El 05 de octubre de 1975, la banda Terrorista #Far #Montoneros atacó el #RIM29 en Formosa asesinando a 13 soldados argentinos, en plena democracia
https://www.facebook.com/SoyTelefonico/photos/a.605898902806668/4483259928403860
https://radioformosa.com.ar/5-de-octubre-el-dia-que-cambio-la-historia-de-formosa/
El número de detenciones y torturas a usuarios de redes sociales por sus publicaciones crecieron en el mundo durante la pandemia, según la ONG Freedom House. Se trata de la cifra más alta desde el inicio de este estudio.
El número de países donde los usuarios de internet y redes sociales fueron objeto de detenciones y violencia por el contenido sus publicaciones alcanzó un récord entre junio de 2020 y mayo de 2021, según reveló el último informe de la ONG estadounidense Freedom House, que asegura que los derechos digitales retrocedieron a nivel mundial por undécimo año consecutivo.
"Este año, los internautas enfrentaron ataques físicos como represalias a sus actividades en línea en 41 países", indicó el informe, que observó 70 naciones, calificadas en 21 diferentes indicadores tales como barreras para acceder a la red, límites en contenido que puede ser publicado, la vulneración de derechos de usuarios.
"Con pocas excepciones positivas, el impulso de regular la industria tecnológica, resultante en algunos casos de problemas reales como el acoso y las prácticas manipuladoras del mercado, se utiliza para sofocar la libertad de expresión y obtener un mayor acceso a los datos privado", escribió Freedom House. "Las víctimas son los usuarios", remarca la organización.
golpe Myanmar Birmania
El informe señala en caso de Birmania, donde la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 cortó el acceso a internet, bloquear las redes sociales y forzar a las empresas tecnológicas a darle datos privados.
Los autores añaden que en 56 de los 70 países estudiados se produjeron detenciones o condenas de ciudadanos por sus actividades en la red, lo que supone un porcentaje récord. Además, un total de 20 países bloquearon el acceso a internet de sus ciudadanos y destaca los cortes de internet en Birmania y Bielorrusia como los puntos más impactantes del periodo estudiado.
El informe también denuncia la creciente regulación de las empresas tecnológicas por parte de distintos gobiernos para amparar medidas represivas: en 48 de los 70 países, lo que equivale al 88% de los usuarios globales, se elaboraron nuevas reglas para las empresas tecnologías relacionadas con el contenido, los datos y la competencia.
Otras estadísticas del informe revelan que en el 80% de las naciones analizadas hubo gente arrestada por sus comentarios o discursos online; en el 41% de las naciones se ha llegado a detener Internet o las redes móviles por motivos políticos. Mientras tanto, el 46% de las naciones bloqueó o restringió el acceso a plataformas sociales, una elección realizada principalmente en concomitancia de protestas o elecciones.
Espionaje y bloqueo de las redes de Internet
Por el lado de la vigilancia, finalmente, el informe indica que las autoridades de al menos 45 de 70 países están sospechadas de utilizar software espías o tecnologías para la extracción de datos proporcionadas por empresas especializadas como Nso Group, que terminó en la tormenta del Software Pegasus, utilizado por algunos gobiernos contra periodistas, activistas y políticos.
"Un mercado comercial en auge para la tecnología de vigilancia ha dado a los gobiernos más capacidad que nunca para burlar el estado de derecho y monitorear las comunicaciones privadas a su discreción", dice el informe.
China considerado por el informe como el país menos respetuoso con las libertades digitales y el más represivo contra internautas disidentes. "La pandemia de Covid-19, que sigue siendo uno de los más discutidos ítems censurados", se indica en el informe.
El informe señala en caso de Birmania, donde la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 cortó el acceso a internet, bloquear las redes sociales y forzar a las empresas tecnológicas a darle datos privados. La caída en la puntuación de 14 puntos del país asiático (ahora en 17 puntos) es la más grande registrada desde el comienzo del proyecto Freedom on the Net.
Por otro lado, el informe habla de los cortes en internet durante una elección en Uganda en enero y tras las discutidas presidenciales de Bielorrusia de agosto de 2020, que originaron una protesta masiva luego reprimida.
"Al menos los gobiernos de 20 países cerraron Internet este año, y 21 estados bloquearon las redes sociales y las plataformas de comunicación, con mayor frecuencia durante tiempos de agitación política como protestas y elecciones", dice el informe.
La ONG menciona que en India el acceso a Internet se cortó repetidamente durante enero y febrero de 2021 cuando los agricultores salieron a las calles para expresar su oposición a los proyectos de ley de reforma agrícola. En Nueva Delhi afectó a más de 50 millones de usuarios.
Los países mejor y peor puntuados
La ONG menciona que en India el acceso a Internet se cortó repetidamente durante enero y febrero de 2021 cuando los agricultores salieron a las calles para expresar su oposición a los proyectos de ley de reforma agrícola. En Nueva Delhi afectó a más de 50 millones de usuarios.
Islandia (96 puntos) se sitúa en cabeza de la libertad en las redes sociales según esta clasificación, seguida de Estonia (94) y Costa Rica (87), el primer país que estableció el acceso a internet como derecho fundamental.
La puntuación de Estados Unidos (75) disminuyó por quinto calendario consecutivo con "información falsa y manipulada que influyó en la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020", señaló Freedom House.
En el otro extremo se sitúa China, con 10 puntos y considerado por el informe como el país menos respetuoso con las libertades digitales y el más represivo contra internautas disidentes. "La pandemia de Covid-19, que sigue siendo uno de los más discutidos ítems censurados", se indica en el informe.
"Las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes en línea, los informes independientes y las comunicaciones cotidianas mundanas", dice el informe, que agrega que el régimen "tomó medidas enérgicas contra los gigantes tecnológicos del país, citando sus abusos relacionados con la competencia y la protección de datos, aunque la campaña concentró aún más el poder en manos del estado autoritario".
Seis casos emblemáticos de la vigilancia gubernamental en Internet
La organización relata el caso del periodista mexicano Pablo Morrugares Parraguirre, fundador y editor del sitio de noticias PM Noticias, que fue asesinado por haber publicado en Facebook acusaciones de asesinato a una organización criminal.
Un estudiante de Bangladesh fue "agredido violentamente" y hospitalizado por una golpiza recibida por sus "actividades antigubernamentales" en la red.
En diciembre de 2020, las autoridades iraníes ejecutaron a Ruhollah Zam, quien administraba el popular canal Amad News en Telegram, luego de que fuera acusado de incitar protestas y estar afiliado a servicios de inteligencia extranjeros.
En Azerbaiyán la policía golpeó y detuvo a un hombre y posteriormente lo obligó a disculparse por las publicaciones de Facebook en las que criticaba a los funcionarios del gobierno local.
En enero de 2021, un tribunal de Tailandia condenó a una ex funcionaria civil a 43 años de prisión después de que fuera declarada culpable de violar la ley de lesa majestad -que criminaliza la crítica hacia el rey- a través de sus publicaciones en las que criticaba a la monarquía.
En Egipto, un tribunal condenó a los influencers Haneen Hossam y Mawada al-Adham a 6 y 10 años de prisión, respectivamente, acusados violar una ley de trata de personas al compartir videos de TikTok que alentaban a las mujeres a seguir carreras en las plataformas de redes sociales.
ds
Las tasas de trabajo informal aumentaron y las condiciones laborales se
precarizaron aún más pos pandemia.
Durante la última década, incluyendo el escenario de pandemia, los
indicadores sociales de la Argentina muestran un aumento en la pobreza y en las
desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y laborales no
han disminuido, sino que incluso se agravaron. La situación ha empobrecido aún
más al cada vez más extendido sector micro informal de subsistencia.
El Director del Observatorio de la UCA, Agustín Salvia, explicó: “En los
últimos 10 años, es decir, del 2010 a la fecha la desocupación se ha mantenido
alrededor del 10%, pero lo que creció de manera sistemática es el ‘subempleo
informal’ o también llamados ‘trabajos de indigencia’. El empleo informal
aumentó de un 12% en 2012 a un 16% o 17% en la actualidad. La verdadera tasa
de desempleo debe sumar estos porcentajes para saber el desempleo real, que es
del 27%”.
Los datos fueron difundidos en el estudio “La voz de la Informalidad”
elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en
conjunto con la Dirección de Innovación Social de CAF y publicados por el
diario Perfil.
La pandemia agravó todo. Los sectores largamente empobrecidos fueron aún
más afectados. La crisis actual de Covid-19 generó una importante pérdida de
empleos, produciendo más desempleo y un mayor desaliento laboral. Esta
situación redujo los ingresos laborales reales de los hogares, especialmente a
los sectores informales y más pobres, pero también a las clases medias bajas
formales o cuasiinformales. Si bien estos sectores informales fueron los
primeros en reactivarse frente a la mayor flexibilidad sanitaria, se
encontraron con condiciones laborales precarias e inestables.
Según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2021, la tasa de
desocupación fue del 9,6%. Este número refleja una disminución del 3,5% en
relación al mismo trimestre del año 2020 (13,1%) y 0,6% menor a la del
trimestre anterior (10,2%).
Sin embargo, la baja en la tasa de desempleo respondería a que aumentó
el trabajo informal y el subempleo. La cuestión planteada por el sociólogo
Salvia es que si la persona trabajó una hora de manera remunerada, es
considerada ocupada, cuando en realidad se trata de una situación de subempleo
inestable con el cual no cubre los ingresos básicos. Es el caso de los
vendedores ambulantes, las mujeres que limpian casas, los llamados «trapitos»
que trabajan por hora y no tienen un ingreso fijo. “Tienen algún trabajo pero
no es digno”, afirmó.
El porcentaje de ocupados sin aportes al Sistema de Seguridad Social
continúa en valores elevados. Dentro del grupo de asalariados, el 27,5 % se
halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de
baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que el 69,9 % de
trabajadores independientes no realicen sus aportes jubilatorios. En conjunto,
el 46,1 % del total de ocupados no participa del Sistema de Seguridad Social.
Salvia detalló: “La gente buscó alternativas frente al empleo precario
que podía conseguir, también desarrollaron actividades por cuenta propia. Todas
alternativas para subsistir que fueron aumentando el trabajo informal”.
De hecho, todavía no se cubrió el nivel de empleo de antes de la
pandemia. Hay uno o dos puntos porcentuales que estaban ocupados y fueron
cesanteados, y que pasaron al desaliento. Es decir, que no buscan porque creen
que no van a encontrar. Lo cual, sumado al nivel alto de subempleo y empleo
informal, hace que la tasa de desocupados baje, pero en sí no representa una
mejora.
Como contraparte, en los últimos 11 años, el empleo pleno no suma más
del 45%. Es decir, aquellas personas que trabajan en blanco, que tienen
regularidad laboral, seguridad social y un ingreso mínimo que les permite
cubrir la canastica básica.
De acuerdo al informe la situación de desbalance económico producido por
los cambios antes mencionados provocó la búsqueda de alternativas que les
permitieran sobrellevar la crisis económica. Es así que se vieron en la
necesidad de reducir los gastos en general, priorizando la alimentación como la
principal necesidad que debía ser cubierta. Esto llevó a que en los momentos
más críticos dejaran de pagar los servicios básicos del hogar, o que les dieran
prioridad a los niños en el momento de atender las necesidades básicas.
También, asistieron a comedores comunitarios, participaron de ollas
populares organizadas en su barrio y recibieron alimentos por parte de
familiares y conocidos. En aquellos casos en los alguien de la familia contara
con ahorros, estos fueron utilizados y agotados a raíz de la situación de
necesidad económica. Asimismo, recurrieron a la solicitud de préstamos a
familiares y conocidos, y créditos a entidades públicas. Reconocieron la
importancia de ayudas sociales otorgadas por el gobierno, pero no fueron
suficientes.
Fuente: Noticias urbanas
Ya se presentaron 4 propuestas para eliminar indemnizaciones, dos proyectos de Juntos por el Cambio y dos propuestas del sector privado. Qué postulan y qué pasó cuando se modificaron las leyes para generar más empleo. El caso testigo de la construcción y las dudas de cobertura.
En medio del estancamiento de la generación de empleo que confirmó el INDEC esta semana, la baja de costos laborales es un eje común del reclamo de las empresas grandes, medianas o chicas como condición para generar nuevos puestos de trabajo. En las últimas semanas semanas se presentaron ya en sociedad cuatro propuestas para cambiar el sistema de indemnizaciones.
Para los especialistas de las centrales sindicales, sin embargo, los sistemas más flexibles como el de la construcción no generaron más nuevos empleos, sino que permiten una destrucción más rápida y también un rebote más activo. Por otra parte, advierten que eliminar indemnizaciones desincentiva a las empresas a resguardar la relación laboral.
Dos proyectos surgen desde el ámbito político, ambos desde Juntos por el Cambio, en línea con las declaraciones del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quien dijo que se necesitaban cambios en las indemnizaciones. Uno corresponde al Diputado por Tierra del Fuego Héctor Antonio Stefani. El segundo corre por cuenta del radical Martín Lousteau, ex ministro de Economía de Cristina Fernández en tiempos de la pelea por el campo y la 125.
Otros dos parten del sector privado: la propuesta de "mochila argentina" del dueño de TN Platex, el empresario textil Teddy Karagozian. Y otro impulsado por IPA, la asociación de Industriales Pyme de Argentina, quienes señalan que no tienen "capital económico o político" pero lo presentarán como proyecto de ley.
"Cuando se debaten algunas de estas ideas, se pone en juego la protección contra el despido arbitrario que está garantizado en las leyes laborales. Lo que hace la normativa obligando al empleador a pagar una indemnización ante despidos sin causa, es hacer que económicamente le cueste despedir", explica la economista Paridad en la Macro Noelia Torres.
"No debe verse como un beneficio monetario a la hora de la desvinculación, sino como un costo que tiene que enfrentar el empleador a la hora de despedir un trabajador o trabajadora. "La propuesta que está siendo debatida propone socializar ese costo que ahora enfrenta la empresa, por lo que se perdería en algún punto el espíritu de algunas normas", agrega Torres.
LAS DIFERENTES PROPUESTAS:
Antonio "Tito" Stefani, diputado por Tierra del Fuego, abrió el juego con su proyecto para eliminar indemnizaciones. Propone un sistema de garantía para las indemnizaciones que permite percibir la compensación al terminar una relación laboral, sea por despido o renuncia. Ante un cambio de trabajo no habría pérdida de antigüedad y se traslada de trabajo en trabajo.
El futuro del Trabajo: ¿en qué problemas debería concentrarse la política?
La propuesta es similar a la "mochila argentina" que plantea Karagozian porque ambos se basan en el modelo austríaco. IPA también plantea que el fondo podría cobrarse como complemento a la jubilación al final de la carrera laboral.
La propuesta de Tito Stefani se financia a partir de la nómina salarial, con fondo fiduciario en base a los aportes que "se actualizará por inflación", según promete. El fondo de cada trabajador incluso se plantea como hereditario.
INDEMNIZACIÓN RECORTADA
El proyecto firmado por Martín Lousteau promueve un reemplazo de la obligación de empleadores de pagar una indemnización en caso de despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación, "aunque con una indemnización recortada, ya que se reduce la base de cálculo y se elimina el preaviso", analizó el centro Cifra de la CTA. El aporte patronal máximo es del 12% sobre las remuneraciones para el primer año y del 8% para los subsiguientes.
Los analistas sostienen que se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización. Un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual, remarcan y se preguntan si "en un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su poder adquisitivo, es posible asegurar que ese costo efectivamente lo asuma la parte empresaria.
AVAL DE TRABAJADORES Y SINDICATOS
Desde el sector de pequeñas y medianas empresas, la entidad de industriales pyme IPA que preside Daniel Rosato promueve la creación de un fondo de compensación laboral. "No pudimos instalarlo políticamente pero tenemos el consenso en los sindicatos", aseguró el empresario. Su autor, Alejandro Bartalini, lo define como "una reforma que permita generar trabajo más rápidamente sin que genere dificultades a futuro".
Las propuestas se venden como complemento a la jubilación
El proyecto de "mochila argentina" del empresario textil Teddy Karagozian, por su parte, apunta a un seguro contra despidos. Pero para los pyme, eso puede generar diferencias en los costos y problemas laborales. "Un seguro no genera incentivos para no despedir", remarcan desde IPA.
La idea de Karagozian se asemeja a las propuestas de JxC, se trata de un seguro para las empresas sobre su nómina salarial y pagado por ellas. Se trata de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que alimente un fideicomiso administrado por el ANSES, la Superintendencia de Seguros, y una Entidad de Control, que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, consiguiendo que puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.
El seguro se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados. Los empleados del estado tendrán los mismos beneficios, pero el estado no deberá integrar la prima de riesgo. Este proyecto también se presenta como complementario a la jubilación y como en el de Stefani es heredable en caso de muerte del asegurado.
En el caso de IPA, el fondo de compensación apunta a capitalizar los años trabajados en distintas empresas, un punto de coincidencia con el proyecto de Karagozian. "Si un trabajador pasa por cuatro o cinco empresas acumula esos años trabajados en ese fondo. Cuando termina la etapa laboral recibe ese fondo, que es adicional a la jubilación", agrega Bartalini.
También el proyecto de Lousteau plantea un incentivo similar para los trabajadores: una suma de ese Fondo ante situaciones de finalización de un vínculo laboral que no sean el despido sin causa.
El proyecto de IPA pone un porcentaje de masa salarial también como compensación por ganancias, es algo muy solicitado por los sindicatos, explican además como una de las zanahorias de la propuestas. "Sin el acompañamiento de sindicatos o los trabajadores no puede avanzar", reconocen.
"Sin el apoyo de los trabajadores y gremios no se puede", admiten en IPA
¿SE PUEDE GENERAR EMPLEO?
En todas las propuestas se afirma que la eliminación de la indemnización por despido redundaría en un incremento del empleo. De acuerdo con los analistas de Cifra-CTA, "la propia experiencia argentina ha mostrado que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente".
El centro de estudios gremial sostiene que modificar en base a un proyecto como el de Lousteau el sistema de indemnizaciones "implicaría una menor estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor disciplinamiento".
Desde la CTA-A, el coordinador del Observatorio del Derecho Social Luis Campos aseguró que reemplazar la indemnización por despido por un seguro similar a la libreta de desempleo de la industria de la construcción no va a redundar en una mayor creación de empleo formal y va a implicar un recorte de derechos laborales.
Noelia Torres advierte que es necesario tener en cuenta también las formas de trabajo, nuevas tecnologías y sectores. "Es cierto que hay que re-debatir algunos convenios y condiciones laborales como las plataformas tipo Uber o Rappi para que los trabajadores/as de estas nuevas tecnologías y sectores también alcancen su plenitud en términos de derechos laborales", agregó la economista de Paridad en la Macro.
CONSTRUCCIÓN, EL CASO TESTIGO
"En los últimos 13 años la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos, después de la pandemia la construcción quedó muy abajo", argumenta Campos sobre el sector que se ve como ejemplo para las desvinculaciones modernas.
En un hilo de Twitter el especialista en temas laborales aseguró que "la existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no condujo necesariamente a un crecimiento diferencial del empleo registrado".
Y advierte que "el despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica". Para apoyar esa afirmación detalla que la velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20.
"El rebote post crisis también es más rápido en la construcción que en el resto de las actividades", concede Campos, pero aclara que "a lo largo de los últimos 13 años ello no se tradujo en un crecimiento diferencial de la ocupación. Efecto empleo=cero", concluye.
Torres, en tanto, asegura que "el verdadero debate no pasa por como flexibilizar las condiciones de salida del mercado, sino cómo los trabajadores pueden adaptarse ante un mundo económico cada vez más cambiante".
LAS DUDAS SOBRE LAS PROPUESTAS
La economista remarca que "desde un punto de vista más financiero y teniendo en cuenta el contexto inflacionario de la economía argentina no queda claro cuál va a ser el índice de actualización de esos aportes que se hagan al fondo o que puede llegar a pasar si las inversiones que realice ese fondo no sean lo suficientemente rentables para cubrir los costos de los despidos".
Otra de las dudas es "qué puede llegar a pasar en el caso de despidos masivos y que la aseguradora no llegue a cubrir todos los pagos de ese seguro ¿se va a hacer cargo el Estado?", señala Torres.
Además apunta que hay que tener en cuenta el contexto pospandemia. "En 2020 se reguló mucho el mercado de trabajo para proteger los puestos de los trabajadores/as entonces hay que tener cuidado (en caso de que se apruebe) con que no se termine transformando en un incentivo a las empresas a despedir masivamente", enfatizó en el marco de la doble indemnización para los trabajadores registrados pre-pandemia.
***PATRICIA VALLI. Subeditora de Economía y Política
Las elecciones de las PASO 2021 arrojan un resultado que puede
calificarse como catastrófico para el #FrentedeTodos, apenas 2 años después de
haber vencido en las elecciones presidenciales y de gobernadores de 2019 con
muy amplia ventaja y obteniendo un respaldo electoral del orden del 50% de los
votos.
En 2021 Juntos por el
Cambio lo supera a nivel nacional por un 10% de los votos válidos y en
Provincia de Buenos Aires lo supera por un 5% de los votos válidos. Además,
aparece como “revelación” el partido de la extrema derecha liberal con #Milei en
Capital Federal con un 13% de los votos. Por otra parte el abstencionismo fue
el más alto de la historia.
¿Se derechizó y se despolitizó la sociedad argentina en 2 años?
¿Desapareció el peronismo como espacio sociológico?
Un análisis certero de lo
sucedido requiere ir a los datos numéricos de la elección comparándolos con los
datos numéricos de 2019.
Esta elección de 2021 es
una PASO y ya se ha visto que las PASO, cuando los partidos presentan lista
única en su interna, tienden a tener un abstencionismo mayor porque para el
votante no se decide nada. De hecho, como suele decirse, las PASO se convierten
en una “encuesta gigante”; siendo rigurosos, se trata de un censo sobre las
intencionalidades políticas.
Una comparación válida
debe hacerse entre dos elecciones PASO. Pero la elección de 2021 ha tenido el
significado político de un plebiscito sobre la gestión del gobierno presidido
por Alberto Fernández. Por lo tanto políticamente es válido comparar estas PASO
con las PASO de 2019 cuando se decidió las candidaturas de la fórmula
presidencial.
¿Se verifica en estas PASO un abstencionismo con significado político?
El padrón electoral de
2019 era de 33.848.339 empadronados y los votantes totales fueron 25.859.967.
Es decir que hubo una participación de 76,04% y una abstención de 23,96%. Este
nivel de abstención (mayor al de una elección general) tiene el significado
político de que con lista única no hay incentivos para ir a votar. No es una
abstención que tenga sentido de desinterés o de protesta.
El padrón electoral de
2021 es de 34.385.460 empadronados y los votantes totales fueron 23.230.194. Es
decir que hubo una participación de 67,55% y una abstención de 32,45%.
Con un padrón con 537.121
votantes potenciales más que en 2019, en esta elección los votantes se
redujeron en más de 2.600.000 personas. Este abstencionismo tiene significado
político, cosa que ya se había notado en las elecciones provinciales previas.
Por eso también ahora son políticamente significativos el voto en blanco y el
voto anulado, que sumados fueron 1.481.403.
En las PASO de 2021 se
negaron a elegir representantes, de una forma u otra, un total de 12.636.669
ciudadanos; una abstención del 36,75% del padrón en un país con voto
obligatorio.
¿Quiénes son los que se
negaron a elegir diputados? ¿Cuál es el significado político de esta actitud?
¿Qué relación tiene con el plebiscito sobre la gestión del gobierno del Frente
de Todos a mitad de su mandato?
¿Se verifica una derechización de la sociedad argentina?
En 2019 el voto de centro-derecha, derecha y extrema derecha se expresó
del siguiente modo:
En términos absolutos el
espacio de la derecha aumentó unos 500.000 votos entre 2019 y 2021, aumento que
no llega al 1% del padrón electoral. La evidencia indica que no existe un
desplazamiento masivo del voto hacia la derecha.
En términos de porcentaje
de los votos válidos el resultado de las PASO 2021 da la imagen distorsionada
de que #JuntosporelCambio ha crecido muchísimo, obteniendo más del 40% de los
votos, y por eso le ha sacado una ventaja de 10% al Frente de Todos. Pero la
realidad es que no ha tenido ningún crecimiento significativo. El millón de
votos que aumenta Juntos por el Cambio sale casi íntegramente del millón de
votos que pierde la alianza Consenso Federal por su disolución.
Buena parte del
crecimiento cuantitativo de 500.000 votos de la derecha es la captación del
voto joven de Capital Federal que Milei consiguió con sus 238.522 votos. Como
realidad sociológica, este voto representa el espacio histórico de la derecha
liberal en la Ciudad de Buenos Aires, que había perdido su representación
política desde la desaparición del partido de Alsogaray.
Si descontamos estos
votos, el corrimiento de votos hacia la derecha no supera los 300.000 votos en
todo el país.
¿Cómo perdió votos el Frente de Todos y cuántos perdió?
En las PASO de 2021 el
Frente de Todos obtiene un 31,3% de votos a nivel nacional. A primera vista
pareciera que su respaldo se ha reducido al “voto duro” del peronismo, que en
realidad su nivel histórico ha estado cerca del 35%. Pero los porcentajes de la
elección de 2021 son engañosos, porque los votos se miden como proporción de un
total muy inferior dado el abstencionismo y los votos en blanco y nulos.
En las PASO de 2019 el
Frente de Todos obtuvo 12.205.085 votos, que representaron un 47,78% de los
votos válidos.
Es sabido que cuando un
frente hegemonizado por el peronismo obtiene cerca del 50% de los votos, esto
se debe a que un sector de votantes independientes, mayoritariamente de clase
media, se vuelca a la alianza con el movimiento popular.
El sector independiente
representa aproximadamente un 15% de los votos válidos en una elección
presidencial con participación del orden del 85%. En las PASO de 2019 la
participación fue sólo de 76,4%, de modo que podemos aceptar que el aporte del
voto independiente ha sido menor que en la elección general. Si estimamos el
voto independiente en 10% de los votos válidos en aquella elección, entonces
los votos peronistas del Frente de Todos en las PASO de 2019 podemos estimarlos
en 9.650.651 (37,78% de los votos válidos).
En las PASO de 2021 el
Frente de Todos obtuvo 7.107.973 votos. Esto significa que el Frente de Todos
ha perdido más de 5 millones de votos entre 2019 y 2021. La mitad de esos votos
los ha perdido en la Provincia de Buenos Aires.
Era previsible para
cualquier análisis político objetivo sobre la gestión del gobierno nacional que
el peronismo había perdido en los últimos dos años el apoyo que había obtenido
de los sectores de clase media políticamente independientes. El deterioro de la
imagen de Alberto Fernández en las encuestas reflejaba ese fenómeno político.
Esto explica la pérdida de 2.554.434 votos.
Por lo tanto hay una
pérdida de 2.542.678 votos que corresponden a ciudadanos peronistas que le han
retirado su apoyo al gobierno del Frente de Todos y lo han hecho en todo el
territorio nacional, afectando a la representatividad de caudillos provinciales
que parecían incombustibles.
¿A dónde han ido los 5 millones de votos que perdió el Frente de Todos?
De acuerdo a lo ya visto,
está claro que los votos perdidos por el Frente de Todos no han ido a los
partidos del espacio de la derecha.
Parece claro que los
2.629.773 personas menos que votaron en 2021 respecto de 2019 son votantes del
Frente de Todos que se sumaron a la abstención como crítica a la gestión
gubernamental.
Las candidaturas
peronistas críticas de Randazo y Moreno obtuvieron aproximadamente 500.000
votos que forman parte de la pérdida de votos del Frente de Todos.
Por otro lado, los
conjuntos de los pequeños partidos de izquierda tuvieron la mejor elección de
su historia, aumentando en casi 1.000.000 de votos a nivel nacional.
Estas tres categorías
suman más de 4.100.000 votos de los 5 millones perdidos por el Frente de Todos.
Una parte de 1.481.403
votos en blanco y anulados seguramente también corresponden a la pérdida de
votos del Frente de Todos. Y es probable que en algunas provincias haya habido
desplazamiento de votos del Frente de Todos hacia algunos partidos
provinciales.
La pérdida de los dos
millones y medio de votos peronistas se explica por la suma de los 500.000
votos de candidaturas disidentes y 2 millones de los 2.600.000 votos menos que
hubo en esta elección respecto de la de 2019, que se sumaron al abstencionismo.
El incremento de un
millón de votos de los partidos de izquierda se explica con los votantes
independientes que perdió el Frente de Todos, así como también el resto del
abstencionismo, parte de los votos en blanco y nulos y alguna fuga de votos
hacia algunos partidos provinciales.
