El índice, del 46,8%, surge del total de ocupados,
sean asalariados o independientes; en los jóvenes llega al 61,6%; lo calculó la
OIT con datos del Indec
La informalidad
laboral afecta al 46,8% de los
trabajadores en la Argentina, y la tasa trepa al 61,6% si se considera sólo el
segmento de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Los índices, correspondientes a
2013, surgen del conjunto total de ocupados (asalariados y cuentapropistas), están
en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y fueron
elaborados sobre la base de información de la Encuesta Permanente de Hogares
del Indec.
El porcentaje total implica que unos 7,2 millones
de trabajadores de las áreas urbanas del país trabajan sin acceso a los
derechos de la seguridad social. El informe titulado "Transición a la
formalidad en América latina y el Caribe “fue difundido ayer en esta ciudad, en
la segunda jornada de la 18» Reunión Regional Americana del organismo, que
integran funcionarios de gobiernos, sindicatos y empresas.
La tasa de informalidad de la Argentina coincide
con el índice promedio de América latina y el Caribe, y si bien es elevada,
tuvo un descenso desde 2009, cuando era del 49,2%. En el período, sin embargo,
no se registró un alivio en la tasa de informalidad del empleo juvenil.
Según la OIT (que basa sus estudios en los
relevamientos oficiales), Costa Rica es el país con el índice más bajo, con el
30,7%, y el problema reviste la mayor gravedad en Guatemala, con una tasa del
73,6%. La problemática del trabajo fuera de la ley es un tema protagónico en
este encuentro, al que asisten 19 ministros de Trabajo -entre ellos, Carlos
Tomada- y más de 500 funcionarios y dirigentes de 33 países.
La informalidad está estimada para el universo
total de asalariados e independientes. Respecto del primer grupo, en el caso de
la Argentina, el Indec difundió días atrás que la falta de aportes afecta al
33,1 por ciento de los trabajadores. El organismo de estadísticas no difunde,
en sus informes periódicos, cuántos cuentapropistas no hacen contribuciones a
la seguridad social, pero esos datos están en la encuesta permanente de hogares
(EPH) y les permiten a los especialistas calcular la tasa de irregularidad en
ese grupo de trabajadores.
Es un índice que sí difunde, por ejemplo, el
Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): con
base en un relevamiento propio, esa institución educativa informó que en 2013
un tercio de los asalariados y siete de cada diez cuentapropistas no tenían
aportes; así, el índice general de informalidad resultó de 49%, un nivel algo
superior -pero no muy diferente- al informado ahora por la OIT.
En el promedio de la región, un 33,7% de los
dependientes está en vínculos irregulares, mientras que el 82,3% de los
cuentapropistas trabaja sin protección social. Así lo indicó, en una charla con
periodistas, el especialista en el tema de la oficina regional de la OIT, Juan
Chacaltana.
Este problema, que desafía a adoptar estrategias
desde varios ángulos, es más grave entre los pobres y entre quienes tuvieron
una menor formación educativa. En la Argentina, entre las personas ocupadas que
sólo accedieron, como máximo, a la escuela primaria, la informalidad es de
64,8%, mientras que la tasa es algo inferior a un tercio entre quienes lograron
llegar a una educación de nivel superior. Otro segmento de alta vulnerabilidad
es la microempresa (1 a 10 empleados), en la que en la Argentina hacen tareas
tres de cada diez informales.
El informe regional destaca que todos los países
(salvo Honduras y México) tuvieron alguna mejora desde 2009: en el promedio, se
cayó de 50,1 a 46,8 por ciento. Sin embargo, ahora preocupan los efectos que
tendrá la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía o incluso,
como en el caso argentino, la recesión. La marcha de la economía en todo el
mundo, y en particular en la región, despertó señales de alerta en el ámbito
laboral, y así lo hizo notar aquí el director general de la OIT, Guy Ryder, que
en más de un discurso se refirió a ese tema.
"El proceso de crecimiento de la última década
ayudó a formalizar trabajadores, pero ello ocurrió también porque hubo voluntad
política para aplicar medidas", afirmó de todas maneras Chacaltana.
Explicó que en la última conferencia internacional del organismo tripartito
comenzó a hacerse un trabajo que podría terminar en una declaración o
recomendación a los países miembros (eso se conocería sólo a mediados del año
que viene) sobre las estrategias para mejorar la situación en tiempos no tan
buenos. "Se estima que en esta década se crecería, cada año, dos puntos
porcentuales menos respecto de la década pasada", dijo el especialista.
Chacaltana, que presentó la visión de la OIT sobre
el tema junto con Fabio Bertranou y Linda Deelen, de las oficinas de la
Argentina y de Chile, respectivamente, destacó la recomendación de tener un
enfoque integrado al diseñar estrategias contra la informalidad e identificó
cuatro aspectos a considerar: la productividad, las normas, los incentivos y la
fiscalización. El informe menciona algunas políticas decididas por países de la
región en los últimos años; se refiere, por ejemplo, a un sistema de
sustitución de multas por capacitación para pequeñas empresas instrumentado en
Chile y a la recientemente aprobada ley de promoción del empleo registrado en
la Argentina, que entre otros puntos reduce las cargas sociales y tributarias
para pequeños empleadores.
El informe recomienda el camino de simplificar
normas y pagos. Y en ese sentido, cuenta experiencias de la Argentina, Brasil y
Uruguay. En el caso de nuestro país, el esquema relatado es el del monotributo,
que permite a independientes de hasta cierto nivel de ingresos hacer un pago
mensual para cubrir obligaciones impositivas y acceder a los servicios de salud
y jubilación futura.
Sin embargo, esos esquemas representan un desafío
en cuanto a su sustentabilidad, porque prometen prestaciones sobre la base de
aportes más bajos que los requeridos. Según Bertranou, dada tal dificultad, la
idea no es promover que ese tipo de sistemas se mantengan para toda la vida
laboral de un persona, sino que sean un puente hacia una situación laboral que
garantice el mejor acceso a los derechos.
Fuente: Por Silvia Stang - Diario La Nacion
