Los
trabajadores y el modelo de producción del servicio de telecomunicaciones
1)
Una cuestión de derechos y estrategia productiva
La enunciación de derechos del ser humano se
realiza en función del modelo de sociedad a la que se aspira y teniendo en cuenta
el desarrollo productivo de esa sociedad.
De lo que se trata es de asegurar la realización
plena del ser humano dentro del contexto en que se desenvuelve y en el marco
del desarrollo tecnológico de esa sociedad, por lo tanto dicha enunciación de
derechos no es neutral.
Nuestra aspiración es una sociedad solidaria,
profundamente democrática, participativa y autónoma, esto implica un nuevo
marco distributivo y productivo, en la cual los derechos a la salud, educación,
vivienda y justicia, junto a la accesibilidad a los servicios de agua y
saneamiento, comunicación e información, energía y transporte, sean gozados por
el conjunto de nuestro pueblo. .
Lo que para los sectores dominantes denominan
“libertades” debemos contraponerles la
enunciación de “derechos”, la libertad de circulación debemos convertirlo en derecho al transporte público, la defensa
de la libertad de expresión por derecho
a la comunicación y a la información, etc.
El aseguramiento de estos derechos implica
inexorablemente la presencia activa del estado nacional en la prestación de los
servicios, en su papel de planificador y controlador.
2) El
servicio de telecomunicaciones y el sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación ) del
sistema productivo nacional
Comunicación:
Deben ser consideradas como esenciales y
como un Derecho Humano por el cual se establece las relaciones sociales.
Por lo cual tanto la telefonía pública, la
móvil y la transmisión de datos, voz sobre IP,
Internet, etc. deben ser considerados como servicio básico universal,
así como los servicios que conservan plena vigencia en sus definiciones en la
actual ley 19798/72
La producción del servicio requiere tres
componentes o tipos de actividad:
-La actividad dedicada en sí a la prestación del
servicio.
-La producción de bienes de capital, la industria
proveedora del equipamiento y el software necesarios para la prestación del
servicio.
-La generación del conocimiento necesario para el
desarrollo de estos insumos, es decir los aspectos tecnológicos y de
planificación asociados.
Estos tres componentes se
constituirían en un “triángulo virtuoso” si hubiera una apropiación por parte
de nuestro pueblo sobre el manejo tecnológico de este sector estratégico de la
economía (Sector TIC) clave para el desarrollo autónomo de nuestro país en este
siglo XXI. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que no habrá desarrollo
industrial autónomo y el ejercicio pleno de nuestra soberanía si nuestro país
no tiene el dominio el dominio industrial y conocimiento propio del sector TIC
en los años venideros.
Ante los cambios que se vienen
dando en nuestro país, la estatización de Aerolíneas, de AYSA, del Correo
Argentino, parcial de YPF, no fueron por un convencimiento ideológico sino por
el propio entendimiento de que las empresas privatizadas de servicios públicos,
que la lógica de acumulación capitalista las transformó en comercializadoras de
mercancías, han demostrado deficiencias en su prestación, acumulando deudas, precarizando
el empleo generado, etc. El gobierno no tuvo más remedio que estatizarlas
nuevamente, hasta incluso haciendo suyas las deudas contraídas.
A esta generalidad, no escapan
las empresas de Telecomunicaciones, que fueron compradas con un bimestre de
recaudación y que fueron y son junto con
YPF desde la privatización, las primeras compañías en el ranking de mayores
ganancias.
La financiación de las
“supuestas inversiones”, recayó sobre el pueblo argentino quedando para los
grupos controlantes, solo el disfrute de los enormes beneficios extraídos, se
debe entender esto como un régimen de explotación económica de carácter
extractivo, provocando un fuerte endeudamiento y un profundo vaciamiento de sus
recursos.
Sostenemos que, en el actual
estado de cosas, la garantía para poner en marcha este “triángulo virtuoso”, es
que el estado tenga el completo dominio mediante la propiedad pública de la red, su gestión y producción en la
prestación del servicio de Telecomunicaciones y que los ingresos de esa
explotación se orienten al desarrollo de una industria asociada y a la
generación de la investigación y el conocimiento, a través de las
universidades, centros de ciencia y tecnología que puedan definir el perfil
tecnológico conveniente en la producción de bienes e insumos de las
telecomunicaciones, informática y electrónica.
3) Derecho a la
Telecomunicación e Información
El estado como propietario de
la empresa pública de Telecomunicaciones debe satisfacer la necesidad de los
habitantes de la telecomunicación. Esto implica que cada habitante de la Argentina , cualquiera
sea su condición social y económica, como su ubicación geográfica, debe tener
la posibilidad de acceder a los servicios de telecomunicación. Siendo este
derecho extensivo a las instituciones gubernamentales, principalmente por su
relación con los ciudadanos, el sistema legal, de salud y educativo.
Este derecho debe desde el
punto de vista colectivo debe garantizar:
-Derecho al acceso a los medios públicos de
telecomunicación, para poder transmitir información, ideas y opiniones.
-Derecho a reclamar los recursos necesarios, y que
estos sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores
privados.
-Derecho a participar en la toma de decisiones
acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de las
Telecomunicaciones e Información.
-Derecho a acceder y al uso de manera igualitaria
del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de respeto y
protección de la dignidad humana.
En lo individual:
-Igualdad de condiciones con los demás usuarios para
acceder al servicio.
-Pagar el mismo precio que el resto de los usuarios.
-Que el uso del servicio sea de la misma en todas
partes (intercambiabilidad de terminales).
-Estar debidamente informados sobre la forma de
utilizar el servicio.
Las garantías del respeto del
derecho a la telecomunicación es una función indelegable del estado nacional,
de ahí la necesidad de la propiedad pública de los medios de producción del
servicio. Debe quedar claramente establecido en la normativa jurídica el carácter absolutamente subsidiario
de la telecomunicación, hoy considerada como mercancía.
4) Alcance de la estatización del servicio de Telecomunicaciones
En la Ley de Telecomunicaciones Nº
19798/72 y en el Decreto 764/2000, que es el que de una manera más amplia
completa el marco jurídico actual, la Telecomunicación
es definida como:
“toda
emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos considerando con
independencia del soporte sobre el cual se origine o trasmita, procese o
reciba”.
Como así también la definición formal de
“Servicio de Telecomunicación” de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT) es:
“Conjunto de funciones que un
operador ofrece a sus clientes con el fin de que satisfagan una necesidad de
telecomunicación” (Rec. E. 800, I.112, M.60, Q.9, X.200, de la UIT-T )
Por lo tanto las necesidades de
telecomunicación no están restringidas a un tipo de información, como asimismo
no existe ninguna mención a la característica de la inmovilidad o movilidad de
los puntos entre los que se establece. Por lo tanto incluye a las llamadas
“comunicaciones fijas” y “comunicaciones móviles”.
Por todo lo expuesto el servicio debe ser objeto de “estatización”,
comprendiendo los servicios fijos y móviles, en el camino de construcción de
una empresa pública de telecomunicaciones, ya que desde el punto de vista
tecnológico como de rentabilidad es inaceptable una estatización parcial.
5) Lo que nos dejó la
privatización
Un país segmentado con compra
de equipos, con duplicidad de redes, El Régimen de Licencias de Interconexión y
servicio universal, que se puso en marcha en 1998, dejó a las claras la
inoperancia de la Comisión
que debía controlar a estas empresas Comisión Nacional de Comunicaciones.
No solo segmentaron los
usuarios que para estas empresas son clientes, no atendiendo los reclamos de la
denominada telefonía básica, desmantelando la los teléfonos públicos, sacándolos
de hospitales y escuelas, no haciendo ninguna red en áreas no rentables de esto
termina haciéndose cargo el Estado Nacional que
por pliegos corresponder su instalación a las empresas controlantes.
Hoy se termina creando una empresa como ARSAT (Argentina
Satelital), que con dineros del Estado termina realizando el trabajo que no
hicieron estos grupos, pero que tampoco cambia su lógica de contratación ya que lo hacen tercerizando los trabajos, hasta incluso contratando a las mismas
empresas Telefónica y Telecom para la realización de los mismos.
Es por ellos que propiciamos;
EMPRESA PUBLICA MANEJADA POR SUS TRABAJADORES Y USUARIOS, para:
ü Elaborar políticas nacionales de telecomunicaciones
ü Proyectar normas legales referentes a una nueva ley donde lleguemos a la
convergencia pero sin superponer redes, donde sea dicha empresa quién la
maneje.
ü Promover el desarrollo de la industria nacional a través de un complejo
Industrial de Telecomunicaciones, desarrollando no solo software y hardware
nacional, sino el propio desarrollo de mano de obra propia, profesionales,
fábricas y laboratorios. Promoviendo el desarrollo de tecnologías convenientes
en relación a los recursos humanos y materiales, posibilidades de financiación
y necesidades básicas insatisfechas de todos los habitantes del país.
ü Impulsar la participación en conferencias, reuniones, congresos y
organizaciones nacionales e internacionales de la actividad
ü Administrar el espectro y las bandas de frecuencia para los diferentes
servicios de radiocomunicación y telefonía móvil.
ü Proyectar regímenes de tarifas para la
actividad.
ü Ser vehículo de transmisión de las propuestas y sugerencias sobre
políticas generales de comunicaciones, dar solución a las quejas y denuncias
recibidas o actuar de oficio, de esta manera trabajar junto con comunas, ONG,
Consumidores, etc. Que garantice una excelencia en el servicio.
ü Crear un marco jurídico que salga de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones,
reglamentando un estatuto que deberá fijar los mecanismos como serán designados
los representantes
