Los funcionarios que lo investigaron en Comodoro Rivadavia fueron desplazados y castigados. $ 500 millones con documentos apócrifos.
Que la investigación contra Lázaro Baez avance en la temida Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) depende ahora de tres funcionarios: la cuñada de Máximo Kirchner, su titular, Ricardo Echegaray, quien fue abogado de una de las empresas de Baez; y un director de la DGI investigado en la Justicia por desviar fondos a paraísos fiscales.
Los pocos sabuesos de la DGI que aún mantienen independencia de Ricardo Echegaray aún recuerdan cómo el Gobierno desarmó un equipo entero de Comodoro Rivadavia para proteger a Baez en 2007, cuando se descubrió, casi por casualidad, que había facturado $ 500 millones con facturas falsas, de sociedades anónimas fantasmas.
Uno de los sabuesos resalta: "Las empresas vinculadas a Lázaro dieron cambio de domicilio a la Región Sur en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Esa sede está intervenida desde hace cuatro años por la SIDE, y está a cargo de (Andrés) Vázquez". Este último es director de la Regional Sur de la AFIP en la provincia de Buenos Aires, y es investigado por el depósito irregular de fondos en una cuenta bancaria de la sucursal de la Isla de Curazao del IGN Bank NV de Suiza entre 2004 y 2006, donde tenía más de 460 mil dólares. Además tenía otra cuenta con U$S 461 mil en una sucursal del BNP Paribas, en Luxemburgo.
"Vázquez nombró a todos los jefes intermedios que participan o participaron en las tareas administrativas. Son los que comenzaron a investigar a Lázaro luego de que Gotti cambiara el domicilio fiscal de Santa Cruz y lo estableciera en Avellaneda. Son quienes generaron la impunidad a Lázaro Báez. Vázquez tiene línea directa con el segundo de la SIDE, esta fuera del control de Echegaray", aseguran en la AFIP.
"Todo se mueve desde Región Sur. En los años que tengo de DGI, nunca vi una operación de impunidad tan grande como la que montaron para Lázaro", contó a PERFIL un experimentado sabueso del organismo.
La Dirección General Impositiva (DGI) comprobó más de $ 500 millones facturados con facturas apócrifas y a través de empresas fantasma, por parte de la constructora Gotti SA, de Báez. Años antes, Echegary, hoy titular de la AFIP, fue su abogado en una demanda contra el Estado de Santa Cruz.
En 2007, el organismo –cuando Echegaray estaba en la Oncca– informó a la Justicia que la empresa habría evadido $ 120 millones por esas operaciones solamente de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Además de Gotti SA, la DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA –vinculadas a Báez– y Casino Club SA, del zar del juego, Cristóbal López, habrían utilizado facturas "truchas". Todas conducen a los Kirchner. La investigación sobre facturación apócrifa en la obra pública en Santa Cruz y Chubut duró un año y medio en la DGI, hasta que en mayo de 2008, Presidencia habría ordenado que se frene la investigación iniciada en Comodoro Rivadavia por Norman Ariel Williams, que tenía a su cargo la región que abarca Santa Cruz, parte de Chubut y Tierra del Fuego. Entonces, el director de la DGI era Horacio Castagnola y el jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky.
Desde Buenos Aires, Mecikovsky, quien había apoyado la investigación y además había alertado a sus superiores sobre las empresas investigadas antes de iniciar la pesquisa –para cumplir con las formalidades burocráticas–, levantó el teléfono e informó a Williams sobre la situación. El director general del Sur le respondió que presentaba su renuncia. El 3 de junio de 2008, la AFIP informó en su disposición 234/08 que aceptaba la renuncia de Williams y designaba en su puesto a Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Nº 4 de la Dirección Regional Palermo.
Un detalle pasó desapercibido. La designación de Sartal no fue firmada por Mecikovsky, como indica la normativa de la DGI. En pocas palabras: su nombramiento no fue aceptado por su jefe directo. La disposición fue firmada directamente por Claudio Moroni, entonces titular de la AFIP.
A fines de julio de 2008, el Gobierno dio su último golpe al organismo que había investigado a las empresas de Lázaro Báez: relevó a Castagnola y a Mecikovsky, como informó PERFIL.
Castagnola fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la AFIP. Mecikovsky fue degradado a agente raso de la DGI. En Comodoro Rivadavia, los funcionarios que respondían a Williams quedaron frizados. Les rechazan constantemente sus pedidos de traslados, incluso a quienes tienen familia en otras provincias. Cuando los comisarios políticos de la AFIP se enteraron que la investigación sobre Lázaro estaba en la Justicia, la investigación fiscal ya había sido realizada. Era demasiado tarde.
Además de asegurarse que a partir de 2008 Gotti Hermanos no fuera investigada por la AFIP, el Gobierno también lo cubrió en su provincia. Poco después ordenó que Santa Cruz ya no estuviera bajo la jurisdicción de otra provincia, le quitó a la regional de la AFIP de Comodoro Rivadavia la potestad de investigar delitos fiscales en tierra K y creó en 2009 la Dirección Regional Río Gallegos. Un año después, Echegaray nombró a Virginia María García, hermana de Rocío, la novia de Máximo.
