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Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Productivo deberá responder a un pedido de nulidad de la Resolución 374/2018, que enmarca la fusión entre Telecom SA y Cablevisión Holding. Liliana Zabala, la abogada que inició el reclamo en representación de Jorge Horacio Sombra, define a la unión como "fraudulenta", tras haber detectado irregularidades en lo que implicó la última etapa de expansión del Grupo Clarín, el conglomerado mediático más poderoso de Argentina.
La conformación del primer cuádruple player del país fue facilitada por la política comunicacional del gobierno de Mauricio Macri: flexibilización de normas que limitaban la concentración, modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e implementación de decretos y resoluciones unilaterales.
A eso, Zabala suma grandes saltos legales. Su investigación derivó en dos líneas de acción: una judicial administrativa, la gran apuesta, y otra, la vía administrativa, a través de un pedido de impugnación, sin pasar por la Justicia.
La puerta giratoria
El pedido de nulidad de la fusión está contemplado en el Expediente 9112/2019, tramitado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco. Se funda en la causal de violación de la Ley 25.188 de Ética Pública. Es que, de acuerdo con la serie de documentos que la abogada aportó a la causa, el expresidente de la Comisión Nacional de la Defensa a la Competencia (CNDC) Esteban Greco había pertenecido anteriormente a la consultora de análisis de mercados GPR Economía, contratada por Cablevisión SA y Telecom SA hasta el 1 de febrero de 2016, con asesoramiento demostrado entre 2009 y 2014.
Detalla Zabala que, según la ley citada, el exfuncionario debía abstenerse de intervenir en su gestión en cuestiones "relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria". Para Greco, según la profesional, ese plazo abarcaba desde el 1/2/2016 (cuando vendió su participación accionaria en GPR SA) hasta el 1/2/2019. Sin embargo, la CNDC –a cargo de Producción– le otorgó el visto bueno a la unión empresarial en agosto de 2018.
El caso se presentó ante la Oficina AntiCorrupción (OA), liderada en su momento por Laura Alonso. En octubre de 2019, el organismo determinó en la Resolución 28/2019 que no hubo infracción, en tanto Greco fuera desvinculado previamente a su asunción en la CNDC y desconociera el asesoramiento de la consultora a las empresas, tal como él planteó en su descargo, según la OA. No obstante, advirtió que "debió y debe actuar conforme el principio de prudencia previsto en el artículo 9 del Código de Ética en la función pública". Tiempo intentó comunicarse con los implicados, pero al cierre de esta nota no había logrado contactarse.
Ya en marzo de 2020, Zabala no solo pidió una revisión por considerar "falta de pruebas propias" y ponderación "de elementos subjetivos no previstos" para la excusación de Greco, sino para añadir que la ex vocal de la CNDC, Roberta Marina Bidart, también había ingresado en 2016 e integrado GPR SA "desde marzo de 2004 hasta el 27/2/2020, por el lapso de 16 años". La Oficina Anticorrupción ha reanudado la investigación.
Fuentes cercanas al caso aclararon que se trata de un tema judicial y, aunque la CNDC quisiera objetar la operación, "no tiene mucho margen para decidir". Igualmente, aseguran que la actual conducción (a cargo de Rodrigo Luchinsky) "no es lo que hubiese aprobado".
Consultado por este medio sobre las posibilidades de que el Estado avale el pedido de nulidad, Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales e investigador universitario, no se mostró optimista: "Clarín es socio mayoritario del grupo, tiene un fuerte accionar judicial y ya están paquetizados los servicios. Es muy difícil que se pueda retroceder sobre los pasos dados", determinó. Con la fusión, el Grupo Clarín pasó a dominar a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de TV paga.
Además, consideró que el resultado final de esta expansión sin precedentes es el triunfo en la batalla cultural. "Ante la discusión sobre la necesidad de democratizar las comunicaciones, lo primero que aparece es la idea de un gobierno que busca controlar el discurso. Hay que retomar esa batalla desde los cimientos y no caer en la falsa disyuntiva entre libertad o control estatal", reflexionó. «
DNU 690: intríngulis judicial
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 de dos semanas a favor de Telecom prorrogó por seis meses más la polémica medida cautelar a partir de la cual quedó suspendido el Decreto 690/2020, que declaró como esenciales los servicios de Internet, TV paga y telefonía móvil.
Por su parte, el gobierno se encuentra a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el recurso de queja presentado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en junio último en relación con una sentencia que benefició al Grupo Clarín y que tiene su génesis en la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que otorgó en primera instancia la mencionada cautelar a la empresa.
El mes pasado, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual informó que solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del DNU 690.
La Defensoría pidió al organismo internacional que "se expida" y "formule recomendaciones" al Estado argentino, en particular al Poder Judicial, en base a los llamados procedimientos especiales que la facultan para actuar ante violaciones de Derechos Humanos fundamentales, en este caso el acceso igualitario al servicio de Internet.
El fondo del conflicto es la facultad que otorga este DNU al Enacom para regular los precios de los servicios que prestan las empresas.
Fuente: Tiempo Argentino
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Te esperamos….
El papel del hornero, que tiene menos de 4 años en la calle, se puede comprar solamente a 5,10 dólares. El efecto de la inflación y la pulverización del poder adquisitivo de la moneda
La Argentina lo hizo de nuevo: su billete más alto es, al mismo tiempo, el que menos vale. Al igual que en otras circunstancias de su historia económica, la inflación devoró el poder adquisitivo del dinero que los argentinos llevan en sus bolsillos. El billete de 1.000 pesos hoy equivale a 5,10 dólares según la cotización libre de 196 pesos. Con esa cifra, se transformó en el billete de menor valor en dólares de todo América Latina en comparación con los de mayor denominación de cada país. Su similar de Haití, el billete de 1.000 gourdes, vale 9,90 dólares. Después de atravesar la pandemia, un terremoto y un huracán que arrasó su capital, Puerto Príncipe, los haitianos tendrán este año según el FMI una inflación del 15%, la tercera parte de lo que esperan los analistas locales para la Argentina.
Los países cuyo billete de mayor valor tiene una equivalencia más alta en dólares son Perú (USD 50,09), México (USD 49,49) y Uruguay (USD 45,73). Entre los países vecinos, el billete de 200 bolivianos equivale a USD 28,98, el de 100.000 pesos chilenos a USD 24,80 y el de 100.000 guaraníes de Paraguay a USD 14,49.
No hace falta explicar que todos estos países han atravesado la pandemia y, en algunos casos, graves crisis políticas o sociales, como es el caso de Chile o Perú. Pero todos tienen algo en común: una inflación de solamente un dígito desde hace por lo menos 15 o 20 años. Entre los países mencionados, el de inflación más alta en 2020 fue Uruguay (9,4%). Los de menor aumento de los precios al consumidor fueron Perú (2%) y Bolivia (0,7%).
Un caso particular fue el de Brasil. Su billete de 200 reales, que equivale a USD 35,93, fue lanzado en septiembre del año pasado empujado por las urgencias de la pandemia y reemplazó al de 100. Según explicó el presidente del Banco Central brasileño, Roberto Campos Neto, "en momentos de incertidumbre es natural que las personas busquen la garantía de una reserva en dinero". Es decir, el billete de 200 reales fue lanzado porque el temor de una crisis repentina hizo que los brasileños decidieron ahorrar en moneda local y en efectivo. Ambas cosas, impensadas para la Argentina.
El único país de la región que atraviesa un proceso hiperinflacionario es Venezuela, cuya escalada de precios en 2020 llegó a 2.959 por ciento. En los últimos años, hizo varias modificaciones de su familia de billetes. La última de ellas, denominada "Nueva expresión monetaria", comenzó a regir el pasado 1° de octubre y le quitó 6 ceros a la moneda....
Fuente: Infobae : Por Fernando Meaños
El 13/10 se presentó la #listaGranateBlanca para las elecciones de #FOETRA que se realizaran el 2/12/21. La misma está integrada con más de 200 candidatos en su mayoría delegados y activistas de 63 edificios de Capital y Gran Buenos Aires de las empresas Telecom-Personal, Telefónica-Movistar, Claro y Arsat.
La encabeza #SergioSosto de la Verde Negra como
candidato a SECRETARIO GENERAL, #FlorenciaSaracho
de la Violeta como candidata a secretaria ADJUNTA
La Granate Blanca es la tercera elección que
se presenta, siendo un frente de agrupaciones que integra la Naranja, la
Violeta, la Verde y Negra, La Roja y Telefónicos de Pie. Desde la Naranja
Telefónica propusimos convocar una Asamblea para debatir y votar una
actualización del programa y el orden de los candidatos, con un método
democrático y de movilización para impulsar el desarrollo de la lista.
Ahora entramos en una
etapa, donde proponemos impulsar una gran campaña para que se exprese el
descontento que recorre el gremio, por la pérdida salarial y el avance de las
empresas. Vamos por un FOETRA donde volvamos a tener paritarias resueltas en
Plenarios de delegados con mandato y Asamblea General. Vamos por las
reivindicaciones y la recuperación de FOETRA ¡Fuera la burocracia sindical!
Facundo Jones Huala es referente de una de estas organizaciones que no reconocen nuestra bandera y que protagonizan un constante desafío a la institucionalidad de ambos países
La implicación del Gobierno argentino en la defensa de un referente mapuche condenado por hechos de violencia motivados en una lucha cuya finalidad es crear una "nación mapuche" sobre buena parte del territorio de Argentina y Chile es difícil de entender. Si consideramos que la Cancillería de un país y sus embajadores tienen como misión defender y promover en el mundo el interés nacional, lo sucedido en la audiencia de libertad condicional de Jones Huala en la Cámara de Apelaciones de Temuco amerita que "la Patria se lo demande" a funcionarios que juran cumplir la Constitución al asumir un cargo.
Los hechos son conocidos: el pasado 8 de octubre, el Gobierno argentino envió a su embajador en Chile, Rafael Bielsa, a la audiencia en la que se analizaba el pedido de libertad condicional de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) condenado a 9 años de prisión por el ataque incendiario contra una estancia habitada en el sur de Chile. La misión encomendada a Bielsa era abogar por la concesión de ese beneficio que finalmente no fue otorgado por el antecedente de una huida anterior y porque Jones Huala no reconoce el daño causado por sus acciones.
No se arrepiente ni desiste de sus desafíos contra los Estados argentino y chileno.
La presencia del embajador argentino en esa instancia -injustificada, porque la asistencia a ciudadanos argentinos en el exterior debe hacerse a nivel consular- implicó un aval a grupos que desafían al mismo Estado que ese diplomático debe representar.
"No reconocen la bandera, el himno, las autoridades", dijo al respecto el senador Miguel Ángel Pichetto, en referencia a la RAM. "Hablan de un estado separado, separatista", advirtió.
Lo que afirma el ex senador, no es para nada secreto, sino una realidad que ningún gobierno argentino puede desconocer. Tampoco los respaldos internacionales que estas iniciativas separatistas poseen.
Mientras en el sur de nuestro continente organizaciones mapuches como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) le declaran la "guerra a Argentina y Chile", y protagonizan actos de sabotaje, incendios y amenazas, la sede inglesa de estos grupos, basada en Bristol, Inglaterra, explica desde su sitio web que "The Mapuche Nation (sic) está situada en lo que se conoce como el Cono Sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada (sic) por los Estados argentino y chileno".
"El día 11 de mayo de 1996, un grupo de mapuches y europeos comprometidos con el destino de los pueblos y naciones indígenas de las Américas, y en particular con el pueblo mapuche de Chile y Argentina, lanzaron la Mapuche International Link (MIL) en Bristol, United Kingdom", explican las autoridades de esta organización; a saber: Atus Mariqueo-Russell (Relaciones Públicas), Carole Concha Bell (Prensa), Colette Linehan (administradora), Gerald Colfer (Soporte técnico), Pedro Arenas Rincón (equipo Derechos Humanos), entre otros. El mapuche Reynaldo Mariqueo es el secretario general, secundado por Dame-Nina Saleh Ahmed, vice secretaria general.
El objetivo de esta organización es contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas y, "en última instancia, conquistar el derecho a la autodeterminación".
Es decir que uno de los centros de operaciones de la "lucha por la autodeterminación" de los mapuches está ubicado en el nº 6 de Lodge Street, de Bristol, Inglaterra.
Según esta organización, la "Nación Mapuche" abarca todo lo que está al sur del Biobío (Chile) y al sur del Salado y del Colorado (Argentina), "hasta el estrecho de Magallanes", ni más ni menos. En el sitio se afirma que "el pueblo mapuche" jamás ha renunciado "a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral", y proliferan las denuncias de "invasión", "genocidio", "represión" y "espionaje" por parte de los Estados de Chile y Argentina.
Una de las entradas sostiene por ejemplo que "el pueblo mapuche enfrenta políticas genocidas implementadas por los Estados de Argentina y Chile" y que es "estigmatizado y acusado de extranjero en su propia tierra". "Sus líderes son perseguidos, detenidos, intimidados y torturados. Otros son asesinados o desaparecidos", afirma The Mapuche web.
Esta es la iniciativa separatista que el gobierno argentino acaba de avalar a través del alegato defensivo pronunciado por su embajador ante la justicia chilena. Un posicionamiento que tiene lugar además en momentos en que también el Estado chileno vive un desafío abierto por parte de estos grupos que, como explicó el abogado Carlos Tenorio, representante de una familia de agricultores asesinados en Chile, no canalizan su reclamo a través de las vías jurídico institucionales sino mediante la acción directa.
"Estamos pasando por el período más complejo desde que trabajo en esto hace dos décadas. Un descontrol total que va de la mano con el clima político", afirmó el letrado chileno, en declaraciones a Radio Mitre, y en referencia a los resultados de las elecciones constituyentes que arrojaron un retroceso de los partidos tradicionales en la Asamblea que debe elaborar una nueva Carta Magna para Chile. "La semana pasada participé como expositor en la convención constituyente -dijo Tenorio-. Si dejamos en la impunidad todos estos crímenes es muy poco probable que logremos la paz social".
El abogado diferenció entre las "peticiones de comunidades indígenas" que se hacen "por vía institucional" y "otros grupos que hoy en día están armados y que han declarado un estado de guerra contra el estado chileno". "Anoche hubo tres o cuatro atentados gravísimos en Araucanía. Estos grupos califican como vulneradores de derechos esenciales", sentenció.
El caso que él representa tuvo lugar en enero de 2013 en un campo de 40 hectáreas del sur de Chile perteneciente a un matrimonio de apellido Luchsinger. Se trató de un ataque por una banda de 40 encapuchados. El señor Luchsinger se defendió con un arma y sus atacantes prendieron fuego a la casa. "Ellos murieron por carbonización", dijo Tenorio que calificó el hecho como "probablemente el caso más espantoso que se ha vivido desde el punto de vista de crímenes políticos", después de la dictadura.
El apoyo del gobierno argentino a Facundo Jones Huala configura un aval a la violencia, a los ataques a la propiedad privada y a las personas, que tienen lugar tanto en el sur de Chile como de Argentina y que tienen como fin último el secesionismo. Recordemos que el referente de la RAM está condenado por el incendio de una propiedad en el campo Pisu Pisue, cercano a Valdivia, en el año 2013.
El citado auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, destaca que esta iniciativa del embajador Bielsa no pudo tener lugar "sin una orden política". "Es la cancillería de Cafiero, y la visión ideológica del Gobierno, que viene tolerando las ocupaciones ilegales de tierra, actos de violencia, quemas, incendios, y actos terroristas", dijo en declaraciones a Radio La Red.
Y también en su advertencia de que esta actitud del Gobierno incentivará estos actos y que una eventual liberación y regreso al país de Jones Huala agigantaría "los problemas que hoy ocurren" en la Patagonia. También se pronunció el ex senador Federico Pinedo: "No entiendo que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial".
La intervención del gobierno argentino tiene lugar en momentos en que Chile vive un desafío por parte de los mapuches. Un manifestante enarbola la bandera mapuche durante una manifestación de protesta en Valparaíso
En efecto, es inentendible esta conducta por parte de quienes representan -o deben representar- al Estado argentino y en cambio defienden a quien lo ataca. ¿Con qué autoridad podrían luego cuestionar las veleidades separatistas de algunas provincias argentinas o la relativización de nuestros derechos sobre Malvinas, despropósitos expresados por diferentes referentes públicos en los últimos tiempos?
¿Cómo es posible que desde el mismo Estado se minimice, se tolere -se bendiga incluso- el desafío a la autoridad nacional y a la integridad territorial? No puede hacerse respetar por los demás quien no se respeta a sí mismo.
De nada sirve crear observatorios, comisiones o secretarías en defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur si al mismo tiempo se deja hacer a estos grupos. Salvo que lo primero sea sólo sobreactuación para disimular la declinación de la voluntad de encarnar los intereses del país de cara al mundo.
Fuente: INFOBAE
"Dejemos las pantallas y las redes sociales y caminemos las calles"...dice el diputado santacruceño, jefe de la bancada del FdeT.
Las RRSS y los medios masivos de comunicación hoy día te sacan la careta donde sea… Ello implica que no podés esconder nada y esa masividad hace que cualquier mortal, con un pequeño móvil se entere de todo lo que pasa en el barrio, el municipio, la escuela, el trabajo, la política y los políticos, la economía, la medicina, las frustraciones y los sueños…y eso incomoda y molesta a las autocracias oscurantistas.
En Cuba recientemente el levantamiento popular fogoneado por las redes sociales , terminó con una brutal represión de la dictadura sexagenaria; y paralelamente el gobierno Cortó Internet con el ayudin tecnológico de los chinos y ni que hablar de Corea del N, la Putinesca o los maduros y ortegas...por eso las RRSS tienen algo de positivo que es tenerte conectado (con nimiedades y banalidades, pero también con información) con el mundo exterior y sus contextos y NO solamente con lo que el GRAN HERMANO te quiera decir con un solo y unívoco medio , sin posibilidad de disensos.
Criticable al extremo las RRSS son una hendija a la pluralidad, base de cualquier democracia: caminemos las calles con la frente en alta sin temor, provistos del derecho a la información que todos los medios tecnológicos de estos tiempos ponen a nuestro alcance...