Un aspecto llamativo
de la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que no encaja en el molde de los relatos
al uso sobre democracia y republicanismo
La
CIDH llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 para una misión de
observación sobre la situación de los derechos humanos, tal como fue
profusamente recordado en estos días. En cambio, no fueron tan
evocados algunos aspectos de esa visita que contradicen la grieta republicana
que hoy se instala manipulando la historia con fines electorales, así como
desmienten el relato más aceptado sobre el carácter de la dictadura y su
contexto geopolítico.
El día 12 de septiembre, Deolindo Felipe Bittel y Herminio
Iglesias, respectivamente vicepresidentes 1° y 2° del Partido Justicialista,
estamparon su firma al pie de un documento por el cual el PJ denunciaba ante la Comisión la desaparición
de personas y la injusta prisión de la titular del partido y última presidente
constitucional de los argentinos, María Estela Martínez de Perón.
Herminio Iglesias, referente peronista
de origen sindical, es usualmente recordado por haber quemado un cajón con la
bandera de la UCR en el acto de cierre de campaña del justicialismo en
1983, cuando era candidato a gobernador bonaerense: algo muy conveniente para disimular otros errores
políticos que tuvieron mayor incidencia en la derrota electoral del PJ y,
al mismo tiempo una imagen que conforta la
versión de quienes se arrogan la defensa del republicanismo y la legalidad
democrática contra un autoritarismo de cuño peronista.
Bittel, varias veces gobernador del Chaco, ejercía por entonces la
presidencia del partido en ausencia forzada de su Presidente.
Lo cierto es que en esos días de
plena dictadura, cuando la denuncia de las violaciones de los derechos humanos
implicaba enormes riesgos para la libertad y la integridad física, Herminio Iglesias no
vaciló en firmar un documento acusatorio contra el régimen.
El texto fue redactado por abogados
allegados al Justicialismo, Alicia Oliveira entre
otros, la amiga de Jorge Bergoglio fallecida en 2014, por entonces integrante del CELS, el organismo fundado por
Emilio Mignone que jugó un papel crucial en la denuncia de lo que estaba
pasando y en promover la visita de la CIDH
Hubo
algunas personalidades que fueron entrevistadas en forma individual por la
Comisión, pero la única fuerza
que presentó una denuncia formal y pública, por escrito, y de modo orgánico fue
el justicialismo.
Esto fue así a pesar de que, como se
desprende del mismo informe realizado por la CIDH sobre su visita, el peronismo era la fuerza más perseguida y
reprimida de todo el arco político.
Por caso, el informe señala que la
Comisión se propuso entrevistar a todos los ex presidentes de Argentina,
constitucionales y de facto: "A partir del día sábado 8 de septiembre se
realizaron entrevistas con el Doctor Arturo Frondizi; Teniente
General (Retirado) Roberto M.
Levingston; Teniente General (Retirado) Alejandro Agustín Lanusse; el
Doctor Héctor J. Cámpora, asilado
en la Embajada de México, y la señora Isabel Martínez
de Perón, quien se encontraba sujeta a arresto
domiciliario en una quinta ubicada en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
El ex-Presidente Arturo Illia se
encontraba fuera del país y el Teniente General (Retirado)
Juan Carlos Onganía se excusó de recibir a la
Comisión".
Como puede verse, los únicos mandatarios privados de su libertad eran
los peronistas, Isabel y Cámpora. A esto se suman otros referentes justicialistas que la Comisión
debió entrevistar en prisión, como el médico Jorge Alberto Taiana,
ministro de Educación durante el tercer gobierno de Perón, que por entonces
estaba detenido desde el 5 de abril de 1976, o el dirigente sindical Lorenzo Miguel, en detención
domiciliaria, luego de haber pasado dos años y medio en la prisión militar de
Magdalena.
El
documento firmado por Herminio y Bittel, señalaba que "los beneficiarios
de la actual situación" eran "implacables adversarios" del
justicialismo y que los que se
aferraban al "privilegio" no encontrarían "otra manera de
mantenerlo sino sólo mediante la violación sistemática de los derechos
humanos".
"El dolor de una madre es nuestro
dolor; el dolor de un hijo es, también, nuestro; el obrero al que le falta el
pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces",
decía el PJ. "Y esto nos
compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a
través de 'actas', 'decretos' o 'bandos' en las prisiones, embajadas,
domicilios y confinamientos; y de los que padecen -y son millones- este exilio interior de la
represión, el silencio y el hambre".
Y a continuación, sintetizaba su
denuncia en dos puntos. El primero era "el encarcelamiento, vejación y
confiscación de sus bienes de la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón; de
nuestro prestigioso dirigente gremial, don Lorenzo Miguel y
de otros tantos que padecen las consecuencias de las llamadas 'actas". Y
el segundo: "La muerte y/o desaparición de
miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la
presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa
más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su
voz y que han llevado o llevarán como 'pena' desde un silencio impuesto, hasta
la muerte".
Otro
aspecto muy resaltado en estos días fue que la visita de la
CIDH marcó un antes y un después en la denuncia de la represión ilegal y
la violación sistemática de los derechos humanos por la dictadura argentina;
que se reveló al mundo en esos días la existencia de
una política deliberada de represión y exterminio por
parte de la junta militar. Que a partir de entonces ya nadie pudo seguir
negando lo que había sucedido.
La CIDH llegó en 1979, cuando la dictadura llevaba casi 3 años y medio en
el poder y ya había perpetrado el grueso de sus crímenes. Ahora
bien, todo había sido ya denunciado, por distintos
medios, en el país y en el exterior. Como lo recordó
Graciela Fernández Meijide, los organismos de derechos humanos habían
sistematizado toda la información en materia de represión ilegal.
¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué razón hasta la venida de la CIDH muchos,
dentro y fuera del país, negaban que existiera esa estrategia represiva por
parte de la Junta Militar? De 1976 a 1979, con algunas
honrosas excepciones, la respuesta a las denuncias que llegaban de Argentina
eran la negación, la incredulidad o la relativización.
En el exterior, los exiliados
argentinos llevaban las denuncias de los familiares de las víctimas de la
represión ilegal a todos los foros posibles: datos, nombres, fechas, métodos,
sitios, toda la información estaba en poder
de los organismos internacionales y de muchos gobiernos extranjeros.
Pero hasta 1979 la mayor parte de las
denuncias chocaban con el sistemático boicot
de la Unión Soviética, de todo su bloque de influencia, que iba más allá de los
regímenes comunistas y abarcaba a muchos integrantes del grupo llamado de los
No Alineados, además de la red de partidos comunistas presentes
en casi todos los países del mundo.
El comunismo, además, había tenido como política ocupar la mayor
cantidad de espacios posibles en todos los organismos humanitarios a nivel
mundial, y tenía una importante influencia en ellos.
Moscú se ocupó de levantar una verdadera
"cortina de hierro" -nunca mejor dicho- para proteger a sus aliados
argentinos: los jefes de la dictadura militar.
Particularmente perverso fue el rol que
jugó La Habana en ese dispositivo. Totalmente subordinado a la estrategia
soviética, con una mano el régimen castrista
palmeaba el hombro de los militantes, y con la
otra votaba en la ONU en contra de toda iniciativa de condenar o de tan
siquiera investigar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Por eso la misión que vino fue la de la OEA; allí no había un Fidel Castro para impedirlo.
En plena Guerra Fría, un gobierno dictatorial de facto le declaraba la
guerra al "marxismo" -en realidad al peronismo- con el respaldo del
bloque comunista.
La contracara de esto es otro dato que
sí fue señalado en los recordatorios: el de cómo fue posible una misión de
observación que la dictadura obviamente no recibió de buen grado. Videla autorizó la visita luego de una enésima
presión por parte de Washington, esta vez a través de Walter
Mondale, vicepresidente de James Carter, cuyo mandato se había iniciado en
enero de 1977, cuando la dictadura argentina llevaba menos de nueve meses en el
poder y que, desde entonces, presionaba al régimen de facto por las violaciones
de los derechos humanos.
Es llamativo que haya sido justamente
el gobierno de los Estados Unidos el que le impusiera a la dictadura una visita
de inspección sobre torturas, muertes y desapariciones que ésta venía negando
de modo sistemático.
Esto
es algo que también era conocido en la época y por los mismos grupos que luego
se siguieron referenciando en La Habana. Rodolfo Walsh, ya a comienzos de 1977,
trató de explicárselo a la conducción de Montoneros: "Al enemigo la
situación internacional lo mejora. Consigue créditos para su objetivo inmediato
de refinanciar la deuda y mantiene
excelente relación con el bloque soviético que con su importancia los salva en
el sector externo".
En lo interno, la denuncia de la
situación de los derechos humanos también chocó contra un muro. "No es cierto que
haya fracasado el aperturismo -escribía Walsh por la misma fecha, en
referencia a las convocatorias políticas de la dictadura-. Ejemplos: el PC no
participa en los conflictos, mientras negocia con el gobierno a través del
Partido Intransigente y le paga viajes a Lazara y García Costa para que viajen al Congreso de la Internacional
Socialista a defender a Videla; la UCR no rompe a pesar de todos los agravios,
incluidos Solari Irigoyen y Amaya". Los radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya fueron
detenidos por defender presos políticos; el segundo murió en prisión a
consecuencia de los malos tratos, un caso que fue incluido en el Informe de la
CIDH.
"Un país no tiene amigos ni
enemigos permanentes, sino intereses permanentes", decía el primer
ministro británico de la era victoriana, Benjamin Distráele.
Es la lógica que llevó a todo el bloque
soviético a respaldar a la dictadura de Videla y negar rotundamente, en todas
las tribunas internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran
violando los derechos humanos.
Pero no es esa la lógica con la cual
algunos emblemáticos referentes de la lucha por los derechos humanos en la
Argentina viajaban en años recientes a Cuba y
se abrazaban con Fidel Castro. En esas actitudes prima un
ideologismo que nubla la realidad y opera contra los propios intereses.
La
convergencia, en un momento dado de la historia, de los intereses de Washington
con las necesidades de los perseguidos por la dictadura militar hizo posible perforar el muro de silencio que otros
intereses extranjeros habían levantado en contra de la Argentina. El
ideologismo no debe primar en política exterior; suele ser sólo una fachada
detrás de la cual campea el más crudo interés.
En cuanto al muro de silencio interno
que las víctimas y algunos pocos valientes intentaron perforar, fue desafiado por el peronismo, movimiento al que
actualmente un republicanismo muy flojo de papeles pretende estigmatizar
© Claudia Peiró – INFOBAE
