sábado, 1 de agosto de 2026

CLARO pierde 1,5 millones de líneas prepagas antes de la fusión Telecom-Movistar

Uploaded Image
La poda de líneas parece anticipar el reacomodamiento que Claro busca frente al escenario que se viene en las telecomunicaciones argentinas.

Claro Argentina ejecutó uno de los ajustes más importantes de su historia reciente sobre la base de clientes. Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía dio de baja 1,5 millones de líneas prepagas después de una revisión de sus registros. El dato podría leerse como una mala noticia, pero el balance de América Móvil, su empresa matriz, muestra lo contrario: el negocio no se debilitó, sino que ganó fuerza.

En simultáneo con la baja de líneas prepagas, la operadora sumó 154.000 abonados pospago. Los ingresos totales crecieron 8,6% en moneda constante, los ingresos móviles por servicios subieron 12% y el EBITDA, la rentabilidad operativa, avanzó 22,2%, hasta alcanzar los $427.030 millones. El margen pasó de 38% a 42,7% en apenas un año.

 

¿POR QUÉ CLARO DIO DE BAJA 1,5 MILLONES DE LÍNEAS PREPAGAS?

La poda de líneas parece anticipar el reacomodamiento que la compañía busca frente al escenario que se viene en las telecomunicaciones argentinas. En febrero de 2025, Telecom compró Telefónica Móviles Argentina por 1.245 millones de dólares. Sin embargo, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) condicionó la aprobación final de la operación y exigió la transferencia de 6 millones de clientes a un nuevo operador, la cesión de espectro y otras medidas para limitar la concentración del mercado.

 

En ese marco, Claro reorganiza una base de abonados que supera los 26 millones de líneas y refuerza su posición para enfrentar a un competidor de mayor tamaño que el que existía hasta ahora. La compañía no hizo declaraciones públicas sobre los motivos puntuales del recorte. En su informe de resultados del segundo trimestre, América Móvil se limitó a describir el movimiento como una "limpieza" de la base de suscriptores


¿CUÁNTO PLANEA INVERTIR CLARO EN 2026?

La depuración de la base de clientes se combina con un plan de inversión que apunta a los negocios que definirán la competencia una vez que se complete la integración entre Telecom y Movistar. Diego Santos, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, anunció que la empresa invertirá alrededor de u$s500 millones en 2026. La mayor parte de esos fondos se destinará a fibra óptica al hogar y tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G), además de un nuevo centro de datos en Buenos Aires.

 

¿CÓMO QUEDA EL MAPA DE LAS "TELCOS" TRAS LA FUSIÓN DE TELECOM Y MOVISTAR?

 

La ANC condicionó la operación a que Telecom transfiera a un adquirente independiente 6 millones de clientes móviles activos: 4 millones de ellos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2 millones en el resto del país, junto con el espectro necesario para prestar el servicio. Ambos elementos forman parte de un paquete que no se puede dividir; la infraestructura móvil, en cambio, quedará como una opción para el nuevo entrante.

Telecom deberá garantizar acuerdos de compartición de red por un mínimo de tres años, renovables, y dar acceso a sus sistemas de gestión por hasta tres años. La resolución toma como referencia la cesión de 60 MHz al nuevo operador y la devolución de otros 20 MHz, cuyo diseño técnico todavía debe fijar el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom). En Internet fija, la ANC ordenó desprenderse de 211.400 abonados de Movistar en 28 localidades y, en la Ciudad de Buenos Aires, transferir de forma obligatoria la red de fibra.

Estas condiciones buscan mantener tres operadores móviles activos en el país y evitar un duopolio en el que el grupo combinado llegaría al 58% del mercado y Claro, al 42%. La operadora de origen mexicano no podrá recibir a los seis millones de usuarios reservados para el nuevo competidor, pero sí podrá competir contra la nueva estructura y podría disputar el espectro que vuelva a quedar disponible.

 

"La Argentina tenía tres jugadores muy fuertes y una competencia intensa. Ahora queda un operador mucho más fuerte y Claro", resumió Lu. El tercer actor que prevé la resolución todavía no apareció: falta que adquiera activos y construya una operación que pueda sostenerse en el tiempo.

 

Fuente: iprofesional.com-tecnología/



martes, 28 de julio de 2026

TELECOM: Arrancó el proceso de desinversión ***

Uploaded Image

El Gobierno nombró a Together Business Consulting, respaldada por la consultora internacional Nexia, como agente de monitoreo

Después de que el Gobierno se pronunciara sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom y condiciona la aprobación de la operación al cumplimiento de una serie de medidas de remediación, el miércoles designó al agente de desinversión que supervisará el proceso. La más relevante de esas exigencias es la cesión de seis millones de clientes de telefonía móvil.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las tratativas, la firma elegida de la terna propuesta por Telecom fue Together Business Consulting, una consultora respaldada por la red internacional Nexia.En cambio, respecto de los clientes de banda ancha fija que deberán transferirse en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa fusionada supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a distintos operadores.

De ACUERDO con los PLAZOS PREVISTOS, el PROCESO de DESINVERSIÓN podría extenderse HASTA 2 AÑOS.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC había dicho que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregó entonces el organismo.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, señaló que el segmento de telefonía móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.

Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió, en principio, a la Justicia y estaría siguiendo los pasos previstos por la ANC.

DESIGNACIÓN

Telecom anunció la designación de Manuel García Diez como CFO de la compañía que opera bajo la marca Personal, cargo que asumirá a partir del próximo 3 de agosto.

Manuel García Diez cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas corporativas, banca de inversión y mercados de capitales, con una destacada trayectoria internacional.

***María Julieta Rumi /La Nación

sábado, 25 de julio de 2026

La patria no se vende? En 2022 el Gobierno autorizaba la instalaciòon de un RADAR INLES en Tierra del Fuego a 600 km de Malvinas ....

 El radar instalado en Tierra del Fuego pertenece a la empresa LeoLabs y se ubica en la estancia El Relincho, cerca de Tolhuin. Su presencia generó un fuerte conflicto político y de seguridad nacional. Lugar: Estancia El Relincho, a unos 600 kilómetros de las Islas .Empresa: LeoLabs Argentina S.R.L., vinculada a capitales británicos e irlandeses dedicados al seguimiento de objetos en la órbita baja. : Permiso otorgado en 2022 por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Nación, sin la consulta previa a los ministerios de Defensa y RREE

https://youtu.be/fpV1072m8E4








jueves, 16 de julio de 2026

Julio I. Guillan el último líder del gremio telefónico….

 

El  16 de Julio de 1997, Julio I. Guillan,  secretario general en ejercicio de F.o.e.t.r.a., fallecía en la ciudad de Buenos Aires.

Fue el corazón, la cabeza y el alma invisible y latente de los telefónicos, bien desde la gloriosa CGT de los Argentinos, bien desde el Sindicato Buenos Aires o en el tortuoso muladar de la Dictadura. 

Julio Guillan  forma parte de la historia  del gremio telefónico y merece   nuestro homenaje militante…. ¡!!¨

https://eltrabajadortelefonico.blogspot.com/search?q=guillan


lunes, 6 de julio de 2026

La finalidad primordial y prioritaria del Fondo Compensador Telefónico...


Uploaded Image

​Una ley busca moldear la conciencia de un pueblo: China extiende su brazo represivo a cualquier ciudad del mundo

Uploaded Image
La “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” esconde un sinnúmero de artículos que podrían borrar etnias milenarias para enaltecer una “nación china”. La intrusión en las familias y la jurisdicción internacional de las autoridades chinas

El artículo es claro.

 Explícito. Inapelable. "Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“. El largo brazo represor del régimen de Beijing llega hasta la esquina de cualquier ciudad, en el país que sea. Desde Japón hasta Chile. Pasando por Kenia y España.

Se trata de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico" de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.

Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: “Disposiciones generales”; “Construcción de un hogar espiritual compartido”; “Fomento de los intercambios y la integración”; “Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes”; “Salvaguardias y supervisión” y “Responsabilidad legal”.

La ley no sólo proclama principios que podría barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el (vaguísimo) concepto de "conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).

A lo largo del texto pueden leerse conceptos y expresiones abstractas como son hablar de "fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional" o de una "construcción de una patria espiritual común“. Está claro que el PCC determina qué es “la patria espiritual” o “la conciencia nacional” -conceptos que retrotraen a los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia y Alemania- pero no están descritos con detalle por lo que su ejecución quedará a criterio de un burócrata del partido dentro de China. ¿Qué acciones "dañan la unidad étnica" (artículo 58) en un país compuesto por más de 50 etnias?

La ley de “la Unidad y el Progreso” -además de ser obligatoria para los chinos fuera de China- se mete dentro de los núcleos familiares: "Los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. No deberán inculcar en los menores ideas que sean perjudiciales para la unidad y el progreso nacionales". Un ciudadano chino -y su familia- que viva en Barcelona o en Quito deberá amar al PCC. Caso contrario, el brazo legal del régimen podrá perseguirlo a miles de kilómetros de Beijing.

Además de ingresar a la mesa familiar, la ley del régimen también se adentra en el funcionamiento de medios y de internet, que quedan reducidas a herramientas de control de contenidos: "Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes". ¿Es por eso que las embajadas chinas desparramadas por el mundo pasan horas monitoreando y redactando quejas a las redacciones en países donde hay libertad de expresión?

También los medios tienen que ser un canal para la identidad nacional: "El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos“. Si un ciudadano chino trabaja en un medio en Ciudad de México que cuestiona a Xi Jinping, ¿podría ser sujeto de sanciones legales?

Otro párrafo es llamativo por la intransigencia ante la crítica o el señalamiento: “La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos“.

Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas -como los uigures en la región de Xinjiang- y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como "terroristas“, como dice el Artículo 62: ”Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley“.

CONDENA INTERNACIONAL Y MÁS ALARMAS

El pasado 29 de abril pasado, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su “profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China”. En la resolución, los eurodiputados condenaron “enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior”.

Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a “derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas”. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que “constituyen represión transnacional” y llamó a los Estados miembros de la Unión a “suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley”.

Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. “Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet”, señaló.

De acuerdo al funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.

Por su parte, Kyinzom Dhongdue, Gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: "Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades". Pero no sólo afecta a esa etnia, sino también a las restantes 55 que son reconocidas por el régimen.

Dhongdue continuó: "En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos“.

El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales“.

De acuerdo a las autoridades taiwanesas, la ley "otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China" y actúa como "pretexto legal" para que el régimen de Xi Jinping "expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional“. Eso, de acuerdo al gobierno de Lai Ching-te representa "una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En el futuro, individuos en todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de represalias o enjuiciamiento bajo esta ley. La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de promover el expansionismo autoritario a través de la legislación interna".

Pero más allá de estas advertencias internacionales, existe un llamado de atención claro: la inclinación del régimen conducido por Xi Jinping a teñir de ideología nacionalista -y personalista- una cultura multiétnica que debería trascender más allá del partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que pretende hacer más allá de sus fronteras geográficas.

@TotiPI


sábado, 4 de julio de 2026

PLAN de SALUD: El Presidente del FCT. nos habla de la Clínica del Parque Centenario y Hotel Splendor Tango

 



    PLAN DE SALUD?? El titular del FCT. nos habla de la Clínica del Parque Centenario y Hotel Splendor Tango. infraestructura ideada por O.Iadarolla ..(además de algunos emprendimientos inmobiliarios ). 

Te preguntaste de cada 100$ que ingresa al FCT cuanto se destina al haber mensual de los jubilados, porque para esto se creo en 1974. ...En La plata ya anunciaron otros gastitos NO especificos....

Lo primero que hizo el extinto Osvardo I, en 2007 fue AUMENTAR el encaje para gastos . del 5 % al 20%...hoy dia despues de ...de ese 80% restante cuanto recibe el jubilado

El FCT no es para hacer una vidriera de exposiciones y gastos desmedidos. EL FCT tiene otra finalidad...ante la DUDA cabe una AUDITORIA como en el 2004


jueves, 18 de junio de 2026

​El Gobierno exige a Telecom que ceda 6 millones de clientes de telefonía móvil para aprobar la fusión con Telefónica

Uploaded Image

Según publicó la entidad oficial en sus redes sociales, Telecom tendrá que transferir seis millones de líneas móviles a un nuevo operador de telecomunicaciones. Esta transferencia incluye la infraestructura asociada y abarca clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como de las regiones Norte y Sur del país.

Además de las líneas móviles, la compañía deberá desprenderse de usuarios de banda ancha fija en aquellas zonas donde su participación de mercado supere el 50 por ciento tras la fusión.
Otro punto clave del dictamen es la devolución de espectro radioeléctrico. El ente regulador exige la restitución de 130 MHz en total. De esa cifra, 60 MHz deben volver al Estado de manera inmediata a nivel nacional. Las devoluciones adicionales afectarán a zonas de alta concentración de mercado y el resto del espectro pasará al mercado secundario para que otras firmas puedan utilizarlo.

A su vez, Telecom tendrá el deber de facilitar a un nuevo competidor el acceso a su propia red, espectro, sistemas y puntos de interconexión por un plazo de dos años. El objetivo de esta medida es asegurar la calidad del servicio mientras el nuevo actor despliega su propia infraestructura.
Los funcionarios del área explicaron que estas exigencias evitarán una concentración excesiva en el sector. Sin estos límites, el grupo fusionado habría concentrado cerca del 70 por ciento de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Con los recortes impuestos, esa cuota bajará a la mitad del mercado.

Las autoridades argumentan que la transacción solo resulta viable a través de estas desinversiones, ya que bloquean posiciones dominantes y protegen las opciones de consumo de los clientes, las empresas y los potenciales rivales. La meta oficial es lograr un mercado de telecomunicaciones dinámico y abierto

En junio del año pasado, la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) frenó el acuerdo tras advertir riesgos sobre la pluralidad de opciones. En aquel momento, la CNDC proyectó que Telecom pasaría a tener el 58 por ciento de la telefonía móvil, frente al 42 por ciento de AMX, la filial de la firma mexicana América Móvil.

Frente a este nuevo panorama, surge una gran incógnita: ¿quién se quedará con los clientes cedidos? El mercado debate si la porción de usuarios pasará a manos de América Móvil o si este escenario facilitará el ingreso de un jugador inédito en el segmento celular. En este sentido, la empresa Telecentro, propiedad de Alberto Pierri, busca desde hace tiempo dar el salto al negocio móvil.

La respuesta de Telecom

Desde Telecom calificaron a los requisitos del Gobierno como excesivos. La firma detalló que su propuesta original consistía en ceder tres millones de clientes móviles y cien mil de banda ancha fija. Desde la óptica de la empresa, su oferta se alineaba mucho mejor con las tendencias internacionales de la industria.
La compañía argumenta que la competencia actual es global, con actores de peso como Starlink en el acceso satelital a Internet o Netflix en el mercado del contenido audiovisual. Según los directivos, la orden oficial de desinversión los deja en desventaja comercial.
La firma de telecomunicaciones también criticó el uso de un criterio puramente cuantitativo para forzar la aparición de un tercer operador, cuando, a sus ojos, las dinámicas de la demanda demostraron la falta de espacio para un tercer competidor fuerte. Los ejecutivos anticiparon que analizarán los detalles legales de la notificación oficial antes de definir sus próximos pasos.

Una larga batalla legal y corporativa

La compra se hizo pública el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica de España comunicó a las autoridades bursátiles de Madrid la venta de la totalidad de su negocio en Argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares. El grupo español enmarcó esa salida en su política de reducción de exposición financiera en América Latina.

Pese al anuncio, el Gobierno nacional aplicó una suspensión preventiva sobre el cierre de marzo de ese mismo año. Para justificar el freno, la Secretaría de Industria y Comercio calculó que la fusión entregaría a Telecom el 61 por ciento del negocio móvil, el 69 por ciento de la telefonía fija y hasta el 80 por ciento de la banda ancha en varias localidades.
En junio, la Cámara Civil y Comercial Federal emitió un fallo a favor de Telecom y anuló las medidas preventivas del Gobierno. Sin embargo, poco después, la CNDC volvió a rechazar la operación, lo que derivó en la actual resolución del organismo de competencia.

La estructura accionaria de Telecom se reparte entre Cablevisión Holding con el 28,16 por ciento del capital, el fondo Fintech de David Martínez con un 20,83 por ciento, un fideicomiso de Martínez y Héctor Magnetto con el 21,84 por ciento, y el resto cotiza en la Bolsa. Por su lado, Telefónica de Argentina nació en 1990 tras la privatización de Entel y opera la marca Movistar, con una base de casi 20 millones de usuarios.



miércoles, 17 de junio de 2026

​El General PERÒN habla del Sistema Previsional, el 30.11.1973 (VIDEO)

El 30 de noviembre de 1973, cuando hacía apenas un mes que había asumido la presidencia de la Nación por tercera vez, el general Juan D. Perón cerró la “Semana Nacional de Seguridad Social” en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con un discurso que se transformó en una verdadera cátedra sobre la previsión social, pronunciado por quien la había instaurado en la República Argentina, en el que se advierten muchas de las cuestiones que están sucediendo en el presente con los jubilados.



Fuente: https://historiadelperonismo.com/?p=10059


lunes, 15 de junio de 2026

El Presidente J.D. Perón clausura la Semana de Seguridad Social: 30-11-1973

Uploaded Image

Recuerdo que en aquella época (1943) los obreros, especialmente en la campaña, atravesaban una situación verdaderamente dolorosa. El salario mensual era, término medio, de 30 pesos por mes, y había una gran cantidad de peones del campo argentino que ganaban 10 pesos por mes.

O sea, peor que en la época de la esclavitud, porque por lo menos en esos tiempos el amo tenía la obligación de mantener y cuidar al esclavo cuando envejecía. En cambio a los peones de campo, cuando se ponían viejos los largaban como caballos, para que se murieran en el campo.

 

No exagero nada si digo que era tal la incuria en este aspecto que no había sino dos o tres cajas que se sostenían mediante el esfuerzo de sus propios componentes, en la Policía y algunos sectores estatales. Los demás quedaban librados a la suerte o a la desgracia de su propio futuro. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados.

 

Fuimos, poco a poco, organizando las distintas cajas, que se fueron escalonando desde las de los industriales y las de los comerciantes que también necesitaban cajas, porque no todos ellos se hacen ricos; algunos se funden, y quedan más pobres que nadie. Se trataba de que existiera una cobertura de los riesgos; de la vejez, de la invalidez y de las enfermedades, tanto para unos como para otros.

 

Es decir, que en la comunidad nadie quedara abandonado a su propia suerte y que un sentido de solidaridad social permitiera que todos los hombres que trabajaban para la grandeza del país, pudieran en un momento de infortunio, tener cubiertos los riesgos para poder seguir viviendo dentro de un margen de felicidad y tranquilidad que es consustancial a la vida humana.

La tarea no fue fácil. Se trabajó durante diez años duramente para organizar todo esto.

 No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía que estos servicios no suelen ser ni eficaces ni seguros.

Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre cumple mal.

 

De manera que organizamos cajas que se manejaban, se dirigían, se financiaban y se mantenían por sí mismas.

Llegamos a crear el Instituto de Reaseguros para esas cajas, para que mediante un fondo común se auxiliaran mutuamente. Jamás tuvimos el más mínimo inconveniente, y las cajas de capitalizaron de una manera extraordinaria.

 

Y ningún jubilado tuvo jamás que quejarse porque le liquidaran mal, tarde o nunca, como suele suceder.

 

Fue así posible llegar a un sistema previsional perfecto, del que nada escapó. Desaparecieron los niños y los viejos que pedían limosna; las sociedades se fortalecieron y la asistencia social se montó sobre una cantidad de policlínicos, fueran sindicales, de la Fundación o del Estado, que proporcionaron la asistencia social indispensable a todos esos sectores.

 

Bien, señores. ¿Qué pasó después?

 

En 1956 el Estado, acuciado quizá por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados en las cajas.

Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones. 

Claro que las descapitalizaron.

 He visto un decreto secreto en virtud del cual se les sacaron 65 mil millones de pesos para auxiliar a quienes no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que habíamos creado. Es decir, se las asaltó; porque fue un asalto.

Y naturalmente que, después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no podía paliar ningún salario ni ninguna jubilación. 

¿Qué pasaba?

 

Habían desfalcado las cajas; las habían asaltado.

Y las cajas, que como todas las organizaciones económicas y financieras tienen su límite –el límite está indicado por su capital-, una vez que le sacaron el capital, era inútil que se pretendiera buscarle soluciones de otra manera, y el Estado tuvo que hacerse cargo de todas las prestaciones. Indudablemente, el Estado fue también impotente para atender la enorme cantidad de prestaciones.

 

Las sirvió mal, tarde y, en fin, con déficit en perjuicio de los pobres jubilados. 

Bien señores: no vamos a resolver nada con lamentarnos y pensar que esos pobres jubilados han sufrido las consecuencias de semejantes marranadas. No los vamos a resarcir, porque muchos de ellos se han muerto y otros han sufrido las consecuencias en su salud y en otros aspectos.

Lo único que podemos hacer es tratar de remediar de la mejor manera posible estas deficiencias naturales de una falta de administración.

 

A mí me llena de satisfacción el haber firmado en este acto el decreto por el cual se aprueba el programa de Seguridad Social, juntamente con las fuerzas del trabajo y el sector empresarial.

De esta manera todos nos comprometemos a mancomunar esfuerzos en pro del engrandecimiento del país, promoviendo y desarrollando integralmente la seguridad social, a fin de que la misma llegue por igual a todos los habitantes, sea cual fuere el lugar donde se encuentren.

 

 Los viejos y los niños, como ocurre en toda familia, son los que merecen nuestro cuidado.

La familia vive y se mantiene cuando tanto unos como otros están debidamente protegidos. Nosotros constituimos una gran familia, a la que sólo podremos mantener fuerte, unida y solidaria si somos capaces de cuidar a nuestros chicos y a nuestros viejos.

 Así que debemos pensar.

 La función de la previsión social, con su asistencia social y todos los demás menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido. En 1949 sancionamos una Constitución Justicialista, donde se dio status constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía.

 

Entre esos derechos estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de la niñez. 

Han pasado muchos años; en 1956 esa Constitución fue derogada por un bando. Yo no se cómo puede hablarse de Derecho Constitucional en un país donde, por un bando, puede dejarse sin efecto una Constitución.

 

Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos, porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar sólo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar”.