miércoles, 26 de febrero de 2020

Según la UCA, un 32,2% de los argentinos sufre de inseguridad alimentaria y tiene problemas de acceso a la salud

El nuevo relevamiento del Observatorio de la Deuda Social sobre pobreza multidimensional ratificó el 40,8% de pobreza por ingreso en el 2019. Hay un 33,5% de la población que vive en zonas sin agua potable o red cloacal
La Argentina sigue siendo un país de pobreza en su amplio sentido: no solo por los niveles de ingreso sino por la acumulación de carencias, ya que un 32,2% de la gente sufre de problemas de inseguridad alimentaria y de acceso a la atención médica o medicamentos, un 40,8% está bajo la línea de pobreza y al menos un 33,5% vive en zonas sin agua potable o red cloacal.
Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que realiza una radiografía del déficit en siete dimensiones de los derechos y pobreza en la Argentina, reveló que en el 2019 se registraron agravantes en cuanto a la pérdida de derechos y la profundización de situaciones más vulnerables de la población.
"Si bien se pudo visualizar una leve mejora en el acceso de la gente a algunos servicios y vivienda digna, hay datos de elevados niveles de pobreza por ingreso o inseguridad alimentaria que hablan de una Argentina que sigue fragmentada", explicó a Infobae Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
En este sentido, el último relevamiento de esa institución sostiene que la inseguridad alimentaria que implica la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de manera frecuente de experiencias de hambre pasó del 28,2% en el 2018 al 32,2% de la población en el 2019. Esta cifra también se traduce en un incremento de los problemas de la gente para el acceso a atención médica o a medicamentos y se ubica entre los parámetros más altos registrados en los últimos 10 años en la Argentina.
Algo similar ocurre con la pobreza por ingresos, donde pasó del 33,6% en el 2018 al 40,8% en el 2019 y es la cifra más elevada de los últimos 10 años, que no se veía desde el 2006 o 2007.La encuesta de la UCA se hizo en 5.760 hogares de todo el país y midió las siguientes dimensiones: alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, accesos educativos; empleo y seguridad social y pobreza por ingreso.

Así, en otra de las variables multidimensionales que se detectaron se observó que hubo un aumento de personas con empleo no registrado: este dato se incrementó del 31,3% en el 2018 al 33% en el 2019, llegando así a los niveles del 2010.
El déficit que se observa a nivel de las personas en la dimensión alimentación y salud experimentó un descenso inicial y, marcando un pico en 2014, se ubicaba en torno del 23,2% para el año 2015, mientras que a partir del año 2016 las condiciones de privación comienzan a incrementarse hasta alcanzar al 32,2% de las personas en 2019.
Para Salvia, esta evolución se explica desde 2016 por las dificultades para el acceso a medicamentos y a la atención médica y desde 2018 por el incremento de la inseguridad alimentaria severa, en un contexto de fuertes incrementos de los precios de medicamentos y alimentos y un descenso del consumo en términos generales.
En relación al acceso a servicios básicos se observa una mejora importante a lo largo de todo el período, donde los hogares que presentan privación en esta dimensión pasan de representar del 38% en 2010 al 30% en 2019. Esta dinámica positiva se explica por el mayor acceso por parte de los hogares a los servicios de agua corriente y particularmente del descenso de los hogares con déficit en el acceso a conexión a red cloacal. No obstante, los niveles del 33,5% de las personas con problemas de red cloacal o agua potable siguen siendo elevados para la Argentina.
La situación de la vivienda también experimentó mejoras sostenidas a lo largo de todo el período, para el año 2019 poco más de 2 de cada 10 hogares no accedían a una vivienda adecuada tanto por sus materiales, espacio o disponibilidad de servicio sanitario, al inicio de la serie casi el 29% de los hogares se encontraban en esta situación.
Según la UCA, distintos aspectos podrían explicar esta mejora en los indicadores de vivienda precaria, hacinamiento y déficit en el servicio sanitario, entre ellos la disponibilidad de créditos para refacción de viviendas, la capacidad de ahorro e inversión de los hogares en alguna etapa del ciclo, como así también los efectos de distintos programas de urbanización y mejoras en las condiciones de las viviendas.
En la dimensión educación se observa una evolución irregular, donde la proporción de hogares que tienen al menos una persona que no asiste a instituciones educativas formales o presenta rezago educativo se mantiene cercano al 30%, aproximadamente el 12% de la población se encuentra en esta situación.
Se observa un importante descenso en la inasistencia en los primeros años de la serie que se mantiene en el tiempo, probablemente por efecto de la condicionalidad de asistencia que presenta la AUH. Por otra parte, tras un proceso de incremento del rezago en el nivel medio tras los primeros años, el nivel tendió a estabilizarse en torno del 26%.
En relación al acceso al empleo pleno y la seguridad social, el informe de la UCA observó un "deterioro significativo" particularmente a partir de 2016, donde el nivel de hogares que no perciben ingresos provenientes de empleo registrado ni de jubilaciones o pensiones contributivas se incrementó en 5 puntos. Pasó del 25 al 30% del total. "Esta dinámica estuvo vinculada principalmente al incremento del desempleo y de la precarización laboral, que impactó más fuertemente sobre los sectores más vulnerables. Se destaca, a su vez, que sobre estos hogares se incrementó la percepción de transferencias de ingresos provenientes de programas sociales, aunque la cobertura está lejos de ser universal para este grupo", según el informe de la UCA.

Si se considera la intensidad de la privación en términos de carencias no monetarias a partir de la cantidad de dimensiones que un hogar/personas presenta en situación de déficit, entre puntas tuvo lugar un descenso de los déficits en privaciones de derechos para los hogares afectados por la presencia de 1, 2 o 3 carencias. La tendencia al descenso de los hogares con déficit en carencias en derechos sociales a nivel agregado se observa entre los años 2010 y 2014, luego tuvo lugar un amesetamiento hasta el final de la serie.
Sin embargo, el informe revela que en 2019 el 65% de los hogares presentaban carencia en al menos una dimensión, el 44% experimentaba privación en dos o más de los aspectos considerados, mientras que el 27,6% se veía afectado en 3 o más de las dimensiones de derechos consideradas.
Los hogares bajo condición de pobreza por ingresos y carencias no monetarias experimentaron un importante descenso en el inicio de la serie en el año 2011 para seguir una tendencia levemente ascendente hacia 2015. En 2016 comienza un proceso que, con la excepción del año 2017, expresa un fuerte incremento de la pobreza multidimensional, que alcanzó al 37,5% de la población en 2019, incrementándose en 8 puntos desde 2010. Esta evolución se explica en gran medida por el deterioro que experimentaron en esta última etapa los ingresos reales de los hogares, como así también el impacto que tuvo en dimensiones clave como el acceso a la alimentación y a la salud y el acceso al empleo y la seguridad social. En el 2019, la pobreza por ingreso llegó al 40,8%.
El análisis de las brechas de desigualdad según estrato ocupacional que revela el informe de la UCA demostró que las personas en hogares cuyo principal aportante de ingresos se encuentra en los estratos ocupacionales más vulnerables (trabajador marginal) presentan más de 5 veces más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza multidimensional que las que forman parte de hogares de estrato medio. Al mismo tiempo, también se destaca que la pobreza multidimensional afectó de manera central a las personas en estratos ocupacional menos integrados desde 2015 para los trabajadores marginales.
Por otro lado, la pobreza estructural creció sustancialmente en el conurbano bonaerense (pasó del 28,6% en el 2018 al 30,4% en el 2019) mientras que en la ciudad de Buenos Aires estos parámetros se redujeron del 6% en el 2018 al 2,6% en el 2019.
La nueva serie que mostró el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló también que los argentinos vieron deteriorada su capacidad de ahorro: mientras que el 13,4% de los hogares mostraba capacidad de ahorro, esa dimensión disminuyó al 11,6% en el 2019. Y la insuficiencia de ingresos por hogar pasó del 47,8% en el 2018 al 53,3% en el 2019.
El informe de la UCA que se hizo sobre una encuesta de más de 5.700 hogares abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier - Cipoletti, Mar Del Plata, Salta, Tucumán y Tafí Viejo Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande
Por Martín Dinatale

lunes, 24 de febrero de 2020

En Rosario ya no se colocan TELÉFONOS FIJOS…. ante la caída de demanda



La principal prestadora sólo ofrece tecnología satelital con los mismos problemas de señal que los celulares, se cae sin luz y no sirve para alarma el fin de una era. Con cifras contundentes, todos se van pasando a otras alternativas
Los números marcan que en los últimos años fue cayendo poco a poco su demanda, pero el teléfono fijo recibió, a partir de una decisión de la principal empresa prestadora del servicio, la estocada final: ya no se colocan más líneas que se comunican a través del cable de cobre en Rosario.
Aunque parezca anacrónico, hay toda una generación que asocia la existencia real de una persona, comercio o institución a la existencia de una línea fija, y no pueden o no quieren prescindir de ella. Por ejemplo, porque algunas empresas de monitoreo por alarma lo requieren.
Las cifras son contundentes: según datos del Ente Nacional de Comunicaciones, en el tercer trimestre de 2019 —último dato disponible— la provincia de Santa Fe tenía 650.969 líneas fijas. En el primer trimestre de 2014 había 770.360 líneas, que representa un desplome del 15,5 por ciento (se dieron de baja 119.391 usuarios).
La curva es descendente, período a período, durante los últimos 5 años también a nivel nacional. En el mismo lapso de tiempo, pasó de 7.897.980, en enero de 2014, a 7.248.863 en septiembre del año pasado, una caída de 649.117 abonados (8,22 por ciento).
Hace unos años, cuando comenzó a declinar su uso, instalar un teléfono fijo, como ocurría en la década del 80 cuando los departamentos que contaban con teléfono eran más caros, volvió a ser una odisea.
Telecom, principal prestadora del servicio, ofrece un solo plan en su página, el «Total País Full» que incluye minutos ilimitados para hablar a líneas fijas de todo el país; minutos ilimitados para hablar a líneas móviles de Personal (la marca de telefonía móvil de la empresa), y un pack de contestador automático, transferencia de llamadas, conferencia, llamadas sin selección y llamada en espera. Fuera del período de promoción del primer semestre, el combo cuesta hoy 750 pesos por mes.
"No más"
"No se colocan más teléfonos fijos", dijeron finalmente otras dos operadoras en dos llamadas distintas, quienes revelaron además que lo único que ofrecen es la tecnología satelital GSM. Según explicaron, se trata de un aparato conectado a la red eléctrica con un chip, cuya antena es similar a un celular y que podría tener los mismos problemas de señal defectuosa. "No sirve para alarma y si se corta la luz, deja de funcionar", advirtió una de ellas.
El trámite cuesta 600 pesos y el aparato llega por correo a los 10 días. "Arnet iba por cable, pero al fusionarse con Fibertel, la idea es que todos se vayan pasando a fibra óptica", confesó una de las telemarketers.
La telefonía fija está categorizada como un servicio público, lo que implica que sus tarifas están reguladas y que las empresas deben garantizar que los usuarios accedan a la instalación del servicio.
Internet, en cambio, queda sujeto a disponibilidad técnica. Según la regulación, las empresas tienen 5 días hábiles para dar de alta un servicio de telefonía. Esto lo establece el reglamento de calidad de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, instrumentado mediante la resolución 580/2018, del Ministerio de Modernización de la Nación.
No es la primera vez que Telecom no respeta la normativa: hace dos años un grupo de usuarios denunció ante la Oficina Municipal del consumidor que ponían como condición para la instalación de una línea fija, que también se contrate el servicio de Internet. La práctica de "venta atada", cuando la adquisición de un producto obliga a comprar otro, es una práctica comercial ilegal que contradice la ley de defensa del consumidor. Luego del reclamo colectivo, la firma desistió de esta práctica.
Suben las quejas por mala facturación
Desde la Oficina Municipal del Consumidor, comentaron que en los últimos años han recibido quejas por demoras que llegan a meses cuando se solicitaba el servicio de telefonía fija en hogares. También detallan que cuando el año pasado hubo una gran fusión de empresas que unificó la oferta cuádruple play de servicio fijo, móvil, cable e Internet (Cablevisión, Fibertel, Personal y Telecom), crecieron un 30 por ciento sobre años anteriores los reclamos por ventas engañosas, que llegaron a unas 500 en todo 2019.
Con tal de vender, los empleados le explicaban mal al cliente las promociones, y cuando llegaba la factura no era lo que habían contratado”, cuenta Silvia Franetovich, del área de Internet, Telefonía y Comunicaciones de la dependencia municipal.
Franetovich dijo además que luego de presentadas las denuncias, las respuestas favorables “llegan al 90 por ciento”.“En estas situaciones, intimamos a las empresas a que en 15 o 20 días den una respuesta concreta y solucionen el caso”, se encargó de resaltar.
Fuente: la capital.com/ Rosario


domingo, 23 de febrero de 2020

Más de un millón de TARJETAS ALIMENTARÍAS entregò el Gobierno y confía en reactivar las economías locales



El Ministerio de Desarrollo Social llegó a diez provincias con el otorgamiento de 603.000 tarjetas; se distribuyeron unas 30.000 por día y quieren alcanzar las dos millones de personas antes de fin de marzo
Con la clara intención de reducir los niveles de pobreza y atender la emergencia, el Gobierno ya entregó en lo que va del mandato de Alberto Fernández un total 603.200 tarjetas alimentarías que llegaron a 1.150.000 personas que viven en situación vulnerable. La intención es llegar a 1,4 millones de beneficiarios del programa social antes de fin de marzo para cubrir una población de dos millones de personas.
Según un relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social al que tuvo acceso Infobae, desde que se diagramó el 10 de diciembre pasado este programa social se repartieron un promedio de 30.000 tarjetas alimentarias por día. El ministro Daniel Arroyo cree que este plan tendrá doble efecto en lo inmediato: atenderá los problemas de inseguridad alimentaria en el país y con la compra de alimentos se reactivarán las economías locales.
En lo que va del mandato de Fernández se destinaron $3.016.000.000 de un programa anual que contempla $70.000 millones.
"En marzo vamos a llegar a 1.400.000 tarjetas ya que se están entregando unas 30 mil tarjetas por día porque hay varios operativos simultáneos", dijo Arroyo a Infobae.
Hasta ahora, la tarjeta alimentaria llegó a diez provincias: Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, La Pampa, Entre Ríos y Santa Cruz. La semana que viene se entregarán 41.000 tarjetas en la Ciudad de Buenos Aires que llegarán a unas 70.000 personas. Lo mismo ocurrirá con Jujuy y Mendoza.
Está claro que la Casa Rosada atendió la situación más urgente de sectores vulnerables y que desplegó este programa de atención alimentaría en las zonas de la Argentina con mayores niveles de pobreza. Según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA la inseguridad alimentaria severa llega al 9,3% de la población de la Argentina.
En el caso de la entrega de tarjetas alimentarias en el conurbano bonaerense se llegó cubrir la entrega en 32 municipios. Así, este programa alcanzó a las comunas de Almirante Brown, San Martín, Avellaneda, La Matanza, Morón, Hurlingham, San Fernando, Quilmes, Malvinas Argentinas, San Miguel, Merlo, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C Paz, Lanús, Ituzaingó, Berazategui, Ezeiza, San Isidro, Vicente López, Presidente Perón, Escobar, Berisso, General Rodríguez, Pilar, Navarro y Luján, entre otros.
"Hay muchísimos comercios y almacenes que hacen descuentos importantes con la Tarjeta Alimentar. Entienden de qué se trata este plan, que es un tema clave en la Argentina y están colaborando", añadió el ministro de Desarrollo Social.
De esta manera, en el Gobierno sostienen que el 60% de las compras de la Tarjeta Alimentar están destinadas a leches, carnes, frutas y verduras. Y al agregar harinas sin azúcar se cubre el 69 por ciento de las compras.
Para el Ministerio de Desarrollo Social este mecanismo inyectará un importante caudal de fondos en municipios y localidades que movilizarán la economía a pequeña escala. Es que con la tarjeta alimentaria se pueden comprar cualquier tipo de alimento salvo bebidas alcohólicas.
Se estima que la tarjeta alimentaria llegará a 2 millones de beneficiarios en todo el país y se entregará en forma automática para todas las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del cruce de datos que realizará el ANSES y las bases de datos de las AUH.
Estas tarjetas no se tramitan en ningún lado y ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona. En la primera etapa la recibirán las madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la AUH; las embarazadas a partir de los tres meses que actualmente perciben la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que reciban la AUH. Así los beneficiarios reciben entre $4.000 y 6.000 mensuales de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo.
En la provincia de Buenos Aires hasta ahora se entregaron 403.300 tarjetas para unas 800 mil personas; en Entre Ríos (Concordia y Paraná) unas 21.900 tarjetas; en Chaco 66.500 que alcanzó a 129 mil personas; en Santa Fe (Rosario y Santa Fe) 49.700 tarjetas para 90 mil personas; en Tucumán hubo 17.000 tarjetas para 32 mil personas; en Salta 35.000 para 65 mil personas; en Santa Cruz 9.100 para 13 mil personas; en Córdoba hay tarjetas 117.000 tarjetas para 217.000 personas alcanzadas; en La Pampa 10.000 tarjetas para 19 mil personas alcanzadas y en Catamarca 17.000 beneficios para 29 mil personas alcanzadas.
La intención del Gobierno es hacer un seguimiento del consumo de las familias que reciben la tarjeta alimentaria para que después haya un ejército de especialistas en nutrición que asesorarán a las madres beneficiarias del programa con el fin de aconsejar en la compra de alimentos más nutritivos. En el caso de la provincia de Buenos Aires se reactivará un sistema aggiornado de Las Manzaneras que tenía Hilda "Chiche" Duhalde para dar un seguimiento a este programa.
Desde la Casa Rosada aseguran que el plan de la tarjeta alimentaria no se puede someter al clientelismo político porque se entrega como una jubilación, por ventanilla bancaria, se cobra como un débito y se eluden los intermediarios.
INFOBAE /  Martín Dinatale

sábado, 22 de febrero de 2020

El Asesinato de Fernando Báez Sosa


El Asesinato de Fernando Báez Sosa se refiere a la investigación penal preparatoria Nº 03-04-000349-20/00 del registro del Juzgado de Garantías Nº 6 descentralizado de Villa Gesell del Departamento Judicial de Dolores, seguida por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, caratulada «DTE. Fernando José Báez Sosa S/ Homicidio Agravado», según la cual Fernando Báez Sosa (n. 2001) fue asesinado a golpes de puño y patadas que le provocaron un paro cardíaco debido a un shock neurogénico inducido, producido por traumatismo grave de cráneo, por parte de un grupo de jugadores de rugby, oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate.1 2


El crimen de Fernando cobró relevancia a nivel nacional e internacional, pocas horas después de sucedido, por la difusión de las imágenes de la golpiza en 
redes sociales.3456 7 89

El día 
18 de febrero de 2020 se realizó una convocatoria a nivel nacional, con epicentro en el Congreso de la Nación Argentina, para repudiar el asesinato de Fernando y pedir justicia por su caso.1011 El hecho también es conocido en los medios como el Crimen de los Rugbiers o el Crimen de Villa Gesell.

Los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa son: Matías Franco Benicelli (20 años), Ciro Pertossi (19 años), Luciano Pertossi (18 años), Lucas Fidel Pertossi (20 años), Máximo Pablo Thomsen (20 años), Alejo Milanesi (20 años), Enzo Tomás Comelli (19 años), Juan Pedro Guarino (19 años), Blas Cinalli (18 años) y Ayrton Michael Viollaz (20 años).17 Los diez son originarios de la localidad bonaerense de Zárate, a 90 kilómetros de la capital argentina, y la mayoría jugaban al rugby en el Club Náutico Arsenal Zárate, por esta razón, el grupo de asesinos se conoce como los rugbiers, en la prensa argentina.18 192021


viernes, 21 de febrero de 2020

Fondo Compensador Telefónico: Fecha de pago Viernes 21 - Febrero - 2020


Entrega de kits escolares


Ingeniera espacial diseña un celular con disco de marcar funcional




Ingeniera espacial diseña un celular con disco de marcar funcional

Es difícil no distraerse con todo lo que incluyen los smartphones hoy en día, especialmente si consideramos que siempre los tenemos a la mano. Es por ello que la ingeniera Justine Haupt del Grupo de Instrumentación Cosmológica del Laboratorio Nacional de Brookhaven dedicó tres años a desarrollar un teléfono que se ajustara a sus necesidades. El resultado de sus esfuerzos es un celular con disco de marcado completamente funcional, y Haupt considera que tiene todas las ventajas de la comunicación portátil sin adornos o funcionalidades innecesarias.
La ingeniera documentó el proceso de construcción de este gadget en su sitio web. “¿Por qué un celular de disco?”, plantea. “Porque en un quisquilloso y molesto mundo touchscreen de personas hiperconectadas que usan teléfonos sobre los que no tienen control o no entienden, quería algo que fuese completamente mío, personal y absolutamente táctil, algo que al mismo tiempo me diera una excusa para no enviar mensajes de texto”. Haupt desarrolló dos versiones diferentes del celular antes de crear el producto final que utiliza hoy. El celular se compone de un dial giratorio de un teléfono Trimline, así como una interfaz Arduino y partes Adafruit para el cuerpo. Además, en la versión actual, Haupt incorporó ePaper curvo a la parte posterior del celular para que muestre mensajes relevantes (por ejemplo, llamadas perdidas) como lo haría un buscapersonas.
Entre las otras virtudes de este novedoso teléfono está su excelente recepción (cortesía de una antena removible con conector SMA), diseño compacto, y una batería que dura casi 24 horas. Sin embargo, lo más importante es que este celular con disco de marcar provee a Haupt todo lo que necesita sin las distracciones de una pantalla moderna.
Sigue leyendo para ver las tres versiones del celular de disco de Haupt. Si quieres saber más sobre cómo creó este teléfono, visita su sitio web.

miércoles, 19 de febrero de 2020

Decreto 163/2020: El Gobierno oficializó el aumento de 2,3% más una suma fija de $1.500 para los jubilados


Decreto 163/2020: El Gobierno oficializó el aumento de 2,3% más una suma fija de $1.500 para los jubilados

Lo hizo a través del decreto 163/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial. De esta manera el haber mínimo pasa de $14.068 a $15.892 a partir del 1 de marzo. La medida incluye asignaciones familiares y la AUH
El Gobierno publicó este miércoles el decreto sobre los incrementos a las jubilaciones y a las asignaciones familiares, una medida comunicada la semana pasada. Lo hizo a través de una nueva edición del Boletín Oficial.
Tal como se había anunciado, la suba de las jubilaciones será de un 2,3% sobre el valor devengado de febrero, más una suma fija de $1.500. En tanto, las asignaciones familiares tendrán un aumento del 13% sobre los montos y rangos vigentes.
La medida del Poder Ejecutivo deja sin definir cuál será la actualización de varios conceptos que hasta ahora se ajustaban según el índice de movilidad. Y le deja expresamente esa tarea al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, a poco de iniciarse el mes de marzo, no se conoce cuál será desde entonces la Prestación Básica Universal (PBU), que es un monto fijo que se integra a todas las jubilaciones al momento de calcularse el haber inicial. Tampoco está claro cómo se ajustarán las cuotas de las moratorias para quienes las sigan pagando, ni las cuotas del cobro de retroactivos surgidas del plan de Reparación Histórica, para quienes lo sigan cobrando



martes, 18 de febrero de 2020

El Gobierno abrió la puerta para una suba en la edad jubilatoria




El ministro de Trabajo Claudio Moroni señaló que “en algún momento esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual”. El funcionario negó que ese tema haya estado en la agenda con el FMI, cuya misión deja hoy la Argentina. La edad mínima para jubilarse es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, aunque existe la opción de poder jubilarse a los 70 años.

El Gobierno abrió la puerta a discutir un aumento en la edad jubilatoria, en medio de críticas de la oposición por la suspensión de la fórmula de movilidad y los aumentos por decreto. Aunque primero se encamina a modificar las jubilaciones de privilegio, algo que genera rechazo entre jueces y diplomáticos, en el gabinete de Alberto Fernández tantean el humor social para una reforma previsional general, algo que suele exigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el macrismo intentó sin éxito.

 El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo planteó en estos términos este martes en una entrevista radial: "En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, evaluó Moroni en diálogo con radio La Red, y estimó que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de a los 60, la edad que rige actualmente.

El funcionario sostuvo que este régimen se estableció muchos años atrás, y argumentó que la esperanza de vida “crece año tras año", lo que hace que cada vez se le exija más al sistema jubilatorio. Si bien remarcó que en cualquier modificación de este tipo debería primar la “calma y el tiempo”, advirtió que deben hacerse las correcciones para evitar que el sistema se convierta en algo “insustentable". "Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas con calma y tiempo, deben ir sucediendo en el tiempo porque son cosas pesadas de mover, con mucha inercia de su gasto", aclaró Moroni.  

Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, coincide en esta línea y cree que debería revisarse el tema etario, aunque plantea que para un cambio de estas características es esencial determinar el problema estructural, y no tener en cuenta solo un aspecto. “La edad es una sola de las variables que hay que debatir para reformas un sistema jubilatorio. No me parece el único tema, creo que hay que discutirlo en un contexto”, asegura en diálogo con PERFIL.

"En mi experiencia hay que ver holísticamente al problema, no desde una sola dimensión. Acá hay una tendencia a ver las cosas así en los todos los aspectos. No es que no haya que revisar el tema etario, pero es una sola de las pequeñas variables, a cada una de esas hay que analizarlas en conjunto”, evalúa. Lo más importante, asegura Semino, es debatir cómo se financia el sistema. “Trabajo e impuestos, las dos fuentes de financiación, están totalmente debilitadas. Tenemos 37% de trabajo no registrado que aporta un 0%, lo que implica un problema crónico. De impuestos, lo que más aporta es el IVA, que es un impuesto regresivo. No hay un debate de por qué las rentas no aportan al sistema”, aporta.

El titular de la Defensoría explica además que en Argentina se da la particularidad que no es uno de los países que más haya envejecido en Latinoamérica. “El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2016 plantea que hoy somos el séptimo país más envejecido, fuimos el segundo, y ahora la expectativa es de 76 años. Tenemos que tomar estos antecedentes y evaluarlos  con el resto de los temas que hacen a la reformulación del sistema”, plantea.

Está fuera de agenda. No lo veo para este Gobierno, o al menos para este período presidencial, remarcó.
"Son cosas pesadas de mover, cosas que tienen mucha inercia de su gasto" le expresó Moroni a "Novaresio 910", el programa que conduce Luis Novaresio en Radio La Red (910). "Tenemos que pensarlo bien, discutirlo bien e ir haciendo las correcciones para llegar a un punto en no se nos convierta (el sistema previsional) en algo insustentable.
¿Es un disparate pensar que una mujer tendrá que jubilarse a los 65 años?, le preguntaron nuevamente. No es un disparate, pero no se en qué momento lo definiremos", replicó. "Tenemos que discutirlo, no es una definición del ministro", aclaró.
El FMI sugirió modificaciones en el sistema de jubilaciones ("pensiones en el lenguaje del FMI) en diciembre de 2017. Alli, sugirieron dos cambios angulares: indexar los haberes siguiendo los índices de inflación (como hizo la administración de Mauricio Macri, con el rechazo total de los legisladores que conforman el Frente de Todos) y subir la edad mínima obligatoria para mujeres, que actualmente está en 60 y debería escalar a 65 años.
A través de otra ley del Congreso, el actual oficialismo derogó la movilidad jubilatoria anterior y está aplicando una nueva fórmula. La actualización de marzo es de un 13% para los que cobran la mínima y menos del 11,56% (lo que estaba en la ley anterior) para todo el resto.
Con las reformas de diciembre de 2017 -bajo protestas violentas y un nivel de agitación parlamentario que impedían los debates-, también quedó establecida la posibilidad de una jubilación a los 70 años, pero de forma optativa.
La discusión sobre la edad jubilatoria está en efervescencia en todo el mundo. Es protagonista en Francia, pero también fue parte del debate en otros países europeos. Brasil pasó una reforma jubilatoria en 2019, que le podría generar un ahorro de US$ 46.000 millones en diez años.
"Argentina necesita restaurar la sostenibilidad de largo plazo en su sistema de pensiones", aconsejó el FMI. Los "regímenes especiales y de exenciones (como las de judiciales)" tampoco cuentan con el aval del FMI. Moroni destacó que los cambios en los regímenes especiales "ya vienen de la mesa del diálogo argentino de 2002 y se logró con funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo".
Según estimaciones privadas, la administración de Alberto Fernández ahorrará $ 5.100 millones mensuales (o más de $ 15.000 millones) por el cambio en las jubilaciones.
Las recomendaciones del FMI son más extensas. Sugieren cambios aplicados en Italia y Suecia para un régimen general, o en  Australia y Chile para contribuciones particulares. En este último caso, están las administradoras de fondos de pensión, que en la Argentina fueron conocidas como AFJP y removidas de manejar ahorros previsionales en octubre de 2018.
Aún con la permanencia de un sistema estatal, pero con cambios en los fondeos y topes, el FMI entiende que el gasto de ese programa sería del 2% del PBI, contra un 4,3% que estaba costando sin cambios. Claro que esos números fueron hechos antes de las devaluaciones de 2018 y 2019, por lo que las proporciones pueden haber bajado.
Fuente: Perfil – Infobae- Clarín

sábado, 8 de febrero de 2020

UPJET: Cuestionan el nombramiento en el FCT de dos directivos, no designados por el Consejo Directivo…



Compañeras/os,
                        Ante los pedidos de explicación de algunos afiliados queremos hacerla extensiva, para que todos puedan conocer y sacar sus propias conclusiones de este grave suceso.
Lo principal es comprender el "grave daño provocado a los Jerárquicos", por eso vamos a ampliar la información difundida hasta el momento. 
¿Qué se puso en juego en el FCT? UPJET fue uno de los fundadores del Fondo Compensador Telefónico, las autoridades rotaban la conducción cada dos años. En el año 2007 se realizó la intervención y las autoridades fueron designadas por la Asamblea Federal, conformada proporcionalmente según los aportantes de cada gremio. Por este motivo el sindicato con más aportantes ocupa la presidencia del FCT desde su intervención. El 22 de septiembre de 2019 la Asamblea Federal designó a para ocupar los lugares de UPJET en el Consejo de Administración del Fondo. ¡Estas personas no fueron las designadas por UPJET!
La actual conducción de UPJET considera que se pueden mejorar las prestaciones de los Jubilados y hace sus reservas sobre el manejo de los recursos, principalmente porque las personas designadas no le rinden cuentas o informan a la organización el destino de los mismos, ni los motivos que se tuvieron en vista para la toma de decisiones. UPJET puede disentir sobre la conveniencia de alguna política, pero no puede renunciar al control sobre el destino de aportes.
Como hemos informado oportunamente, los Sres.. Juan Manuel Álvarez (Secretario Gremial) y Carlos Reising, realizaron un pacto a espaldas de nuestra Organización Gremial y de los afiliados, para que la Asamblea los designara como autoridades en el Fondo Compensador Telefónico. La propia designación es la prueba que hubo un pacto.
 A los Sres. Álvarez y Reisieng, no les importó el mandato democrático que tiene el actual Consejo Directivo, un grave antecedente antidemocrático. Este pacto viola abiertamente lo especificado por el Estatuto de UPJET, ataca la voluntad democrática de los afiliados interfiriendo en las designaciones de las autoridades. El Consejo Directivo Nacional es un órgano elegido democráticamente por los afiliados de UPJET, tiene el mandato de los afiliados y es el único órgano autorizado para designar autoridades en el Fondo Compensador Telefónico (Artículo 60 del Estatuto vigente).
Este lamentable suceso no es otra cosa que un golpe institucional. Estas personas fueron designadas de manera irregular y no cuentan con el respaldo del Sindicato al que dicen representar. Nos faltan el respeto cuando dicen que representan los intereses de UPJET. ¡Cómo es esto posible si fueron propuestos por otros gremios!
En cuanto al Sr Álvarez, desoyó el mandato de los afiliados, violó el Estatuto de UPJET y no respetó las resoluciones del Consejo Directivo Nacional, la falta es de una gravedad tal, que su conducta esta enmarcada en las sanciones previstas en el Artículo 17-c) del Estatuto vigente. Actualmente, las personas nombradas, responden a los intereses de otros gremios, no dignifican ni representan a UPJET y han perdido la confianza de este Consejo Directivo.
A fin de subsanar su conducta y recobrar la confianza, en repetidas oportunidades el Consejo Directivo Nacional le ha explicado la gravedad de la situación y le solicitó al Sr. Álvarez que renuncie a su designación, al respecto se le enviaron varias notificaciones indicándole cómo proceder. Además, fue citado reiteradas veces a una mediación a la que no concurrió.
El 20 de Noviembre de 2019, hubo un encuentro con los delegados de UPJET en la sede de Castro Barros, cuando se le preguntó sobre su designación al FCT no pudo explicar los motivos y mucho menos el acuerdo que realizó. No obstante, el Consejo Directivo Nacional ha intimado al Sr. Álvarez para que antes de la próxima Reunión de Consejo a llevarse a cabo en febrero, actúe conforme a lo solicitado y de esta manera comenzar a solucionar el conflicto que ha generado.
Los Jerárquicos no somos merecedores de este tipo de trato, los jubilados, afiliados y representados por UPJET, merecen un pedido de disculpas de parte de los responsables.
Esperamos que el Sr. Álvarez actúe en consecuencia respetando el Estatuto de UPJET y a los afiliados.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
"Unidos para Crecer y Desarrollarnos"
UPJET: "UN GREMIO JUNTO A VOS"