En una sesión que culminó con 227 afirmativos,
3 negativos y 4 abstenciones, Diputados aprobó el proyecto de ley para la Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La norma contó con el
respaldo de los principales bloques de oposición.
En la jornada de ayer la Cámara de
Diputados aprobó y convirtió en ley la iniciativa del Ejecutivo para la
Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Tras casi
doce horas de discusión, la votación arrojó 227 afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones.
La iniciativa del Frente para la Victoria recibió el respaldo en general de los
bloques de la UCR, el Frente Renovador, la mayoría de los integrantes del PRO,
el GEN, el Partido Socialista, Libres del Sur y la Coalición Cívica, entre otros,
quienes plantearon sus disidencias en la discusión en particular.
En tanto, se expresaron en contra el Frente de Izquierda y
el macrista Federico Sturzenegger, quienes habían presentado dictámenes de
minoría. También un dictamen de minoría había sido presentado por el bloque de
Unidad Popular del legislador ceteísta Víctor De Gennaro que prefirió
abstenerse porque según De Gennaro: “no se mejora la situación ni se permite un
cambio cualitativo en la lucha contra el trabajo no registrado”.
Para el diputado Héctor Recalde, miembro informante del
oficialismo, la propuesta de La Rosada “propicia que se cumplan las leyes que
existen”, a través de la reducción de las contribuciones patronales.
Recalde explicó el texto, que establece que las empresas que
empleen hasta cinco trabajadores serán parte de un régimen definitivo por el
cual no pagarán más contribuciones patronales. En tanto, las que posean hasta
15 trabajadores gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones
patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.El diputado y
ex abogado de la CGT destacó la pérdida de beneficios a las empresas que no
formalicen a sus empleados y la creación de un “Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales”, al considerar que servirá “para el control popular”.
Desde los bloques de del GEN y la UCR enunciaron su
acompañamiento, pero marcaron diferencias particulares y centraron sus
discursos en la alta carga fiscal que afrontan los trabajadores.
Por su parte, Sturzenegger, quien votó en contra pese a que
el resto de su bloque lo hizo a favor, consideró que el proyecto del Gobierno
es una “manzana envenenada”. “Tiene algo atractivo: la baja de aportes. Y algo
complicado: la creación de un registro laboral que tendrá poca efectividad y
probablemente solo sirva para una mayor concentración de poder en el
Ejecutivo”, subrayó el extitular del Banco Ciudad.
Por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola aseguró que la
medida “desfinancia” a la Anses y cuestionó a las “grandes cúpulas sindicales”,
que -según dijo- hacen “la vista gorda con el trabajo en negro”. ”No hay
ningún motivo para que esta ley vaya a mejorar la situación”, añadió Pitrola.
EJES del PROYECTO
La normativa sancionada ayer cuenta con 5 ejes principales:
Refuerzo de la fiscalización; Nuevas Sanciones a evasores; Sistemas de
incentivos a micro y pequeñas empresas; Creación de una unidad de investigación
del fraude laboral; y un Régimen de convenios de corresponsabilidad gremial.
1. Refuerzo de la Fiscalización
Nacional: El proyecto
propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS) de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de
control del fraude laboral y el trabajo infantil. La idea es minimizar las
diferencias de recursos que tienen los diferentes estados provinciales para
volcar a la inspección laboral, y garantizar un piso de acceso a los derechos
laborales uniforme a lo largo del país.
2. Nuevas sanciones a evasores: La nueva normativa contempla la creación de un Registro
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán a quienes
empleen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por
el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por
los organismos provinciales.
Los empleadores que fueran descubiertos en esa práctica
ilegal permanecerán en el Registro por un tiempo en el cual no podrán acceder a
los beneficios de políticas públicas (subsidios o incentivos) ni realizar
algunas operaciones comerciales. El Registro busca aumentar la sanción y, a la
vez, potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.
3. Sistema de Incentivos a los micro y
pequeños empresarios: Se
propone una instancia que supere lo punitivo. Para ello el proyecto de ley
dispone la creación de un Régimen de Seguridad Social especial para
micro-empleadores de baja facturación. Este régimen implicara descuentos en
cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años
en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.
4. Creación de una unidad especial de
investigación del fraude laboral: El empleo informal incluye diversas formas. Para
poder controlar el fraude laboral se combinarán la inspección del trabajo
tradicional que recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y
multidisciplinarias de seguimiento de las cadenas de valor, los movimientos
financieros, y la construcción de indicadores mínimos de trabajadores en
sectores difíciles de fiscalizar.
Para sistematizar y coordinar estas actividades, se dispone
la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de
violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la
subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas
tradicionales.
5. Convenios de corresponsabilidad
gremial: La ley
propone ampliar la potestad para firmar convenios de corresponsabilidad Gremial
en el sector agrario y afines. Este mecanismo permitirá que empresarios,
trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la
registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha
estacionalidad tradicionalmente complejos para la formalización de sus
vínculos.
