El Gobierno abrió la puerta para una suba en la edad jubilatoria

El ministro de Trabajo Claudio Moroni señaló que “en algún momento esa discusión vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual”. El funcionario negó que ese tema haya estado en la agenda con el FMI, cuya misión deja hoy la Argentina. La edad mínima para jubilarse es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, aunque existe la opción de poder jubilarse a los 70 años.

El Gobierno abrió la puerta a discutir un aumento en la edad jubilatoria, en medio de críticas de la oposición por la suspensión de la fórmula de movilidad y los aumentos por decreto. Aunque primero se encamina a modificar las jubilaciones de privilegio, algo que genera rechazo entre jueces y diplomáticos, en el gabinete de Alberto Fernández tantean el humor social para una reforma previsional general, algo que suele exigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el macrismo intentó sin éxito.

 El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo planteó en estos términos este martes en una entrevista radial: "En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual”, evaluó Moroni en diálogo con radio La Red, y estimó que “no sería un disparate” que una mujer se jubile a los 65 años en vez de a los 60, la edad que rige actualmente.

El funcionario sostuvo que este régimen se estableció muchos años atrás, y argumentó que la esperanza de vida “crece año tras año", lo que hace que cada vez se le exija más al sistema jubilatorio. Si bien remarcó que en cualquier modificación de este tipo debería primar la “calma y el tiempo”, advirtió que deben hacerse las correcciones para evitar que el sistema se convierta en algo “insustentable". "Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas con calma y tiempo, deben ir sucediendo en el tiempo porque son cosas pesadas de mover, con mucha inercia de su gasto", aclaró Moroni.  

Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, coincide en esta línea y cree que debería revisarse el tema etario, aunque plantea que para un cambio de estas características es esencial determinar el problema estructural, y no tener en cuenta solo un aspecto. “La edad es una sola de las variables que hay que debatir para reformas un sistema jubilatorio. No me parece el único tema, creo que hay que discutirlo en un contexto”, asegura en diálogo con PERFIL.

"En mi experiencia hay que ver holísticamente al problema, no desde una sola dimensión. Acá hay una tendencia a ver las cosas así en los todos los aspectos. No es que no haya que revisar el tema etario, pero es una sola de las pequeñas variables, a cada una de esas hay que analizarlas en conjunto”, evalúa. Lo más importante, asegura Semino, es debatir cómo se financia el sistema. “Trabajo e impuestos, las dos fuentes de financiación, están totalmente debilitadas. Tenemos 37% de trabajo no registrado que aporta un 0%, lo que implica un problema crónico. De impuestos, lo que más aporta es el IVA, que es un impuesto regresivo. No hay un debate de por qué las rentas no aportan al sistema”, aporta.

El titular de la Defensoría explica además que en Argentina se da la particularidad que no es uno de los países que más haya envejecido en Latinoamérica. “El informe de la Organización Mundial de la Salud de 2016 plantea que hoy somos el séptimo país más envejecido, fuimos el segundo, y ahora la expectativa es de 76 años. Tenemos que tomar estos antecedentes y evaluarlos  con el resto de los temas que hacen a la reformulación del sistema”, plantea.

Está fuera de agenda. No lo veo para este Gobierno, o al menos para este período presidencial, remarcó.​

"Son cosas pesadas de mover, cosas que tienen mucha inercia de su gasto" le expresó Moroni a "Novaresio 910", el programa que conduce Luis Novaresio en Radio La Red (910). "Tenemos que pensarlo bien, discutirlo bien e ir haciendo las correcciones para llegar a un punto en no se nos convierta (el sistema previsional) en algo insustentable.

¿Es un disparate pensar que una mujer tendrá que jubilarse a los 65 años?, le preguntaron nuevamente. No es un disparate, pero no se en qué momento lo definiremos", replicó. "Tenemos que discutirlo, no es una definición del ministro", aclaró.

El FMI sugirió modificaciones en el sistema de jubilaciones ("pensiones en el lenguaje del FMI) en diciembre de 2017. Alli, sugirieron dos cambios angulares: indexar los haberes siguiendo los índices de inflación (como hizo la administración de Mauricio Macri, con el rechazo total de los legisladores que conforman el Frente de Todos) y subir la edad mínima obligatoria para mujeres, que actualmente está en 60 y debería escalar a 65 años.

A través de otra ley del Congreso, el actual oficialismo derogó la movilidad jubilatoria anterior y está aplicando una nueva fórmula. La actualización de marzo es de un 13% para los que cobran la mínima y menos del 11,56% (lo que estaba en la ley anterior) para todo el resto.

Con las reformas de diciembre de 2017 -bajo protestas violentas y un nivel de agitación parlamentario que impedían los debates-, también quedó establecida la posibilidad de una jubilación a los 70 años, pero de forma optativa.

La discusión sobre la edad jubilatoria está en efervescencia en todo el mundo. Es protagonista en Francia, pero también fue parte del debate en otros países europeos. Brasil pasó una reforma jubilatoria en 2019, que le podría generar un ahorro de US$ 46.000 millones en diez años.

"Argentina necesita restaurar la sostenibilidad de largo plazo en su sistema de pensiones", aconsejó el FMI. Los "regímenes especiales y de exenciones (como las de judiciales)" tampoco cuentan con el aval del FMI. Moroni destacó que los cambios en los regímenes especiales "ya vienen de la mesa del diálogo argentino de 2002 y se logró con funcionarios del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo".

Según estimaciones privadas, la administración de Alberto Fernández ahorrará $ 5.100 millones mensuales (o más de $ 15.000 millones) por el cambio en las jubilaciones.

Las recomendaciones del FMI son más extensas. Sugieren cambios aplicados en Italia y Suecia para un régimen general, o en  Australia y Chile para contribuciones particulares. En este último caso, están las administradoras de fondos de pensión, que en la Argentina fueron conocidas como AFJP y removidas de manejar ahorros previsionales en octubre de 2018.

Aún con la permanencia de un sistema estatal, pero con cambios en los fondeos y topes, el FMI entiende que el gasto de ese programa sería del 2% del PBI, contra un 4,3% que estaba costando sin cambios. Claro que esos números fueron hechos antes de las devaluaciones de 2018 y 2019, por lo que las proporciones pueden haber bajado.

Fuente: Perfil – Infobae- Clarín