En los
primeros siete meses de este 2020 acumulan 24.363 denuncias, lo que representa
un 20% del total de los reclamos de usuarios.
El Sector de las telecomunicaciones que el gobierno declaró
el viernes 21 a
través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 como servicio público encabeza
el ranking de empresas con más reclamos de usuarios al sumar en los primeros
siete meses del año 24.363 denuncias ingresadas, lo que representa un 20%
del total.
Las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar
con 7.115 reclamos, Telecentro con 6.987, Telecom con 6.636, Direct TV con
1.235, Claro con 568 y Telered con 203, según se desprende de la
información relevada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Acciones
para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC).
Los datos se conocen en medio de la polémica causada por el
DNU que declara como servicio público a la telefonía fija y celular, internet,
y televisión por cable. Según detalló el informe el 48,28% de los
reclamos responden a los paquetes de productos (Tv Satelital + Internet +
Telefonía fija, etc); 19,36% a telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a
televisión por Cable/ Satelital; 5,63% telefonía fija; 1,97% a correos
postales (Correo Argentino OCA etc.) y 0,06 televisión abierta.
El 27% de las quejas fueron por cumplimiento parcial o
defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de
baja del servicio, 18% por incumplimiento total de la prestación
del servicio contratado, 16% por facturación excesiva/ facturación cargos
no convenidos, 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o
Bonificaciones.
“Ante la reiteración de demandas contra determinadas
empresas por motivos similares, la Secretaría de Comercio Interior, no solo da
curso a los reclamos individuales, sino que identifica la actitud repetida y
sistematizada de las compañías y realiza imputaciones administrativas”,
indicó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.
En ese sentido, recordó que a fines de junio “se imputó de
oficio a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por incumplimientos en
su servicio”, y precisó que “en este momento la imputación se encuentra en el
proceso administrativo correspondiente, en etapa de presentación de prueba”
Consumidores La
titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la
Argentina (ADECUA) Sandra González, señaló a Perfil que durante la pandemia los
reclamos de la gente “aumentaron en forma considerable” porque “en muchas casos
nadie les contesta entonces acuden a las entidades de consumidores que estamos
atendiendo vía mail”. “Estamos recibiendo entre 100 y 150 mails por día.
El reclamo primero se lo mandamos a la empresa para ver si
lo solucionan, y si no a la autoridad de aplicación correspondiente. En otros
casos, redactamos la nota, o asesoramos cómo hacer el trámite” contó. Dijo que
“una de las quejas más reiteradas es que la gente le quiere dar de baja al
servicio, y no puede, es misión imposible, le ponen trabas, la empresa tiene
que dar la baja en el momento que se pide, pero nunca pasa”.
Cita como ejemplo donde se evidencia este tipo denuncias el
caso de la televisión por cable “donde mucha gente joven quiere dar anular el
servicio y quedarse solo con internet”. González sostuvo que otras de las
demandas más frencuentes contra las empresas de telefonía celular es que
al cliente “le cambian el plan sin avisarle”, mientras que "en
telefonía fija, hay robo masivo de cables y hay gente que está sin servicio
hace tres o cuatro meses pero le siguen cobrando la factura". En el caso
de la telefonía celular, en sintonía con el DNU, consideró que “hoy es
esencial porque en el actual contexto hay chicos que toman clases por ese
aparato si no tienen una computadora o tablet”.
En cuanto al
congelamiento de tarifas que plantea el DNU hasta el 31 de diciembre, González
consideró que “estamos en una situación muy compleja por la pandemia, hay
gente que no ha podido empezar a trabajar, que no factura, es razonable no
hablar de aumento hasta fin de año”. “Y luego se van a tener que sentar
las empresas con el Estado para definir el aumento”, acotó la dirigente quien
enfatizó que el DNU surgió porque las empresas pretendían un aumento a
principios de septiembre de 12% en promedio, que había sido cuestionado por
entidades entidades representativas de los consumidores en una reunión que
mantuvieron la semana pasada con funcionarios de ENACOM.
Según una encuesta de Analía del Franco Consultores, el
71,9% de las personas consultadas están de acuerdo con declarar como servicio
público al sector de telecomunicaciones, y 21% está en contra. A su vez, el
78,9% avala el congelamiento de tarifas en ese rubro hasta fin de año mientras
que el 18,6% está en desacuerdo con la medida. En cuanto a la advertencia de
las empresas acerca de que el congelamiento tarifario afectará las inversiones
y la calidad del servicio, el 52,4% de los encuestados cree que no tienen razón
y es una excusa, en tanto el 36,6% opinó que es certera esa afirmación
