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sábado, 6 de noviembre de 2021

Fecha clave para la impugnación de la fusión de Cablevisión y Telecom

El lunes, el gobierno deberá decir si acepta o rechaza un pedido de nulidad de ese acuerdo corporativo de 2018 que derivó en una mayor concentración de la comunicación en el país.

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Productivo deberá responder a un pedido de nulidad de la Resolución 374/2018, que enmarca la fusión entre Telecom SA y Cablevisión Holding. Liliana Zabala, la abogada que inició el reclamo en representación de Jorge Horacio Sombra, define a la unión como "fraudulenta", tras haber detectado irregularidades en lo que implicó la última etapa de expansión del Grupo Clarín, el conglomerado mediático más poderoso de Argentina.

La conformación del primer cuádruple player del país fue facilitada por la política comunicacional del gobierno de Mauricio Macri: flexibilización de normas que limitaban la concentración, modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e implementación de decretos y resoluciones unilaterales.

A eso, Zabala suma grandes saltos legales. Su investigación derivó en dos líneas de acción: una judicial administrativa, la gran apuesta, y otra, la vía administrativa, a través de un pedido de impugnación, sin pasar por la Justicia.

La puerta giratoria

El pedido de nulidad de la fusión está contemplado en el Expediente 9112/2019, tramitado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco. Se funda en la causal de violación de la Ley 25.188 de Ética Pública. Es que, de acuerdo con la serie de documentos que la abogada aportó a la causa, el expresidente de la Comisión Nacional de la Defensa a la Competencia (CNDC) Esteban Greco había pertenecido anteriormente a la consultora de análisis de mercados GPR Economía, contratada por Cablevisión SA y Telecom SA hasta el 1 de febrero de 2016, con asesoramiento demostrado entre 2009 y 2014.

Detalla Zabala que, según la ley citada, el exfuncionario debía abstenerse de intervenir en su gestión en cuestiones "relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria". Para Greco, según la profesional, ese plazo abarcaba desde el 1/2/2016 (cuando vendió su participación accionaria en GPR SA) hasta el 1/2/2019. Sin embargo, la CNDC –a cargo de Producción– le otorgó el visto bueno a la unión empresarial en agosto de 2018.

El caso se presentó ante la Oficina AntiCorrupción (OA), liderada en su momento por Laura Alonso. En octubre de 2019, el organismo determinó en la Resolución 28/2019 que no hubo infracción, en tanto Greco fuera desvinculado previamente a su asunción en la CNDC y desconociera el asesoramiento de la consultora a las empresas, tal como él planteó en su descargo, según la OA. No obstante, advirtió que "debió y debe actuar conforme el principio de prudencia previsto en el artículo 9 del Código de Ética en la función pública". Tiempo intentó comunicarse con los implicados, pero al cierre de esta nota no había logrado contactarse.

Ya en marzo de 2020, Zabala no solo pidió una revisión por considerar "falta de pruebas propias" y ponderación "de elementos subjetivos no previstos" para la excusación de Greco, sino para añadir que la ex vocal de la CNDC, Roberta Marina Bidart, también había ingresado en 2016 e integrado GPR SA "desde marzo de 2004 hasta el 27/2/2020, por el lapso de 16 años". La Oficina Anticorrupción ha reanudado la investigación.

Fuentes cercanas al caso aclararon que se trata de un tema judicial y, aunque la CNDC quisiera objetar la operación, "no tiene mucho margen para decidir". Igualmente, aseguran que la actual conducción (a cargo de Rodrigo Luchinsky) "no es lo que hubiese aprobado".

Consultado por este medio sobre las posibilidades de que el Estado avale el pedido de nulidad, Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales e investigador universitario, no se mostró optimista: "Clarín es socio mayoritario del grupo, tiene un fuerte accionar judicial y ya están paquetizados los servicios. Es muy difícil que se pueda retroceder sobre los pasos dados", determinó. Con la fusión, el Grupo Clarín pasó a dominar a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de TV paga.

Además, consideró que el resultado final de esta expansión sin precedentes es el triunfo en la batalla cultural. "Ante la discusión sobre la necesidad de democratizar las comunicaciones, lo primero que aparece es la idea de un gobierno que busca controlar el discurso. Hay que retomar esa batalla desde los cimientos y no caer en la falsa disyuntiva entre libertad o control estatal", reflexionó.   «

DNU 690: intríngulis judicial

El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 de dos semanas a favor de Telecom prorrogó por seis meses más la polémica medida cautelar a partir de la cual quedó suspendido el Decreto 690/2020, que declaró como esenciales los servicios de Internet, TV paga y telefonía móvil.

Por su parte, el gobierno se encuentra a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el recurso de queja presentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en junio último en relación con una sentencia que benefició al Grupo Clarín y que tiene su génesis en la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que otorgó en primera instancia la mencionada cautelar a la empresa.

El mes pasado, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual informó que solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del DNU 690.

La Defensoría pidió al organismo internacional que "se expida" y "formule recomendaciones" al Estado argentino, en particular al Poder Judicial, en base a los llamados procedimientos especiales que la facultan para actuar ante violaciones de Derechos Humanos fundamentales, en este caso el acceso igualitario al servicio de Internet.

El fondo del conflicto es la facultad que otorga este DNU al Enacom para regular los precios de los servicios que prestan las empresas.

Fuente: Tiempo Argentino

martes, 6 de noviembre de 2018

TELEFÓNICA sube la apuesta. Cuestionó ante la Justicia la fusión entre Cablevisión y Telecom



La filial local de Telefónica de España había impugnado la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción, pero como no obtuvo respuesta decidió acudir a la Cámara Civil y Comercial.

Telefónica de Argentina se presentó el miércoles 24 de octubre ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial para cuestionar la resolución que habilitó la fusión entre Cablevisión y Telecom. La filial local de Telefónica de España había impugnado la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), la secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción, pero como no obtuvo respuesta finalmente decidió acudir a la Justicia. Por ahora, la estrategia incluye solo a los tribunales argentinos, aunque fuentes de la compañía aseguraron a PáginaI12 que en Madrid se reservan la posibilidad de acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Mientras tanto, la empresa acaba de lanzar Movistar TV y continúa con la expansión de su red de fibra óptica para darle pelea al Grupo Clarín en el nuevo escenario de convergencia.

El viernes 29 de junio el entonces secretario de Comercio, Miguel Braun, autorizó la fusión a través de la resolución 374/2018 que convalidó el dictamen de la CNDC. El martes 10 de julio Telefónica solicitó vista de las actuaciones. Frente a la falta de respuesta del organismo antimonopolio, el viernes 13 de julio interpuso un recurso directo contra la resolución 374/18 y se reservó la posibilidad de ampliar los fundamentos cuando tuviera acceso al expediente. El 6 de agosto volvió a reiterar el pedido para acceder a las actuaciones administrativas, pero como una vez más no tuvo respuesta el 17 de agosto presentó una carta ante el Ministerio de Producción donde denunció la situación, aunque tampoco logró que le respondieran. 

El 27 de septiembre Telefónica realizó una nueva presentación ante la CNDC con el mismo resultado. Por último, el 1 de octubre la firma de capitales españoles envío una segunda carta al ministro de Producción, Dante Sica, de quien depende la Secretaría de Comercio y la CNDC, en la que le solicitó que se le diera intervención a la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, pero el pedido tampoco tuvo respuesta. Además de rechazar el silencio oficial, Telefónica cuestiona que las autoridades administrativas no hayan elevado el recurso a la Justicia en un plazo de diez días hábiles como indica el artículo 52 de la ley 25.156 y el artículo 62 de la ley 27.442. 

“Todas las legítimas peticiones y pretensiones (…) fueron sistemáticamente omitidas por la CNDC y la Secretaría de Comercio, guardando el más absoluto silencio, y exhibiendo una notable displicencia violatoria de los más básicos derechos y garantías establecidas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación y el marco legal aplicable; proceder completamente reñido con el Estado de derecho y la transparencia en el obrar administrativo como principios supremos y esenciales”, sostiene Telefónica en la presentación judicial realizada por los abogados Bernardo Cassagne y Francisco Rondoletti. PáginaI12 consultó al Ministerio de Producción sobre los cuestionamientos de Telefónica y fuentes de la cartera se limitaron a decir que “la autoridad de aplicación de la ley de Defensa de la Competencia va a dar el tratamiento que corresponda a las presentaciones que se realicen o fueran realizadas”.

Lo que impugna Telefónica es la decisión oficial de darle luz verde a la mayor operación de concentración económica del sector con exigencias de desinversión que considera leves. Luego del anuncio de la fusión, a mediados del año pasado, Telecom y Cablevisión pasaron a concentrar cerca del 60 por ciento del mercado de banda ancha fija, un 40 por ciento de la televisión paga, un 40 por ciento de telefonía fija y un tercio de la telefonía móvil, pero además comparten accionistas con el Grupo Clarín, el mayor proveedores de contenidos audiovisuales del país. Por lo tanto, tienen una fortaleza evidente. Frente a esta situación, la CNDC le exigió la devolución de espectro radioeléctrico, que comparta infraestructura pasiva y la cesión de 140 mil clientes de internet de Arnet (ADSL) en 28 localidades donde se superponía con las redes de Fibertel, cartera que ya fue vendida a la firma Universo Net.

Las presentaciones de Telefónica hasta ahora se habían circunscripto al ámbito administrativo, pero su desembarco en la Justicia abre un nuevo escenario. Lo que viene reclamando la empresa es que se anule la fusión o se la subordine a condiciones severas por afectar, según remarcan, la competencia en diversos mercados relevantes. PáginaI12 se contactó con Telecom, pero prefirieron no opinar sobre los cuestionamientos de su principal competidor
.
Telefónica continúa mientras tanto reemplazando las redes de cobre por fibra óptica para potenciar su oferta de servicios en el nuevo escenario de convergencia. Desde comienzos de año puede brindar televisión por cable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe, mientras a partir de enero podrá hacerlo también en el resto del país, salvo en aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio es prestado únicamente por cooperativas o pequeñas y medianas empresas. 
El mes pasado lanzó Movistar TV, una oferta de televisión digital interactiva Full HD con 90 señales incluidas en el abono básico y 22 premium. Por ahora, brinda servicio solo en algunos barrios de Capital Federal y localidades de la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires. El plan de la empresa era operar también vía satélite para emparejar la cancha con Telecom-Cablevisión en aquellas zonas donde corre de atrás luego de la fusión, pero el proyecto de ley corta que envío el gobierno al Congreso para habilitar esa posibilidad se empantanó y, en caso de ser aprobado, las telefónicas recién podrían operar vía satélite en julio de 2020.  


viernes, 22 de diciembre de 2017

La fusión CABLEVISIÓN -TELECOM cambia el mapa de las telecomunicaciones en Argentina






Tras la aprobación del ENACOM, resta el aval de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En el ambiente se descuenta que también lo aprobará.

El Ente Nacional de la Comunicaciones (Enacom) aprobó esta tarde con el voto unánime de sus directores la fusión entre Cablevisión y Telecom, una movida que cambiará de plano el mapa de las telecomunicaciones en la Argentina. Ahora será la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la que tendrá que dar el aval definitivo.

De confirmarse, la empresa fusionada será la primera en prestar el servicio de cuádruple play (telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión paga), algo que los otros dos actores importantes del mercado (Telefónica y Claro) también podrán empezar a brindar a partir del 1 de enero próximo. Telefónica, sobre todo, era la que más venía resistiendo y exigiendo condiciones para que se apruebe una fusión que fortalece la posición del Grupo Clarín en el mercado.

En ese sentido, el ente regulador, que encabeza el macrista Miguel De Godoy, le impuso una serie de restricciones a las empresas para proceder a la fusión. En primer lugar, deberán devolver el espectro radioeléctrico excedente, ya que entre Telecom y Nextel (perteneciente a Cablevisión) superaban el límite establecido.

Enacom prohibió además el ingreso de la nueva megaempresa a las localidades de menos de 80 mil habitantes, como estrategia para proteger a las pequeñas cooperativas que suelen ser quienes proveen los servicios de telecomunicaciones en esos lugares. En caso de ya estar presente en una localidad de esas características, el ente regulador inhabilita a la nueva empresa para facturar todo como un paquete. Es decir, allí no podrá ofrece el cuádruple play como un conjunto, sino que deberá competir en cada servicio por separado.
Por último, en las ciudades donde Cablevisión y Telecom queden con una posición dominante en el mercado, estarán obligados a compartir sus redes de banda ancha a precios mayoristas para que otros competidores puedan comprarle ancho de banda, ofrecer el servicio y evitar así una competencia desleal.

La Comisión de Defensa de la Competencia tiene ahora 45 días hábiles para emitir un dictamen, aunque se puede ir estirando ante cada pedido de información que le realice a las empresas. Según relataron fuentes del organismo a PERFIL, hasta el momento esa investigación no arrancó (podría haber avanzado de manera paralela al Enacom) porque la empresa no completó la información necesaria del “Formulario 2”, requerido para operaciones complejas.

En el ambiente de las telecomunicaciones y de la política dan por descontado que la fusión va a ser un hecho. Por un lado, reconocen que al quedar tres grandes empresas como dominantes, no hay riesgos de que se afecte la competencia. Y por otro lado, desde el punto de vista político, nadie cree que el Gobierno vaya a poner reparos a este nuevo movimiento que está realizando el Grupo Clarín junto a Telecom.

.perfil.com. autor/gziblat.phtml