viernes, 10 de abril de 2026

​EXTORSIÓN y FRAUDE en PLANES SOCIALES: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una mega causa judicial


El JUEZ LUIS ARMELLA investiga 200 expedientes con denuncias de beneficiarios del ex programa POTENCIAR TRABAJO. Testimonios claves revelan una maniobra que abusaba de las familias más vulnerables. En los depósitos de las organizaciones, secuestraron 2.500 kilos de alimentos en mal estado y 104.000 unidades sin entregar

El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.

Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el #Polo Obrero, el #MovimientoEvita, la #CorrienteClasistaCombativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, #MTRHistórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.

SE REALIZARON 24 ALLANAMIENTOS, EN LOS QUE SE SECUESTRARON:

104.000 unidades de alimentos sin distribuir.

Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.

$500.000 en efectivo.

Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.

47 equipos informáticos y celulares.

100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.

Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.

Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.

Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.

Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”. En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:

Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.

Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los  bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.

La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.

Los amenazaban con bajarlos del plan.

Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.

Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.

Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.

La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.

Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.

Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.

Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, #ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.

La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.

La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.

Una mujer aseguró: Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.

Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del #PoloObrero, Eduardo #Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.

#Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria , para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.

No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.

Por  Andrés Klipphan /  INFOBAE



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jueves, 2 de abril de 2026

​A 110 años de los PRIMEROS COMICIOS donde los argentinos eligieron presidente con la ley Sáenz Peña (Masculino, secreto y obligatorio)

El domingo 2 de abril de 1916, el líder radical Hipólito Yrigoyen triunfó con el 47,25% de los sufragios. Al final de la jornada habían votado 747.471 hombres, el 62.71% de la totalidad del padrón electoral, elaborado en base a los datos del servicio militar. El resultado tomó por sorpresa a los sectores conservadores y marcó un momento bisagra en la historia política de la Argentina

"Esa votación cambió la historia, porque al ser obligatoria impidió que los patrones evitaran que sus trabajadores fueran a votar. Ellos sabían que no iban a votar a sus partidos sino al radicalismo. Así y todo, las versiones de la época registran casos de intento de fraude que hoy parecerían insólitos. Hay una leyenda radical que cuenta que en muchos ingenios azucareros de Tucumán y en estancias correntinas, los patrones encerraban a sus peones la noche anterior, controlaban que no tuvieran boletas de ningún partido y al día siguiente los sacaban y les daban la boleta de los conservadores y los llevaban a votar. Sin embargo, la leyenda cuenta que los trabajadores burlaban a sus patrones escondiendo la boleta de Yrigoyen en el lugar de su cuerpo donde nadie la iba a buscar. Probablemente haya mucho de mitología, pero habla de una realidad", le contó hace unos años al autor de esta nota el historiador Oscar Muiño.

Pasaron 110 años desde la primera vez que los argentinos eligieron presidente en las urnas. Fue el domingo 2 de abril de 1916 en unos comicios de los que participaron 747.471 hombres sobre un total de 1.189.254 habilitados por el padrón confeccionado en base al servicio militar obligatorio. Aquel voto masculino, secreto y obligatorio consagró a la fórmula de la Unión Cívica Radical (UCR) integrada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna.

Vista desde hoy se trató de una elección restringida, ya que la Ley 8871 –popularmente conocida por el nombre de su impulsor, el presidente Roque Sáenz Peña– al utilizar el padrón del servicio militar excluía a las mujeres, que no podían elegir ni ser elegidas. El voto femenino llegaría muchos años más tarde, aunque algunas precursoras como Alicia Moreau de Justo y Julieta Lanteri, que ya habían creado el Comité Pro-sufragio femenino en 1907.

A pesar de esas restricciones, la de 1916 fue una elección avanzada para su tiempo, en un mundo donde menos de una decena de países utilizaban el sufragio masculino, secreto y obligatorio para elegir a sus autoridades. "Con la ley Sáenz Peña la Argentina quedó entre las naciones más de avanzadas en materia política, porque a principios del siglo XX apenas media docena de países tenía voto popular. Ningún país de América Latina había avanzado tanto, por lo que éramos el país del continente con mayor nivel de inclusión en ese sentido. La proporción de votos fue mayor incluso que en los Estados Unidos, donde los ciudadanos tenían y tienen que inscribirse para poder votar, mientras que aquí, al utilizar el padrón del servicio militar obligatorio quedó incluida una inmensa mayoría de los hombres mayores de edad. Además, al ser secreto, se pudo elegir con una libertad extraordinaria", explica Muiño.

LA LEY Y LA TRAMPA

Hasta entonces los argentinos votaban de acuerdo con lo establecido por la Ley 623, sancionada el 18 de septiembre de 1873 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y modificada en varias oportunidades. Para poder elegir, había que inscribirse en un "registro cívico" que se confeccionaba en cada sección electoral. Si bien esta ley había eliminado el voto oral o "cantado", el sufragio seguía siendo público, de modo que en el registro, al lado del nombre del votante, se dejaba constancia de a quién votaba cada uno. Eso no solo atemorizaba a los votantes, sino que mientras se llevaba a cabo la votación, los punteros podían influir entre quienes no habían sufragado y, por supuesto, "hacer votar a los muertos" o inventar nombres.

Una de las estrategias más utilizadas era la del "voto múltiple". En Pago Chico –publicado en 1908–, Roberto J. Payro lo cuenta así en uno de los relatos: "En el comicios reinaba, pues, la calma más absoluta, y los pocos votantes que en grupos llegaban de vez en cuando del comité de la provincia (de Buenos Aires) eran recibidos y dirigidos por Ferreiro, que los distribuía en las tres mesas para que depositaran su voto de acuerdo con las boletas impresas que él mismo daba al llegar al atrio. Los votantes, una vez cumplido su deber cívico, se retiraban nuevamente al comité para cambiar de aspecto lo mejor posible (el disfraz solía consistir en cambiar el pañuelo que llevaban al cuello, nada más) y volver diez minutos más tarde a votar otra vez como si fueran otros ciudadanos en procura de genuina representación".

En esas elecciones se jugaba solamente "a ganador": el sistema de representación era de "lista completa". De ese modo el partido que obtenía la mayoría de los votos se llevaba todas las bancas, tanto las de diputados como las de electores para presidente y vice. El partido que manejaba la elección ganaba todo: el mecanismo ni siquiera permitía la existencia de minorías en el Congreso.

Con esa mecánica, hasta la ley Sáenz Peña, el triunfo electoral se lo llevaba siempre el conservador Partido Autonomista Nacional (PAN). En la vereda de enfrente estaban los radicales que, ante los permanentes fraudes, habían intentado revoluciones y boicots ante la farsa de las votaciones.

LAS NUEVAS REGLAS

Tanto la cada día más virulenta oposición de la Unión Cívica Radical como una crisis al interior del gobernante PAN -que había llevado en 1910 a Roque Sáenz Peña a la presidencia- fueron dos factores claves para que se abrieran las puertas a un nuevo sistema electoral. "Por un lado, había un sector de la oligarquía y de la elite gobernante que creía que la modernización del país no podía ser solo económica y social, sino que también era precisa una modernización política. Por otro lado, el poder político estaba en riesgo ante una revolución radical tras otra. Había habido una en 1890, dos en 1893 y otra en 1905. A eso se sumaba que las Fuerzas Armadas también estaban molestas con esta falta de aceptación del voto popular. Entonces, el impulso de la ley Sáenz Peña fue para incorporar a una fuerza política emergente como el radicalismo y alejar el peligro revolucionario. Por otra parte, era modernizar el país, ubicándolo entre las naciones más de avanzada en materia política", explicaba Muiño.

El proyecto de esta ley de voto secreto y obligatorio fue presentado al Congreso en agosto de 1911 con la firma del presidente Roque Sáenz Peña y de su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Sáenz Peña proponía que se terminara el sistema de representación de "lista completa" –que hasta entonces otorgaba la totalidad de las bancas al ganador de las elecciones– y fuera reemplazado por uno que le diera a la primera minoría las dos terceras partes y un tercio a la segunda minoría.

Al defender el proyecto en el Congreso, el ministro Indalecio Gómez lo explicaba así: "Puesto que el mal es que esa máquina (la del PAN, la 'toma todo' o de 'lista completa') da el producto de todas las diputaciones, y esto es lo que se quiere evitar, hagamos pues que no produzca todas, que produzca sólo una parte. La otra se deja a los partidos que no forman parte de la máquina", decía.

La ley 8.871 fue finalmente aprobada el 13 de febrero de 1912 instaurando en la Argentina el sufragio universal e igual, obligatorio y secreto para todos los argentinos varones mayores de 18 años. También estableció el sistema de lista incompleta y la elección presidencial a través del Colegio Electoral. Toda una revolución para esos tiempos.

Ni Roque Sáenz Peña ni Indalecio Gómez imaginaron que esa ley marcaría un momento bisagra en la historia política de la Argentina. Era el principio del fin de la hasta entonces intocable hegemonía conservadora. La ley Sáenz Peña se estrenó en las legislativas de 1912 y se impuso el Partido Conservador (una división del PAN) mientras que la UCR, liderada por Hipólito Yrigoyen –que había dejado de lado el abstencionismo- quedó segunda. Sin embargo, la euforia conservadora duró poco: en las legislativas de 1914 la cosa se dio vuelta y el radicalismo triunfó ampliamente a nivel nacional.

LA VICTORIA DE YRIGOYEN

Para las elecciones presidenciales del domingo 2 de abril de 1916 se anotaron cuatro listas con candidatos a presidente y vice, y otras dos sin fórmula presidencial, pero con candidatos al decisivo Colegio Electoral.

La UCR postuló a su líder, Hipólito Yrigoyen, comisario del barrio de Balvanera, y que había acaudillado varios levantamientos armados contra "el régimen". Lo apodaban "el Peludo", por el animalito escurridizo que se esconde bajo tierra. Era tan carismático para sus seguidores como enigmático: evitaba dar discursos, conducía a través de sus "conmilitones" y con la acción. Lo secundó el abogado riojano también radical, Pelagio Luna.

Por su parte, los conservadores, tras la derrota de las legislativas de 1914, formaron una alianza: la Concentración Conservadora estaba integrada por el Partido Conservador, el Partido Autonomista, el Partido Provincial, el Partido Popular, el Partido Demócrata de Córdoba y la Unión Democrática. Demasiados sellos surgidos de la diáspora del PAN. Fueron con una fórmula de sanjuaninos: Ángel Dolores Rojas para presidente y Juan Eugenio Serú para vice.

Los otros dos partidos con candidatos presidenciales fueron el Demócrata Progresista y el socialista. Los primeros postularon a un viejo rival de Yrigoyen, Lisandro de la Torre, acompañado por Alejandro Carbó; los socialistas propusieron la fórmula integrada por Juan B. Justo y Nicolás Repetto. Sin candidatos a la presidencia, pero sí al Colegio Electoral, se inscribieron el Partido Socialista Argentino y la Unión Cívica Radical Disidente.

En esos tiempos no había encuestas ni estudios de opinión pública, pero el olfato popular tenía a Yrigoyen como amplio favorito. Tras más de 25 años de existencia, los radicales tenían la oportunidad histórica de llegar por primera vez a la presidencia de la Nación. El voto secreto y obligatorio –junto con una fuerte fiscalización de las mesas- eran claves para sus chances. Así y todo, no faltaron las "avivadas" de los sectores que se les oponían.

El escrutinio definitivo dio como amplio vencedor a Hipólito Yrigoyen, con 340.802 votos (47.25%), lo que le otorgaba la mayoría simple en el Colegio de Electoral con 141 de los 300 electores. Segundo quedó el conservador Ángel Dolores Rojas, con 186.677 votos (25.88%), lo que significaba 69 electores. La UCR-Disidente, que no llevaba fórmula presidencial, logró 28.816 votos en la provincia de Santa Fe (3.90%) y 14 electores. En total habían votado 747.471 hombres, el 62.71% de la totalidad del padrón electoral.

Para acceder a la presidencia, Hipólito Yrigoyen necesitaba la mayoría absoluta del Colegio Electoral, para la cual le faltaban diez electores. Los consiguió después de arduas negociaciones con la UCR- Disidente, 11 de cuyos 14 electores decidieron finalmente darle su apoyo.

UN NUEVO PAÍS

Las elecciones del 2 de abril de 1916 inauguraron una etapa en la historia política y social argentina. Su resultado tomó por sorpresa a los sectores privilegiados. La élite había pensado que con esa ley se podía cumplir esa máxima de que "todo cambie para que todo siga igual", sentenciada algunos años después por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor de El Gatopardo.

Los conservadores demorarían más de una década en encontrarle la vuelta a la situación y retornar al poder. Una forma tan bizarra como antidemocrática que inauguró otra etapa, conocida como "la década infame" y que tuvo como blanco al propio Yrigoyen, cuando lo destituyó el golpe militar de 1930. "Se llevaron la sorpresa del siglo, pensaban que iban a ganar caminando. Lo hicieron para incorporar al radicalismo como opositores, no para darles el gobierno. Catorce años después, cuando vieron que no podían ganar más, empezaron con los golpes de Estado", le decía Muiño a este cronista en aquella charla.

Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia el 12 de octubre de 1916, vitoreado por millares de personas que lo acompañaron en su llegada a la Casa Rosada. "En mi carrera diplomática he asistido a celebraciones famosas en diferentes cortes europeas; he presenciado la ascensión de un presidente en Francia y de un rey de Inglaterra; he visto muchos espectáculos populares extraordinarios por su número y su entusiasmo. Pero no recuerdo nada comparable a esa escena magistral de un mandatario que se entrega en brazos de su pueblo, conducido entre los vaivenes de la muchedumbre electrizada, al alto sitial de la primera magistratura de su patria", escribió con fluidez Pablo del Soler y Guardiola, entonces embajador de España en la Argentina, en la crónica publicada por el diario porteño La Época el 13 de octubre.

Con una prosa mucho menos clara, anclada en una manera de hablar arcaica para los hechos y los tiempos que se vivían, el flamante presidente radical había hecho su propia exaltación de sí mismo la tarde anterior, cuando las calles de Buenos Aires se veían colmadas por una multitud que lo aclamaba. "Asumir la contienda reparadora, desde el llano a la cumbre, renunciando a todas las posiciones y resguardos del medio ambiente para remontar la abrupta montaña a pura orientación de pensamiento, a puro vigor de virtudes y a pura entereza de carácter, y llegar a la cima pasando por sobre todos los poderes oficiales y las conjuraciones conniventes, es empresa que no conciben los mediocres ni alcanzan los pigmeos y que ni siquiera comprendieron los grandes ni afrontaron los poderosos. Tan magnas concepciones fueron idealizadas por el genio de la revolución, sentidas por el alma nacional y cumplidas con admirable excelsitud en una trayectoria de sucesos y de acontecimientos que culminaron todas las glorias de la patria", discurseó en su primer mensaje como presidente.

Fuente .INFOBAE



1982 - 2 de ABRIL - 2026



lunes, 23 de marzo de 2026

1976 - 24 de Marzo - 2026



Las y Los TRABAJADORES de las TELECOMUNICACIONES celebramos nuestro día el 18 de MARZO en unidad nacional y federal.

En el Polideportivo de FOETRA Buenos Aires, la CONSITEL y el Fondo Compensador Telefónico recibieron delegaciones de todos los sindicatos del país, tanto de trabajadores activos como jubilados

Nuestro compañero Claudio Marin @claudiomarin_foetra, Presidente de la CONSITEL y Secretario General de FOETRA junto a Darío Quintanilla, Presidente del Fondo Compensador Telefónico y Secretario Adjunto de SITRATEL Rosario, fueron los anfitriones de un encuentro del cual participaron y tomaron la palabra, además de ambos compañeros, los Secretarios Generales de FATTEL, Claudio César, FOEESITRA, Cristian Vander, UPJET, Fabián Bocella, CEPETEL, Patricio Arbelo y por FOMMTRA su representante en el FCT, Norberto Andén.



miércoles, 11 de marzo de 2026

Jubilados en el Fondo Compensador Telefònico

Un espacio plural para divulgar-opinar- proponer- interiorizarnos de la marcha del F.C.T.,lo que surja de los compañeros beneficiarios del FCT

                        https://www.facebook.com/groups/jubiladostelefonicosenelfct

sábado, 7 de marzo de 2026

​Los PRESOS BONAERENSES USAN casi 50 MIL LÍNEAS de CELULARES legales. Una bomba difícil de desarmar ##


A eso se suman los aparatos que entran clandestinamente a través de familiares o penitenciarios corruptos.

"Vengo laburando hace una banda de tiempo... ya vengo hace dos años... una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así... en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando". Este es uno de los mensajes de voz que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21). Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

El caso del soldado volvió a poner en debate público el uso de los teléfonos celulares en manos de los presos. Y sobre todo en manos de los presos bonaerenses que, desde la pandemia de COVID-19, están habilitados a tener este medio de comunicación, aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

El problema no es nuevo pero sí muy complejo.

Actualmente los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica.

A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.

Un ejemplo reciente: el miércoles pasado, la Policía Federal atrapó a una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Lujan de Cuyo, Mendoza, hacia sextorsiones. A través de una red social había contactado a un hombre en Chubut y le había hecho el mismo engaño que al soldado Gómez. Esta víctima, padre de familia, también había estado a punto de suicidarse. Por suerte hizo la denuncia

Son miles

Los celulares que entran a las cárceles de contrabando son, por lógica, los que más se usan para cometer delitos. Pero hay excepciones. Y el caso de Gómez fue una: al menos un número de los usados en esos casos estaba registrado por el SPB.

Segun registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 se secuestraron por orden de la Justicia,

Una verdadera bomba de tiempo que hace unos días la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -a cargo del caso del soldado Gómez- pidió desactivar en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.

"Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y -según entiendo- de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también y fundamentalmente de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de 'trabajo' imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física", dice el escrito.

"En el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuida para una coyuntura de emergencia ya concluida, terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que -como quedó evidenciado en la investigación mencionada, como en muchas otras- ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios", agregó Arroyo Salgado.

La jueza envió una nota similar al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, del que dependen todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires: "Se verificó que la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad tales como homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas y secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, de bandas de robos domiciliarios y de autos violentos, grooming, distribución de pornografía infantil, trata de personas, corrupción, intimidación y extorsión hacia víctimas y testigos, además de ataques virtuales en situaciones de violencia de género, entre otras conductas penalmente reprochables".

Juan Martin Mena, ministro del que actualmente depende el SPB, no es un improvisado en temas carcelarios. En 2009 fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y durante la pandemia de COVID-19 se ocupó de las unidades federales como secretario de Justicia de la Nación.

Paradójicamente, o no, él mismo se opuso a que los presos alojados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tuvieran teléfonos celulares durante la cuarentena. Claro que las unidades del SPF podían garantizar la comunicación de los internos con sus familias a través de suficientes teléfonos públicos de los pabellones. El SPB no tenía esa posibilidad y, por eso, la Justicia autorizó la entrada de dispositivos.

El problema es que no se fijó fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido. Además, en el ámbito penitenciario de la provincia de Buenos Aires, ya de por sí, nunca estuvieron prohibidos los celulares.

Hoy, siempre y cuando la línea este oficialmente registrada, es legal que un preso bonaerense tenga celular y lo use. ¿Delinquen con esas líneas? Las autoridades sostienen que no, o al menos en su inmensa mayoría. Desde el juzgado de Sandra Arroyo Salgado contestan que, en el caso de Gómez, se uso al menos una línea de las habilitadas legalmente.

¿Qué se hace entonces?

A lo que apunta Arroyo Salgado es a la eliminación del uso de telefonía celular en las cárceles. Sin embargo, esto -con lo que muchos coincidirían, tal vez el propio Mena- no es de fácil aplicación en la realidad.

"No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro. La oportunidad era cuando terminó la pandemia, y se dejó pasar. Ahora es muy complicado", explicó a Clarín una fuente del gobierno bonaerense que sostiene que el uso de celulares -aunque claramente se usan para el delito- también ha bajado mucho los niveles de conflictividad intramuros.

Como siempre, nada que se relacione con las prisiones tiene una sola lectura. Desde los celulares habilitados salen videos escandalosos que indignan a la gente y las conversaciones no se controlan de manera que las acciones preparatorias de un delito sólo se frenan si son denunciadas por la Justicia.

Es todo un tema. Por ejemplo, los integrantes de la llamada "Banda del Millón", que asaltaban jubilados en San Isidro, tienen prohibido el uso de cualquier tipo de celular. Esto para el SPB representó un desafío: por un lado, controlar que no les llegue ningún aparato de contrabando, y por otro nadie los quería en sus pabellones para no quedarse ellos sin celulares.

Se sabe, las cárceles son un complejo ecosistema en el que una pieza mueve la otra. Y el equilibrio es frágil.

## Virginia Messi / Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico.