El documento, sumamente crítico, observa que muchas de las víctimas provienen de zonas rurales o provincias norteñas, y son obligadas "a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país". Señala como zona lábil la triple frontera con Paraguay y Brasil, donde también "constituye un problema" el turismo sexual infantil , al igual que en la ciudad de Buenos Aires. El Código Penal no lo prohíbe –subraya el informe–, "y el Gobierno no penó a ningún turista de esta clase".
"Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina –consigna el Departamento de Estado–. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos, colombianos y dominicanos son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agropecuarios, y en forma creciente, en almacenes y venta callejera". Por el país también pasan esclavas sexuales que terminan en Chile, Brasil, México y Europa Occidental.
El informe reconoce que el Gobierno "lleva a cabo esfuerzos significativos", y que mejoró los mecanismos para identificar y asistir a las víctimas. Sin embargo apunta que "no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas".
El documento destaca que el número de condenas ha sido bajo, comparado con el de víctimas identificadas; y agrega que ninguna alcanzó a funcionarios oficiales involucrados en este delito.
Al respecto señala que, si bien el procurador general de la Nación instruyó a todos los fiscales del país a tratar de clausurar todos los lugares donde se ejerce la prostitución –prohibidos por ley desde 1936–, la Policía local suele avisarles de los operativos, y "la resolución tendrá poco efecto a menos que se haga algo para tratar la complicidad policial".
El informe rescata la capacitación a más de 4.000 funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, así como la creación de unidades especializadas para aplicar la ley de trata en diez provincias. Pero por otra parte objeta que en general han sido las ONG y los organismos internacionales los que brindaron asistencia a las víctimas.
El informe del Departamento de Estado cuestiona que la mayoría de las víctimas de trata fueron derivadas a hoteles seguros o a refugios públicos vinculados con violencia doméstica, cuyas calidad y nivel de atención son desparejos según las provincias. Señala además que sólo hay un refugio especializado en todo el país, perteneciente a una ONG.
En junio, cuando se redactó el documento, no sólo existía ese refugio, en Tucumán (de la Fundación María de los Ángeles), sino también otro en Posadas, de la Dirección de Trata de la Provincia de Misiones, y un tercero en Puerto Iguazú, dependiente del municipio. Durante 2010 se abrieron sendos hogares, estatales, en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires
Publicado en http://www.clarin.com/ 08.02.2011
Los hogares para recibir a las víctimas
