El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica
sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán
subsidiando a los de la mínima
Nadie puede declararse
sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su
discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que
estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que
estaban en una situación de emergencia.
Claro, lo que seguramente
nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están
mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores
agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.
Porque, en los hechos, la
medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva
fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima
implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los
sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que
están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a
los que están peor.
La consecuencia es que, al menos en los próximos
meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual
casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A
fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema, luego
de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia
económica- vieron sus ingresos congelados durante años.
No es que el equipo de
Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente.
Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el
riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran
haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán
asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están
muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.
¿Por qué avanza el Gobierno
entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto
Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba
sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza
tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.
Y ese es, en realidad, el
centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la
aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una
hiperinflación empieza a corporizarse.
Lo manifestó con claridad el
ministro Martín Guzmán, al responder
las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede
proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta,
porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay
forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los
precios se espiralicen.
"Tenemos un sistema que
necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y
al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue
pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que
tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.
Guzmán dijo que el país no
tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería
desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria
con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación.
La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos",
afirmó.
En consecuencia, el
diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de
manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales
y alimentando la carrera nominal de los precios.
Los números de la emergencia jubilatoria
Hablando en números, la urgencia
de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento:
hoy en día, el gasto previsional
equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de
$1,7 billones.
Sin cambios en la fórmula,
esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del
arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que
cortar esa inercia.En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar
la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso
obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la
consultora MacroView.
De hecho, las opiniones de
los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su
postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la
situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.
La economista Marina Dal
Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de
las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las
previsiones del próximo año.
"Está claro que el
Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que
debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega
Goldín.
Dal Poggetto es contundente
al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La
combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una
recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna
inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios
mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.
En el mismo sentido se
expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de
indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el
aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los
aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.
Para
tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que
saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y
pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.
Un dato adicional que sirve
para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto
previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que
aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del
derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.
De todas maneras, habrá que
esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los
economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo
dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la
economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por
hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas
complementarias una con la otra.
Entre las iniciativas que
aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes
Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las
jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los
subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.
Advertencias añejas
Está claro que el peligro
inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De
hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las
últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo
de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les
reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos
por la justicia.
En aquel momento, muchos
economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un
informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio
de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba
a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos
de PBI.
Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13
puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con
acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de
bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos,
lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.
Según ese informe, la tasa
cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables
con la Argentina,
como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
De hecho, esas advertencias
fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva
fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso.
La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución
salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase
de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la
fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la
recaudación fiscal.
La realidad demostró con
creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía
-y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por
consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando
que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto
argumentando que resulta infinanciable.
Fuente: iprofesional.com
