lunes, 10 de septiembre de 2012

Propuesta de Telefónicos para el encuentro de la CTA de Empresas Privadas





Los trabajadores y el modelo de producción del servicio de telecomunicaciones


1) Una cuestión de derechos y estrategia productiva

La enunciación de derechos del ser humano se realiza en función del modelo de sociedad a la que se aspira y teniendo en cuenta el desarrollo productivo de esa sociedad.
De lo que se trata es de asegurar la realización plena del ser humano dentro del contexto en que se desenvuelve y en el marco del desarrollo tecnológico de esa sociedad, por lo tanto dicha enunciación de derechos no es neutral.
Nuestra aspiración es una sociedad solidaria, profundamente democrática, participativa y autónoma, esto implica un nuevo marco distributivo y productivo, en la cual los derechos a la salud, educación, vivienda y justicia, junto a la accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento, comunicación e información, energía y transporte, sean gozados por el conjunto de nuestro pueblo.      .            
Lo que para los sectores dominantes denominan “libertades” debemos contraponerles  la enunciación de “derechos”, la libertad de circulación debemos convertirlo en derecho al transporte público, la defensa de la libertad de expresión por derecho a la comunicación y a la información, etc.
El aseguramiento de estos derechos implica inexorablemente la presencia activa del estado nacional en la prestación de los servicios, en su papel de planificador y controlador.


2) El servicio de telecomunicaciones y el sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del sistema productivo nacional 

 Comunicación:
Deben ser consideradas como esenciales y como un Derecho Humano por el cual se establece las relaciones sociales.
Por lo cual tanto la telefonía pública, la móvil y la transmisión de datos, voz sobre IP,  Internet, etc. deben ser considerados como servicio básico universal, así como los servicios que conservan plena vigencia en sus definiciones en la actual ley 19798/72

La producción del servicio requiere tres componentes  o tipos de actividad:
-La actividad dedicada en sí a la prestación del servicio.
-La producción de bienes de capital, la industria proveedora del equipamiento y el software necesarios para la prestación del servicio.
-La generación del conocimiento necesario para el desarrollo de estos insumos, es decir los aspectos tecnológicos y de planificación asociados.

Estos tres componentes se constituirían en un “triángulo virtuoso” si hubiera una apropiación por parte de nuestro pueblo sobre el manejo tecnológico de este sector estratégico de la economía (Sector TIC) clave para el desarrollo autónomo de nuestro país en este siglo XXI. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que no habrá desarrollo industrial autónomo y el ejercicio pleno de nuestra soberanía si nuestro país no tiene el dominio el dominio industrial y conocimiento propio del sector TIC en los años venideros.
Ante los cambios que se vienen dando en nuestro país, la estatización de Aerolíneas, de AYSA, del Correo Argentino, parcial de YPF, no fueron por un convencimiento ideológico sino por el propio entendimiento de que las empresas privatizadas de servicios públicos, que la lógica de acumulación capitalista las transformó en comercializadoras de mercancías, han demostrado deficiencias en su prestación, acumulando deudas, precarizando el empleo generado, etc. El gobierno no tuvo más remedio que estatizarlas nuevamente, hasta incluso haciendo suyas las deudas contraídas.
A esta generalidad, no escapan las empresas de Telecomunicaciones, que fueron compradas con un bimestre de recaudación y que fueron y son  junto con YPF desde la privatización, las primeras compañías en el ranking de mayores ganancias.
La financiación de las “supuestas inversiones”, recayó sobre el pueblo argentino quedando para los grupos controlantes, solo el disfrute de los enormes beneficios extraídos, se debe entender esto como un régimen de explotación económica de carácter extractivo, provocando un fuerte endeudamiento y un profundo vaciamiento de sus recursos.
Sostenemos que, en el actual estado de cosas, la garantía para poner en marcha este “triángulo virtuoso”, es que el estado tenga el completo dominio mediante la propiedad pública de la red, su gestión y producción en la prestación del servicio de Telecomunicaciones y que los ingresos de esa explotación se orienten al desarrollo de una industria asociada y a la generación de la investigación y el conocimiento, a través de las universidades, centros de ciencia y tecnología que puedan definir el perfil tecnológico conveniente en la producción de bienes e insumos de las telecomunicaciones, informática y electrónica.


3) Derecho a la Telecomunicación e Información

El estado como propietario de la empresa pública de Telecomunicaciones debe satisfacer la necesidad de los habitantes de la telecomunicación. Esto implica que cada habitante de la Argentina, cualquiera sea su condición social y económica, como su ubicación geográfica, debe tener la posibilidad de acceder a los servicios de telecomunicación. Siendo este derecho extensivo a las instituciones gubernamentales, principalmente por su relación con los ciudadanos, el sistema legal, de salud y educativo.
Este derecho debe desde el punto de vista colectivo debe garantizar:
-Derecho al acceso a los medios públicos de telecomunicación, para poder transmitir información, ideas y opiniones.
-Derecho a reclamar los recursos necesarios, y que estos sean patrimonio de la comunidad y no sean apropiados por sectores privados.
-Derecho a participar en la toma de decisiones acerca de la elección, desarrollo y aplicación de tecnologías de las Telecomunicaciones e Información.
-Derecho a acceder y al uso de manera igualitaria del nuevo entorno electrónico (ciberespacio) en condiciones de respeto y protección de la dignidad humana.
En lo individual:
-Igualdad de condiciones con los demás usuarios para acceder al servicio.
-Pagar el mismo precio que el resto de los usuarios.
-Que el uso del servicio sea de la misma en todas partes (intercambiabilidad de terminales).
-Estar debidamente informados sobre la forma de utilizar el servicio.
Las garantías del respeto del derecho a la telecomunicación es una función indelegable del estado nacional, de ahí la necesidad de la propiedad pública de los medios de producción del servicio. Debe quedar claramente establecido en la normativa  jurídica el carácter absolutamente subsidiario de la telecomunicación, hoy considerada como mercancía.


4) Alcance de la estatización del servicio de Telecomunicaciones

En la Ley de Telecomunicaciones Nº 19798/72 y en el Decreto 764/2000, que es el que de una manera más amplia completa el marco jurídico actual, la Telecomunicación es definida como:  
“toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos considerando con independencia del soporte sobre el cual se origine o trasmita, procese o reciba”.

 Como así también la definición formal de “Servicio de Telecomunicación” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es:
“Conjunto de funciones que un operador ofrece a sus clientes con el fin de que satisfagan una necesidad de telecomunicación” (Rec. E. 800, I.112, M.60, Q.9, X.200, de la UIT-T)
Por lo tanto las necesidades de telecomunicación no están restringidas a un tipo de información, como asimismo no existe ninguna mención a la característica de la inmovilidad o movilidad de los puntos entre los que se establece. Por lo tanto incluye a las llamadas “comunicaciones fijas” y “comunicaciones móviles”.
Por todo lo expuesto el servicio debe ser objeto de “estatización”, comprendiendo los servicios fijos y móviles, en el camino de construcción de una empresa pública de telecomunicaciones, ya que desde el punto de vista tecnológico como de rentabilidad es inaceptable una estatización parcial.


5)    Lo que nos dejó la privatización

Un país segmentado con compra de equipos, con duplicidad de redes,     El Régimen de Licencias de Interconexión y servicio universal, que se puso en marcha en 1998, dejó a las claras la inoperancia de la Comisión que debía controlar a estas empresas Comisión Nacional de Comunicaciones.
No solo segmentaron los usuarios que para estas empresas son clientes, no atendiendo los reclamos de la denominada telefonía básica, desmantelando la los teléfonos públicos, sacándolos de hospitales y escuelas, no haciendo ninguna red en áreas no rentables de esto termina haciéndose cargo el Estado Nacional que  por pliegos corresponder su instalación a las empresas controlantes.
Hoy se termina  creando una empresa como ARSAT (Argentina Satelital), que con dineros del Estado termina realizando el trabajo que no hicieron estos grupos, pero que tampoco cambia su lógica de contratación  ya que lo hacen tercerizando los trabajos,  hasta incluso contratando a las mismas empresas Telefónica y Telecom para la realización de los mismos.
Es por ellos que propiciamos;


EMPRESA PUBLICA MANEJADA POR SUS TRABAJADORES Y USUARIOS, para:
    
ü       Elaborar políticas nacionales de telecomunicaciones
ü       Proyectar normas legales referentes a una nueva ley donde lleguemos a la convergencia pero sin superponer redes, donde sea dicha empresa quién la maneje.
ü       Promover el desarrollo de la industria nacional a través de un complejo Industrial de Telecomunicaciones, desarrollando no solo software y hardware nacional, sino el propio desarrollo de mano de obra propia, profesionales, fábricas y laboratorios. Promoviendo el desarrollo de tecnologías convenientes en relación a los recursos humanos y materiales, posibilidades de financiación y necesidades básicas insatisfechas de todos los habitantes del país.
ü       Impulsar la participación en conferencias, reuniones, congresos y organizaciones nacionales e internacionales de la actividad
ü       Administrar el espectro y las bandas de frecuencia para los diferentes servicios de radiocomunicación y telefonía móvil.
ü       Proyectar regímenes de tarifas para la  actividad.
ü       Ser vehículo de transmisión de las propuestas y sugerencias sobre políticas generales de comunicaciones, dar solución a las quejas y denuncias recibidas o actuar de oficio, de esta manera trabajar junto con comunas, ONG, Consumidores, etc. Que garantice una excelencia en el servicio.
ü       Crear un marco jurídico que salga de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, reglamentando un estatuto que deberá fijar los mecanismos como serán designados los representantes

         

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