El Gobierno dará a conocer en las próximas semanas dos resoluciones
que buscan desmantelar los negocios y el poder económico de algunos de
los sindicalistas más poderosos, entre ellos el secretario general de
la CGT, Hugo Moyano. Pondrá tope así al poderío que los sindicatos
acumulan a través de su columna vertebral, las obras sociales.
La Superintendencia de Servicios de Salud –el organismo encargado de
regular y controlar a las obras sociales–, dirigida por el contador
Ricardo Bellagio, elabora los borradores para anular cualquier
posibilidad de que los sindicalistas se enriquezcan a través de sus
propias obras sociales y establece una serie de prohibiciones, deberes
e incompatibilidades para las autoridades, síndicos y auditores de
esas instituciones. Se analiza si las resoluciones saldrán por
decreto, es decir, si serán rubricadas por la Presidenta.
Entre los puntos más sensibles, se prohibirá que los presidentes de
esas entidades médicas –que suelen ser los secretarios generales de
los gremios– contraten a empresas proveedoras de su propiedad o de sus
concubinas o familiares. Esta resolución anula por completo el esquema
de negocios de Moyano y el holding de empresas de su esposa, Liliana
Zulet, y su hijastra, Valeria Salerno, que nuclea a varias proveedoras
de Oschoca, la obra social de choferes de camiones. La nueva medida
–mencionada por Ambito Financiero– incluye prohibir que contraten a
sus propias empresas de salud, como gerenciadoras, proveedoras de
medicamentos o prótesis y otros insumos y servicios.
La ofensiva se da a sólo días de las primeras paritarias y en un año
en el que la CGT exigirá lugares en las listas del Justicialismo. La
alianza con el moyanismo entró en una fase de mayor tensión desde la
muerte de Néstor Kirchner, porque Cristina mantiene un trato distante
con Moyano. Esta semana no fue buena para ese vínculo: la Presidenta
eludió reducir el mínimo no imponible de Ganancias, y además retó al
sindicalismo por las medidas de fuerza que realiza.
La Superintendencia, un organismo que depende directamente del
Ministerio de Salud, estudia prohibir que los sindicalistas gerencien,
administren o dirijan más de una obra social, como se da en los casos
de los dirigentes que presiden la obra social de un distrito de su
gremio y la de la federación de su sindicato. Con esto, busca coartar
el poder económico de algunos dirigentes y evitar que monopolicen el
manejo de los fondos de sus afiliados.
También obligarán a las obras sociales a licitar sus contrataciones
según los montos que impliquen y se estudia cómo se sancionará a
quienes no cumplan con los nuevos reglamentos. Además, prohíbe la
creación de fideicomisos, que, como en el caso de La Bancaria,
permiten a los presidentes de las obras sociales manejar las finanzas
a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Los fideicomisos que ya están
vigentes seguirán operando hasta su vencimiento y no podrán renovarse.
Las medidas están basadas en la ley colombiana que regula los
servicios de salud. Ante el riesgo de que algunos sindicalistas que se
vean obligados a desmantelar sus propias empresas formen nuevas
sociedades anónimas con testaferros, para sostener sus negocios, en
Gobierno aseguran que "primero hay que regular para prohibir y después
controlar qué hacen y cómo lo hacen".
Desde diciembre, la Superintendencia está aplicando un nuevo régimen
de sanciones con multas de hasta más de 100 mil pesos para cuando las
obras sociales y sus proveedores no cumplan con sus funciones, como no
proveer medicamentos y servicios a sus afiliados o generar un déficit
financiero que ponga en peligro la prestación médica. Sólo en el mes
de enero se aplicaron 50 multas y dos suspensiones a distintas obras
sociales.
Pero actualmente, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones que
excedan lo monetario, como inhabilitar a las empresas a ser
proveedoras de cualquier obra social o incluso inhabilitar a las
autoridades de las obra social
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