miércoles, 1 de enero de 2020

POBREZA: una corrección cercana al papelón / por Gonzalo Abascal


A principios de mes la UCA había informado un 40,8% de pobreza. Ahora bajó la proyección del Indec para ese periodo a 32% o 34%.

La cuestión merece una explicación inicial y cronológica para entender de qué se habla.
El 5 de diciembre, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA difundió que la pobreza en nuestro país en el tercer trimestre había alcanzado 40,8%.

El último sábado, entre la modorra de fin de año, un tuit del mismo Observatorio comunicó una corrección y ubicó la estimación de pobreza del Indec para ese periodo en un 32% a 34%.

Entre 6 y 8 puntos porcentuales menos.

La diferencia fue explicada de la siguiente manera: la estadística de la UCA se hace con datos del INDEC. Algunos datos del tercer trimestre del INDEC fueron distintos a los que la UCA había proyectado.

¿Resultado? Erraron el viscachazo.

Nada para alarmarse sino fuera porque se trata de la estadística más sensible en un país herido, y que se hizo pública apenas unas horas antes de que el ex presidente Macri, ya derrotado electoralmente, hiciera su balance de gestión en cadena nacional.Si alguien tiene dificultades para entenderlo, la confesión de Agustín Salvia, director del Observatorio y hombre cercano al Papa Francisco, no iluminará demasiado. Frente a la brecha porcentual entre un índice y otro, atinó a decir: “Lo estuvimos discutiendo cinco días, y no lo entendemos aún”.

Luego, en un terreno de especulaciones, decidió señalar al Indec. “¿Tercer trimestre le da por debajo del primero y segundo? Es muy raro en el contexto que se vivió. Es de esperar que el Indec registre la crisis y debería dar 39% o 40% de pobreza”, desafió, sobre la estadística que se conocerá en marzo de 2020. La desconfianza sobre un número todavía ignorado sólo se explica en la necesidad de alejar el foco del papelón propio.

“No queremos proponer una cifra de pobreza oficial y otra alternativa. No ponemos en duda la idoneidad del Indec de Todesca”, siguió.Y pasando de la incerteza estadística a la sospecha política, aventuró. “Si la pobreza del Indec para el segundo semestre de este año llega a ser menor al 35%, ahí sí voy a tener una opinión mucho más contundente”.

Seguramente atribulado por el lío en que se encuentra, Salvia parece sugerir una posible manipulación de la estadística que se informará en tres meses. Y le apunta al Indec, un ejemplo de gestión exitosa del gobierno anterior reconocido aún por los opositores.A riesgo del absurdo, vale preguntarse, ¿insinúa acaso que el gobierno de Macri modifique una estadística que se conocerá cinco meses después de que perdió la elección y a cuatro meses de dejar el poder? Sería un caso único en la historia.

Pero no es todo. Sacudidos por el cambio porcentual, desde el kirchnerismo duro intentaron disimular el papelón minimizando la importancia estadística. “No importa cuántos, lo único que importa es que Macri dejó millones de pobres”, esgrimieron como eje conceptual.

Que el gobierno pasado, igual que el de Cristina Kirchner, no logró mejorar la situación de pobreza de millones de argentinos es una realidad. Pero también lo es que 40% no es igual que 32%, y que toda una evaluación del gobierno anterior se construyó o se consolidó apoyada en ese 40% de pobres que ahora se descubre no era tal.

Es cierto que el resultado electoral estaba definido, y que el destino político de Macri y de Alberto Fernández había sido escrito.

No se trata de eso. Sino de separar de una vez la imprescindible verdad estadística de la interesada especulación política.

martes, 24 de diciembre de 2019

FELIZ NAVIDAD a la gran Familia de trabajadores de las Telecomunicaciones de Argentina





Trabajadores de las Telecomunicaciones en las Redes Sociales!!

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Convergencia Tecnológica: Trabajo en Altura sobre Redes HFC (Híbrido de Fibra Coaxial)



Entró en vigencia la «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva» ( Ley 27.541 )





Tras su sanción por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo promulgó y publicó la Ley en el suplemento del Boletín Oficial (23/12/2019). De esta forma, la norma entra en vigencia en su totalidad a partir de hoy, salvo por el Art. 52 que fue observado en parte (donde dice “En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”.). 


sábado, 21 de diciembre de 2019

Organizaciones sociales se unen y lanzan la UTEP, una “CGT piquetera” con el aval de Alberto Fernández



La Unión de Trabajadores de la Economía Popular estará a cargo de Esteban Castro, del Movimiento Evita.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (#CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (#CCC) y el Frente Popular Darío Santillán lanzaron este sábado la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (#UTEP), un sindicato que aspira a representar a los trabajadores de ese sector.
El líder de la organización será Esteban "Gringo" Castro, un hombre del Movimiento Evita que comandan Emilio Pérsico y Fernando "El Chino" Navarro. Según sostuvieron voceros de los movimientos, se trata de "un sindicato inédito" que "representará a quienes crean su propio trabajo".
"Los Movimientos Populares que vienen organizándose en la Argentina y nucleando a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular en sus diferentes ramas productivas y de servicios tomaron el compromiso de unificarse en un sindicato único para seguir conquistando los derechos del sector", señaló un comunicado del Frente Darío Santillán, una de las organizaciones convocantes.
Los voceros también indicaron que uno de los objetivos que perseguirá este sindicato será "construir representatividad para plantear demandas y soluciones enmarcadas en su programa de Tierra, Techo y Trabajo".
El nuevo gremio -que podría tener más de 500 mil afiliados- cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández, quien no pudo asistir al evento pero envió sus saludos a través de un video que fue proyectado en una pantalla.
"Me hubiera encantado poder acompañarlos, pero lamentablemente hoy tengo un día medio complicado acá en Olivos. Estoy medio lejos y se me hace difícil llegar hasta allí. Pero estoy con ustedes", dijo el mandatario.
Y agregó: "Con unidad pudimos volver a ganar el gobierno y con la unidad podemos llevar adelante los cambios que ya estamos protagonizando. Unidos van a tener otra fuerza frente a la sociedad argentina, que definitivamente debe reconocerlos como lo que son: actores de este presente. Como fuerza, ustedes ya son parte de este gobierno. Hay un Estado que los reconoce como actores de la realidad argentina".

miércoles, 18 de diciembre de 2019

El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación



El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán subsidiando a los de la mínima
Nadie puede declararse sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que estaban en una situación de emergencia.
Claro, lo que seguramente nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.
Porque, en los hechos, la medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a los que están peor.
La consecuencia es que, al menos en los próximos meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema, luego de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia económica- vieron sus ingresos congelados durante años.
No es que el equipo de Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente. Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.
¿Por qué avanza el Gobierno entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.
Y ese es, en realidad, el centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una hiperinflación empieza a corporizarse.
Lo manifestó con claridad el ministro Martín Guzmán, al responder las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta, porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los precios se espiralicen.
"Tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.
Guzmán dijo que el país no tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación. La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos", afirmó.
En consecuencia, el diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales y alimentando la carrera nominal de los precios.
Los números de la emergencia jubilatoria
Hablando en números, la urgencia de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento: hoy en día, el gasto previsional equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de $1,7 billones.
Sin cambios en la fórmula, esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que cortar esa inercia.En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la consultora MacroView.
De hecho, las opiniones de los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.
La economista Marina Dal Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las previsiones del próximo año.
"Está claro que el Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega Goldín.
Dal Poggetto es contundente al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.
En el mismo sentido se expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.
Para tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.
Un dato adicional que sirve para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.
De todas maneras, habrá que esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas complementarias una con la otra.
Entre las iniciativas que aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.
Advertencias añejas
Está claro que el peligro inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos por la justicia.
En aquel momento, muchos economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos de PBI.
Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13 puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos, lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.
Según ese informe, la tasa cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables con la Argentina, como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
De hecho, esas advertencias fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso. La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la recaudación fiscal.
La realidad demostró con creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía -y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto argumentando que resulta infinanciable.
Fuente: iprofesional.com

martes, 17 de diciembre de 2019

Interna sindical con proyección en CGT y el Gabinete nacional



La crisis tomó por sorpresa al equipo de Alberto Fernández, que se presumía había tomado distancia de las internas del sindicalismo.
La toma por la fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desnudó ayer una interna sindical de años que se proyecta sobre la CGT y hasta el Gabinete de Alberto Fernández. Y pone en primer plano las diferencias insalvables entre el sindicalismo tradicional de la central obrera y los aliados de HugoMoyano, a quienes sin embargo los une, por ahora, el apoyo al nuevo Gobierno.La disputa se basa en el control de la UTA y se resume en dos pesos pesados: Roberto Fernández, el actual secretario general y un orgánico de la CGT, y el opositor Miguel Ángel Bustinduy, exsecretario de Organización del gremio y referente de la poderosa empresa DOTA, con más de un centenar de líneas de colectivos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Bustinduy, además, cuenta con el apoyo de Moyano.
Se trata de un llamado de atención para Alberto Fernández ante el alegado propósito del mandatario de poner en marcha un Consejo Económico y Social y un acuerdo de precios y salarios que demandarán del aval en bloque del sindicalismo, además de las cámaras empresarias. Hasta anoche el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tenía resuelto no intervenir de manera directa para evitar enfrascarse en una disputa que considera intrasindical.
La crisis tomó al Ejecutivo por sorpresa y en buena medida encuentra su explicación en la limitada respuesta del Presidente a las demandas sindicales por espacios en el Gabinete. Como relevó este diario, con excepción de Nicolás Trotta, ministro de Educación alineado con Víctor Santa María (jefe del gremio de encargados de edificios), ningún titular de las carteras nacionales le debe su cargo a la CGT. Tampoco las segundas líneas fueron integradas con dirigentes o técnicos propuestos por los gremios.
La única concesión de valor estratégico determinante que hizo Alberto Fernández a la central fue la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo encargado de la distribución de recursos y el control de las obras sociales sindicales. Allí nombró como superintendente al médico David Aruachan, surgido del consenso de la mesa chica de la CGT, tal como había adelantado este diario.Por lo demás se debe bucear en los escalafones intermedios de los ministerios para encontrar funcionarios con pertenencia sindical: en Trabajo, por caso, fueron nombrados como asesor de Moroni el abogado Alberto Tomassone, proveniente de Comercio, y como directora de Asociaciones Sindicales Mónica Risotto (del gremio de taxistas).
Mientras que en Transporte se produjeron nombramientos de relieve y también los más irritantes para un sector del sindicalismo. Allí Moyano había reclamado que Mario Meoni pusiera como secretario a Guillermo López del Punta, un abogado que había ocupado el mismo cargo en la gestión de Eduardo Duhalde. Meoni no sólo desoyó ese pedido, que el camionero le había hecho en persona a Alberto Fernández durante un almuerzo días atrás, sino que nombró como su jefe de Gabinete al abogado Abel “Chavo” De Manuele, histórico asesor de la UTA.
Con pocos días de diferencia Moyano hizo saber su malestar en declaraciones públicas; su hijo mayor, Pablo, avisó que el gremio de Camioneros no se allanará al eventual pedido de la conducción de la CGT de posponer paritarias a cambio de un aumento por decreto, en el marco del acuerdo de precios y salarios, y terminó de estallar la crisis en la UTA a partir de un reclamo no del todo claro respecto de los pagos de haberes de DOTA. Los trabajadores de esa empresa, referenciados en Bustinduy, optaron por realizar una marcha hacia la UTA en lugar de focalizar su protesta en la sede de la empresa.
En la CGT y en la UTA atribuían la manifestación a una acción coordinada entre la compañía de la familia Faijá y el propio Bustinduy para presionar al nuevo Gobierno por la restitución de subsidios. En ese sentido, Roberto Fernández se hizo fuerte en el gremio en los últimos años a instancias de la constante negociación con los gobiernos, tanto de Néstor y Cristina de Kirchner como de Mauricio Macri, de los multimillonarios subsidios destinados al transporte público de pasajeros. El jefe del sindicato pasó en un abrir y cerrar de ojos de un apoyo lineal a Macri y reuniones constantes con el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a abrazarse a la gestión de Alberto Fernández apenas anunciado el resultado electoral.
Fuente: lanacion.com


WhatsApp: Cómo eliminar el historial de llamadas y otros trucos…





Un tutorial para borrar este archivo, así como otros ajustes de configuración que pueden ser de utilidad para personalizar el servicio, reducir el consumo de dato y mejorar la privacidad.
Cada vez que se hace una llamada por WhatsApp queda un registro archivado del contacto al que se llamó y el horario en que se estableció esa comunicación. En caso de que se quiera eliminar ese historial basta con ingresar a la pestaña Llamadas, presionar en los tres puntos que figuran en la parte superior y elegir la opción que dice “Borrar registro de llamadas”.
En caso de que no se quiera eliminar el historial completo sino alguno de los registros, entonces habrá que ir al elemento del listado que se quiere borrar, presionar sobre ese elemento y luego en el tachito de basura que aparecerá. De ese modo se eliminará la información seleccionada.
Otros trucos de WhatsApp
WhatsApp ofrece varias opciones de configuración que permiten optimizar su uso así como personalizarlo según los deseos y necesidades del usuario. Aquí, alguno de ellos
Configuraciones de Privacidad
Dentro de este apartado, al que se accede por medio de Ajustes/Cuenta, se puede optar por elegir que nadie ve la hora de última conexión o seleccionar quién puede ver la foto de perfil. También se puede desactivar las confirmaciones de lectura para que nadie sepa cuando se vio el mensaje.
Dentro del apartado Grupos se puede elegir quién podrá añadirte a los chats grupales. Esta herramienta se sumó este año y es una de las grandes novedades que llegaron a la plataforma. Allí también se podrá acceder al listado de contactos bloqueados.
También dentro de esta sección está la opción para activar el bloqueo por huella dactilar. Con esta opción, sólo será posible ingresar al servicio de mensajería apoyando el dedo sobre la pantalla.
Verificación en dos pasos. Esta opción está dentro de Ajustes. Al activarla hay que crear un PIN que se utilizará como segundo factor de autenticación.
Cambiar de número sin perder información. Dentro también de Ajustes también está la opción “cambiar de número” que permite migrar los ajustes, grupos e información de la cuenta para no perder esta información en el cambio.
Copias de seguridad
Para activar las copias de seguridad hay que ir hasta Ajustes/Chats y luego elegir la opción Copia de seguridad. Allí se puede elegir guardar las copias de las conversaciones en Google Drive, en el caso de Android o en iCloud, en el caso de iPhone. Se puede establecer que se hagan las copias automáticas cada determinado tiempo, si es que así se desea.
Datos y almacenamiento
Para gestionar esta información hay que ingresar en la opción Datos y Almacenamientos dentro del menú Ajustes. Allí se podrá ver cuántos datos se utilizaron a la fecha y también activar la opción “disminuir uso de datos” que reduce los datos de las llamadas.
Es posible elegir la opción “descargar con wifi” todos los archivos para que sólo se descarguen cuando haya wifi y no con datos. De este modo se ahorra en el consumo.
También se puede ver dentro de Uso de almacenamiento cuántos recursos se consumieron por chat y se puede ir liberando espacio dentro de cada conversación

La SOLIDARIDAD bien entendida empieza por casa….


sábado, 14 de diciembre de 2019

Decreto 34/2019: Declárase la emergencia pública en materia ocupacional


DECNU-2019-34-APN-PTE – Disposiciones. Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2019 VISTO el Expediente N° EX -2019-110269114-APN-DSGA#SLYT, y CONSIDERANDO:
Que es intención del PODER EJECUTIVO NACIONAL realizar una convocatoria a una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia, a través de la cual se puedan alcanzar acuerdos básicos de corto plazo que coadyuven a detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina.
Que dicha mesa de trabajo estará basada en principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras y del Estado.
Que en dicho contexto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia resulta preciso atender a la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo.
Que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres, conforme surge de los reportes de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a septiembre 2019).
Que ya en el año 2016 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue observado en su totalidad por el Decreto N° 701 de fecha 20 de mayo de 2016.
Que desde la fecha del veto se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado privado: en mayo de 2016 había 6.178.000 trabajadores y trabajadoras y TRES (3) años después, en septiembre de 2019, 6.067.000.
Que en virtud de lo expuesto es necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, a los fines de atender de manera inmediata y por un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los acuerdos básicos indicados precedentemente.
Que asimismo, corresponde establecer que en caso de producirse despidos sin justa causa durante el término que dure la emergencia, los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.
Que a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, resulta pertinente disponer que el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Que la gravedad de la crisis en materia ocupacional y el consecuente debilitamiento de las condiciones que hacen posible el acceso al derecho al trabajo determinan que gran parte de la población conviva con el temor a la pérdida del empleo y padezca un deterioro en sus condiciones de vida, lo que empeora con el paso de los días.
Que el dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite asegurar la eficacia de la medida, dando certeza respecto de sus efectos, y permitiendo que a partir de su publicación en el Boletín Oficial se promueva la protección del trabajo.
Que la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes. Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como de elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DÍEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Declárase la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.
ARTÍCULO 3°.- La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNANDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Eduardo Enrique De Pedro – Felipe Carlos Solá – Agustín Oscar Rossi – Martín Guzmán – Gabriel Nicolás Katopodis – Sabina Andrea Frederic – Ginés González García – Elizabeth Gómez Alcorta – Nicolás A. Trotta – Matías Sebastián Kulfas – Claudio Omar Moroni – Luis Eugenio Basterra – Matías Lammens – María Eugenia Bielsa – Daniel Fernando Arroyo – Tristán Bauer – Roberto Carlos Salvarezza – Juan Cabandie