POR LA NO RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 2014 AL CONVENIO DEL TRABAJO FORZOSO PO 29
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina presentó ayer, 15 de Octubre, ente el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada, la solicitud de que se ponga en marcha en forma urgente los mecanismos institucionales para que nuestro país proceda a la Ratificación del PROTOCOLO DE 2014 RELATIVO AL CONVENIO DE TRABAJO FORZOSO 1930 (P029), adoptado en la Ciudad de Ginebra, Suiza, en el marco de la 1035 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 11 de junio de 2014.
Cabe señalarse que se trata de la segunda presentación que la CGT genera en ese sentido. La primera se realizó el pasado 19 de mayo, y la falta de respuesta de las autoridades nacionales al respecto originó la del día de ayer.
El protocolo en cuestión considera que el trabajo forzoso constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de las personas, perpetúa la pobreza y obstaculiza la consecución del trabajo decente para todos; con lo cual garantiza la protección de los trabajadores y la competencia leal entre empleadores.
Por otra parte, deben proceder a la ratificación de ese protocolo aquellos países que ratificaron el Convenio 29, y Argentina es una de las naciones que ratificaron ese convenio desde 1950, con lo cual debe hacerlo conforme a indicado por la OIT.
La solicitud presentada ayer, se enmarca en la campaña contra en trabajo forzoso que viene llevando adelante esta CGT junto a la Confederación Sindical Internacional, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas y el Grupo deTrabajadores en la OIT.
Los trabajadores, conocedores de la penosa realidad que vive nuestro país en ese sentido, consideramos de suma urgencia que se lleve adelante el acto legislativo necesario para que tan importante norma internacional tenga plena vigencia en nuestro país.
La recuperación del Programa Primera Vivienda para los
trabajadores telefónicos es un nuevo logro de la Mesa de Unidad Sindical (MUS)
que conforman, FATEL, FOPSTTA, UPJET y FOEESITRA y que una vez más demostró que
los derechos de los compañeros son primordiales en su agenda.
Con este nuevo paso que hemos dado, demostramos que
seguiremos en lucha por recuperar todos los derechos perdidos de los
trabajadores telefónicos.
Para esto, sabemos que el único camino posible es la
unidad y desde FOETRA alentamos la unión de todos los telefónicos y seguiremos
dando pelea por los salarios de los compañeros en las negociaciones paritarias
de cada año.
Así como impulsamos la Ley para recuperar el cobro del
Bono de Participación en las Ganancias de las empresas para todos los
telefónicos, cuyo camino legislativo seguimos muy de cerca.
Hoy ponemos nuevamente al alcance de todos los telefónicos
la posibilidad de adquirir su casa propia, a través del Programa Primera
Vivienda.
Y de esta manera seguimos logrando beneficios para todos
los compañeros telefónicos y recuperando derechos que no debemos dejar que
nadie pueda volver a quitarnos.
Repudiamos y
denunciamos por violencia laboral a Zogbe
supervisor de repartidores.
Como Comisión Interna
del EDIFICIO CULPINA
Repudiamos enérgicamente y denunciamos
el maltrato y violencia laboral recibida
por la compañera CLAUDIA BAEZ
del repartidor caballito (Edif. Parral)
el día 25 de
septiembre de parte del supervisor ZOGBE JAVIER.
Entendiendo que este episodio de maltrato degradante y
comportamiento doloso por parte del Supervisor tuvo como única finalidad
atemorizar a la compañera y causar sufrimiento, con la evidencia que el objetivo fue alcanzado por duplicado, al temor
generado se le sumó un pico hipertensivo
que tuvo que ser atendido por la
ART y la compañera derivada a una clínica para ser compensada.
Es por ello que sostenemos que este acto de
VIOLENCIA LABORAL vulnera el
derecho constitucional 14 bis en donde se indica “El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán
al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor ...”, vulnera los
derechos fundamentales a la salud psíquica y física de los seres humanos avalado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos art.
25 y vulnera la ley 26.485 Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
Hacemos un llamado a todos los delegados
pertenecientes a FOETRA
SINDICATO BS AS a luchar activa y
contundentemente en contra
del flagelo de la violencia en
todas sus formas poniendo la mirada sobre los violentos
y abusadores como el Supervisor ZOGBE y
alentando siempre a todos los compañeros
a denunciar ante el SINDICATO y DELEGADOS
cualquier episodio de violencia que nos vulnere o nos ponga en situación de indefensión.
Recordemos que en el silencio y en la complicidad el
violento y el abusador crece y nadie
bajo ninguna excusa tiene derecho a humillar, gritar, amenazar, insultar o
pegar.
Por lo anteriormente expuesto sugerimos:
Pedido de disculpas correspondiente a la compañera agredida.
SEPARACIÓN DEL CARGO
Y TRASLADO A OTRA ZONA DEL SUPERVISOR.
DENUNCIA LEY 26485 LEY NACIONAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DECRETO - 1011/2010
DENUNCIA ANTE LA OFICINA DE VIOLENCIA LABORAL (OAVL)
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Edward Snowden, el ex asesor de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA), ha revelado en una entrevista concedida a la BBC que los servicios de inteligencia del Reino Unido han creado un conjunto de programas capaces de controlar cualquier teléfono móvil.
Edward Snowden, el ex analista de la NSA estadounidense que se encuentra en Rusia desde 2013, concedió recientemente su primera entrevista a la televisión británica. Snowden advirtió al equipo del programa de investigación 'Panorama' de BBC que el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, uno de los tres servicios de inteligencia del Reino Unido, más conocido como GCHQ, había desarrollado un conjunto de programas llamado 'Smurf Suite' ('Suite Pitufo') con el fin de poder tomar el control de cualquier 'smartphone'.
Según Snowden la inteligencia británica es capaz de obtener acceso a cualquier teléfono móvil a través de un mensaje de texto que pasaría desapercibido para los usuarios de 'smartphones'.
El conjunto de programas 'Smurf Suite' incluye diferentes herramientas para realizar diversas acciones, explicó Edward Snowden: El 'Dreamy Smurf' ('Pitufo Soñador') puede encender y apagar el 'smartphone' de un usuario sin que éste lo sepa; el 'Tracker Smurf' ('Pitufo Rastreador') es una herramienta de ubicación geográfica más precisa que el método empleado mediante triangulación de torres de telefonía;el programa 'Nosey Smurf' ('Pitufo Chismoso') es capaz de controlar el micrófono y escuchar las conversaciones de un usuario incluso si no hay una llamada activa y el 'smartphone' está apagado.
Snowden señaló que los agentes del GCHQ pueden saber todo sobre el usuario del teléfono móvil controlado: lo que escribe, ver su lista de contactos, las páginas web por las que navega. "Pueden hacer mucho más, incluso pueden hacerte fotos", agregó el ex analista de la NSA.
El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido por el momento se ha negado a hacer declaraciones sobre las revelaciones de Edward Snowden.
A 40 años del ataque Montonero que conmocionó al país
Era la primera vez que Montoneros atacaba un cuartel del Ejército
"gorila", bajo la dirección de Firmenich. Qué buscaban en la
población con ese enfrentamiento
El primer muerto fue el soldado que estaba más cerca de
la puerta de la Guardia, Antonio Arrieta, de 21 años, que era el telefonista de
turno y no tenía armas; un tiro le perforó la cabeza, que
quedó levemente recostada contra el respaldo de la silla, como si estuviera
durmiendo frente al panel y al cablerío de la central telefónica, con los
auriculares todavía conectados a sus oídos.
Lo mató alguno de los ocho jóvenes como él que se habían
bajado a la carrera de un Rastrojero beige, en el inicio del ataque al
Regimiento de Infantería de Monte 29, ubicado en las afueras de la
ciudad de Formosa,
frente al río Paraguay.
El local de la Guardia era el foco principal del ataque; por eso, Montoneros envió allí a sus “oficiales”
mejor preparados, más confiables, que venían de Rosario. Eso ocurrió minutos
después de las cuatro de la tarde el domingo 5 de octubre de 1975,
hace cuarenta años.
Era la primera vez que Montoneros atacaba un cuartel del Ejército;
a esa altura la cúpula de la guerrilla peronista, encabezada por el “oficial
superior” Mario Firmenich,
estaba convencida de que el golpe de Estado del que tanto se hablaba era
inexorable y que, incluso podía beneficiarlos. Por ese motivo, crearon el
Ejército Montonero, con sus uniformes color azul y sus grados, que debutó
precisamente con ese ataque, llamado “Operación
Primicia”. Para enfrentar al Ejército “gorila”, un mero
instrumento de “la oligarquía y el imperialismo”.
La apuesta de Montoneros era que en ese enfrentamiento el pueblo se
inclinara por ellos al comprender que eran quienes defendían sus
verdaderos intereses. Ese Ejército Montonero debía conducir al pueblo,
más tarde o más temprano, a “la liberación nacional y la Patria Socialista”.
El ataque fue también un reflejo de la división dentro del peronismo, de
donde venía Montoneros, ya que el país era gobernado no por una dictadura sino
por la presidenta Isabel Perón,
la viuda de Juan Perón. Era un gobierno constitucional aunque muy debilitado
por la violencia política, la inflación, el desabastecimiento, la falta de
liderazgo de Isabelita y los presuntos hechos de corrupción.
Los montoneros pensaban que los soldados que aquel domingo estaban de
guardia no iban a pelear contra ellos, pero sucedió lo imprevisto: los conscriptos
—el servicio militar era obligatorio y duraba un año— los enfrentaron,
y se produjo un combate que duró media hora y terminó con veinticuatro muertos,
doce guerrilleros y doce defensores del cuartel, entre ellos diez soldados. En
total, unos setenta combatientes participaron en esta operación, que tuvo cinco
etapas, algunas de ellas simultáneas.
En primer lugar, un pelotón secuestró el Vuelo 706 de Aerolíneas
Argentinas, con ciento dos pasajeros y seis tripulantes, que se dirigía a
Corrientes pero fue desviado a Formosa, a 1.190 kilómetros de Buenos Aires.
Mientras tanto, otro pelotón copaba el aeropuerto internacional “El Pucú”. Hubo
allí un policía muerto.
En ese mismo momento, una columna encabezada por el número 4 de Montoneros
a nivel nacional, Raúl Yaguer, atacaba el Regimiento de Infantería de
Monte 29, el segundo en poder de fuego de todo el país. Los guerrilleros que
lograron sobrevivir escaparon en un par de vehículos, llegaron al aeropuerto y
se fugaron en el moderno Boeing 737-200 de Aerolíneas y en un Cessna 182 de
cuatro plazas que sirvió para confundir en el aire a los perseguidores.
El avión aterrizó a 700 kilómetros de Formosa, en una pista preparada para
la ocasión en una estancia cerca de Rafaela, la “Perla del Oeste” santafesino.
El Cessna bajó en un arrozal en las afueras de Corrientes. Luego del ataque,
cuando los guerrilleros ya habían huido, patrullas militares salieron del
cuartel y mataron a tres vecinos —entre ellos, un estudiante secundario de 15
años— que no habían tenido nada que ver. En total, hubo veintiocho muertos.
El ataque provocó una fuerte conmoción nacional y desencadenó una serie de
reuniones de urgencia entre políticos, sindicalistas y militares que derivaron
en la decisión del general Jorge Videla
y el almirante Emilio Massera
—ya eran los jefes del Ejército y la Marina— de fijar la fecha del golpe para
el 24 de marzo de 1976.
Lo que más impactó en la opinión pública fue la muerte de los diez
“colimbas”; tanto que La Opinión, el diario de Jacobo Timerman, considerado de
centroizquierda, afirmó en tapa: “El país está en guerra; todo el país, a lo
largo y a lo ancho de su territorio”.
El gobierno peronista reaccionó con tres decretos que ordenaron a las
Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que
sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos
en todo el territorio del país”.
Con el tiempo, los parientes de los guerrilleros muertos en Formosa fueron
indemnizados como si hubieran sido Víctimas del
Terrorismo de Estado y desde 2006 —con Néstor Kirchner como
presidente— figuran en los anexos del Nunca Más.
Ellos han sido homenajeados en los pueblos y ciudades donde nacieron y en
las facultades que frecuentaban, y sus nombres están incluidos en el Monumento
a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se levanta en la Costanera porteña.
En cambio, los soldados muertos solo son recordados en Formosa
y sus padres cobran una pensión miserable.
En 2010, cuando publiqué la primera edición de Operación
Primicia, ese subsidio era de 842 pesos mensuales. Muy poco en
comparación con los 620.919 pesos a los que ascendía la indemnización cobrada
por los parientes de cada uno de los guerrilleros muertos en aquel combate. Un
cálculo simple indicaba que los padres de cada soldado debían cobrar esa
pensión todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la
suma ya percibida por los parientes de cada guerrillero.
Los conscriptos muertos eran, en general, los más pobres del
cuartel y no habían podido aprovechar el franco del fin de semana
porque no tenían dinero para viajar a sus pueblos del interior de la provincia;
por eso, acostumbraban a cambiar sus francos por algunos pesos.
Tres años atrás, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del
radicalismo, presentó un proyecto de ley para igualar esos subsidios y que los
parientes de los soldados fueran indemnizados con el mismo dinero que ya
cobraron los herederos de los guerrilleros. Pero, luego de muchas idas y
vueltas, el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados
kirchneristas. Esas indemnizaciones son investigadas ahora por el juez federal Claudio
Bonadio, que ya allanó dos veces la secretaría de Derechos Humanos
para incautar los legajos cuestionados. La causa avanza lentamente, tal vez a
la espera de tiempos políticos más propicios. https://www.youtube.com/watch?t=6&v=HC7W7YUe-k4 https://www.youtube.com/watch?t=4&v=z2NSHb34YFY
Wikimedia Argentina expresa su preocupación por la presentación de un proyecto de ley, impulsado por la diputada Mazure, que busca extender el derecho de autor sobre las fotografías de los actuales 20 años desde la publicación a 70 desde la muerte del autor.
En lugar de empoderar a los trabajadores fotográficos —frente a las editoriales o los grandes medios comerciales, por ejemplo—, la reforma pone en peligro cientos de miles de fotografías históricas que pasarían con efecto retroactivo al dominio privado. Una fotografía de Gardel de los años 30 podría pasar a ser propiedad discrecional de un heredero, que decidiría en todo caso si permite reproducirla, a qué costo y con qué condiciones.
Ni siquiera contempla la propuesta de Mazure excepciones que tengan en cuenta el valor de la fotografía como parte del patrimonio cultural e histórico de un pueblo. Se pretende equiparar la protección sobre las fotografías a la de composiciones musicales u obras de teatro. Pero una foto es algo muy distinto.
La norma vigente, que establece la protección en 25 años desde la toma de la foto y 20 de la primera publicación, se ajusta en todo a los plazos previstos por el Convenio de Berna. Son trabajos por los que los autores han obtenido ya un rédito razonable. Extender la propiedad a 70 años tras su muerte supone que los herederos lucren a costa del derecho al acceso a la cultura. No se trata ya del autor de la foto sino de los parientes de quien disparó la cámara: incluso si desconocieran su derecho patrimonial las fotos dejarían de ser públicas.
El proyecto supone privatizar fotografías hoy en el dominio público sobre toda clase de acontecimientos del siglo XX —los paisajes urbanos, el tango, los ferrocarriles, el deporte, el rock nacional, el peronismo, las dictaduras militares y la lucha de los organismos de DDHH, la Guerra de Malvinas— que dejarían de estar libremente disponibles.
Wikipedia tendría que borrar prácticamente todas sus fotos de historia del siglo XX: la mera exposición sin consentimiento del nuevo derechohabiente sería un delito. No sólo Wikipedia: hasta el Archivo General de la Nación pasaría a la ilegalidad y 40 millones de argentinos quedarían sin acceso a su memoria histórica.
Llamamos a los diputados y senadores de la Nación a considerar seriamente el daño que produciría la reforma propuesta. El patrimonio cultural importa más que el lucro individual.
Los
sindicatos mayoritarios han ayudado a desarrollar una fuerte conciencia
solidaria, con relativa adscripción programática reformista, centrada en la
negociación colectiva junto a un asistencialismo moderno y una gestión de
servicios al mejor estilo nórdico, con prerrogativas monopólicas para el
sindicato mayoritario de actividad, en una sociedad con un capitalismo
medianamente desarrollado, dependiente y concentrado.
Sin demasiada confrontación con el capital privado, registraron heterodoxias
intermitentes (Resistencia en 1955, Programa de la Falda, Huerta Grande,
Programa de la CGT Argentinos, Cordobazo, Viborazo, y algunos planes de lucha
nacionales), que se ha dicho han estado “dirigidas las más de las veces contra
el orden público que contra el orden capitalista”.
Pese a que a ciertas acciones sindicales equivocadamente les fueran asignadas
contenidos “revolucionarios”, tanto en la resistencia o durante el
restablecimiento democrático integral -Cordobazo incluido-, nunca renegaron de
su condición de sindicatos de negociación colectiva o “de mercado”.
La reciente y prolongada vigencia ininterrumpida de la negociación de
centralidad media, consolidó un poderío ejemplar trascendente, alarmando
incluso a un importante dirigente empresarial, quién lo consideraba excesivo y
peligroso.
Sorprende por ello que algunos sindicatos nacionales puedan acceder
benévolamente a participar en “ … un plan antiinflacionario tripartito y
gradualista”, actualizando los modelos Gelbard 1973, Acuerdo Marco 1994 y
Acuerdo Intersectorial español de la década pasada.
Asesores de la UIA y de los principales presidenciables coincidirían “de facto”
en una acotada suspensión de la negociación colectiva de actividad, fijando un
aumento salarial porcentual indiciario, único intersectorial anual, inferior a
la inflación prevista, trasladado a cada paritaria, desactivando en forma
gradualista inercias y expectativas. Junto a ello se acotaría una negociación
de productividad a nivel de empresas. Las conducciones sindicales, entretanto,
continuarían gestionando las Obras Sociales y los servicios asistenciales,
previamente afianzados financieramente.
Por ese rumbo, aun incierto, se mercantilizaría, empresarizaría y, obviamente,
se desnaturalizaría la hasta hoy negociación de actividad, a cambio de una
participación tripartita consultiva, tan simbólica que abochorna.
La neutralización de la negociación de actividad conduciría a la
descentralización de la negociación en el nivel de la empresa, promoviendo
nuevos interlocutores “empresarizados”, sin demasiada solidaridad externa
superior.
Cuando la negociación se segmenta por empresa no se conceptualiza solidaridad
efectiva de actividad externa. El trabajador se ajeniza, se aleja de la
organización. Crece el individualismo local y la desconfianza hacia los
“extraños. Los nuevos e inadvertidos actores promovidos por la
descentralización segmentada dispondrían, en tanto colectivo básico, de
representación empresarizada, de la titularidad del ejercicio del derecho de
molestar –“droit de nuire”, conforme G. Lyon Caen-, que la jurisprudencia por
llegar estaría dispuesta a consagrar.
Con la suspensión de la negociación de actividad y la descentralización a nivel
de empresa, con un colectivo social titular del ejercicio del derecho de
huelga, se estaría produciendo, inadvertidamente, el desplazamiento del eje de
poder del modelo sindical dominante, que -desde la confrontación de actividad-,
se correría, como ya ocurriera en Europa, hacia un eje concesivo, empresarizado
y segmentado, débil y de poca solidaridad.
En la propuesta de la UIA, en definitiva, los sindicatos nacionales cumplirían
el papel de presentar socialmente lo impresentable: “atenuar” los salarios y
fortalecer una negociación enervada a nivel de la empresa que a ellos
debilitaría.
Las empresas, en cambio, lograrían atenuar aumentos, vaciar la negociación de
actividad y reducir la negociación colectiva efectiva a la empresa, limitándola
a la productividad.
Clegg decía que “el poder de una conducción sindical se adquiere y se conserva
en el nivel que se negocia”. Si los sindicatos aceptasen modificar la gestión
salarial de las relaciones industriales, facilitando una domesticada
empresarización dejarían de ser agentes económicos principales, a cambio de una
participación formal en un cuerpo tripartido, inocuo, consultivo y conservando,
aunque afianzada, la gestión asistencial de servicios.
W. Streek y A. Hasell han expuesto en la década pasada que los sindicatos deben
actuar, no en una sola esfera (como aquí se pretende), sino en dos al mismo
tiempo: Estado-política en una, y mercado laboral-negociación colectiva en la
otra. Se trata de defender, sin disyuntiva, la negociación colectiva de
actividad y, a la par, ganar institucionalización, donde sea útil. Y preservar
ambas tareas a la vez: a) negociar los mejores salarios en la paritaria de
industria; y b) promover una institucionalidad funcional de reforma vinculante,
no consultiva.
Descuento que el rechazo sindical, en defensa de la negociación colectiva de
actividad argentina – una de las pocas mundialmente subsistente-, será
incontestable y axiomático. Ya hay quienes, desde el interior del país, como la
CGT Córdoba, han hecho público su desacuerdo. Otras importantes organizaciones
nacionales hicieron lo propio. No es tiempo para desentendidos.
Imputan
a ANTONIO CALÓ por lavado de dinero y piden la inhibición de sus bienes
El jefe de la CGT oficialista es
investigado por administración fraudulenta y por recibir 20 mil dólares
mensuales por parte del Instituto de Seguros.
La
Justicia imputó a Antonio Caló por lavado de dinero y pidió la inhibición de
sus bienes.
Caló habría
cobrado 20 mil dólares por mes del Instituto del Seguro, según se desprende de
la investigación.
La Justicia investiga por presunto lavado de dinero a Antonio Caló y otros dirigentes
de la UOM, en una causa en la que fue condenado a un año y nueve meses de
prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica del gremio
metalúrgico, y en la que el fallo del Tribunal Oral Penal Económico N° 2 alude
a los sindicalistas en duros términos al vincularlos con el “aparente daño
patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte años
(1987-2008) y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio
provenientes de delitos”.
De esta forma, sorpresivamente, el titular de la CGT oficialista y uno de las
principales sindicalistas que apoya a Daniel Scioli quedó imputado por lavado
de dinero y administración fraudulenta que se derivan de “indebidas
retribuciones por parte del Instituto de Seguros” hacia la UOM.
En su defensa, el abogado de la UOM reveló que el dinero era para la compra de
propiedades en Uruguay y confesó cuál su origen: provenían de pagos en negro
del Instituto de Seguros, presidido por Julio Raele, estrecho allegado a
Lorenzo Miguel. Agregó que “pactó con la UOM y el Instituto una remuneración
mensual, habitual y permanente de una suma equivalente a 1/14 ava parte del 20%
de la recaudación, mientras mantuviere vigencia el nuevo artículo 52 del
convenio colectivo de trabajo 260/75”. Y dijo que Raele liquidaba a la UOM
entre 280.000 y 350.000 dólares por mes.
