El Gobierno dará a conocer en las próximas semanas dos resoluciones que buscan desmantelar los negocios y el poder económico de algunos de los sindicalistas más poderosos, entre ellos el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Pondrá tope así al poderío que los sindicatos acumulan a través de su columna vertebral, las obras sociales.
La Superintendencia de Servicios de Salud –el organismo encargado de regular y controlar a las obras sociales–, dirigida por el contador Ricardo Bellagio, elabora los borradores para anular cualquier posibilidad de que los sindicalistas se enriquezcan a través de sus propias obras sociales y establece una serie de prohibiciones, deberes e incompatibilidades para las autoridades, síndicos y auditores de esas instituciones. Se analiza si las resoluciones saldrán por decreto, es decir, si serán rubricadas por la Presidenta.
Entre los puntos más sensibles, se prohibirá que los presidentes de esas entidades médicas –que suelen ser los secretarios generales de los gremios– contraten a empresas proveedoras de su propiedad o de sus concubinas o familiares. Esta resolución anula por completo el esquema de negocios de Moyano y el holding de empresas de su esposa, Liliana Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno, que nuclea a varias proveedoras de Oschoca, la obra social de choferes de camiones. La nueva medida –mencionada por Ambito Financiero– incluye prohibir que contraten a sus propias empresas de salud, como gerenciadoras, proveedoras de medicamentos o prótesis y otros insumos y servicios.
La ofensiva se da a sólo días de las primeras paritarias y en un año en el que la CGT exigirá lugares en las listas del Justicialismo. La alianza con el moyanismo entró en una fase de mayor tensión desde la muerte de Néstor Kirchner, porque Cristina mantiene un trato distante con Moyano. Esta semana no fue buena para ese vínculo: la Presidenta eludió reducir el mínimo no imponible de Ganancias, y además retó al sindicalismo por las medidas de fuerza que realiza.
La Superintendencia, un organismo que depende directamente del Ministerio de Salud, estudia prohibir que los sindicalistas gerencien, administren o dirijan más de una obra social, como se da en los casos de los dirigentes que presiden la obra social de un distrito de su gremio y la de la federación de su sindicato. Con esto, busca coartar el poder económico de algunos dirigentes y evitar que monopolicen el manejo de los fondos de sus afiliados. También obligarán a las obras sociales a licitar sus contrataciones según los montos que impliquen y se estudia cómo se sancionará a quienes no cumplan con los nuevos reglamentos. Además, prohíbe la creación de fideicomisos, que, como en el caso de La Bancaria, permiten a los presidentes de las obras sociales manejar las finanzas a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Los fideicomisos que ya están vigentes seguirán operando hasta su vencimiento y no podrán renovarse. Las medidas están basadas en la ley colombiana que regula los servicios de salud. Ante el riesgo de que algunos sindicalistas que se vean obligados a desmantelar sus propias empresas formen nuevas sociedades anónimas con testaferros, para sostener sus negocios, en Gobierno aseguran que "primero hay que regular para prohibir y después controlar qué hacen y cómo lo hacen".
Desde diciembre, la Superintendencia está aplicando un nuevo régimen de sanciones con multas de hasta más de 100 mil pesos para cuando las obras sociales y sus proveedores no cumplan con sus funciones, como no proveer medicamentos y servicios a sus afiliados o generar un déficit financiero que ponga en peligro la prestación médica. Sólo en el mes de enero se aplicaron 50 multas y dos suspensiones a distintas obras sociales.
Pero actualmente, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones que excedan lo monetario, como inhabilitar a las empresas a ser proveedoras de cualquier obra social o incluso inhabilitar a las autoridades de las obra social
A las 20.24 del miércoles, este portal publicó que el oficialismo buscaba salpicar a Duhalde mediante un “error”. El rol predictivo de las redes sociales y el papelón de Télam.
Pocas horas después del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el aparato mediático oficialista intentó, con un dato falso, salpicar al ex presidente Eduardo Duhalde. El operativo marchaba a la perfección hasta que Perfil.com publicó minutos antes de la 20.30 la intención oficial. A partir de entonces, las mismas redes sociales que permitieron descubrir la movida kirchnerista, reprodujeron una y otra vez la nota titulada: “La operación del Gobierno para salpicar a Duhalde”.
La punta del ovillo. Alrededor de las 17 de ayer, el periodista ultraoficialista Dante López Foresi publicó en su portal que Duhalde había estado reunido pocas horas antes del crimen con José Pedraza, líder de la patota que mató al militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Pero Foresi se basaba en un artículo del diario El Cronista de un año atrás, un “error de apreciación” inducido por el sitio web del diario económico que no coloca la fecha original de sus notas.
López Foresi, hermano de la periodista del mismo apellido, comenzó a agitar el tema no sólo en su sitio web (que recibió en lo que va del año 20.000 pesos de publicidad oficial), sino también en la red social Twitter. Varios tuiteros, incluso periodistas del diario en cuestión, le aclararon que la reunión de Duhalde-Pedraza había sido en 2009, e incluso circuló una copia escaneada de la versión papel de esa fecha. Pero Foresi insistió que desde El Cronista, propiedad de Francisco De Narváez, se quería proteger a Duhalde.
El intercambio de datos a través de Twitter, con los protagonistas “desnudándose” en público, permitió observar cómo se gestaba la operación. Primero, fueron los blogueros y tuiteros K que se unificaron detrás del “error” de López Foresi. Pero todo se iba a agravar cuando entró en el juego de enchastre la agencia oficial de noticias.
Silencio oficial. A esa altura, pasadas cuatro horas del crimen, ninguna voz oficial había hecho referencia al asesinato. Pero la agencia gubernamental Télam publicó que legisladores kirchneristas de la ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraba Juan Cabandié, Francisco Nenna, Gabriela Alegre y María José Lubertino, apuntaron al ex presidente con aquella información ya degradada. "Duhalde se reunió con José Pedraza ayer y hoy un grupo de matones cargó contra los trabajadores que participaban de una lucha gremial", citó el sitio de la agencia de noticias, reafirmando el “error” en el que insistía Foresi.
A las 20.24, Perfil.com publicó que estaba en marcha la operación para salpicar a Duhalde, y previendo que la estrategia iniciada en un periodista ultraoficialista y tuitero k, y continuada por la estatal Télam, iba a desembocar en el fachoprogresista 6,7,8 de Canal 7, el programa televisivo que utiliza los métodos de Goebbels, al decir de Jorge Lanata, para intentar fijar algunas mentiras.
Alrededor de las 21, Perfil.com incluso publicó la reacción del ex presidente cuando se enteró, en una entrevista con este sitio, de la operación que buscaba mancharlo. "Que salga en la agencia oficial habla de lo miserables que son desde el punto de vista espiritual", decía Duhalde.
A los pocos minutos, en la red social Twitter se multiplicó la información surgida de este portal (ver pdf “Una operación fallida”), y durante la emisión del programa 6,7,8, tanto en Twitter como Facebook, debatían los usuarios que simpatizan con el Gobierno con aquellos que publicaban el link a la noticia de Perfil.com. Con la presencia de dos funcionarios, el secretario de Cultura y el secretario general de la Presidencia, en los estudios de 678 para avalar la “versión Duhalde”, repitieron una y otra vez los inicios de la operación, pero en las redes sociales corría con fuerza el título de “la operación del Gobierno para salpicar a Duhalde”. El plan oficial se desvanecía antes de llegar a las tapas de los diarios. El tiempo real de lo digital había matado la operación antes de que llegara al papel.
A confesión de partes. Esta mañana, en otro programa de neto corte oficialista, Víctor Hugo Morales entrevistó al vicepresidente de la agencia oficial Télam, Sergio Fernández Novoa. El diálogo es imperdible porque muestra cómo el funcionario retrocede en lo que había publicado ayer, y echa las culpas al “bloguero”, según su propia definición del periodista ultraoficialista López Foresi.
El diálogo
Víctor Hugo Morales: Al parecer, Télam recogió la información de un bloguero en la cual se decía que este episodio tan doloroso, con la muerte de un trabajador ferroviario, tenía que ver con una reunión del ex presidente Duhalde con Pedraza. Y ustedes recogieron la información.
Sergio Fernández Novoa: Se recogió la información, se mencionó la fuente, y se les dio todas las posibilidades a ambos, a Pedraza y a Duhalde, de confirmar o desmentir tal cuestión. Lo que me parece que desde el punto de vista periodístico corresponde. Un periodista debe chequear las fuentes, debe darle posibilidad a quienes se involucran en la noticia de poder manifestarse al respecto.
VHM: ¿Qué es lo que saben ahora después de hechos los descargos, que no fue así, o hay alguna confirmación de lo que dijo el bloguero?
SFN: No fue así, se niega que haya sido así, o al menos que haya sido hace poco tiempo atrás.
VHM: El error del bloguero es haber tomado una información que tenía un año de atraso.
SFN: Sí, el bloguero insiste en que no es así, en que no fue tanto tiempo. De todas maneras, nosotros hemos priorizado, luego de ese despacho, de poder poner en el aire todo aquello que vienen diciendo las autoridades gubernamentales y todos aquellos que de alguna manera u otra están involucrados: el Partido Obrero y los distintos protagonistas de lo que pasó el día de ayer.
VHM: Los medios solemos ante un error pedir disculpas. ¿Una agencia de noticias también?
SFN: Por supuesto. Es un deber de la agencia, porque puede equivocarse; porque, por más que uno chequee y rechequee las fuentes, uno puede comprobar después que hubo un error y está bien que públicamente así se diga.
VHM: ¿Lo piensan hacer en este caso si efectivamente se constata que la información era erronea?
SFN: Desde ya, no tengas ninguna duda de que va a ser así.
Hasta el momento, la agencia no pidió disculpas, pero los políticos oficialistas usados para la operación frustada empiezan a quejarse. Es el caso de la legisladora María José Lubertino, quien esta mañana dijo que ella nunca habló con Télam, y que espera una rectificación.
En diálogo con Perfil.com, Lubertino aclaró que más allá de la “distancia política” que la separa de Duhalde, no está de acuerdo con el uso político que pueda hacerse de estos sucesos. “Yo mandé un mail para desmentir lo que Télam había puesto y hablé con dos periodistas de la agencia para saber de dónde sacaron esa declaración”, contó Lubertino a Perfil.com y agregó: “Supongo que en algún momento lo tendrán que aclarar”.
No es la primera vez que Télam queda en el medio de una operación de desprestigio. Ya lo hizo bajo el mandato de Martín Granovsky, cuando se montó una falsa denuncia contra el candidato opositor Enrique Olivera. Pero esta sí es la primera montada en la administración de Carlos Martín García, flamante presidente de la agencia estatal y reconocido publicista del peronismo.
Esta tarde, en la marcha para reclamar el esclarecimiento, Luis D’Elía insistió en involucrar a un ex funcionario de Duhalde. Tal vez, caído el canal institucional, los marginales del Gobierno insisten ahora con otra versión, pero siempre apuntando al mismo enemigo. A D'Elía se sumó a última hora Hebe de Bonafini, quien también señaló con su habitual desenfado al ex presidente Duhalde, llamándolo "hijo de puta".
¿Por qué quedaron pegados en el papelón algunos legisladores oficialistas? Al parecer, el legislador Tito Nenna “envió” a Télam sumándole las firmas de su bloque, sin haber consensuado el contenido. A lo largo del día, el oficialismo trató de despegarse de la operación frustada. El jefe de Gabinete y ex duhaldista Aníbal Fernández, le dijo a Víctor Hugo Morales que creía que era una locura intentar vincular a Duhalde con el asesinato. Sin embargo, todo el aparato mediático que maneja el Gobierno se puso al servicio de la operación que empezó a correr a las pocas horas del asesinato. Pero esta vez, tuvo patas cortas.
http://www.perfil.com/contenidos/2010/10/21/noticia_0032.html
