El próximo 10 de diciembre Martín
Sabbatella podría quedarse sin trabajo. Ese día se renuevan las autoridades de la AFSCA, y su cargo y el de
un director deben ser designados por Cristina Kirchner. El resto se elige
por audiencias públicas. Nadie podría decir que está en su mente salir a buscar
empleo: el titular de la AFSCA
gastó en remodelar su oficina 136.480 pesos y hasta pidió un lustrador de
zapatos para tener en su despacho; pagó 429.000 pesos por el alquiler de cuatro
maquinas de café (aunque en este caso el elevado costo no garantizó la calidad:
una delegada de ATE firmó hace poco una nota de queja por la
mala calidad de la bebida en su oficina). También remodeló los ascensores
($ 394.682,2) y aprobó gastos de 125.850 por mes en seguridad.
Desde que entró a la AFSCA, Sabbatella nombró a
130 personas en planta
permanente categoría B, con salarios que van desde 11.000 a 23.000 pesos, y
nombró nuevos directores dejando vacantes las áreas técnicas y relegando a los
funcionarios de carrera. A los 130 nuevos empleados se les obliga a pagar el
impuesto revolucionario del 8%, en concepto de “aporte” al partido Nuevo
Encuentro, Sabatella Trademark.
Algunos de sus colaboradores más cercanos han tenido, por
así decirlo, una trayectoria un tanto errática: el director del área de
adjudicaciones, Gabriel Sotille, es, al mismo tiempo, propietario de una
productora de contenidos, Tres Clavos, lo que lo ubica a ambos lados del
mostrador: las
licencias que autorice son las de sus futuros contratistas. Ana Vialle,
otra directora, tiene una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la OA por incompatibilidad de
empleos: es, al mismo tiempo, directora jurídica de la AFSCA y
empleada del Ministerio de Justicia.
Fueron creadas 36 coordinaciones regionales en las que cada
director cobra unos 30.000 pesos y es el responsable del control técnico y
jurídico de las señales en su región, y se nombraron bomberos y albañiles que
hoy no reportan ninguna actividad.
Hay, en el Paraíso Sabbatella, cuatro denuncias de
empleados por violencia laboral y varias quejas formales por desplazamiento
físico del personal: se armaron oficinas para sabbatellistas y a los
trabajadores de carrera se los amontonó en los distintos pisos en condiciones
que no superarían la inspección de una ART. Si les interesa visitarlo,
encontrarán a esos laburantes hacinados en el frente del tercer piso, el
contrafrente del séptimo, el frente del octavo y el contrafrente del noveno.
Entre los amontonados circuló hace poco una carta curiosa: era la queja de un
intendente al que se le adjudicó una radio en la frecuencia de FM 87.9 cuando el
dial arranca en el 88.1.
¿Habrán visto alguna vez un dial?
El jueves a la tarde Sabbatella era entrevistado por María
O’Donnell en Radio Continental: mentía con total descaro frente a la periodista
y ésta comenzó a cruzarlo con datos concretos: “La
publicidad oficial se reparte de manera equitativa”, decía Sabatella.
“No me puede decir eso, el ochenta por ciento de la pauta
se la lleva el Grupo Spolsky, Página 12, Vila-Manzano y Gvirtz”, terció María,
autora de un libro sobre, precisamente, el reparto de la pauta.
“Esa es su opinión”, le contestó.
Con cinismo, Sabbatella daba en el clavo
de la discusión:“Opiniones”. Las matemáticas,
la estadística, los hechos concretos son reducidos a la categoría de opiniones.
“Hay pautas claras de cuáles son los criterios para la
distribución de publicidad”, decía Sabbatella.
“Y ya que hay pautas, ¿por qué no hay una ley que las
aclare?”, le preguntaron.
Sabbatella, silencio de radio.
Con la misma impunidad discursiva, el titular de la AFSCA afirmaba que la ley de
medios se está cumpliendo y sin ninguna parcialidad. Vale la pena revisar ese
argumento: En Capital, salvo El Trece, todos los canales de TV abierta están
bajo control directo o indirecto del Gobierno. La administración K fue
comprando todos los medios: Canal 9 cambió
de manos cuando lo vendió Hadad, en 2007, a González; Telefe se alineó por estar flojo de papeles; América tuvo su interna con Francisco de
Narváez y terminó tomando el control el gobierno con Vila y Manzano; C5N fue vendido por Hadad a Cristóbal
López; Crónica
TV de Héctor Ricardo García
le firmó un contrato de management a la gente de la UOM, y CN23 es de Spolsky-Garfunkel. Vamos caso
por caso: –Telefe.
El titular de la licencia es de capital español, algo que está prohibido. Y a
la vez está expresamente prohibido que el prestador de un servicio público
–Telefónica– sea a la vez dueño de un canal. El Grupo Telefónica tiene Telefe y
otros ocho canales de TV abierta en todo el país. Algo de eso podría explicar
la presencia de Aníbal Fernández como columnista en su pantalla.
–CANAL 9. Su dueño es González González,
de capital mexicano, algo prohibido como extranjero. Permite a TVR, Duro de
Domar y hasta presenta un programa de Jorge Coscia, el secretario de Cultura.
–Grupo Moneta. Tenía una medida cautelar como la de Clarín que se revirtió
hace tres meses, permitiéndole presentar un plan de adecuación, algo que a
Clarín se le niega. Tienen radio Metro, Rock and Pop, Blue, Radio 9 y Splendid.
–C5N. Hadad vendió todas sus radios y C5N a Cristóbal López y se lo
hizo pasar como adecuación a la ley de medios. La ley prohíbe la transferencia
de medios.
–Grupo
Vila-Manzano. Presentaron un plan de adecuación
el año pasado, pero aún no fue tratado en el directorio. En el plan el grupo
propone dividírselo entre los socios y familiares: hasta Barbarita Vila va a
tener su parte.
CN23, C5N y 360TV funcionan sin licencia bajo la excusa de
que son servicios experimentales; ya llevan varios años experimentando.
“Claro que hay pluralismo en la televisión pública”, le
dijo, sin tentarse de risa, Sabbatella a María O’Donnell.
Después se aflojó la corbata y se puso
a mirar 678.
Investigación: JL/ María Eugenia
Duffard/Amelia Cole/
© JORGE LANATA –PERIODISTA
