TELEFÓNICA deberá
pagarle $ 1.700 millones al estado Por la privatización de ENTEL
Así lo
estableció la Cámara
en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificó un fallo de primera
instancia en una demanda por “rendición de cuentas”.
La decisión, que ratificó la un fallo de
primera instancia, fue dictada por la Sala IV de la Cámara en la demanda por “rendición de
cuentas” promovida hace dos décadas por la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones #Entel
-en liquidación- contra #Telefónica, que había obtenido la concesión del
servicio.
El pleito, iniciado en 1999, tiene por
objeto la rendición de cuentas de las sumas percibidas por Telefónica de
Argentina S.A. por cuenta y orden de Entel, relativas a la facturación y
gestión de cobranza de los servicios prestados por esta
última y pendientes de pago al momento de la toma de posesión de aquélla.
La demanda fue admitida y se intimó a la
telefónica a que dentro del plazo de 50 días hiciera el cálculo de lo adeudado,
con el apercibimiento que, si incumplía con la orden, se aprobaría la que
presentara la empresa en liquidación.
El expediente, luego de pasar por todas las
instancias, volvió al juzgado de origen, ocasión en la que Entel efectuó una
liquidación que coincidió con la de la perito contadora oficial designada para
tal fin y que llegó a la suma de 1.689.367.880,11 pesos a diciembre de 2018, lo
que fue impugnado por la demandada.
Al contestar las impugnaciones, relacionadas
con el impuestos, sueldos y cargas sociales, entre otros rubros, el Estado
Nacional remarcó la “inadmisible reiteración de cuestiones ya resueltas” por la Sala IV de la Cámara.
El tribunal concluyó que la postura de
Telefónica carece de razón “en la medida en que sus agravios no logran
desvirtuar los fundamentos expuestos en la resolución apelada en punto a la
corrección de la liquidación efectuada” Por Entel, “ratificada por la perito
contadora única de oficio”.
Los camaristas Jorge Eduardo Morán, Marcelo
Duffy y Rogelio Vincenti impusieron las costas del juicio a Telefónica, quien
había sido liberada de la obligación de cubrir los gastos y honorarios de los
abogados de la demandante.
Fuente: Télam