La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles un nuevo informe de Venezuela con graves denuncias. Una es "la falta de independencia" judicial por la "interferencia política". La segunda: la explotación y abusos de los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales del país.
Para la oficina de Bachelet, "la independencia del sistema de justicia se ha visto socavada considerablemente por la inseguridad en el ejercicio de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política".
En concreto, ha querido destacar que "las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales". Según el informe, "esta situación ha afectado gravemente la capacidad del Poder Judicial de actuar de forma independiente para proteger los Derechos Humanos y está contribuyendo a la impunidad".
También, criticó las recientes decisiones de la justicia chavista, que intervino a dos partidos opositores y nombró a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Según expuso, estas medidas "disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos".
Asesinatos, torturas y violencia de género
"A pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género".
Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, el reporte contabilizó 1.324 muertes entre enero y mayo de 2020 en el marco de "operaciones de seguridad". Según el detalle, las FAES fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana de 136.
Argentina expresó su preocupación por los derechos humanos en Venezuela y pidió elecciones transparentes y creíbles
Bachelet hizo un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que "emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad".
También instó a que se detengan de inmediato "todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos que buscan justicia".
El Arco Minero del Orinoco
El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dedica un capítulo entero a la explotación y abusos en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela. Allí la violencia causó o al menos 149 muertos desde 2016.
La investigación, expuesta Bachelet, destaca que los mineros de la zona "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas y que se hacen llamar "sindicatos".
El informe indica que esos "sindicatos" aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.
Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.
Las condiciones de vida de muchos de los mineros son pésimas. En su mayoría, los trabajadores llegan de otras regiones venezolanas, empujados a emigrar por la crisis económica en el país.
Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.
El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.
Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
Trabajo infantil y amputación de manos
El informe denuncia que chicos, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.
Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Algunos de los cadáveres de trabajadores fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras, y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
EFE y dpa
