pregona la necesidad de establecer un orden económico distinto y con sus políticas solo promueve la continuidad o la profundización de aquello que dijo que debía ser cambiado? ¿Cómo se entiende que quien reclama un Estado presente lo haga funcionar deficitariamente?

La ética política da por supuesto que no se roben los recursos públicos. Pero también exige cumplir con aquello que se explicita como compromiso político a lo largo de las campañas electorales. ¿Por qué no reprochar la conducta de quien dice que va a cambiar la realidad aprovechando la vocación transformadora de una sociedad y después desde el Gobierno acaba sosteniendo esa misma realidad que reclamaba ser mutada?

Aunque Venezuela ha sido tomado aquí como una referencia de nuestra tesis crítica, en la mayoría de los países de la región se observan características semejantes.

Detengámonos ahora en Argentina. Seguramente, como consecuencia de haber caído en default en el año 2001 y de haber tenido que soportar una crisis institucional de magnitud a partir de la renuncia de Fernando de la Rúa (con ello, en 10 días se sucedieron cinco presidentes), fue Argentina el país que más dificultades evidenciaba al iniciarse esta etapa de progresismo latinoamericano.

Néstor Kirchner accedió a la presidencia con la debilidad formal de haberse visto impedido de contar con una segunda vuelta electoral que lo hubiera legitimado en votos. A lo largo de su mandato, Kirchner fue resolviendo cada uno de los problemas que había recibido. Aprovechando un contexto internacional favorable (los precios de la soja crecieron sostenidamente) e impulsando la reactivación de la economía interna, pudo sacar al país de la postración en la que estaba. Promovió el consumo, posibilitando que la economía creciera en ese período a un promedio anual del 8%. Preservó en cada ejercicio una balanza comercial favorable. Salió de la situación de default con una importante quita de la deuda, dejando el gobierno con un pasivo externo muy controlable que representaba el 57% del PBI de 2007. Eso le permitió reducir la pobreza al 23% y bajar la desocupación al 11 %.

El mandato de Kirchner estuvo llamado a resolver lo urgente y lo logró. Aun así, no tuvo modo ni tiempo de modificar una estructura económica que en muchos sectores se extranjeriza (minería), que en muchos otros se concentra (la producción láctea o los canales supermercadistas) y que en muchos casos se desarrolla con un grado de informalidad preocupante en desmedro del fisco (la actividad agrícola). Sí pudo ordenar en gran medida el funcionamiento del Estado, que a lo largo de toda su gestión funcionó acumulando reservas monetarias (alcanzaron los 46.500 millones de dólares al dejar el poder), cumpliendo sus obligaciones con los organismos internacionales de crédito (saldó la totalidad de las deudas que Argentina registraba con el FMI, el Banco Mundial y el BID) y operando con un superávit fiscal que en cada año promedió el 3%.

Kirchner sentó las bases para llevar adelante un proceso de reconversión económica mucho más profunda, y era Cristina Fernández de Kirchner (su sucesora) quien debía instituirlo. Sin embargo, esa labor quedó pendiente y fueron tantas las insuficiencias y desaciertos evidenciados en la gestión que una mayoría de la sociedad acabó votando en su contra.

Cristina ejerció la presidencia en Argentina durante ocho años. Ganó por primera vez en octubre de 2007, obteniendo 20 puntos de ventaja sobre la segunda fuerza. Fue reelecta en octubre de 2011, alcanzando la mayoría absoluta de los votos (54% del electorado) y distanciándose del segundo en más de 40 puntos. Con esos resultados, nadie podría dudar del poder político que logró acumular tras cada elección presidencial. Por esa fortaleza, en su segundo mandato logró constituir mayorías en cada una de las cámaras del Congreso y a partir de allí pudo ejercer el poder sin encontrar escollos de ninguna especie.

Cristina inició su mandato convocando a la unidad social. La "transversalidad política" que congregaba en el Gobierno a dirigentes provenientes de distintas expresiones supuso una ampliación de la base que lo sustentaba. Ello, sumado a un Estado ordenado y una sociedad pacificada, hizo suponer que la institucionalización de los cambios devendría inexorable. Pero, a diferencia de lo que caracterizó a la gestión de su marido, Cristina agudizó las contradicciones con distintos sectores sociales que le depararon conflictos de los que casi nunca salió indemne.

A los tres meses de asumir, dispuso un incremento de las retenciones a las exportaciones de soja que enfrentó a su Gobierno con el sector agropecuario. La medida desató un conflicto social y económico de proporciones que acabó con la virtual anulación de la medida por no contar con el apoyo del Congreso. Ese extremo marcó definitivamente el distanciamiento entre el Gobierno y un sector de la economía argentina (el agropecuario y el ganadero) que representa una buena parte del Producto Bruto Interno. Lo llamativo es que la confrontación se dio con chacareros que históricamente habían acompañado las propuestas del Gobierno y que reprochaban el aumento de la presión tributaria sobre aquello que producían.

En otro momento, Cristina planteó a la sociedad un debate sobre el rol de los medios de comunicación en Argentina y logró aprobar una ley regulatoria del modo como aquellos deberían funcionar en adelante. Su principal propósito consistió en desguazar un conglomerado de empresas mediáticas (Grupo Clarín) que había acaparado la operación de transmisión de imágenes (televisión por cable) y se había colocado en posición dominante en el mercado de los periódicos. Con todo, lo más problemático resultó la desmesura del discurso que cargó en los medios de comunicación argentinos las causas determinantes del deterioro general.

Por último, disconforme con algunos fallos judiciales que les resultaron adversos, Cristina también confrontó con el Poder Judicial. Así, promovió la necesidad de cambiar su funcionamiento y logró que el Congreso Nacional aprobara sendas leyes que ponían en manos de personas elegidas popularmente la selección de los jueces y el análisis de sus conductas como tales. El intento quedó en nada cuando la Corte Suprema de Justicia anuló las normas centrales de esas leyes hasta privarlas de toda operatividad.

A lo largo de toda su gestión, Cristina impuso un modo de ejercer la política que siempre tuvo en la confrontación su principal eje. Y aunque a nadie escapa que la política es en esencia representación de intereses y que muchas veces ellos entran en contradicción, es muy difícil administrar la política cuando con cada decisión se enciende una controversia que siempre divide a la sociedad entre "buenos" y "malos': ¿Cómo encontrar ética progresista en un Gobierno que convierte en enemigo a quien señala diferencias o simplemente reclama correcciones en la gestión de la cosa pública?

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ofreció "batallas" que, aunque tuvieron formas "épicas", acabaron como enormes decepciones. Ninguna sirvió para revertir una economía que mostraba distorsiones que fueron ocultadas con la manipulación o la tergiversación de datos estadísticos. Aunque supo instituir una formidable ampliación de derechos, Cristina fue incapaz de trastocar los cimientos de una economía concentrada que en nada ayudaba a los más postergados. Pero lo más cuestionable fue que esos mismos postergados que acabaron atrapados en bolsones de indigencia y pobreza acabaron invisibilizados a través de artilugios estadísticos. Hay una carencia de ética madre, que queda al descubierto cuando se libran batallas que en nada alteran lo injusto del sistema que se dice querer transformar.

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Ser progresista en América Latina impone también una ética en favor de las libertades individuales para garantizar el pleno funcionamiento de la democracia participativa. Y eso no se logra con relatos difuminados en vastas campañas publicitarias que frenan el debate e imponen discursos únicos en nuestras sociedades. Cuando el contraste de ideas se frena, la vida democrática se opaca y eso también posterga el desarrollo social. Y ser progresista en nuestro continente también impone la ética de luchar por una sociedad más igualitaria en la que imperen condiciones suficientes para garantizar la movilidad social ascendente. Nadie puede conformarse con hacer más llevadera la pobreza mientras que en unos pocos se concentra la mayor parte de la riqueza.
Tal vez la experiencia argentina podría deparar distintas enseñanzas. La primera es que permitir que el poder se concentre en una o en pocas personas dificulta que el control social reaccione ante los abusos y delitos en que incurren los poderosos.

El flagelo de la corrupción en tiempos progresistas

Apenas había comenzado el día cuando los canales televisivos empezaron a difundir imágenes de un hombre cargando maletas a la entrada de un convento ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El relato del locutor explicando la noticia le daba contenido a cada una de esas imágenes. Contaba que el portador de los bultos había sido secretario de Obras Públicas de la nación a lo largo de los 12 años en que gobernó el kirchnerismo en Argentina. Pero lo más impactante de la narración es que cada uno de esos bolsos cargaba dinero: nueve millones de dólares en total.

Entonces la noticia adquirió una dimensión mayor. Por primera vez pudo verse a un corrupto tratando de esconder el producido de su inconducta. El daño causado por la difusión de esas imágenes fue inmenso, pues muchos creyeron tener el testimonio visual de latrocinio perpetrado por un Gobierno que se autodefinía como "nacional y popular": La prédica fue tan letal que, repentinamente, cada uno de los partícipesde aquella gestión quedó incurso en el mundo de los "cómplices" que avalaron los robos al Estado. El relato construido en torno al hecho fue formateado de seriedad y todos empezaron a repetirlo hasta solidificar su "credibilidad".

Lo que acaba de contarse es una historia real ocurrida en Argentina. José López era el portador de esos bolsos. Fue quien administró el presupuesto del Estado para la realización de obras públicas en una gestión que se presentó como "progresista"' y que puso en la construcción de viviendas y de infraestructura vial uno de los ejes de la acción de gobierno. Que la corrupción daña a la política es una perogrullada. Pero el efecto dañoso de la corrupción se potencia cuando el hecho corrupto emana de quien dice ser progresista, porque entonces se percibe el maltrato que hace de los recursos del Estado quien dice querer preservar a los sectores más desposeídos. Tamaña hipocresía solo puede enojar a una sociedad.

El progresismo en América Latina ha devenido como una suerte de evolución conceptual de los partidos populares de izquierda. Nació criticando los fundamentos en los que el capitalismo promueve el desarrollo, declamando la necesidad de ampliar derechos, radicalizando la democracia promoviendo mecanismos de más participación ciudadana a través de consultas y referéndums y, fundamentalmente, comprometiéndose a terminar con la corrupción en la política y en el Estado. Sin embargo, en buena medida el progresismo parece haberse abrazado a las lógicas imperantes para limitarse a discutir quién se apropia de los excedentes y en muchos casos, lamentablemente, también parecen haberse rendido ante el flagelo de la corrupción.

Argentina: el dilema entre callar o ser funcional al enemigo

Muchas veces los planteos sobre corrupción estatal derivan de situaciones propias del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Entonces, asoman como causa de ese lucro impropio negocios incompatibles con el ejercicio de la autoridad.

Amado Boudou, vicepresidente de la nación en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido acusado judicialmente por haber intercedido a favor de un fondo de inversión al que se lo vincula, en la venta de una empresa gráfica dedicada a la fabricación de papel moneda. En otro proceso, se le imputa haberle exigido a la provincia de Formosa (siendo ministro de Economía de la nación) la contratación de una consultora a la que también se lo relaciona, para que renegocie pasivos que esa provincia mantenía con el Estado nacional. De ese modo, se colocaba de ambos lados del mostrador de los reclamos.

La misma expresidenta se encuentra incursa en presuntos hechos de lavado de dinero. La imputación reside en que quienes alquilaban la mayor parte de los inmuebles y hoteles de su propiedad eran a la vez contratistas de obras públicas que se habrían visto beneficiados en el otorgamiento de distintas licitaciones. El hecho induce a pensar, a juicio de los investigadores, que aquellas locaciones servían de pantallas para blanquear supuestas coimas derivadas de la obra pública. Existe en los casos reseñados ( que aún se ventilan en diversos procesos penales) una clara falta ética derivada de involucrar intereses privados con sujetos prestadores de servicios al Estado. Tan solo eso merece el reproche.

La Argentina de Cristina Fernández de Kirchner fue un lugar en el que los controles se relajaron hasta convertirse en meras formalidades. Su segundo mandato, que emergió tras obtener el 54% de los sufragios y superar a la segunda fuerza en más de 40 puntos, estuvo signado por gestos de arbitrariedad. Ese modo de ejercer el poder adormeció a gran parte de la dirigencia oficialista y amedrentó a muchos opositores. Fue un tiempo de discursos descalificadores sobre todo aquel que esbozara una voz censuradora, de utilización de la información del Estado en desmedro de ciudadanos críticos y de disciplinamiento feroz sobre funcionarios judiciales que avanzaran en indagaciones que revisaran el modo como se ejercía la administración del país.

¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? Ninguna duda cabe que Cristina pudo concentrar el poder porque la dirigencia política que la acompañó se limitó a obedecer y a callar. Si esa dirigencia no hubiera actuado así y hubiera reclamado adecuadamente, seguramente hubiera ayudado a que los hechos que hoy se ventilan no se expandieran del modo como lo hicieron. Un Gobierno políticamente fuerte (mayoría absoluta en ambas Cámaras), instituciones de la república relajadas y una fuerza política domesticada incapaz de reconducir los abusos y desvíos del poder que apoya acaban siendo una combinación perfecta para montar el campo más propicio para que la corrupción se expanda.

Es cierto que el conservadurismo y los medios de comunicación afines sembraron la idea de que el kirchnerismo montó un plan sistémico de corrupción. Pero frente a eso, la dirigencia oficialista prefirió defender con sofismas a los acusados antes que reconocer las responsabilidades que eventualmente les cabían, creyendo que de ese modo evitaban ser "funcionales" a los que lanzaban las imputaciones. La experiencia demuestra que nada sirve más al adversario que negar la realidad. Hacerlo revela una miserabilidad política enorme que induce a ver en las palabras de quien así predica el cinismo propio del hipócrita.

Tal vez la experiencia argentina podría deparar distintas enseñanzas. La primera es que permitir que el poder se concentre en una o en pocas personas dificulta que el control social reaccione ante los abusos y delitos en que incurren los poderosos. La segunda, es que el funcionamiento del sistema republicano es siempre la mejor garantía de transparencia. Con ello se previenen posibles conductas reprochables que el poder absoluto prefiere dejar impunes. La última enseñanza pasa por entender de una vez y para siempre que todo proceso político reclama renovación dirigencial para evitar que construya su propia muerte. Todas las acciones que buscaron impedir que afloren dirigentes de reemplazo o que han buscado perpetuar líderes reformando la legalidad acabaron sucumbiendo en un mar de vicios.

**Este artículo apareció en el libro Claroscuro de los gobiernos progresistas. América del Sur: ¿Fin de un ciclo histórico o proceso abierto?, compilado por Carlos Ominami, Editorial Catalonia, Santiago de Chile, 2017.

Fuente Revista Crisis