martes, 17 de marzo de 2026
La INFLACIÓN de Febrero fue del 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la dinámica inflacionaria replicó el número de enero. La variación acumulada en 2026 es de 5,9 por ciento.
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_03_2650E16DA2A9.pdf
miércoles, 11 de marzo de 2026
Jubilados en el Fondo Compensador Telefònico
Un espacio plural para divulgar-opinar- proponer- interiorizarnos de la marcha del F.C.T.,lo que surja de los compañeros beneficiarios del FCT
sábado, 7 de marzo de 2026
Los PRESOS BONAERENSES USAN casi 50 MIL LÍNEAS de CELULARES legales. Una bomba difícil de desarmar ##
A eso se suman los aparatos que entran clandestinamente a través de familiares o penitenciarios corruptos.
"Vengo laburando hace una banda de tiempo... ya vengo hace dos años... una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así... en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando". Este es uno de los mensajes de voz que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21). Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.
El caso del soldado volvió a poner en debate público el uso de los teléfonos celulares en manos de los presos. Y sobre todo en manos de los presos bonaerenses que, desde la pandemia de COVID-19, están habilitados a tener este medio de comunicación, aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
El problema no es nuevo pero sí muy complejo.
Actualmente los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica.
A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.
Un ejemplo reciente: el miércoles pasado, la Policía Federal atrapó a una banda que, desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Lujan de Cuyo, Mendoza, hacia sextorsiones. A través de una red social había contactado a un hombre en Chubut y le había hecho el mismo engaño que al soldado Gómez. Esta víctima, padre de familia, también había estado a punto de suicidarse. Por suerte hizo la denuncia
Son miles
Los celulares que entran a las cárceles de contrabando son, por lógica, los que más se usan para cometer delitos. Pero hay excepciones. Y el caso de Gómez fue una: al menos un número de los usados en esos casos estaba registrado por el SPB.
Segun registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 se secuestraron por orden de la Justicia,
Una verdadera bomba de tiempo que hace unos días la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -a cargo del caso del soldado Gómez- pidió desactivar en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.
"Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y -según entiendo- de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también y fundamentalmente de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de 'trabajo' imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física", dice el escrito.
"En el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuida para una coyuntura de emergencia ya concluida, terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que -como quedó evidenciado en la investigación mencionada, como en muchas otras- ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios", agregó Arroyo Salgado.
La jueza envió una nota similar al Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, del que dependen todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires: "Se verificó que la disponibilidad y el uso no controlado de dispositivos electrónicos en contextos de encierro ha facilitado la planificación, coordinación y ejecución de ilícitos de extrema gravedad tales como homicidios por encargo, amenazas, extorsiones, estafas y secuestros virtuales, maniobras de narcotráfico, de bandas de robos domiciliarios y de autos violentos, grooming, distribución de pornografía infantil, trata de personas, corrupción, intimidación y extorsión hacia víctimas y testigos, además de ataques virtuales en situaciones de violencia de género, entre otras conductas penalmente reprochables".
Juan Martin Mena, ministro del que actualmente depende el SPB, no es un improvisado en temas carcelarios. En 2009 fue subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación y durante la pandemia de COVID-19 se ocupó de las unidades federales como secretario de Justicia de la Nación.
Paradójicamente, o no, él mismo se opuso a que los presos alojados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tuvieran teléfonos celulares durante la cuarentena. Claro que las unidades del SPF podían garantizar la comunicación de los internos con sus familias a través de suficientes teléfonos públicos de los pabellones. El SPB no tenía esa posibilidad y, por eso, la Justicia autorizó la entrada de dispositivos.
El problema es que no se fijó fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido. Además, en el ámbito penitenciario de la provincia de Buenos Aires, ya de por sí, nunca estuvieron prohibidos los celulares.
Hoy, siempre y cuando la línea este oficialmente registrada, es legal que un preso bonaerense tenga celular y lo use. ¿Delinquen con esas líneas? Las autoridades sostienen que no, o al menos en su inmensa mayoría. Desde el juzgado de Sandra Arroyo Salgado contestan que, en el caso de Gómez, se uso al menos una línea de las habilitadas legalmente.
¿Qué se hace entonces?
A lo que apunta Arroyo Salgado es a la eliminación del uso de telefonía celular en las cárceles. Sin embargo, esto -con lo que muchos coincidirían, tal vez el propio Mena- no es de fácil aplicación en la realidad.
"No se puede entrar un día a los penales y dejar a 50 mil presos sin el celular con el que se comunican con sus familias. Es materialmente imposible. Nos prenden fuego todo. Un motín tras otro. La oportunidad era cuando terminó la pandemia, y se dejó pasar. Ahora es muy complicado", explicó a Clarín una fuente del gobierno bonaerense que sostiene que el uso de celulares -aunque claramente se usan para el delito- también ha bajado mucho los niveles de conflictividad intramuros.
Como siempre, nada que se relacione con las prisiones tiene una sola lectura. Desde los celulares habilitados salen videos escandalosos que indignan a la gente y las conversaciones no se controlan de manera que las acciones preparatorias de un delito sólo se frenan si son denunciadas por la Justicia.
Es todo un tema. Por ejemplo, los integrantes de la llamada "Banda del Millón", que asaltaban jubilados en San Isidro, tienen prohibido el uso de cualquier tipo de celular. Esto para el SPB representó un desafío: por un lado, controlar que no les llegue ningún aparato de contrabando, y por otro nadie los quería en sus pabellones para no quedarse ellos sin celulares.
Se sabe, las cárceles son un complejo ecosistema en el que una pieza mueve la otra. Y el equilibrio es frágil.
## Virginia Messi / Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico.
lunes, 2 de marzo de 2026
ESCALAS Salariales MARZO 2026: Telecom -Telefonica-Claro ( fija.movil.CallCenter)
Publicadas en el grupo Telefonicos en Facebook
https://www.facebook.com/groups/TELEFONICOS
sábado, 28 de febrero de 2026
INFRAESTRUCTURA ESPACIAL CHINA de uso civil-militar en ARGENTINA.Alarmante informe del Congreso de EEUU ##
El documento "Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China" advirtió sobre una metodología del régimen asiático para recopilar información de inteligencia y aumentar su capacidad bélica en la regió
La investigación apunta al menos a once instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en Argentina, y menciona los casos de Neuquén, San Juan y Santa Cruz. También en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Se trata del segundo informe del Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental del parlamento norteamericano.
"Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio", sostuvo el presidente del Comité Selecto, John Moolenaar.
"El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china", agregó en un comunicado oficial.
De manera puntual, el informe describe el caso de la Estación Espacio Lejano, ubicada en la provincia de Neuquén. Según el documento, esta estación opera una antena de 35 metros capaz de captar señales de satélites extranjeros y transferir datos a la red central del Ejército chino. "En 2016, funcionarios argentinos y chinos firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la estación se destinaría exclusivamente a fines civiles; sin embargo, parece que ambas partes no establecieron ningún mecanismo de supervisión", se remarcó en el texto.
La estación espacial está ubicada en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33. Se empezó a construir en 2014 bajo la presidencia de Cristina Kirchner y la gobernación de Jorge Sapag. Se terminó en 2017. Es un predio de unas 200 hectáreas que le cedieron a China por un lapso de 50 años, sin pago de impuestos. Según un informe técnico que prepararon a instancias del ex gobernador Omar Gutiérrez, se destinaron más de 50 millones de dólares en la construcción.
El segundo enclave es el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan, donde opera un sistema láser de medición satelital (SLR) desarrollado y financiado por China y catalogado como el más activo de su tipo en América Latina. Se trata de un telescopio láser, advirtieron, capaz de generar datos de localización milimétrica, útiles tanto para investigaciones científicas como para defensa antisatélite y advertencia estratégica. "Estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, la guerra electrónica y la alerta estratégica contra amenazas en el aire, el mar y el espacio", afirmaron.
Por último, la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz, fue aprobada como instalación civil en 2021 tras un acuerdo entre la empresa argentina Ascentio Technologies y la firma china #Emposat. No obstante, la investigación indica que Emposat mantiene vínculos directos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular chino y ha equipado la estación con antenas que permiten comunicaciones seguras y actividades propias de la guerra electrónica. El informe destaca que una de las antenas instaladas carece de especificaciones técnicas públicas, lo que incrementa las incógnitas sobre su verdadera función.
El documento del Congreso de Estados Unidos sostiene que las tres estaciones en territorio argentino no son proyectos independientes, sino "nodos de una red coordinada que proporciona información estratégica" a China. Además, planteó una serie de recomendaciones:
Por un lado, recomendaron que "la NASA debería revisar la cooperación con los países anfitriones para garantizar que no se haya infringido la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y las empresas de propiedad china". También, que "el Congreso debería considerar la posibilidad de actualizar la Enmienda Wolf para subsanar una brecha cada vez mayor que permite que la cooperación bilateral prohibida con la República Popular China continúe bajo la apariencia de acuerdos nominalmente multilaterales".
Por último, "el Gobierno de los Estados Unidos debería establecer el objetivo explícito de detener la expansión de las infraestructuras espaciales de la República Popular China en América Latina y, en última instancia, tratar de reducir y eliminar las capacidades espaciales de la República Popular China en el hemisferio occidental que amenazan los intereses estadounidenses".
## Por Patricio Tesei / INFOBAE
viernes, 27 de febrero de 2026
miércoles, 25 de febrero de 2026
martes, 17 de febrero de 2026
Fondo Compensador Telefónico: desde 2007 sin publicar información del movimiento de fondos y memorias a los beneficiarios Activos y Pasivos
Es tiempo de ejercer nuestros derechos como trabajadores (aportantes) activos y también los beneficiarios pasivos: El FCT es patrimonio de los jubilados telefónicos
https://www.facebook.com/groups/jubiladostelefonicosenelfctviernes, 13 de febrero de 2026
LEY de MODERNIZACIÓN LABORAL, obtuvo media sanción en La Camara de Senadores
Luego de casi 17 horas de tratamiento, la votación en general tuvo 42 votos positivos y 30 negativos. También resultaron avalados los 26 títulos que componen el proyecto.
Luego de dos cuestiones de privilegio planteadas por senadores, se dio comienzo al tratamiento de la iniciativa. El texto aprobado en general incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente, incluyendo disposiciones vinculadas a contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de obligaciones indemnizatorias.
La presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzó la defensa del proyecto al señalar: "Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema que hoy se encuentra desbalanceado y abordar problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la excesiva judicialización
En representación del Interbloque Justicialista, el senador José Mayans denunció un "avasallamiento y una violación al reglamento del Cuerpo" que, a su juicio, "alienta a violar la Constitución Nacional". Tras afirmar que "en la Casa de las Leyes se cumple con la ley", calificó el procedimiento de "tratamiento exprés lo que significa una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento". Al finalizar su alocución, anticipó su voto en contra del proyecto.
Luego de la aprobación en general, tras más de 14 horas de sesión, el pleno continuó con la votación en particular de los 26 títulos que componen el proyecto en cuestión. Previamente, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, dio lectura de los artículos modificados en los títulos que así lo requerían, a fin de dejar constancia de los cambios incorporados antes de la consideración del cuerpo de senadores.
De esta manera, RESULTARON AVALADOS, POR MAYORÍA REQUERIDA DE VOTOS, LOS 26 TÍTULOS DEL PROYECTO, INCLUIDO EL TRASPASO PROGRESIVO DEL FUERO NACIONAL LABORAL A LA ÓRBITA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
jueves, 12 de febrero de 2026
lunes, 9 de febrero de 2026
REFORMA LABORAL: Oportunidad para salir de la decadencia
La Ley de Modernización Laboral propuesta por el Gobierno Nacional se negocia con los gobernadores provinciales, en el contexto de los intereses locales, y prescindiendo la letra misma de la norma, con la que parece que la mayoría coincide. Es dramático observar el desconocimiento que hay del texto propuesto, y de sus alcances, lo que ha provocado no pocos papelones entre los detractores, y aún entre quienes defendían la reforma misma.
Nadie ha rescatado la letra chica del proyecto, que es de alta complejidad aún para expertos, y que hemos visualizado que los detractores en general no lo pudieron leer, y se guiaron por comentarios dispersos de sus pares.
Los 198 artículos del proyecto propician la libertad contractual, la eliminación de trabajas que la impidan, mantiene los institutos laborales en términos razonables, y enfrenta una serie de desvíos que se han producido en la legislación, en los convenios colectivos, y los usos y costumbre, que fueron y son contrarios a la cultura del trabajo.
Las reformas incluyen el blanqueo de más de ocho (8) millones de trabajadores en negro, la modernización de la relación laboral a la luz de las nuevas tecnologías, genera un sistema de protección especial para asegurar el pago de la indemnización por despido (fondos de cese), reglamenta la huelga en los servicios esenciales, limita la ultractividad de las cláusulas convencionales, y restringe el amparo ahora irrestricto de la protección de los representantes gremiales a través de la tutela sindical.
En síntesis, trata de colocar el marco regulatorio a la altura de lo que está experimentándose en los países líderes de la economía mundial.
A todo evento, en el Senado se logró -antes de finalizar las sesiones de 2025- el dictamen favorable, de modo que la plataforma de cualquier debate será el texto oficial del Gobierno Nacional. Los senadores y los diputados detractores tendrán que estudiar el contenido de la propuesta, ya que todos ellos fundamentan sus objeciones en declaraciones dogmáticas y de supuestos principios que son violentados por el proyecto, tratando de parapetarse en la legislación vigente que está fracasando en todos los planos de análisis posible.
En efecto, las leyes vigentes son anacrónicas, y no mencionan en ninguna de sus normas las tecnologías exponenciales (informática, robótica, inteligencia artificial generativa) y refieren a institutos que ya no existen. El 70% de la Ley de Contrato de Trabajo es letra muerta.
Entre otras antigüedades tenemos por ejemplo los recibos que son de papel, el libro de sueldo es de papel y se debe rubricar con un sello de la autoridad de aplicación, la remuneración hay que pagarla en dinero físico, los controles médicos requieren certificados de papel, el régimen disciplinario, las modalidades contractuales requieren de un contrato también suscripto en papel, el certificado de trabaja se entrega en papel y en forma manual, y muchos ejemplos más.
En otros términos, los que quieren preservar el "status quo" se sienten sólidos en un escenario de retraso, que nos deja fuera de toda posibilidad de insertarnos en el mundo, en las condiciones y dentro de los desafíos que exhibe la realidad.
Es falso afirmar, como lo hacen los detractores, que los derechos fundamentales del trabajador están conculcados o comprometidos,Ninguno de los derechos fundamentales han sido derogados, a saber: el principio de irrenunciabilidad, el principio protectorio (la ley más favorable, la condición más favorable, y la duda en favor del trabajador) el principio de gratuidad, el principio de continuidad, el de primacía de la realidad, el gradualismo y el principio de progresividad y otros. Reiteramos, ninguno ha perdido vigencia. Al contrario, están garantizados en la ley, por la Constitución Nacional, y en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos y los Convenios de la OIT.
La legislación laboral es un esqueleto que refleja el trabajo humano en el contexto de una sociedad determinada en función de la cultura del esfuerzo y de la superación, indispensables hoy para progresar y desarrollarse.
Si mantenemos la vieja legislación, aseguramos el fracaso de todos los proyectos que ya están en marcha, y que requieren de un marco regulatorio apropiado, que genere confianza, predictibilidad, y que asegure reglas de juego claras y proyectadas en el tiempo con seguridad jurídica.
Si se aprueba la reforma laboral tendremos las bases de una oportunidad histórica salir de la decadencia, y enfrentar con herramientas apropiadas los desafíos tecnológicos, con empleo y empleabilidad de calidad para todos.
por JULIÁN A. DE DIEGO / Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor Emérito de Derecho del Trabajo de la UCA
viernes, 6 de febrero de 2026
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