miércoles, 13 de mayo de 2026
sábado, 9 de mayo de 2026
jueves, 7 de mayo de 2026
lunes, 4 de mayo de 2026
ENTREVISTA al Compañero Antonio BUDA (CEOBudaProtocol)
ENTREVISTA al Compañero Antonio BUDA
(CEOBudaProtocol) Leandro Gasco, este lunes 4 a las 21 hs de Argentina -20 hs de Miami -y 19 Hs. de Perú y Colombia . Hace clik en el link adjunto y mírala....
viernes, 1 de mayo de 2026
martes, 28 de abril de 2026
domingo, 26 de abril de 2026
IRAN advirtió que podría cortar los CABLES submarinos de INTERNET y la infraestructura en la NUBE del Golfo Pérsico
Tasnim News, agencia vinculada al CGRI, publicó una advertencia sobre la posibilidad de que Irán interrumpa los cables submarinos de fibra óptica que atraviesan el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. No es un anuncio de acción inmediata: es una señal deliberada sobre capacidades disponibles.
Los números detrás de esa advertencia son concretos. Al menos 17 sistemas de cables submarinos atraviesan la zona, incluyendo AAE-1, FALCON, Gulf Bridge International, EPEG y extensiones de 2Africa Pearls, transportando entre el 17 y el 30% del tráfico de datos global en segmentos específicos del Golfo, con estimaciones de hasta el 95% en ciertos corredores Asia-Europa-África. Sobre esa infraestructura corren los centros de datos de Amazon, Microsoft y Google en la región, además de los sistemas financieros del Golfo y proyectos de IA.
Irán ya demostró con el Estrecho de #Ormuz que puede convertir infraestructura crítica global en palanca de negociación. Los cables submarinos son la siguiente capa de esa misma lógica: si el petróleo es el sistema nervioso energético del mundo, la fibra óptica del Golfo es una parte significativa de su sistema nervioso digital.
La advertencia viene de Tasnim, con todo lo que eso implica en términos de origen. Pero el dato técnico es verificable e independiente. #Irán no está describiendo una fantasía: está describiendo una capacidad real sobre infraestructura real, en el momento en que las negociaciones con EEUU no terminan de arrancar.
Fuente: es.quora.com
viernes, 24 de abril de 2026
REFORMA LABORAL: La Cámara del Trabajo revocó la cautelar que la frenaba y restableció la VIGENCIA de 83 artículos
El tribunal dispuso que la apelación del Estado tenga efecto suspensivo y dejó sin efecto la medida dictada por el juez Ojeda. La CGT mantiene el planteo de fondo contra la Ley 27.802
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa que discute la reforma laboral y dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley.
La resolución se dictó en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, en trámite ante el Juzgado N° 63, y revisa el alcance del recurso interpuesto por el Estado contra la medida cautelar innovativa dictada el 30 de marzo. En ese antecedente, el juez Enrique Ojeda había hecho lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo y suspendido la vigencia de una cantidad relevante de artículos de la Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de ese mes.
jueves, 23 de abril de 2026
El 22 de abril se realizo la Asamblea Federal del F.C.T.
Se aprobó la memoria y balance correspondiente al período 2025 y la gestión realizada por el consejo de administración.
domingo, 19 de abril de 2026
martes, 14 de abril de 2026
El ENACOM sugiere que TELECOM debe desinvertir en TELEFONÍA MÓVIL para que se apruebe la compra de TELEFÓNICA
En un informe no vinculante que le giró a la Autoridad Nacional de la Competencia dijo que la empresa debería ceder 6 millones de clientes de celulares y devolver parte del espectro, entre otras cosas
Según confirmaron fuentes del Enacom a LA NACION, el organismo sugiere que, para aprobar la fusión, en un plazo máximo de dos años, Telecom debería ceder 6 millones de clientes de telefonía celular, de los cuales 4 millones deben estar en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 millón en la región norte y 1 millón en la región sur.
Además, tendría que devolver 130 MHz de espectro (60 de forma inmediata a nivel nacional, 10 en la región norte y 10 en la región sur) y, en las localidades en que tiene más de un 50% de participación, debería devolver clientes de internet fija. También debería liberar usuarios en la ciudad de Buenos Aires.
Por último, según el informe, se le exigiría retirar todas las demandas que tiene contra el Estado, pagar las deudas con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y las multas pendientes.
Consultadas por este diario, fuentes de la ANC explicaron que el informe no es vinculante, es decir que se pueden tomar en cuenta sus conclusiones o no, si bien desde la autoridad le habían pedido opinión al organismo sobre las propuestas de desinversión concretas.
Los siguientes pasos implican que la Secretaría de Concentraciones Económicas emitirá un dictamen en aproximadamente 15 días que se elevará al tribunal. El proceso finalizaría a principios de mayo.
Consultadas por este diario, fuentes de Telecom dijeron que, a la fecha, la empresa no ha sido formalmente notificada de ninguna resolución ni recomendación de ningún organismo gubernamental.
En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora del actual organismo, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, había señalado que el segmento móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX (Claro).
Ahora, en el nuevo escenario, en el mercado estiman que Claro —controlada por el grupo mexicano América Móvil— sería la principal beneficiada y, además, se abriría la posibilidad para el ingreso de nuevos actores, como Telecentro, la compañía de Alberto Pierri, que desde hace años busca desembarcar en el negocio de la telefonía móvil.
Un largo proceso
La venta fue anunciada formalmente el 25 de febrero de 2025. Telefónica S.A. informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que su filial TLH Holdco S.L.U. había vendido la totalidad de su participación en Telefónica Móviles Argentina S.A. —equivalente al 99,999625% del capital social— a Telecom Argentina, por un monto de US$1245 millones.
Desde la compañía española explicaron entonces que la operación se enmarcaba en su estrategia global de “gestión de cartera de activos” y en el objetivo de reducir gradualmente su exposición en Hispanoamérica.
Sin embargo, menos de un mes después, el 22 de marzo, el Gobierno nacional dispuso la suspensión preventiva de la compra. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo justificó la medida en una recomendación de la CNDC, al considerar que la fusión incrementaría de manera significativa la participación de Telecom en distintos segmentos del mercado.
Según detalló la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, la operación implicaría una concentración del 61% en telefonía móvil, del 69% en telefonía fija y, en algunas zonas del país, de hasta el 80% en el servicio de internet residencial. Desde la cartera que conduce Luis Caputo subrayaron la necesidad de respetar la normativa vigente y los estándares internacionales, dada la relevancia estratégica de las telecomunicaciones.
El 6 de junio, Telecom obtuvo un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que dejó sin efecto las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Justicia concedió con efecto suspensivo la apelación presentada contra la resolución oficial y ordenó a la Secretaría abstenerse de adoptar medidas contrarias a ese fallo. Pese a ello, el 19 de junio la CNDC volvió a pronunciarse en contra de la operación.
Telecom es controlada en un 40% por CVH —vehículo de los accionistas del Grupo Clarín—, otro 40% pertenece a Fintech, del empresario David Martínez, y el 20% restante cotiza en Bolsa. Telefónica de Argentina, en tanto, fue creada en 1990 tras la privatización de Entel y cuenta actualmente con unos 10.000 empleados y cerca de 20 millones de clientes, principalmente a través de su marca Movistar.
Por María Julieta Rumi / La Nacion
viernes, 10 de abril de 2026
EXTORSIÓN y FRAUDE en PLANES SOCIALES: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una mega causa judicial
El JUEZ LUIS ARMELLA investiga 200 expedientes con denuncias de beneficiarios del ex programa POTENCIAR TRABAJO. Testimonios claves revelan una maniobra que abusaba de las familias más vulnerables. En los depósitos de las organizaciones, secuestraron 2.500 kilos de alimentos en mal estado y 104.000 unidades sin entregar
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el #Polo Obrero, el #MovimientoEvita, la #CorrienteClasistaCombativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, #MTRHistórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
SE REALIZARON 24 ALLANAMIENTOS, EN LOS QUE SE SECUESTRARON:
104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
$500.000 en efectivo.
Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
47 equipos informáticos y celulares.
100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”. En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
Los amenazaban con bajarlos del plan.
Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
“Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, #ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.
La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.
Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del #PoloObrero, Eduardo #Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
#Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria , para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
Por Andrés Klipphan / INFOBAE
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