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martes, 6 de noviembre de 2018

TELEFÓNICA sube la apuesta. Cuestionó ante la Justicia la fusión entre Cablevisión y Telecom



La filial local de Telefónica de España había impugnado la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción, pero como no obtuvo respuesta decidió acudir a la Cámara Civil y Comercial.

Telefónica de Argentina se presentó el miércoles 24 de octubre ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para cuestionar la resolución que habilitó la fusión entre Cablevisión y Telecom. La filial local de Telefónica de España había impugnado la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción, pero como no obtuvo respuesta finalmente decidió acudir a la Justicia. Por ahora, la estrategia incluye solo a los tribunales argentinos, aunque fuentes de la compañía aseguraron a PáginaI12 que en Madrid se reservan la posibilidad de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Mientras tanto, la empresa acaba de lanzar Movistar TV y continúa con la expansión de su red de fibra óptica para darle pelea al Grupo Clarín en el nuevo escenario de convergencia.

El viernes 29 de junio el entonces secretario de Comercio, Miguel Braun, autorizó la fusión a través de la resolución 374/2018 que convalidó el dictamen de la CNDC. El martes 10 de julio Telefónica solicitó vista de las actuaciones. Frente a la falta de respuesta del organismo antimonopolio, el viernes 13 de julio interpuso un recurso directo contra la resolución 374/18 y se reservó la posibilidad de ampliar los fundamentos cuando tuviera acceso al expediente. El 6 de agosto volvió a reiterar el pedido para acceder a las actuaciones administrativas, pero como una vez más no tuvo respuesta el 17 de agosto presentó una carta ante el Ministerio de Producción donde denunció la situación, aunque tampoco logró que le respondieran. 

El 27 de septiembre Telefónica realizó una nueva presentación ante la CNDC con el mismo resultado. Por último, el 1 de octubre la firma de capitales españoles envío una segunda carta al ministro de Producción, Dante Sica, de quien depende la Secretaría de Comercio y la CNDC, en la que le solicitó que se le diera intervención a la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, pero el pedido tampoco tuvo respuesta. Además de rechazar el silencio oficial, Telefónica cuestiona que las autoridades administrativas no hayan elevado el recurso a la Justicia en un plazo de diez días hábiles como indica el artículo 52 de la ley 25.156 y el artículo 62 de la ley 27.442. 

“Todas las legítimas peticiones y pretensiones (…) fueron sistemáticamente omitidas por la CNDC y la Secretaría de Comercio, guardando el más absoluto silencio, y exhibiendo una notable displicencia violatoria de los más básicos derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación y el marco legal aplicable; proceder completamente reñido con el Estado de derecho y la transparencia en el obrar administrativo como principios supremos y esenciales”, sostiene Telefónica en la presentación judicial realizada por los abogados Bernardo Cassagne y Francisco Rondoletti. PáginaI12 consultó al Ministerio de Producción sobre los cuestionamientos de Telefónica y fuentes de la cartera se limitaron a decir que “la autoridad de aplicación de la ley de Defensa de la Competencia va a dar el tratamiento que corresponda a las presentaciones que se realicen o fueran realizadas”.

Lo que impugna Telefónica es la decisión oficial de darle luz verde a la mayor operación de concentración económica del sector con exigencias de desinversión que considera leves. Luego del anuncio de la fusión, a mediados del año pasado, Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 por ciento del mercado de banda ancha fija, un 40 por ciento de la televisión paga, un 40 por ciento de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil, pero además comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país. Por lo tanto, tienen una fortaleza evidente. Frente a esta situación, la CNDC le exigió la devolución de espectro radioeléctrico, que comparta infraestructura pasiva y la cesión de 140 mil clientes de internet de Arnet (ADSL) en 28 localidades donde se superponía con las redes de Fibertel, cartera que ya fue vendida a la firma Universo Net.

Las presentaciones de Telefónica hasta ahora se habían circunscripto al ámbito administrativo, pero su desembarco en la Justicia abre un nuevo escenario. Lo que viene reclamando la empresa es que se anule la fusión o se la subordine a condiciones severas por afectar, según remarcan, la competencia en diversos mercados relevantes. PáginaI12 se contactó con Telecom, pero prefirieron no opinar sobre los cuestionamientos de su principal competidor
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Telefónica continúa mientras tanto reemplazando las redes de cobre por fibra óptica para potenciar su oferta de servicios en el nuevo escenario de convergencia. Desde comienzos de año puede brindar televisión por cable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe, mientras a partir de enero podrá hacerlo también en el resto del país, salvo en aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio es prestado únicamente por cooperativas o pequeñas y medianas empresas. 
El mes pasado lanzó Movistar TV, una oferta de televisión digital interactiva Full HD con 90 señales incluidas en el abono básico y 22 premium. Por ahora, brinda servicio solo en algunos barrios de Capital Federal y localidades de la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. El plan de la empresa era operar también vía satélite para emparejar la cancha con Telecom-Cablevisión en aquellas zonas donde corre de atrás luego de la fusión, pero el proyecto de ley corta que envío el gobierno al Congreso para habilitar esa posibilidad se empantanó y, en caso de ser aprobado, las telefónicas recién podrían operar vía satélite en julio de 2020.  


sábado, 7 de julio de 2018

CABLEVISIÓN - TELECOM: Denuncian al funcionario que aprobó la fusión


Antes de asumir en el Gobierno, Esteban Greco habría asesorado desde el sector privado a ambas empresas. Diputados piden la nulidad de la medida.


La aprobación de la fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina despertó las denuncias y cuestionamientos ante posibles irregularidades en el acuerdo aprobado por el Gobierno. El primer apuntado fue el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Esteban Greco, denunciado en la Justicia por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Además, un tercio de la Cámara de Diputados pidió tratar la nulidad de la fusión y la oposición ya confeccionó un pedido de información sobre algunos "puntos flojos" al Secretario de Comercio Miguel Braun.

 La denuncia que presentó la abogada Liliana Zabala -quien también es querellante de la causa que investiga el incumplimiento de los pliegos de la compra de Entel por parte de Telefónica y Telecom- acusó que Greco integró GPR Economía, "una consultora que durante 2009 y 2014 asesoró a Telecom, Telefónica y Cablevisión en temas de defensa de la competencia y análisis de mercado".

No obstante, la posible incompatibilidad no es el único cuestionamiento que trajo el acuerdo. Diversos diputados del peronismo presentaron un Proyecto de Resolución 4035-D-2018 en el que solicitan la citación de Miguel Braun, Secretario de Comercio, para que explique cuatro aspectos que consideran "muy flojos de papeles". Los firmantes son Pablo Carro, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky, Gabriela Cerruti, Rodrigo Rodríguez, Adrián Grana, Josefina González, Walter Santillán, Vanesa Siley (todos del FPV-PJ), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) y Carlos Selva (Frente Renovador). También dijeron de despacho de Romina Del Plá (Frente de Izquierda) que acompañarán con su firma el proyecto

Para los legisladores, "Telecom y Cablevisión superan juntas los estándares nacionales e internacionales de concentración, según los propios registros oficiales para todos los servicios en diversas provincias del país, y especialmente en la conexión a Internet de banda ancha a nivel nacional". Además, reclaman que las empresas fusionadas redujeron la dotación de su planta de personal de 27.155 empleados a 26.768 (en sólo tres meses, Telecom informó oficialmente haberse desprendido de casi 400 empleados) mientras que anunció ventas, ganancias e Ingresos Promedio por Cliente –ARPU- muy elevados para los rubros Internet y TV por cable respecto de 2017, sin dudas incrementados por su poder significativo de mercado

La fusión de las empresas -cuyos principales accionistas son los mismos que los del Grupo Clarín- implicaría el nacimiento de un nuevo líder en la Argentina que ofrecerá el "cuadruple play": servicios de telefonía fija y móvil, televisión paga e internet de banda ancha. En diálogo con Infobae, Esteban Greco elogió a la fusión como "la más grande de la historia". El Ente Nacional Comunicaciones (Enacom) ya había aprobado el acuerdo y en los últimos 10 meses la CNDC que dirige Greco estudió los términos para garantizar que "se cumplan con todas las obligaciones

Zabala, además, representa a más de 2000 trabajadores en la causa que investiga a "todos los funcionarios públicos que no controlaron el incumplimiento contractual de las empresas Telefónica de Argentina S.A. y Telecom S.A., de los Pliegos de Licitación por la compra de Entel, por no abonar la participación en las ganancias a su personal desde la sanción de la Corte Suprema del fallo 'Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional'". Por dicha causa que lleva Casanello, el fiscal Federico Delgado citó al ministro de Trabajo Jorge Triaca y a diversos funcionarios del Enacom. Según la abogada, cuando se privatizó Entel, en la década del 90, en el pliego de licitación figuraba como obligatorio abonar la participación en las ganancias al personal. Nunca se cumplió, sin tener en cuenta el fallo de la Corte (caso "Gentini"), que instó a pagar el porcentaje correspondiente