miércoles, 30 de abril de 2014
martes, 29 de abril de 2014
¿Socialismo o tratado de esclavitud en Cuba?
¿Estamos
en el 2014? Debe haber algún error.
Estudiando la Resolución 16/2014 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asociada a la Ley de la Inversión
Extranjera, me hice la misma pregunta varias veces: ¿Estamos de vuelta a 1850,
en plena era del esclavismo?
La Resolución indica que el trabajador (o “fuerza de trabajo” como se denomina)
no es más que un insumo adicional a considerar en la productividad de nuestro
país, con el que se comercializa y se dispone sin que tenga voz ni voto en el
proceso.
Para empezar, el trabajador que
quiera emplearse en una empresa extranjera, lo primero que tiene que hacer es
firmar un contrato con una entidad
empleadora estatal, intermediaria,
quien se encarga de buscarle un puesto de trabajo.
En todo el proceso de contratación, la opinión del trabajador no se toma en cuenta. La entidad estatal reclutadora es quien asigna el puesto de trabajo al empleado, y quien pacta, con la parte extranjera, el salario; al igual que las condiciones de promoción y de “estimulación”. La Resolución da a entender que el sindicato sí participará en las negociaciones entre entidad estatal y extranjera, pero como se sabe, los sindicatos en Cuba son estatales y los derechos que defienden no son precisamente los de los trabajadores; de hecho, los grandes promotores de despidos en Cuba son los propios sindicatos.
La oportunidad de prosperar para un
trabajador cubano en una empresa extranjera es reducida. Los sueldos serán en
pesos cubanos no equivalentes al dólar y se determinarán a partir de la escala
de salarios que se pacte. Ésta considerará la establecida actualmente y en la
que el salario máximo es de 650
pesos al mes (unos 26 dólares).
Anteriormente, los que trabajaban
para empresas mixtas sobrevivían gracias al “fondo de estimulación económica”.
Este fondo no es más que un dinero extra que le paga directamente el empresario
extranjero al trabajador cubano (generalmente en dólares) con el objetivo de
estimularle.
La nueva ley dispone que “el fondo
de estimulación económica” sólo se le autorizará a “algunas empresas” y el
“estímulo” estará sujeto al impuesto sobre la renta (con una tasa del 50% a
quien gane más de 170 dólares al mes). No todos los puestos en las empresas
extranjeras se contratan mediante la entidad estatal empleadora. La Resolución
establece que “la autoridad y órgano facultado” (Ministerio), designará
aquellos puestos de dirección, funcionarios y otros que desempeñen ocupaciones
para las que se exigen “requisitos de confiabilidad”. Es decir, esos cargos son
otorgados a dedo, sin transparencia en su proceso de selección.
¿Cuáles son aquellas ocupaciones que
requieren “confiabilidad”?
En las empresas mixtas de hoy, los puestos “designados” se conocen entre
emigrados extranjeros como “puestos floreros”, con la única responsabilidad
real de controlar a los directivos extranjeros (y aquí se entiende lo de
“confiabilidad” para el chivateo). Es importante hacer referencia al lenguaje
utilizado en la Resolución. Se habla de los trabajadores como si fuera que un
señor feudal le presta a otro ganado vacuno: “suministro de trabajadores”,
“devolución o sustitución del trabajador”. Los empleados ¿se suministran?, ¿se sustituyen?, ¿se
devuelven? ¿Qué son? ¿Materia prima?
Vista con detenimiento la Ley de
Inversión Extranjera y la Resolución de Trabajo y Seguridad Social, queda claro
que el Gobierno de Cuba no tiene nada de socialista. En un gobierno
socialista, el “fondo de estimulación” sería obligatorio para todas las
empresas (no sujeto a aprobación) para que los trabajadores puedan beneficiarse
de los logros de las empresas. Y por supuesto, los trabajadores jamás estarían
ausentes en las negociaciones.
No hay nada más parecido a un
tratado esclavista.
Fuente: http://yusnaby.com/
lunes, 28 de abril de 2014
viernes, 25 de abril de 2014
miércoles, 23 de abril de 2014
ENTel: Terragno-Solanas: una carta de intención que quedo solo en eso…
En 1987,
desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a cargo de Rodolfo Terragno,
se propicia un acuerdo de privatización de la ENTel con la empresa
Telefónica de España; según narra el propio
Terragno la carta de intención firmada, comprometía a Telefónica de
España a invertir mil millones de Dólares para modernizar el sistema de
telecomunicaciones. No era un mero Proyecto. La empresa española firmó un
contrato que fue rechazado por el Senado de la Nación.
U$S1.000.000.0000 por 40% de ENTEL, y un plan de Modernización.
Se adjunta la
nota vinculada en el diario Pagina 12 del 24 de abril de 1988
Etiquetas:
Carta de intención,
Entel,
Luis Solana,
Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
privatización,
Rodolfo Terragno,
TELEFONICA
lunes, 21 de abril de 2014
MARIA PINTOS!!!!
Hemos recibido con enorme tristeza la notica del FALLECIMIENTO de la
compañera MARIA PINTOS….una sola palabra la describe en toda su magnitud
Militante…una telefonica con todas las letras…María PINTOS será para los que la
conocieron y para las nuevas generaciones un emblema irreemplazable!!!
En el siguiente video la mostramos con toda su garra
militante como delegada de FOETRA en épocas de resistencia a la privatización de
ENTel
miércoles, 16 de abril de 2014
Proyecto para COMBATIR la PRECARIZACIÓN LABORAL
La presidente Cristina Kirchner anunció
el envío de un texto de ley para combatir la precarización laboral. El objetivo
es bajar la tasa de 33,5% de trabajadores no registrados al 28% a fines de
2015.
La presidenta Cristina Kirchner anunció este lunes
que 290 mil micro empleadores resultarán beneficiados en el marco del proyecto
de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención de Fraude Laboral y pidió a
los sindicatos que se enfoquen "en la defensa de los puestos de trabajo y
el combate a la precarización"
La jefa de Estado detalló que, en el marco del programa, serán destinados en principio 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores y, de ese monto, "el 65 por ciento" estará dirigido a las "micro empresas" para "facilitar la registración" de trabajadores.
La jefa de Estado detalló que, en el marco del programa, serán destinados en principio 4.150 millones de pesos en beneficios para los empleadores y, de ese monto, "el 65 por ciento" estará dirigido a las "micro empresas" para "facilitar la registración" de trabajadores.
La Presidenta explicó al menos tres programas y
varias medidas que se tomarán a partir de este Proyecto de Ley:
1) Régimen permanente para la seguridad social
Los micro empleadores de hasta 5 trabajadores
pagarán solo un 50% de contribuciones patronales de todos los trabajadores
nuevos y de los que ya tuvieran a la fecha.
2) Régimen de promoción de contratación de
trabajadores
Este segundo instrumento que durará 24 meses
permite, según explicación de la mandataria, redireccionar los beneficios para empresas pequeñas,
combatiendo la inequidad de los modelos actuales que otorgan beneficios y
subsidios a todas las empresas indiscriminadamente.
Las empresas de hasta 15 trabajadores
tendrán un descuento del 100% de las contribuciones patronales por cada nuevo
empleado que contraten en el lapso de 12 meses y del 75% de descuento durante
los 12 meses siguientes.
Por su parte, las empresas de
16 a 80 trabajadores, tendrán 50% de descuento durante 24 meses, en
las contribuciones patronales por cada nuevo empleado contratado.
Y en las empresas que tengan más de 80
recibirán un 25% de descuento por 24 meses. Además, todos los contratos
deberán ser indeterminados y no regirse bajo modalidades como las pasantías o
contratos temporales.
Otra de las medidas anunciadas es la extensión
de convenios de corresponsabilidad gremial entre empresas y sindicatos del modo
del "trabajo golondrina", temporal, que rige en determinados
emprendimientos rurales. De esta forma se extiende para actividades de otros
rubros que puedan acreditar dicha temporalidad y que vean, de modo contrario,
afectada su competitividad.
En la faceta de control del empleo no registrado se
anunció la creación del REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales)
Principales puntos del proyecto de ley anunciado
esta tarde por la presidente Cristina Kirchner:
Refuerzo de la Fiscalización Nacional. Se propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país.
Nuevas formas de Sanción/Disuasión a Empleadores Evasores. El plan contempla la creación
de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales.
Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. El Registro busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.
Sistema de Incentivos a los Micro y Pequeños Empresarios. La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos empleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo económico.
La ley propone crear un Régimen de Seguridad Social especial para micro-empleadores de baja facturación que implicara descuentos en cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.
Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral. Las formas modernas
de control de fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección del trabajo tradicional que
recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de
las cadenas de valor, los movimientos financieros, y la construcción de indicadores mínimos de
trabajadores en sectores difíciles de fiscalizar.
Se propone la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales.
Convenios de Corresponsabilidad Gremial: La ley propone ampliar la potestad para firmar Convenios de Corresponsabilidad Gremial en el sector agrario y afines, un mecanismo mediante el cual empresarios, trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha estacionalidad tradicionalmente complejos para la registración.
Refuerzo de la Fiscalización Nacional. Se propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país.
Nuevas formas de Sanción/Disuasión a Empleadores Evasores. El plan contempla la creación
de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales.
Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. El Registro busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.
Sistema de Incentivos a los Micro y Pequeños Empresarios. La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos empleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo económico.
La ley propone crear un Régimen de Seguridad Social especial para micro-empleadores de baja facturación que implicara descuentos en cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.
Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral. Las formas modernas
de control de fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección del trabajo tradicional que
recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de
las cadenas de valor, los movimientos financieros, y la construcción de indicadores mínimos de
trabajadores en sectores difíciles de fiscalizar.
Se propone la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales.
Convenios de Corresponsabilidad Gremial: La ley propone ampliar la potestad para firmar Convenios de Corresponsabilidad Gremial en el sector agrario y afines, un mecanismo mediante el cual empresarios, trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha estacionalidad tradicionalmente complejos para la registración.
Tras el anuncio presidencial sobre el proyecto de ley para promover el
trabajo registrado, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, indicó
"veníamos de muchos años de abandono en cuanto a la protección de los
trabajadores. Y hemos avanzado mucho. Pero falta más. Por eso, ahora vamos por
el impulso final. Vamos a dar la gran pelea contra el fraude laboral. Un fraude
que implica que un trabajador sin registrar sea un trabajador sin
derechos".
"Un impulso final que requiere de la participación de todos. De los
empresarios cumpliendo con la ley. Y sus normativas. De los dirigentes
sindicales exigiendo y velando por su cumplimiento. De cada trabajador
defendiendo sus derechos presentes y futuros. Y, por supuesto,
del Estado Nacional, Provinciales y Municipales ejerciendo un
estricto control", resaltó.
Tomada indicó que "este no es un proyecto que nació de la noche a
la mañana. Tiene más de 10 años de experiencias, de trabajo didáctico, de
difusión y de búsqueda de resultados. Y en el último año, con motivo de la mesa
de diálogo que abrió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hay un
trabajo conjunto con los gremios y con los empresarios que hizo que se llegara
como conclusión a este proyecto que estamos enviando al Congreso".
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