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"No basta ver la injusticia es necesario combatirla" Evita
viernes, 28 de agosto de 2026
miércoles, 26 de agosto de 2026
domingo, 23 de agosto de 2026
FELIPE VALLESE:El secuestro y asesinato bajo tortura del militante peronista , el primer desaparecido por razones políticas de la Argentina
En la Argentina que gobernaba provisionalmente José María Guido luego del derrocamiento del radical intransigente Arturo Frondizi...
La noticia se conoció recién dos días después, cuando salió publicada en el diario El Mundo. La crónica estaba titulada sugestivamente “Como en Chicago” y su comenzaba así: “Rarísimo suceso en Flores Norte, que la policía dice ignorar. Frente al 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días, había autos “sospechosos” en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número; un Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez. Y un Fiat 1100 color claro, en Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres. Y otros, en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil de Donato Álvarez hizo guiños con los focos, señalando el avance del ‘hombre’. Le respondieron, y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró con manos y uñas al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas”. En el desarrollo de la nota, el texto relataba que varios vecinos, alarmados por los pedidos de ayuda del hombre, salieron a la calle, pero que debieron retroceder cuando un sujeto que empuñaba una pistola.45 les gritó: “Esto no es para ustedes. Piquenses si no quieren ligarla”. Los vecinos volvieron a meterse en sus casas y varios llamaron a la policía.
Se trataba, efectivamente, de algo raro, como señalaba la nota en su primera línea. En la Argentina de principios de los ‘60 esas cosas no pasaban. Había secuestros, claro, pero las víctimas eran personas adineradas por las que rápidamente los delincuentes pedían rescate.
El viernes 24, el cronista de El Mundo se acercó a la comisaría correspondiente al barrio, la 50, y preguntó. La respuesta contradijo a los vecinos. “No sabemos nada, es la primera noticia que tenemos”, le respondió el oficial de guardia. Que la policía no supiera – o dijera no saber – nada era más extraño aún. Para entonces ya había trascendido que el secuestrado se llamaba Felipe Vallese, un joven de 22 años que distaba de ser adinerado, y que era delegado gremial en la fábrica metalúrgica TEA y militante de la Juventud Peronista. Pertenecía a lo que se conocía como “la Resistencia Peronista”.
El primer desaparecido
Para los argentinos de la época la violencia política no era algo extraño, porque estaban aún frescos los antecedentes del bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 – aunque poco se hablaba de él – y de los fusilamientos clandestinos en un basural de José León Suárez un año más tarde. Tampoco la detención de un delegado o de un militante político era un hecho poco común en 1962, pero que no apareciera, sí lo era. Por esos años la siniestra figura del detenido – desaparecido todavía no se había acuñado con sangre. Y Felipe Vallese había desaparecido para nunca más aparecer. No había antecedentes de algo así.
Los compañeros de militancia de Vallese supieron desde un primer momento que había sido secuestrado por fuerzas policiales. Casi simultáneamente a su desaparición, en otros operativos la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo también al hermano mayor de Felipe, Ítalo, y a los militantes peronistas Osvaldo Abdala, Francisco Sánchez, Elba de la Peña, Rosa Salas, Mercedes Cerviño de Adaro y a tres niños de entre 3 y 10 años que estaban con ellos. Pero todos ellos aparecieron, luego de ser interrogados y torturados. En cambio, Felipe Vallese seguía sin aparecer.
El verdadero objetivo de esos operativos policiales realizados en la oscuridad de la noche era capturar – y probablemente asesinar – a otro militante de la Juventud Peronista, Alberto Rearte, hermano de Gustavo, uno de sus líderes, a quien acusaban falsamente de ser autor de la muerte de dos policías de la provincia en un confuso tiroteo, donde en realidad los bonaerenses se enfrentaron sin saberlo con colegas de la Federal. En los interrogatorios bajo tortura a todos los detenidos les preguntaban: “¿Dónde está Rearte?”. Nadie lo sabía, y si lo sabía, no lo dijo ni siquiera apremiado por las salvajes descargas eléctricas. En esos duros tiempos de resistencia, le resultaba difícil a la policía arrancarles información a los militantes. A Vallese ese silencio durante la tortura le costaría la vida.
Un periodista valiente y tenaz
La suerte corrida por Vallese se conoció gracias a la minuciosa investigación realizada por el periodista Pedro Leopoldo Barraza, a quien sus colegas apodaban “El Tarta”, por su tartamudez....
Barraza descubrió que a Felipe Vallese lo venían vigilando desde días antes de su secuestro y reconstruyó a través de varios testimonios la presencia de autos sospechosos que rondaban la zona donde finalmente lo “levantaron”, exactamente después de que otro vehículo hiciera señas de luces, “marcándolo” a la camioneta dentro de la cual lo metieron a rastras y se lo llevaron. La investigación estableció que lo hirieron en la cabeza en el momento del secuestro y que llegó en mal estado a la Comisaría 1ª de San Martín, donde fue torturado por un oficial llamado Juan Fiorillo, cuyo nombre trascendió muchos años después por su participación en crímenes de lesa humanidad. Allí le preguntaron por primera vez por Alberto Rearte y Vallese no habló.
Después de picanear durante horas en la comisaría de San Martín, Vallese fue llevado a la comisaría de Villa Lynch, donde también tenían a los detenidos en los otros operativos. Aunque llegó prácticamente al borde de sus fuerzas, casi sin poder respirar, lo siguieron picaneando y golpeando. En un descuido, cuando lo arrojaron en una celda entre una sesión y otra de tortura, Vallese alcanzó a darle su nombre a un preso común, que lo anotó en un papel de cigarrillos, igual que el teléfono de la UOM y de la fábrica Tea. En Villa Lynch, también lo vio su hermano Ítalo, que después dijo que estaba destruido por la tortura, al borde de la muerte
Fue ese preso común, cuyo nombre Barraza nunca reveló, quien al ser liberado la mañana siguiente llamó a la UOM y avisó donde estaba Vallese. Con ese dato, el abogado del sindicato, Fernando Torres, realizó la denuncia y le pidió al juez federal de San Martín que ordenara el allanamiento de la subcomisaría de Villa Lynch. En una evidente complicidad con el encubrimiento, el magistrado se negó a allanar la repartición policial y simplemente le pidió informes al comisario, que le respondió que allí no tenían detenida a ninguna de las personas que buscan. También pidió informes a la Federal – porque Felipe Vallese había sido secuestrado en la Capital - donde le contestaron que no sabían nada del asunto.
Hasta allí llegó la “investigación” judicial. Para entonces los compañeros del militante secuestrado habían iniciado una fuerte campaña reclamando su libertad. A consecuencia de ella, el 3 de septiembre, la Bonaerense reconoció en un comunicado que tenía detenido a un grupo de personas en José Ingenieros por los delitos de portación de armas y tenencia de panfletos. En la lista figuraban todos menos Felipe Vallese. No podían incluirlo porque ya estaba muerto y no iban a hacerse cargo de su asesinato.
En la investigación que tituló El infierno de Felipe Vallese, Barraza – que por entonces tenía 22 años, igual que el desaparecido – reconstruyó la captura, la inteligencia previa, los lugares donde estuvo detenido, por quiénes fue torturado y el nombre del médico que controló las sesiones de picana. Además, publicó decenas de nombres de perpetradores, cómplices y encubridores de su muerte. “Se estaba demostrando que en nuestro país un hombre puede desaparecer, puede conocerse a sus secuestradores, con nombres y apellidos, y no pasar absolutamente nada”, escribió en la nota del 5 de julio de 1963 publicada en el semanario Compañero.
La justicia llegó tarde y fue extremadamente liviana. Pasaron casi diez años hasta que, en mayo de 1971, el juez en lo penal de La Plata Rómulo Dalmaroni condenó a 39 policías a tres años de cárcel por privación ilegítima de la libertad en el caso de Felipe Vallese. La pena mínima se debió a que sólo se los juzgó por el secuestro y no por el evidente asesinato. La razón que esgrimió el juez fue que no había cuerpo, porque Vallese estaba desaparecido
Fuente .INFOBAE.COM
jueves, 20 de agosto de 2026
domingo, 16 de agosto de 2026
INFLACIÓN: julio-2026 fue del 2.1 % segun la info del INDEC
Los precios al consumidor aumentaron 2,1% en el séptimo mes del año y acumulan un alza interanual de 33,8%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este jueves el dato de inflación de julio, que fue del 2,1% y acumuló una suba del 33,8% en los últimos 12 meses. En lo que va del año, el índice anotó un alza del 19,3%.
sábado, 15 de agosto de 2026
Jubilados Telefònicos en el Fondo Compensador
https://www.facebook.com/groups/jubiladostelefonicosenelfct
viernes, 14 de agosto de 2026
TELEFONÍA MOVIL: El gobierno nacional extendió a las cárceles provinciales el bloqueo de celulares
La RESOLUCIÓN 734/2026 DEL ENACOM determinó que si el Ministerio de Seguridad lo solicita, las prestadoras de servicios móviles deberán inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de los pabellones penitenciarios de regiones que adhieran al protocolo nacional
El Gobierno amplió a los establecimientos penitenciarios provinciales el procedimiento para bloquear los celulares que sean activados dentro de las cárceles. La medida alcanza a las provincias que adhieran al protocolo vigente y tendrá como objetivo impedir que los dispositivos sean utilizados para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde los penales.
En los considerandos, el Enacom vinculó la decisión con la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros asociadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones. El organismo recordó además que la Ley 24.660 prohíbe en su artículo 160 las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles dentro del sistema penitenciario.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este jueves en el Boletín Oficial. A través de la norma se modificó el procedimiento que regula el bloqueo de terminales denunciadas por robo, hurto o extravío y la identificación de equipos con irregularidades.
A partir del cambio, las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear el código único de cada equipo (IMEI), el código de la tarjeta SIM (IMSI) y la línea telefónica asociada a los dispositivos que se activen dentro de las áreas de detención o en sectores de acceso restringido al público.
El procedimiento ya había sido autorizado para las unidades y los establecimientos penitenciarios federales. Con la nueva resolución, también podrá aplicarse en las cárceles de las provincias que decidan adherir al protocolo aprobado por el ministerio de Seguridad de la Nación.
Los bloqueos no serán realizados de manera automática ni por decisión de las compañías. Para llevarlos adelante será necesaria una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad, que deberá suministrar los datos correspondientes a las prestadoras. También se estableció que los pedidos efectuados por las provincias adheridas serán comunicados a las empresas exclusivamente por medio de esa cartera nacional.
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/345882/QR
jueves, 13 de agosto de 2026
METROTEL fue propuesta por TELECOM, para quedarse con los 6 millones de clientes móviles
#Metrotel es una compañía que provee servicios de telecomunicaciones y tecnología para empresas, pymes y operadores en la Argentina. Su oferta incluye conectividad de alta velocidad por fibra óptica, #telefoníaIP, infraestructura en la nube, centros de datos y herramientas de ciberseguridad.
Sus actuales propietarios son los fondos internacionales de inversión #RiverwoodCapital PartnersyBlackstoneTacticalOpportunitiesAdvisors que en diciembre de 2017 compraron el 100% de la compañía a #SociedadComercialdelPlata (SCP) por US$190 millones.
Fuentes del sector consultadas señalaron que Metrotel es una de las empresas que ingresaron al mercado tras la apertura de las telecomunicaciones de 2000. La compañía tiene un negocio orientado principalmente al segmento corporativo y, en los últimos años, también aprovechó su red de fibra óptica para brindar servicios mayoristas mediante infraestructura compartida. Sin embargo, no tiene antecedentes en el negocio de consumo masivo
Cabe recordar que la ANC condicionó la aprobación de la compra de Telefónica por parte de Telecom a que el grupo ceda seis millones de clientes de telefonía móvil y transfiera usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación supere el 50%.
En el caso de los clientes móviles, la autoridad estableció expresamente que no podrán ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada
En cambio, respecto de los clientes de banda ancha fija que deberán transferirse en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa fusionada supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a distintos operadores.
De acuerdo a los plazos previstos, EL PROCESO DE DESINVERSIÓN PODRÍA EXTENDERSE hasta 2 años
En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC había señalado que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.
En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, señaló que el segmento de telefonía móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.
Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió a la Justicia y está siguiendo los pasos previstos por la ANC. En ese camino, postuló, entre otros, a Together Business Consulting como agente de monitoreo y ahora propuso a Metrotel.
Por María Julieta Rumi / LA NACION
martes, 11 de agosto de 2026
INGRESO Promedio en los HOGARES Argentinos.Surge de un informe de la Fundación Encuentro.
LA CLASE MEDIA ALTA (C2) reúne al 17% y el piso de ingresos se sitúa en $4 millones. Le sigue la CLASE MEDIA BAJA, que abarca otro 26% y parte desde los $2,2 millones
El sector más extendido es el D1 (CLASE BAJA SUPERIOR NO POBRE), que alcanza al 31%. El monto mínimo mensual requerido llega a los $1,4 millones.
En el último escalón aparece un 21% de hogares en SITUACIÓN DE POBREZA, con ingresos de $900.000 por mes.
lunes, 10 de agosto de 2026
REFORMA LABORAL: tras el acuerdo Gobierno-CGT, se destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo
La Casa Rosada celebra porque gracias al decreto que puso a salvo la caja sindical comenzó la rediscusión de los convenios, que estaba frenada por la renuencia de empresarios y gremialistas. Qué actividades están pactando cambios
El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería EL GOBIERNO CUANDO ACEPTÓ NEGOCIAR CON LA CGT ESA NORMA ACLARATORIA QUE PUSO A SALVO LA CAJA SINDICAL: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.
Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.
Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.
Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.
Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.
El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.
Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.
Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.
Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.
En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.
A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.
*****Por Ricardo Carpena / INFOBAE
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344514/20260720
domingo, 9 de agosto de 2026
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