Recuerdo que en aquella época (1943) los obreros, especialmente en la campaña, atravesaban una situación verdaderamente dolorosa. El salario mensual era, término medio, de 30 pesos por mes, y había una gran cantidad de peones del campo argentino que ganaban 10 pesos por mes.
O sea, peor que en la época de la esclavitud, porque por lo menos en esos tiempos el amo tenía la obligación de mantener y cuidar al esclavo cuando envejecía. En cambio a los peones de campo, cuando se ponían viejos los largaban como caballos, para que se murieran en el campo.
No exagero nada si digo que era tal la incuria en este aspecto que no había sino dos o tres cajas que se sostenían mediante el esfuerzo de sus propios componentes, en la Policía y algunos sectores estatales. Los demás quedaban librados a la suerte o a la desgracia de su propio futuro. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados.
Fuimos, poco a poco, organizando las distintas cajas, que se fueron escalonando desde las de los industriales y las de los comerciantes que también necesitaban cajas, porque no todos ellos se hacen ricos; algunos se funden, y quedan más pobres que nadie. Se trataba de que existiera una cobertura de los riesgos; de la vejez, de la invalidez y de las enfermedades, tanto para unos como para otros.
Es decir, que en la comunidad nadie quedara abandonado a su propia suerte y que un sentido de solidaridad social permitiera que todos los hombres que trabajaban para la grandeza del país, pudieran en un momento de infortunio, tener cubiertos los riesgos para poder seguir viviendo dentro de un margen de felicidad y tranquilidad que es consustancial a la vida humana.
La tarea no fue fácil. Se trabajó durante diez años duramente para organizar todo esto.
No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía que estos servicios no suelen ser ni eficaces ni seguros.
Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre cumple mal.
De manera que organizamos cajas que se manejaban, se dirigían, se financiaban y se mantenían por sí mismas.
Llegamos a crear el Instituto de Reaseguros para esas cajas, para que mediante un fondo común se auxiliaran mutuamente. Jamás tuvimos el más mínimo inconveniente, y las cajas de capitalizaron de una manera extraordinaria.
Y ningún jubilado tuvo jamás que quejarse porque le liquidaran mal, tarde o nunca, como suele suceder.
Fue así posible llegar a un sistema previsional perfecto, del que nada escapó. Desaparecieron los niños y los viejos que pedían limosna; las sociedades se fortalecieron y la asistencia social se montó sobre una cantidad de policlínicos, fueran sindicales, de la Fundación o del Estado, que proporcionaron la asistencia social indispensable a todos esos sectores.
Bien, señores. ¿Qué pasó después?
En 1956 el Estado, acuciado quizá por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados en las cajas.
Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones.
Claro que las descapitalizaron.
He visto un decreto secreto en virtud del cual se les sacaron 65 mil millones de pesos para auxiliar a quienes no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que habíamos creado. Es decir, se las asaltó; porque fue un asalto.
Y naturalmente que, después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no podía paliar ningún salario ni ninguna jubilación.
¿Qué pasaba?
Habían desfalcado las cajas; las habían asaltado.
Y las cajas, que como todas las organizaciones económicas y financieras tienen su límite –el límite está indicado por su capital-, una vez que le sacaron el capital, era inútil que se pretendiera buscarle soluciones de otra manera, y el Estado tuvo que hacerse cargo de todas las prestaciones. Indudablemente, el Estado fue también impotente para atender la enorme cantidad de prestaciones.
Las sirvió mal, tarde y, en fin, con déficit en perjuicio de los pobres jubilados.
Bien señores: no vamos a resolver nada con lamentarnos y pensar que esos pobres jubilados han sufrido las consecuencias de semejantes marranadas. No los vamos a resarcir, porque muchos de ellos se han muerto y otros han sufrido las consecuencias en su salud y en otros aspectos.
Lo único que podemos hacer es tratar de remediar de la mejor manera posible estas deficiencias naturales de una falta de administración.
A mí me llena de satisfacción el haber firmado en este acto el decreto por el cual se aprueba el programa de Seguridad Social, juntamente con las fuerzas del trabajo y el sector empresarial.
De esta manera todos nos comprometemos a mancomunar esfuerzos en pro del engrandecimiento del país, promoviendo y desarrollando integralmente la seguridad social, a fin de que la misma llegue por igual a todos los habitantes, sea cual fuere el lugar donde se encuentren.
Los viejos y los niños, como ocurre en toda familia, son los que merecen nuestro cuidado.
La familia vive y se mantiene cuando tanto unos como otros están debidamente protegidos. Nosotros constituimos una gran familia, a la que sólo podremos mantener fuerte, unida y solidaria si somos capaces de cuidar a nuestros chicos y a nuestros viejos.
Así que debemos pensar.
La función de la previsión social, con su asistencia social y todos los demás menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido. En 1949 sancionamos una Constitución Justicialista, donde se dio status constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía.
Entre esos derechos estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de la niñez.
Han pasado muchos años; en 1956 esa Constitución fue derogada por un bando. Yo no se cómo puede hablarse de Derecho Constitucional en un país donde, por un bando, puede dejarse sin efecto una Constitución.
Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos, porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar sólo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar”.
