El 1 de septiembre comenzarán a correr los tiempos para la realización
de comicios en más de mil gremios con sus jefaturas vencidas.
El Gobierno
resolvió no prorrogar la extensión de mandatos sindicales que rige desde que
arrancó la pandemia y que vencerá en agosto. De ese modo se calcula que no
menos de un millar de organizaciones gremiales, incluida la propia CGT, deberán
ir a elecciones en los próximos meses para renovar sus conducciones. Como
anticipó este diario en exclusiva, en el caso de la central obrera se mantiene
el 20 de octubre como fecha tentativa para llevar a cabo un congreso para la
designación de autoridades ejecutivas de un nuevo Consejo Directivo.
El año
pasado, poco después de declarada a nivel internacional la pandemia y junto con
las primeras normas de restricción de la circulación firmadas por la
administración de Alberto Fernández el Ministerio de Trabajo dispuso la
suspensión de los actos electorales así como asambleas y otros episodios de la
vida interna de las organizaciones sindicales que requiriesen la presencia de
sus afiliados para evitar aglomeraciones y al mismo tiempo prorrogó los
mandatos. En febrero pasado la resolución 133/21 de la cartera laboral extendió
los alcances de la norma hasta el 31 de agosto.
En el
Ministerio que encabeza Claudio Moroni revelaron que se decidió no dar una
nueva extensión de la medida, con lo que desde el primer día de septiembre
volverán a correr los tiempos de vencimiento de los cargos electivos en los
gremios y, por lo tanto, los plazos para la realización de elecciones. Cerca
del ministro explicaron que la norma general hará obligatoria la concreción de
los comicios en los casos de conducciones con sus mandatos vencidos pero
aclararon que ese criterio regirá plenamente sólo si en la jurisdicción donde
debería realizarse el acto de votación o una asamblea habilita ese tipo de
encuentros presenciales.
En los
distritos donde estuviesen en vigencia restricciones de circulación o de
reuniones la realización de elecciones dependerá de una autorización puntual de
la autoridad local o bien el gremio tendrá que solicitarle dejar por escrito la
imposibilidad para presentarla ante el Ministerio de Trabajo. Así se buscará evitar
confrontaciones en sindicatos donde hubiese oposición con aspiraciones de
disputarle al oficialismo en elecciones.
El mapa
sindical argentino está compuesto por unas 2400 organizaciones. La mitad de
ellas con personería gremial, es decir el reconocimiento pleno que establece la
ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, y el resto con la denominada “simple
inscripción” un estatus administrativo de menor jerarquía pero que la
Constitución les garantiza a todas las agrupaciones de trabajadores constituidas
con ánimo de representar a un colectivo puntual. Con casi un año de pandemia y
restricciones se calcula que no menos de la mitad de los dirigentes de esas
entidades tienen sus mandatos vencidos y a los cuales les comenzarán a correr
los tiempos administrativos para renovarlos desde el 1 de septiembre.
Esa fecha
será la campana de largada para los procesos electorales que podrán extenderse
como máximo hasta el 22 de mayo de 2022, día en que los laboralistas calculan
que se habrá cumplido el último plazo para la asunción de nuevas autoridades en
cualquier gremio con mandatos vencidos. Entre las organizaciones sindicales más reconocidas
están con sus jefaturas prorrogadas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Sanidad,
Alimentación, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, personal de peajes (Sutpa),
encargados de edificios (Suterh), Petroleros y Textiles (AOT). También están
pendientes las elecciones en organizaciones de segundo nivel como la
Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).
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