El pasado viernes 25 del corriente se llevó a cabo
de manera virtual, el encuentro anual de la alianza #UNI – #AméricaMóvil. El
mismo estuvo encabezado por el Secretario Regional de UNI Américas Marcio
Monzane, Andre Rodrigues, Director Regional de UNI Américas TICS y Benjamin
Patrón, Director Mundial de UNI TICS.
Fuente: https://www.facebook.com/SilvioAstier.ar/photos/gm.5382930688408488/135475132376626
El
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
informa a todas las empresas de televisión por cable y a los usuarios y
usuarias que el comunicado emitido por ATVC es erróneo, ya que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
690/20, ratificado por el Poder Legislativo, se encuentra plenamente
vigente.
Asimismo, corresponde
informar que varias empresas del sector han recurrido a la Justicia para
cuestionar la constitucionalidad de los DNU 311/20 y 690/20 y las Resoluciones
dictadas por ENACOM, y solicitar la aplicación de medidas cautelares, con
resultado adverso para todas ellas.
Del mismo modo,
solicitaron que cautelarmente se suspendan los efectos y la aplicación del
referido decreto.No obstante, en fecha 27/11/2020 el Juzgado interviniente
rechazó la medida cautelar articulada por el consorcio actor.
En fecha 29/01/2020 el
Juzgado de feria dictó sentencia rechazando la medida cautelar solicitada por
la licenciataria.
No obstante, a la fecha
su planteo no cuenta con resolución judicial alguna.
Al respecto, y en abierta
contradicción con las resoluciones judiciales detalladas recientemente, se
expidió el Juzgado Federal de Córdoba Nº 1, en una decisión que maliciosamente es
malinterpretada por algunas empresas y cámaras empresarias, que intentan
confundir a la opinión pública y dar un alcance general a una decisión
particular.
A partir de la medida
cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Córdoba Nº 1, en relación con la
suspensión de los DNU 311/20 y 690/20, ENACOM reitera y aclara que la misma se
trata de una medida ordenada en el marco de un proceso individual cuyos efectos
se acotan al caso concreto y no resulta aplicable al total de las
licenciatarias; es decir, únicamente para la empresa TV CABLE COLOR S.R.L. y
sus menos de 1.000 usuarios y usuarias de la localidad de Villa del Rosario ,de
la provincia de Córdoba.
Asimismo, la resolución
del Juzgado se encuentra en abierta contradicción con el dictamen del fiscal
federal, quien, en oportunidad de expedirse, con argumentos sólidos y
contundentes, auspició el rechazo de la cautelar dictada. Finalmente, debe
destacarse la provisoriedad de la sentencia cautelar, en cuanto su duración
está prevista hasta el dictado de la sentencia de la acción principal de la
causa. Se violó el derecho de defensa del Estado y se actuó en detrimento de
los intereses de los usuarias y usuarios.
Decisión de la Justicia. La TV por Cable y los Servicios de
Telecomunicaciones deben ser sustentables para poder seguir conectando y
comunicando a los argentinos.
En
el día de hoy, culminada la feria de enero, el
Ente Nacional de Comunicaciones fue notificado de una resolución judicial que
restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar
sus condiciones de comercialización, como servicio en competencia, a los fines
de garantizar la continuidad, la sustentabilidad y la calidad del servicio que
brindan cientos de empresas en todo el país.
La
medida cautelar, iniciada por un
representante de nuestra industria de la provincia de Córdoba, determina la suspensión del DNU 690, del DNU 311 y de
todo acto dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo,
ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a
cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva.
De
acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se
encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690ni ejecutando las ya dictadas, las que se
encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores
TIC de nuestro país.
Según
el fallo, de la prueba aportada surge que la imposibilidad de fijar los precios
libremente establecida por el Decreto 690-que declaró servicios públicos a las
Tics, incluyendo a la TV por cable-impide a las empresas poder recuperar las
inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy.
Cabe
destacar que la situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la
Resolución 1466de diciembre pasado, que únicamente autorizó un aumentoentreel5
y el 8%. Ello resulta absolutamente
irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del
36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un
año.
La
intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al
significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una
disminución muy significativa de la generación de ingresos. Esto pone en riesgo
la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento
sino para el propio mantenimiento de los servicios Tics que demandan los
usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de
banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos.
La
medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de
prestación de nuestros servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público,
no respétalo dispuesto en el Art. 42 de
la Constitución Nacional. El fallo deja en claro que los derechos vulnerados no
son sólo los de la empresa quienes dependen de ella, sino también los de todos
aquellos que se sirven de los servicios que ésta presta. En otras palabras, que los usuarios pueden
verse privados de continuar recibiendo los servicios contratados.
Existen
sobradas experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión -producto de
la alteración de la ecuación
económica de los
mismos-terminó degradándolos al punto de comprometer su misma
prestación. Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y
que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los
argentinos a la desconexión y el atraso.
En ningún país del mundo los servicios Tics
tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general
intervenido por el Estado. Como
durante los meses más duros de la pandemia, los operadores estamos
dispuestos a colaborar
para atender situaciones
de vulnerabilidad, para
establecer mecanismos de emergencia y para contribuir a un acceso universal de
los servicios básicos. Pero para ello necesitamos asegurar la sustentabilidad y
la continuidad operativa de quienes nacimos, crecimos y operamos sin subsidios
y en competencia a lo largo y ancho de todo el país.
2
de febrero de 2021
