Fechado en abril de 1974 y
desclasificado hoy por el gobierno junto a otro de Isabel Martínez, en él se
habla de "conflicto grave" y se dispone elaborar un plan para
"eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas"
El
decreto secreto por el cual Perón dispone un combate integral contra la
subversión armada
"El Estado
argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la
toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista. Firmado:
Juan Perón".
En uno de sus
últimos actos -murió el 1º de julio de 1974- el entonces Presidente de la
Nación comunica la aprobación de "las Directivas para los Conflictos
graves nº1 denominado 'Topo' y nº 2 denominado 'Yacaré'". El
conflicto grave nº 1 es el que corresponde a la definición del párrafo
anterior: el desafío que representaba para el Estado argentino el accionar
armado de organizaciones que operaban en el país y que no habían depuesto las
armas tras el fin de la dictadura de Lanusse (mayo de 1973).
El decreto
secreto nº 1.302, que el actual gobierno ha decidido desclasificar, llevaba
la firma de Perón y de su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, e
iba destinado a los ministros del Gabinete nacional, al Secretario de
Informaciones de Estado, a los Comandantes Generales, al Subsecretario de
Planeamiento para la Defensa y al Jefe de Estado Mayor Conjunto.
Los
dos decretos presidenciales secretos que el Gobierno dispuso desclasificar
Es un documento
histórico de gran importancia porque revela la opinión que tenía el entonces
Presidente sobre las organizaciones armadas y su intención de combatir a la
subversión con la ley y de un modo integral, no puramente militar.
En el Anexo I
del decreto (texto completo en PDF adjunto), titulado "Directiva para el
Planeamiento correspondiente al conflicto grave nº 1 Topo", se fija el
objetivo: "Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las
causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen
democrático como ámbito de realización integral del hombre".
La misión
encomendada al "equipo interministerial coordinado por el Ministerio del
Interior" -a cargo de Benito Llambí– fue la de "elaborar un
Plan plurisectorial que prevea acciones sobre la violencia, sobre sus causas y
que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático".
El decreto
ratifica la opinión lapidaria que tenía Perón sobre los grupos que, a más de un
año de reinstaurada la democracia, seguían perpetrando atentados violentos
Explícitamente
se menciona a las carteras de Justicia, Economía, Bienestar Social, Cultura y
Educación, Trabajo y Defensa como responsables de planificar "una
estrategia nacional para superar el conflicto".
ESTE DECRETO RATIFICA
LA OPINIÓN LAPIDARIA QUE TENÍA EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN A ESA ALTURA DE LOS
ACONTECIMIENTOS SOBRE LOS GRUPOS QUE, A MÁS DE UN AÑO DE REINSTAURADA LA
DEMOCRACIA Y LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN, SEGUÍAN PERPETRANDO ATENTADOS
VIOLENTOS.
El
contexto histórico y político de este decreto
Luego del breve
interregno camporista (del 11 de marzo al 13 de julio de 1973), se convocó
nuevamente a elecciones, esta vez sin la proscripción de Perón, que el 23 de
septiembre obtuvo el 62 por ciento de los votos y asumió la presidencia el 12
de octubre.
Perón junto a
su esposa Isabel. Asumió su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973, tras
ganar las elecciones con el 62 por ciento de los votos
Poco después, y
luego de que en enero de 1974 el grupo armado trotskista PRT-ERP (Partido
Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo) asaltara
el cuartel militar de Azul (provincia de Buenos Aires), Perón envió al
Congreso un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las leyes
contra las acciones insurgentes. Esto generó resistencia y críticas de un
grupo de diputados ligados a Montoneros.
Perón los
convocó a Olivos para reprenderlos, y en público, puesto que hizo transmitir la
reunión por TV. Más adelante, el 1º de Mayo de 1974, rompería con Montoneros
en la Plaza, por lo que este encuentro fue la antesala de lo que siguió. No
obstante, y por cuerda separada, envió emisarios para tratar de disuadirlos de
continuar la lucha armada, como lo han relatado varios testigos y
protagonistas de la época (1). Una oportunidad que fue desaprovechada por la
jefatura de la organización.
Un
decreto que contradice el relato
Por mucho
tiempo, y en especial al compás de la instalación del "relato" en los
últimos años, los Montoneros, sus simpatizantes y sus herederos o
continuadores por otros medios se dedicaron a dar una versión edulcorada del
carácter y las finalidades de la organización: no habría sido una guerrilla
que buscaba la toma del poder por el atajo de la lucha armada -los votos les
eran muy esquivos como lo demostró el magro 5% obtenido por Montoneros con el
sello Partido Peronista Auténtico en abril de 1975 en la elección provincial de
Misiones-; tampoco habría sido un grupo insurrecto que quería instaurar
alguna forma de dictadura socialista -inspirados en especial por el modelo
cubano-, sino casi una organización de autodefensa frente a gobiernos de
facto y que sólo buscaba la vuelta a la democracia.
El decreto
desmiente una versión benévola y edulcorada de los objetivos de la guerrilla
Es esa visión
benévola la que este decreto desmiente. Para el tres veces Presidente
constitucional de los argentinos, la subversión armada buscaba "la toma
del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista".
El Estado argentino debía defenderse.
José Ignacio
Rucci, secretario general de la CGT y uno de los más estrechos colaboradores de
Perón, había sido asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973; un
hecho que llenó de dolor y rabia al Presidente y que, en opinión de su
entorno, lo afectó al punto de acortarle la vida.José Ignacio Rucci junto a sus
hijos. El secretario general de la CGT, un hombre clave en el dispositivo de
conducción de Perón, fue asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973
Ante los
diputados que se negaban a votar sus reformas al Código Penal, Perón aludió a
ese asesinato: "¿Nos vamos a dejar matar? Lo mataron al secretario
general de la Confederación General del Trabajo, están asesinando alevosamente y
nosotros con los brazos cruzados porque no tenemos una ley para
reprimirlos".
En este
ambiente ya caldeado, el ataque al Regimiento de Caballería Blindada de Azul
por el ERP resultó una clara provocación y un desafío a la autoridad del
Estado que el Presidente no podía dejar pasar.
“Aniquilar
cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos” (Perón)
"Hechos de
esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de
los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante
la evidente desaprensión de sus autoridades", dijo Perón al hablar esa
misma noche en televisión, y en obvia referencia al gobierno camporista de
Oscar Bidegain, que renunciaría como consecuencia de este comentario.
El Presidente eligió
aparecer con su traje de teniente general para darle más fuerza al mensaje
emitido aquel domingo 20 de enero a las 9 de la noche, al día siguiente del
ataque guerrillero. "Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es
una tarea que compete a todos", dijo.
Advertencias
que fueron desoídas
Las reformas al
Código Penal enviadas al Congreso incluían cambios en la figura de la
asociación ilícita y un agravamiento de las penas para la tenencia de armas
de guerra.
Los votos de
los ocho diputados montoneros no eran necesarios para aprobarlas, por lo que
cabe suponer que Perón los convocó con el fin de dar un mensaje de condena a la
lucha armada, de advertencia, y también para darles una oportunidad. "Toda
esta discusión debe hacerse en el bloque. Y cuando éste decida por votación
lo que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos (…); de lo contrario,
se van del bloque. (…) Por perder un voto no nos vamos a poner
tristes".
Perón y el
encuentro con el líder de la oposición, Ricardo Balbín (UCR) en su intento de
consolidar la reconciliación y unidad de los argentinos
Y agregó:
"Con lo que acabamos de ver, que una banda de asaltantes invoca cuestiones
ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿vamos a pensar que eso lo
justifica? ¡No! Un crimen es un crimen, cualquiera sea el pensamiento o el
sentimiento o la pasión que impulse al criminal".
Premonitoriamente,
advirtió que había dos caminos para combatir la subversión: dentro o fuera de
la ley. Y que el gobierno no quería ponerse al mismo nivel que los insurgentes
optando por la segunda alternativa.
"Queremos
seguir actuando dentro de la ley -fueron sus palabras- y para no salir de
ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Ahora
bien: si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo
esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato,
que es lo que hacen ellos. De esa manera, vamos a la ley de la selva (…).
Necesitamos esa ley, porque la República está indefensa".
Lo que también
revelan el decreto secreto y su Anexo es que Perón no pensaba limitar su
estrategia a lo penal. El hecho de apelar a todo el gabinete, hablar de
"causas" de la violencia y de "consolidar espiritual y
materialmente al régimen democrático" demuestra que se proponía dar un
combate integral y especialmente en el plano de las ideas. "El
Plan Militar sólo será puesto en ejecución por orden expresa del Poder
Ejecutivo", dice el punto 7.b del Anexo.
El plan que
debía elaborar el gabinete sería "elevado al Poder Ejecutivo antes del 15
de agosto de 1974". La muerte de Perón sobrevino un mes y medio antes.
El decreto
secreto 993/75 que firma Isabel Perón un año más tarde dispone,
visto el resultado de las tareas desarrolladas por el Equipo de Planeamiento
n°2, en cumplimiento de lo dispuesto [por] el decreto secreto 1302/74" [el
de Perón], poner "en vigor la Directiva General de Planeamiento".
Esta vez, la coordinación está en manos del Ministro de Defensa.
Isabel Perón
firmó el decreto secreto 993/75, continuación del anterior (Getty Images)
Sucede que, aun
después de los contactos con Perón en el 74, lejos de modificar su postura, la
guerrilla acentuó la política que la llevaría a un mayor aislamiento y
facilitaría su exterminio tras el derrocamiento de Isabel. El 24 de enero de
1974, los ocho diputados renunciaron a sus bancas y el 6 de septiembre de
ese año Montoneros pasó a la clandestinidad; una estrategia que contribuyó
a pavimentar el camino hacia la opción del combate "fuera de la ley",
como Perón les había advertido.
Última
revelación importante de estas desclasificaciones: la represión ilegal no
puede de ninguna manera encontrar avales en estos decretos secretos.
Quienes
condujeron y ejecutaron esa "guerra sucia" están rindiendo cuentas ante
la justicia.
Los jefes
guerrilleros responsables de haber contribuido sustantivamente a frustrar
una ocasión histórica de reencuentro de los argentinos y de plena
democracia, declarando la guerra a gobiernos constitucionales de grandes
mayorías están a resguardo de toda persecución penal. Pero la historia no
los absolverá.
(1) José
Amorín en "Montoneros, la buena historia" y Carlos Chango Funes en
"Perón y la guerra sucia", entre otros.
