lunes, 6 de julio de 2026
Una ley busca moldear la conciencia de un pueblo: China extiende su brazo represivo a cualquier ciudad del mundo
La “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico” esconde un sinnúmero de artículos que podrían borrar etnias milenarias para enaltecer una “nación china”. La intrusión en las familias y la jurisdicción internacional de las autoridades chinas
El artículo es claro.
Explícito. Inapelable. "Las organizaciones y personas fuera del territorio de la República Popular China que lleven a cabo actos dirigidos a sabotear la unidad y el progreso étnico o a provocar la división étnica de la República Popular China serán legalmente responsables de acuerdo con la ley“. El largo brazo represor del régimen de Beijing llega hasta la esquina de cualquier ciudad, en el país que sea. Desde Japón hasta Chile. Pasando por Kenia y España.
Se trata de la “Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico" de la República Popular China, aprobada el 12 de marzo de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026. Es la culminación de un proyecto que se estuvo gestando durante más de una década, desde la Conferencia Central de Trabajo Étnico de 2014.
Sus 64 artículos están divididos en seis capítulos: “Disposiciones generales”; “Construcción de un hogar espiritual compartido”; “Fomento de los intercambios y la integración”; “Promoción de la prosperidad y el desarrollo comunes”; “Salvaguardias y supervisión” y “Responsabilidad legal”.
La ley no sólo proclama principios que podría barrer con etnias milenarias, sino que obliga a un número importantes de actores de la sociedad civil a hacerla cumplir: ciudadanos; funcionarios; docentes; universidades; medios de comunicación; empresas; organizaciones civiles; plataformas de internet; organizaciones religiosas y gobiernos locales. Casi toda la estructura social es responsable del objetivo de fortalecer el (vaguísimo) concepto de "conciencia de comunidad de la nación china“, articulación que la norma no especifica de qué se trata ampliando la discrecionalidad del ente regulador: el Partido Comunista Chino (PCC).
A lo largo del texto pueden leerse conceptos y expresiones abstractas como son hablar de "fortalecimiento de la conciencia de comunidad nacional" o de una "construcción de una patria espiritual común“. Está claro que el PCC determina qué es “la patria espiritual” o “la conciencia nacional” -conceptos que retrotraen a los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia y Alemania- pero no están descritos con detalle por lo que su ejecución quedará a criterio de un burócrata del partido dentro de China. ¿Qué acciones "dañan la unidad étnica" (artículo 58) en un país compuesto por más de 50 etnias?
La ley de “la Unidad y el Progreso” -además de ser obligatoria para los chinos fuera de China- se mete dentro de los núcleos familiares: "Los padres u otros tutores de menores deberán cumplir con sus responsabilidades de educación familiar conforme a la ley, educar y guiar a los menores para que amen al Partido Comunista de China, a la patria, al pueblo y a la nación china, y establecer el concepto de la nación china como una sola familia. No deberán inculcar en los menores ideas que sean perjudiciales para la unidad y el progreso nacionales". Un ciudadano chino -y su familia- que viva en Barcelona o en Quito deberá amar al PCC. Caso contrario, el brazo legal del régimen podrá perseguirlo a miles de kilómetros de Beijing.
Además de ingresar a la mesa familiar, la ley del régimen también se adentra en el funcionamiento de medios y de internet, que quedan reducidas a herramientas de control de contenidos: "Los operadores de red deben reforzar la gestión de la información publicada por sus usuarios. Si detectan información que atenta contra la unidad y el progreso nacionales deben interrumpir inmediatamente su transmisión, tomar medidas como su eliminación para evitar su difusión, conservar los registros pertinentes e informar a las autoridades competentes". ¿Es por eso que las embajadas chinas desparramadas por el mundo pasan horas monitoreando y redactando quejas a las redacciones en países donde hay libertad de expresión?
También los medios tienen que ser un canal para la identidad nacional: "El Estado apoya el uso de tecnologías modernas como Internet, macrodatos e inteligencia artificial para realizar actividades de intercambio, y alienta y guía a los proveedores de productos y servicios de red a crear y difundir obras e información que encarnen la gran unidad de la nación china, con el fin de crear un entorno de red armonioso que propicie el fortalecimiento del sentido de comunidad entre los ciudadanos chinos“. Si un ciudadano chino trabaja en un medio en Ciudad de México que cuestiona a Xi Jinping, ¿podría ser sujeto de sanciones legales?
Otro párrafo es llamativo por la intransigencia ante la crítica o el señalamiento: “La causa de la unidad y el progreso nacionales no debe ser obstaculizada por fuerzas externas. Nos oponemos firmemente a todo acto de difamación, calumnia, contención, represión, infiltración y debilitamiento de la República Popular China bajo el pretexto de etnia, religión o derechos humanos“.
Cualquier denuncia de violación a los derechos humanos podría ser considerada una violación a esta ley. Así, las minorías que se consideren oprimidas -como los uigures en la región de Xinjiang- y denunciaran sometimientos desde el gobierno central o local podrían ser denunciados como "terroristas“, como dice el Artículo 62: ”Quien organice, planifique o lleve a cabo actividades terroristas violentas, actividades separatistas étnicas o actividades extremistas religiosas, y cuyos actos constituyan un delito, será penalmente responsable de conformidad con la ley. Toda persona que incite o financie los actos descritos en el párrafo anterior y cuyas acciones constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley“.
CONDENA INTERNACIONAL Y MÁS ALARMAS
El pasado 29 de abril pasado, el Parlamento Europeo encendió las alarmas. Esa entidad legislativa continental expresó su “profunda preocupación por la aprobación de la Ley de promoción de la unidad y el progreso étnicos, que fomenta abiertamente las políticas de asimilación y restringe las libertades culturales, religiosas y lingüísticas de diversos grupos dentro y fuera de China”. En la resolución, los eurodiputados condenaron “enérgicamente las políticas represivas de asimilación de China y las consiguientes violaciones de los derechos humanos universales, particularmente en el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior”.
Además, la cámara europea instó a las autoridades chinas a “derogar esta ley, cumpliendo así sus obligaciones en virtud del Derecho internacional relativas a la no discriminación y la protección y promoción de las minorías religiosas y étnicas”. El texto aprobado subraya también la preocupación por las disposiciones extraterritoriales, señalando que “constituyen represión transnacional” y llamó a los Estados miembros de la Unión a “suspender los tratados de extradición con China para proteger a las personas perseguidas que residen en la Unión frente a los riesgos de represión transnacional en virtud de esta ley”.
Hace apenas semanas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk mostró su preocupación sobre la polémica ley que podría acallar a las demás minorías que no encuadren con lo que dicta el PCC. Türk advirtió que la legislación podría profundizar las restricciones existentes sobre las comunidades minoritarias. “Estoy muy preocupado por las políticas antiterroristas y de asimilación de China, especialmente en la medida en que afectan a las minorías en las regiones de Xinjiang, Mongolia Interior y Tíbet”, señaló.
De acuerdo al funcionario de las Naciones Unidas, la ley corre el riesgo de limitar aún más las libertades relacionadas con el idioma, la educación, la práctica religiosa, la expresión cultural, la libertad de expresión y la reunión pacífica. Türk instó a las autoridades chinas a derogar la legislación y poner fin a las políticas que socavan los derechos de las minorías étnicas.
Por su parte, Kyinzom Dhongdue, Gerente de Estrategia e Incidencia en Amnistía Internacional Australia, señaló en un artículo publicado el 30 de junio: "Quizás el aspecto más inquietante de la ley es su enfoque en los niños. El artículo 15 refuerza el mandarín como idioma principal de instrucción en las escuelas e instituciones educativas, desplazando al tibetano. El idioma lleva nuestra historia, memoria, linaje espiritual e identidad. Es la forma en que los niños heredan las historias, valores y tradiciones que los conectan con sus familias y comunidades". Pero no sólo afecta a esa etnia, sino también a las restantes 55 que son reconocidas por el régimen.
Dhongdue continuó: "En todo el Tíbet, cientos de miles de niños asisten ahora a internados estatales chinos, pasando gran parte del año separados de sus familias y sin poder hablar su propio idioma. Se cuentan historias de estos niños que regresan a casa durante las vacaciones escolares solo para comportarse como extraños ante sus familiares y haber perdido la capacidad de comunicarse con sus abuelos“.
El gobierno de Taipei también alzó la voz contra la ley que entró en vigor hace apenas horas. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que "China intenta ejercer jurisdicción extraterritorial y represión transnacional, ampliando así sus amenazas e intimidaciones contra el pueblo de Taiwán y de otros países, al tiempo que infringe gravemente la soberanía de todas las naciones y viola los derechos humanos internacionales“.
De acuerdo a las autoridades taiwanesas, la ley "otorga explícitamente jurisdicción sobre organizaciones e individuos fuera de China" y actúa como "pretexto legal" para que el régimen de Xi Jinping "expanda su jurisdicción extraterritorial y la represión transnacional“. Eso, de acuerdo al gobierno de Lai Ching-te representa "una amenaza significativa para la libertad, la democracia y los derechos humanos a nivel global. En el futuro, individuos en todo el mundo cuyas palabras o acciones sean consideradas inaceptables por China podrían ser objeto de represalias o enjuiciamiento bajo esta ley. La comunidad internacional debe unirse para condenar los repetidos intentos de China de promover el expansionismo autoritario a través de la legislación interna".
Pero más allá de estas advertencias internacionales, existe un llamado de atención claro: la inclinación del régimen conducido por Xi Jinping a teñir de ideología nacionalista -y personalista- una cultura multiétnica que debería trascender más allá del partido único que rige desde 1949 la vida del pueblo chino. Y que pretende hacer más allá de sus fronteras geográficas.
@TotiPI
sábado, 4 de julio de 2026
PLAN de SALUD: El Presidente del FCT. nos habla de la Clínica del Parque Centenario y Hotel Splendor Tango
PLAN DE SALUD?? El titular del FCT. nos habla de la Clínica del Parque Centenario y Hotel Splendor Tango. infraestructura ideada por O.Iadarolla ..(además de algunos emprendimientos inmobiliarios ).
Te preguntaste de cada 100$ que ingresa al FCT cuanto se destina al haber mensual de los jubilados, porque para esto se creo en 1974. ...En La plata ya anunciaron otros gastitos NO especificos....
Lo primero que hizo el extinto Osvardo I, en 2007 fue AUMENTAR el encaje para gastos . del 5 % al 20%...hoy dia despues de ...de ese 80% restante cuanto recibe el jubilado
El FCT no es para hacer una vidriera de exposiciones y gastos desmedidos. EL FCT tiene otra finalidad...ante la DUDA cabe una AUDITORIA como en el 2004
jueves, 25 de junio de 2026
jueves, 18 de junio de 2026
El Gobierno exige a Telecom que ceda 6 millones de clientes de telefonía móvil para aprobar la fusión con Telefónica
Según publicó la entidad oficial en sus redes sociales, Telecom tendrá que transferir seis millones de líneas móviles a un nuevo operador de telecomunicaciones. Esta transferencia incluye la infraestructura asociada y abarca clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como de las regiones Norte y Sur del país.
Además de las líneas móviles, la compañía deberá desprenderse de usuarios de banda ancha fija en aquellas zonas donde su participación de mercado supere el 50 por ciento tras la fusión.
Otro punto clave del dictamen es la devolución de espectro radioeléctrico. El ente regulador exige la restitución de 130 MHz en total. De esa cifra, 60 MHz deben volver al Estado de manera inmediata a nivel nacional. Las devoluciones adicionales afectarán a zonas de alta concentración de mercado y el resto del espectro pasará al mercado secundario para que otras firmas puedan utilizarlo.
A su vez, Telecom tendrá el deber de facilitar a un nuevo competidor el acceso a su propia red, espectro, sistemas y puntos de interconexión por un plazo de dos años. El objetivo de esta medida es asegurar la calidad del servicio mientras el nuevo actor despliega su propia infraestructura.
Los funcionarios del área explicaron que estas exigencias evitarán una concentración excesiva en el sector. Sin estos límites, el grupo fusionado habría concentrado cerca del 70 por ciento de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. Con los recortes impuestos, esa cuota bajará a la mitad del mercado.
Las autoridades argumentan que la transacción solo resulta viable a través de estas desinversiones, ya que bloquean posiciones dominantes y protegen las opciones de consumo de los clientes, las empresas y los potenciales rivales. La meta oficial es lograr un mercado de telecomunicaciones dinámico y abierto
En junio del año pasado, la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) frenó el acuerdo tras advertir riesgos sobre la pluralidad de opciones. En aquel momento, la CNDC proyectó que Telecom pasaría a tener el 58 por ciento de la telefonía móvil, frente al 42 por ciento de AMX, la filial de la firma mexicana América Móvil.
Frente a este nuevo panorama, surge una gran incógnita: ¿quién se quedará con los clientes cedidos? El mercado debate si la porción de usuarios pasará a manos de América Móvil o si este escenario facilitará el ingreso de un jugador inédito en el segmento celular. En este sentido, la empresa Telecentro, propiedad de Alberto Pierri, busca desde hace tiempo dar el salto al negocio móvil.
La respuesta de Telecom
Desde Telecom calificaron a los requisitos del Gobierno como excesivos. La firma detalló que su propuesta original consistía en ceder tres millones de clientes móviles y cien mil de banda ancha fija. Desde la óptica de la empresa, su oferta se alineaba mucho mejor con las tendencias internacionales de la industria.
La compañía argumenta que la competencia actual es global, con actores de peso como Starlink en el acceso satelital a Internet o Netflix en el mercado del contenido audiovisual. Según los directivos, la orden oficial de desinversión los deja en desventaja comercial.
La firma de telecomunicaciones también criticó el uso de un criterio puramente cuantitativo para forzar la aparición de un tercer operador, cuando, a sus ojos, las dinámicas de la demanda demostraron la falta de espacio para un tercer competidor fuerte. Los ejecutivos anticiparon que analizarán los detalles legales de la notificación oficial antes de definir sus próximos pasos.
Una larga batalla legal y corporativa
La compra se hizo pública el 25 de febrero de 2025, cuando Telefónica de España comunicó a las autoridades bursátiles de Madrid la venta de la totalidad de su negocio en Argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares. El grupo español enmarcó esa salida en su política de reducción de exposición financiera en América Latina.
Pese al anuncio, el Gobierno nacional aplicó una suspensión preventiva sobre el cierre de marzo de ese mismo año. Para justificar el freno, la Secretaría de Industria y Comercio calculó que la fusión entregaría a Telecom el 61 por ciento del negocio móvil, el 69 por ciento de la telefonía fija y hasta el 80 por ciento de la banda ancha en varias localidades.
En junio, la Cámara Civil y Comercial Federal emitió un fallo a favor de Telecom y anuló las medidas preventivas del Gobierno. Sin embargo, poco después, la CNDC volvió a rechazar la operación, lo que derivó en la actual resolución del organismo de competencia.
La estructura accionaria de Telecom se reparte entre Cablevisión Holding con el 28,16 por ciento del capital, el fondo Fintech de David Martínez con un 20,83 por ciento, un fideicomiso de Martínez y Héctor Magnetto con el 21,84 por ciento, y el resto cotiza en la Bolsa. Por su lado, Telefónica de Argentina nació en 1990 tras la privatización de Entel y opera la marca Movistar, con una base de casi 20 millones de usuarios.
miércoles, 17 de junio de 2026
El General PERÒN habla del Sistema Previsional, el 30.11.1973 (VIDEO)
El 30 de noviembre de 1973, cuando hacía apenas un mes que había asumido la presidencia de la Nación por tercera vez, el general Juan D. Perón cerró la “Semana Nacional de Seguridad Social” en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con un discurso que se transformó en una verdadera cátedra sobre la previsión social, pronunciado por quien la había instaurado en la República Argentina, en el que se advierten muchas de las cuestiones que están sucediendo en el presente con los jubilados.
Fuente: https://historiadelperonismo.com/?p=10059
lunes, 15 de junio de 2026
El Presidente J.D. Perón clausura la Semana de Seguridad Social: 30-11-1973
Recuerdo que en aquella época (1943) los obreros, especialmente en la campaña, atravesaban una situación verdaderamente dolorosa. El salario mensual era, término medio, de 30 pesos por mes, y había una gran cantidad de peones del campo argentino que ganaban 10 pesos por mes.
O sea, peor que en la época de la esclavitud, porque por lo menos en esos tiempos el amo tenía la obligación de mantener y cuidar al esclavo cuando envejecía. En cambio a los peones de campo, cuando se ponían viejos los largaban como caballos, para que se murieran en el campo.
No exagero nada si digo que era tal la incuria en este aspecto que no había sino dos o tres cajas que se sostenían mediante el esfuerzo de sus propios componentes, en la Policía y algunos sectores estatales. Los demás quedaban librados a la suerte o a la desgracia de su propio futuro. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados.
Fuimos, poco a poco, organizando las distintas cajas, que se fueron escalonando desde las de los industriales y las de los comerciantes que también necesitaban cajas, porque no todos ellos se hacen ricos; algunos se funden, y quedan más pobres que nadie. Se trataba de que existiera una cobertura de los riesgos; de la vejez, de la invalidez y de las enfermedades, tanto para unos como para otros.
Es decir, que en la comunidad nadie quedara abandonado a su propia suerte y que un sentido de solidaridad social permitiera que todos los hombres que trabajaban para la grandeza del país, pudieran en un momento de infortunio, tener cubiertos los riesgos para poder seguir viviendo dentro de un margen de felicidad y tranquilidad que es consustancial a la vida humana.
La tarea no fue fácil. Se trabajó durante diez años duramente para organizar todo esto.
No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía que estos servicios no suelen ser ni eficaces ni seguros.
Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que siempre cumple mal.
De manera que organizamos cajas que se manejaban, se dirigían, se financiaban y se mantenían por sí mismas.
Llegamos a crear el Instituto de Reaseguros para esas cajas, para que mediante un fondo común se auxiliaran mutuamente. Jamás tuvimos el más mínimo inconveniente, y las cajas de capitalizaron de una manera extraordinaria.
Y ningún jubilado tuvo jamás que quejarse porque le liquidaran mal, tarde o nunca, como suele suceder.
Fue así posible llegar a un sistema previsional perfecto, del que nada escapó. Desaparecieron los niños y los viejos que pedían limosna; las sociedades se fortalecieron y la asistencia social se montó sobre una cantidad de policlínicos, fueran sindicales, de la Fundación o del Estado, que proporcionaron la asistencia social indispensable a todos esos sectores.
Bien, señores. ¿Qué pasó después?
En 1956 el Estado, acuciado quizá por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados en las cajas.
Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones.
Claro que las descapitalizaron.
He visto un decreto secreto en virtud del cual se les sacaron 65 mil millones de pesos para auxiliar a quienes no tenían nada que ver con las cajas de jubilaciones y pensiones que habíamos creado. Es decir, se las asaltó; porque fue un asalto.
Y naturalmente que, después de ese asalto, los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no podía paliar ningún salario ni ninguna jubilación.
¿Qué pasaba?
Habían desfalcado las cajas; las habían asaltado.
Y las cajas, que como todas las organizaciones económicas y financieras tienen su límite –el límite está indicado por su capital-, una vez que le sacaron el capital, era inútil que se pretendiera buscarle soluciones de otra manera, y el Estado tuvo que hacerse cargo de todas las prestaciones. Indudablemente, el Estado fue también impotente para atender la enorme cantidad de prestaciones.
Las sirvió mal, tarde y, en fin, con déficit en perjuicio de los pobres jubilados.
Bien señores: no vamos a resolver nada con lamentarnos y pensar que esos pobres jubilados han sufrido las consecuencias de semejantes marranadas. No los vamos a resarcir, porque muchos de ellos se han muerto y otros han sufrido las consecuencias en su salud y en otros aspectos.
Lo único que podemos hacer es tratar de remediar de la mejor manera posible estas deficiencias naturales de una falta de administración.
A mí me llena de satisfacción el haber firmado en este acto el decreto por el cual se aprueba el programa de Seguridad Social, juntamente con las fuerzas del trabajo y el sector empresarial.
De esta manera todos nos comprometemos a mancomunar esfuerzos en pro del engrandecimiento del país, promoviendo y desarrollando integralmente la seguridad social, a fin de que la misma llegue por igual a todos los habitantes, sea cual fuere el lugar donde se encuentren.
Los viejos y los niños, como ocurre en toda familia, son los que merecen nuestro cuidado.
La familia vive y se mantiene cuando tanto unos como otros están debidamente protegidos. Nosotros constituimos una gran familia, a la que sólo podremos mantener fuerte, unida y solidaria si somos capaces de cuidar a nuestros chicos y a nuestros viejos.
Así que debemos pensar.
La función de la previsión social, con su asistencia social y todos los demás menesteres, es parte de esa solidaridad que no sólo tenemos la obligación moral de mantener, sino también destacar que en nuestro país ya es una conquista que no puede ceder a la acción destructora del tiempo ni desvanecerse bajo las sombras del olvido. En 1949 sancionamos una Constitución Justicialista, donde se dio status constitucional a los deberes y a los derechos de la ciudadanía.
Entre esos derechos estaba el del trabajo, el de la familia, el de la ancianidad y el de la niñez.
Han pasado muchos años; en 1956 esa Constitución fue derogada por un bando. Yo no se cómo puede hablarse de Derecho Constitucional en un país donde, por un bando, puede dejarse sin efecto una Constitución.
Tenemos que volver a dar status constitucional a esos derechos, porque ningún sistema constitucional podrá afirmarse en derechos que no estén garantidos por una Constitución, que ha de ser inamovible para evolucionar sólo a lo largo de los tiempos y no al antojo de algunos trasnochados que encuentran mal todo lo que ellos no han sido capaces de realizar”.
domingo, 14 de junio de 2026
Juan Bialet Massé: El Hombre que SE METIÓ EN EL BARRO PARA MOSTRAR la ARGENTINA que nadie quería ver ***
El país se mostraba al mundo como una potencia agroexportadora. Buenos Aires celebraba la riqueza, los trenes, los puertos, los granos y el sueño del progreso. Pero detrás de esa postal brillante había otra Argentina: la de los obrajes, los ingenios, las minas, los talleres, los galpones, las familias hacinadas y los trabajadores que dejaban el cuerpo por salarios miserables.
En medio de huelgas, conflictos obreros y una creciente preocupación social, el gobierno de Julio Argentino Roca impulsó un proyecto para regular el mundo del trabajo. Entonces, el ministro del Interior, Joaquín V. González, le encargó a #JuanBialetMassé una misión incómoda: viajar al interior del país y contar cómo vivían realmente las clases trabajadoras. Bialet Massé no era un observador cualquiera. Había sido médico, abogado, docente, empresario y constructor. Pero esta vez no escribió desde un escritorio elegante.
Recorrió caminos, talleres, ingenios, obrajes y campamentos. Miró de cerca lo que muchos preferían no mirar. Habló con obreros, peones, mujeres, niños, indígenas, inmigrantes y patrones. Tomó notas, reunió testimonios y dejó una radiografía brutal de la Argentina profunda. Lo que encontró fue demoledor. Jornadas que podían llegar a las 15 o 16 horas. Trabajadores obligados a dormir donde podían. Mujeres y menores sometidos a tareas durísimas. Peones pagados con fichas, vales o medallas que los ataban a la proveeduría del patrón. Familias enteras atrapadas en un circuito de deuda, hambre y dependencia. Salarios que no alcanzaban para vivir con dignidad. Obreros envejecidos antes de tiempo. Campamentos donde el progreso se levantaba sobre cuerpos agotados.
SU INFORME FUE UNA HERIDA ABIERTA. Bialet Massé mostró que la riqueza no siempre significaba justicia. Que una nación podía crecer hacia afuera mientras empobrecía hacia adentro. Que el “progreso” también podía tener barro en los zapatos, humo en los pulmones y hambre en la mesa. En una de sus frases más duras escribió: “El obrero sin horario es un esclavo.” Y también dejó una idea que sigue golpeando más de un siglo después: la miseria no era una falla moral del trabajador, sino el resultado de un sistema que explotaba su vida hasta el límite.
El informe dio base a una Ley Nacional del Trabajo que, para su época, era audaz. Pero fue demasiado incómoda para los poderosos y demasiado discutida para los sectores obreros. El proyecto terminó rechazado. La Argentina todavía no estaba lista para escuchar aquella verdad. Bialet Massé había visto lo que otros negaban. Había entendido que no se construye una patria grande sobre trabajadores pequeños. Que no hay nación digna si el progreso se alimenta de cuerpos cansados. Que una fábrica, un ingenio, un campo o un ferrocarril no valen más que la vida de quienes los levantan. Hoy, su informe sigue siendo una pregunta abierta en la historia argentina: ¿Qué País Habríamos Sido Si En 1904 Lo Hubieran Escuchado?
***Por Víctor Pablo KARAKACHOFF
Fuente: https://www.facebook.com/groups/TELEFONICOS
lunes, 8 de junio de 2026
REFORMA LABORAL:el Gobierno cita a gremios y empresas para renegociar más de 100 CONVENIOS COLECTIVOS ***
Trabajo analiza convocar desde esta semana a más de un centenar de actividades con convenios vencidos. Se apoya en decretos reglamentados la semana pasada.
Sin señales claras de reactivación en los sectores que generan mayor empleo en la economía, el Gobierno se prepara para avanzar en su plan para modificar las relaciones laborales en la Argentina. Para ello, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, analiza citar a partir de esta semana a gremios y cámaras empresarias para rediscutir más de 100 convenios colectivos vencidos, aprovechando el envión de los últimos cambios, que la dotaron de mayor poder.
Los decretos 407 y 408 de la semana pasada reglamentaron aspectos clave de la reforma laboral, que apuntan a descentralizar la negociación colectiva, promueven convenios por empresa y reducen aportes a los gremios. Tal como anticipó Clarín, también definen que Trabajo deberá citar a las partes para renegociar convenios vencidos, dentro de los 30 días de entrada en vigencia del decreto. "Estamos analizando hacerlo esta semana", confirmaron desde Trabajo. En una primera etapa del proceso, la convocatoria oficial abarcará a representantes del trabajadores y empleadores de más de un centenar de sectores, dijeron las mismas fuentes.
La intención del Gobierno es aprovechar la puerta que se abrió al eliminar la denominada ultraactividad de los convenios. Hasta hace poco, los convenios colectivos seguían vigentes, sin necesidad de ratificación. Sin embargo, la reglamentación del artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral estableció que durante el plazo de un año, la Secretaría de Trabajo puede convocar a las partes a negociar acuerdos vencidos, lo que expone a la mayoría de las actividades a ser revisadas sin prórroga automática.
La ley 27.802 promulgada en marzo solo estableció el fin de la ultraactividad de las llamadas cláusulas obligacionales de los convenios, es decir aquellas que rigen el vínculo entre empresas y gremios, como el caso de las denominadas "cuotas solidarias". Pero los asesores de empresas advierten que los empleadores pueden utilizar esa herramienta como prenda de negociación para renegociar las cláusulas normativas, como las condiciones de trabajo y los salarios. Una opinión similar comparten los abogados que asesoran a la CGT y los principales gremios.
Dentro de algunas cámaras del Grupo de los Seis (UIA, Comercio, Construcción, Bancos, Sociedad Rural y Bolsa de Comercio), reconocen que el objetivo de los cambios es "negociar los convenios a la baja" y desarticular el esquema de financiamiento sindical, especialmente los aportes y cuotas de solidaridad. "Son costos que el Gobierno considera superfluos por entender que los mismos fortalecen a los sindicatos como institución", señalan.
En la CGT afirman que el decreto reglamentario es "contradictorio" y que solo hay presión de algunos sectores empresarios, pero que si abren todos los convenios, el riesgo de conflicto es grande. Hay malestar por la creación de un límite de retención a los trabajadores por aportes solidarios. La Ley de Modernización laboral estableció un 2% de tope sobre todas las remuneraciones y la reglamentación lo limita al 2% de los básicos, valores muchos más bajos.
La apuesta oficial es que los gremios discutan cambios profundos, como la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y la quita de horas extras (banco de horas), y salarios atados a la productividad, en medio del cierre de empresas. Hace una semana, la mayor firma avícola del país Granja Tres Arroyos, clausuró su planta en Entre Ríos. Y el gremio del neumático movilizará este miércoles a Plaza de Mayo contra los cierres, incluido el de FATE.
El Gobierno argumenta que el nuevo esquema apunta a crear empleo formal, algo que hasta ahora no logró. Pese a la aprobación de la Ley Bases en julio de 2024 -que eliminó sanciones y multas a las empresas que no registraron empleados-, el empleo informal alcanzó una tasa del 43% a fines de 2025, unos 9 millones de trabajadores. Mientras en dos años se perdieron más de 200.000 puestos asalariados privados, los no registrados crecieron en 330.000.
Para avanzar por ese camino, la llave maestra diseñada por Federico Sturzenegger es la descentralización de la negociación colectiva. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dijo la semana pasada que Argentina había heredado un sistema laboral desde el peronismo inspirado en el "fascismo" en Italia, con convenios únicos a nivel nacional, pero que ahora "vas a poder hacer un convenio por provincia, región, y empresa, y va a primar sobre el resto"
El artículo 5 del decreto 407 exige una mayor representación empresaria por actividad con un piso mínimo del 10% de los trabajadores del ámbito y permite una representación por jurisdicción, solo en casos excepcionales hasta dos. De esta manera, si los empleadores se ven imposibilitados de conformar una unidad de negociación a escala nacional, solo podrán negociar convenios por empresa, propiciando una suerte de "vaciamiento" de las cámaras empresarias.
"Pueden forzar modificaciones en los convenios de actividad de nivel nacional, fracturándolos y llevándolos a nivel de empresa para quitarle poder a los sindicatos", explicó en reserva el asesor laboral de una cámara del G6, donde admiten que el Gobierno también busca "desmantelar" el peso de algunas estructuras empresarias a nivel nacional. El gremio de la Alimentación ya advirtió que si tocan el convenio, lo "judicializan".
*** Juan Manuel Barca / Clarín
Bonos de Participación en las Ganancias (repasando el ayer, año 1991…)
El 20 de agosto de 1991, la por entonces única Federación de los telefónicos de Base, FOETRA (luego mutaría previa actualización estatutaria a FOEESITRA y desde 1999 convivirían además con la FATEL) remitió## sendas notas a las empresas Telecom y Telefónica y asimismo al MTEySS, mediante las cuales se mencionaba la obligación de estos empleadores a sufragar el Bono de participación en las ganancias a los trabajadores telefónicos, de conformidad al art.29 de la ley 23696.
También se solicitaba la
intervención de Ministerio de Trabajo, como autoridad de aplicación, para tales
fines.
Lamentablemente el P.E., dicto
en 1992 el Decreto 395/92 (declarado inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia en 2008) eximiendo a las empresas (art.1, inciso c) de la obligación
de emitir los mencionados Bonos de Participación…
##Adjunto copia de las notas de
referencia
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