lunes, 31 de agosto de 2020

Las PARITARIAS se reactivan de a poco, con acuerdos dispares y menores a la inflación




A esta altura del año, el calendario de las paritarias debería estar atravesando su etapa final. Pero la realidad económica que traza el coronavirus alteró las previsiones y recién durante el mes pasado y el que está en curso comenzaron a anudarse los primeros acuerdos. En total, son 23 tratos que representan mejoras para un millón trabajadores en relación de dependencia en el sector privado, sobre un total de 5,2 millones de asalariados. Es decir, que solo un 19 por ciento de los trabajadores tuvo una mejora salarial desde que se inició la crisis sanitaria, según registros del Ministerio de Trabajo.

Los aumentos rondaron entre 23 y 30% anual, casi diez puntos por debajo de la inflación esperada por el mercado a fin de año. Y todos presentan características disímiles que reflejan el contexto de incertidumbre. Hubo tratos "cortos", de entre cuatro y siete meses, cuando antes por lo general eran anuales. Eso sí, tienen una cláusula de revisión en caso de que la inflación supere lo pactadoNo en todos los casos el porcentaje de incremento se dio sobre la base de los sueldos básicos y se exploraron atajos para forzar acuerdos, como el otorgamiento de sumas fijas no remunerativas o la inclusión en el básico de las subas por decreto que dispuso el gobierno nacional.

El mejor botón de muestra sobre la flexibilidad de las paritarias fue el acuerdo que selló recientemente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Obtuvo una "gratificación extraordinaria no remunerativa", que se abonará en cinco pagos de $6000 mensuales desde agosto a diciembre de 2020. En el trato, Antonio Caló resignó el aumento de la primera mitad del año y acordó extender hasta fines de diciembre el esquema de suspensiones a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por el cual los trabajadores metalúrgicos que no cumplan tareas debido a la pandemia por coronavirus cobrarán el 70% del salario bruto, lo que representaría alrededor del 86% del salario neto.

Otro rasgo distintivo de las negociaciones paritarias en tiempos de crisis fueron los acuerdos escalonados, como el de la Alimentación. Selló una suma fija de $6000 para mayo, junio y julio, más un aumento de 6,5% entre agosto y septiembre. El apretón de mano se dio en julio y la negociación se retomará el 22 de septiembre, para avanzar con el período que resta, de siete meses
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Nicolás Balinotti - LaNacion

Los Trabajadores de las Telecomunicaciones /Tics frente al DNU 690/20


domingo, 30 de agosto de 2020

Saocom 1B: despegó el satélite argentino




Saocom 1B: despegó el satélite argentino

Este domingo, luego de varias postergaciones, se realizó el lanzamiento del SAOCOM 1B, el satélite más avanzado con el sello Made in Argentina, que despegó a abordo del cohete Falcon 9, de Space X, desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos).
El Saocom 1B, hermano gemelo del lanzado en 2018, integrará la constelación Siasge con los cuatro Cosmo Skymed de la Agencia Espacial Italiana y entre sus objetivos está medir “la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias como la detección de derrame de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones”.
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, responsable de la base de Cabo Cañaveral, autorizó el lanzamiento del satélite Argentino de Observación Con Microondas (Saocom) 1B después de hacer "un nuevo análisis de factibilidad sobre las condiciones de oportunidad de lanzamiento".
El proyecto fue pensado para ofrecer soluciones a problemáticas locales no satisfechas con información de otros satélites, a partir de requerimientos hechos por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional del Agua (INA) con el objetivo de atender necesidades de los sectores productivos y la gestión de emergencias naturales y catástrofes.
Tanto el Saocom 1B y el 1A son el quinto y el sexto, respectivamente, satélite de observación de la tierra de la Conae. Ambos fueron desarrollados y fabricados por esta Comisión en conjunto con las empresas VENG e Invap, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el laboratorio GEMA de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y unas 80 empresas del sector espacial nacional.

sábado, 29 de agosto de 2020

Los salarios y las jubilaciones cayeron a los niveles más bajos en 15 años y se ubican entre los mínimos de la región




El derrumbe de actividad por la extensa cuarentena y el aumento de la incertidumbre en el mercado de cambios llevaron a que los ingresos retrocedieran en dólares a valores de inicio de siglo. Desde septiembre, la jubilación mínimo mensual será de USD 131.

Una economía que no crece y la ausencia de un plan económico integral orientado a revertir la larga historia de decadencia, es el escenario que encontró la irrupción del COVID-19, y la decisión de la “cuarentena eterna”, porque empezó el 20 de marzo y a más de 155 días aún no tienen fecha de finalización, fueron determinantes para asestarle un fuerte golpe a los salarios y jubilaciones.
La inestabilidad cambiaria y convivencia con altas tasas de inflación obligan a los economistas a convertir cualquier variable nominal en pesos al dólar que se puede obtener en el mercado, libre de cepos y restricciones, para poder tener una idea aproximada de la calidad de vida que pueden alcanzar los residentes en la Argentina en comparación con otros países, en particular los del vecindario.
El momento parece oportuno porque en pocos días más comenzarán a liquidarse los nuevos haberes de los jubilados y pensionados, de acuerdo con el criterio de ajuste trimestral que establecía la Ley de Movilidad Jubilatoria, suspendida por el Gobierno para contener la expansión del gasto previsional en unos $72.000 millones en el corriente año, según estimó un estudio del Iaraf.

El deterioro no es exclusivo de esta gestión. Como se observa en el gráfico (abajo), para diciembre de 2011 los jubilados ganaban el equivalente al 60% de la canasta básica de sus consumos; 50% en diciembre de 2015 y 37% en diciembre del 2019. Por su parte, la última actualización indica que solo se cubre el 35% de la canasta básica de los adultos mayores”, precisa un informe de la Fundación Libertad y Progreso, luego de contemplar el aumento generalizado de 7,5% dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 1 de septiembre, y garantizar un haber mínimo bruto mensual de $18.130, equivalente a USD 131 al cambio libre al cierre de la semana.

No sólo se trata del menor valor y la menor cobertura de los últimos 15 años, sino que se encuentra entre los peores de la serie de los últimos 30 años. Sólo cayeron más abruptamente en la crisis de 2002 a poco más de USD 40, y demoraron 4 años para recuperar el punto de partida de USD 150 que regía en los tiempos de la convertibilidad fija entre 1 peso y 1 dólar.
Después de notables altibajos, propios del ciclo de la actividad económica el haber mínimo de las jubilaciones alcanza su punto máximo con poco más de USS 400 en septiembre de 2017, pero el regreso de la recesión desde noviembre de ese año lo vuelve a derrumbar a USD 182 en noviembre de 2019, previa a la asunción a la presidencia de Alberto Fernández, y se sostiene en ese rango hasta febrero, pre pandemia del COVID-19.
Luego, las medidas preventivas, con el decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo, comienza el debilitamiento de la actividad económica, se derrumba a recaudación y una vez más una de las variables de ajuste son las jubilaciones, con aumentos por decreto inferiores a los que determinaba la legislación vigente, al punto que antes de efectivizar desde el 1 de septiembre el aumento de 7,5% las ubicará, al tipo de cambio libre del último viernes, en el equivalente a USD 131 para casi 2 de cada 3 jubilados y pensionados.
Mientras que casi 1 de cada 4 (23,5% del total de 6,9 millones de beneficiarios) pasará a percibir entre USD 160 y USD 270; y apenas 12,5% restante cobrará más del equivalente a 300 dólares
El ingreso real de los trabajadores también se desplomó
La pérdida de capacidad de compra de los ingresos no es una característica exclusiva de los jubilados y pensionados, sino también por parte de los trabajadores, en particular cuando se compara el promedio del asalariado registrado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de unos $60.000 desde junio, con el tipo de cambio libre de $138 por dólar, porque arroja un equivalente de USD 440, cuando antes de la cuarentena y en un escenario de menor incertidumbre cambiaria esa relación arrojaba USD 718, un 5% superior a la heredada el 10 de diciembre último.
El salario promedio registrado cayó al equivalente de USD 440, cuando pre cuarentena, y en un escenario de menor incertidumbre cambiaria esa relación arrojaba USD 718, un 5% superior a la heredada el 10 de diciembre último
Como en el caso de las jubilaciones, y como lo refleja el gráfico, el nuevo rango no sólo retrocedió a los valores de 15 años atrás, sino que es apenas la tercera parte del pico que había anotado en 2017, y se vuelve a ubicar entre los más bajos de la región, principalmente por el estancamiento secular de la economía, y la ausencia de un plan económico integral que permita recuperar la senda de crecimiento, como hicieron varias naciones vecinas.
La baja real es aún más notable en el caso del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), como consecuencia de que la última actualización es de octubre de 2019, a $16.875, como lo había determinado el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad, cuando equivalía a USD 260 y ahora está en unos 122 dólares.
En enero de 2020, como muestra el siguiente gráfico, el salario mínimo medido en dólares en la Argentina estaba más o menos a mitad de tabla en el vecindario latinoamericano, con 282,5 dólares medido al tipo de cambio oficial, como lo midió Statista, un analista y proveedor mundial de estadísticas y comparaciones, pero descendía por debajo de Brasil y sólo por encima de México y Venezuela si se tomaba el dólar blue. Como el SMVM no se mueve hace un año y el blue siguió subiendo, ahora el valor sólo supera al que entonces tenía Venezuela.
No sólo en el equivalente en dólares perdieron poder adquisitivo los salarios. “En términos de metros cuadrados a construir, un salario mensual hoy equivale a 1,44 m2, el nivel más bajo de los último 13 años, con deterioro continuo en los últimos 5 periodos. Asimismo, con un sueldo promedio se pueden adquirir 167 kilos de carne vacuna, el poder de compra más bajo en 20 años después del piso de 162 kilos en 2010″, destacan los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo de Ieral Fundación Mediterránea.
Brasil, Uruguay y Chile
El cotejo de ingresos entre países tiene sus complejidades, por los tipos de cambio, niveles de inflación, precios relativos y canastas de consumo en cada país, sin siquiera considerar el “salario no monetario” a través de la provisión de bienes públicos, que históricamente fue un fuerte argentino.
Sin embargo, es posible hacer algunas comparaciones.
En Brasil, por ejemplo, una elaboración de Tomás Pejkovich Balbiani, de la consultora Abeceb, en base a estadísticas oficiales, precisa que el salario privado en reales subió entre enero y junio de este año, un 5,6%, contra una inflación para ese período del 1%. A su vez, medido en dólares, y a raíz de la fuerte devaluación del real, el mismo salario sufrió una baja de 490 dólares en enero a 397 en junio, un retroceso de nada menos que 19% y que completó ese mes un cuarto mes de retroceso consecutivo.
Casi 1 de cada 4 jubilados (23,5% del total de 6,9 millones de beneficiarios) pasará a percibir entre USD 160 y USD 270; y apenas 12,5% restante cobrará más del equivalente a 300 dólares
En Uruguay, en tanto, la serie del “Nivel Gral de Salarios y Compensaciones del Sector Público” publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, que consultó la investigadora Nuria Susmel, de la Fundación FIEL, precisa que, en términos reales (esto es, descontada la inflación), la serie con base 100 en 2016 marcaba un valor de 142,13 en enero, antes de la pandemia, y de 136,63 en junio, último valor publicado. Esto es, el salario medio real en Uruguay perdió en la primera mitad de 2020 un 3,9%, medida que luce tolerable en un contexto de crisis internacional y regional y más aún teniendo en cuenta el aumento real de 42% en los cuatro años previos.
En el caso de Chile, la información oficial precisa que -también tomando el año 2016 como “base 100″- en enero el “Índice de Remuneraciones” reales era de 118,85 en enero y de 118,35 en mayo, último mes publicado. Esto es, una pérdida de 0,4%. A su vez, el “Indice del Costo de la Mano de Obra” (aquel que debe afrontar el empleador) pasó de 118,59 en enero a 118,09 en mayo, un retroceso de igual magnitud.
En definitiva, la estabilidad vale.
En un país dolarizado como la Argentina, una comparación inmediata es la evolución de los ingresos en dólares. Al respecto, ayer, en un tuit, el economista Esteban Domecq, de la consultora Invecq, desafió a sus seguidores a un simple ejercicio: buscar su recibo de sueldo de 2018, calcularlo en dólares (a $ 18), compararlo con el último recibo de 2020 y calcularlo al dólar oficial ($ 77) y al blue (que tomó a $ 136). Domecq comparó así la caída del salario promedio en dólares en lo que va de 2020 con la ocurrida en 2002, tras el estallido de la convertibilidad. Aquella vez, precisó, la caída fue del 75%. Ahora, al dólar oficial es del 40% y al dólar “blue” de 70%, muy cerca del pozo de la post-convertibilidad.
Los salarios, junto al nivel de formalidad y la tasa de actividad de la economía, son clave para avizorar la sostenibilidad del sistema previsional, pues de la cantidad y cuantía de sus contribuciones depende la capacidad del sistema de solventar, sin auxilio del Tesoro o dosis crecientes de emisión monetaria, la cantidad y el nivel de actuales y futuras jubilaciones. Al respecto, Laura Caullo, economista de la Fundación Mediterránea, comparó la cantidad de trabajadores privados en blanco de la Argentina, Chile y Australia respecto de su población total. Las diferencias (ver mapa) son abismales, mientras en la Argentina esa relación es de sólo el 14% (7,4 millones sobre 45 millones de habitantes), en Chile es del 38% y en Australia del 56%. En definitiva, el nivel de empleo, de formalidad y de salarios del presente limita cada vez más lo que el sistema jubilatorio es capaz (o incapaz) de dar.

Por Daniel Sticco - Sergio Serrichio - INFOBAE.

El Gobierno volvió a extender la cuarentena hasta el 20 de septiembre ...

Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof prorrogaron por undécima vez las restricciones que están vigentes desde el 20 de marzo. A diferencia de otras oportunidades, evitaron difundir un mensaje conjunto televisado. El Presidente comunicó la autorización de reuniones sociales al aire libre


viernes, 28 de agosto de 2020

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas REPUDIO los dichos de Gustavo Silvestre (periodista C5N)


En la carta dirigida al C5N – Canal 5 Noticias expresaron su repudio a los dichos del periodista en su programa “Minuto Uno” donde tildó de "cobardes" a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas.






PARITARIA 2020/21: Mensaje de la M.U.S. a los compañeros/as!!


ARSAT ; cuando el rìo suena...




El gerente de Operaciones, Marcelo Tesoro, buscaría beneficiar a una firma a través de una contratación directa para comprar equipos de almacenamiento de datos. El vínculo con el empresario Gustavo Ammaturo, que estuvo preso.
"Hecha la regulación, hecho el negocio" podría ser uno de los refranes que rige la vida económica argentina. En el caso de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), el DNU que regula y convierte en servicio público a las telecomunicaciones parece haber sido el resultado de un terreno que estaba preparado. Con una serie de condimentos que huelen a otra época, de grandes negocios entre el Estado y algunos privados: un gerente que apela a contratación directa (cuando lo más transparente es licitación pública nacional e internacional), un empresario allegado que estuvo preso, y las lógicas tensiones internas por esta decisión.
El tema fue destapado por una reciente investigación del periodista Carlos Pagni, que hizo foco en la puja interna suscitada en ARSAT por las contrataciones de compañías proveedoras. El gerente cuestionado, a cargo del área de Operaciones, se llama Marcelo Tesoro; el empresario que estuvo preso (en la famosa Causa de los Cuadernos) es Gustavo Ammaturo; la empresa que estaría designada para ganar la contratación directa es la finlandesa Nokia, que está lejos de ser una empresa de tecnología de punta, como lo fue en algún momento gracias a sus celulares, ya históricos y desplazados por la estadounidense Apple o la china Huawei, entre otras. ...
El tironeo interno responde a que la gestión llevada adelante por el gerente de Operaciones, Marcelo Tesoro —vuelto a nombrar en ese cargo este año por el actual presidente de ARSAT, Pablo Tognetti — busca volver a hacer una contratación directa de equipamiento de almacenamiento de datos al proveedor Nokia; es decir sin pasar por una licitación limpia y eludiendo al directorio de la empresa en un proceso transparente. Entre 2012 y 2013, periodo en el que Tesoro también era director y gerente de Operaciones de ARSAT, se le compró equipamiento a la misma empresa. En 2013 Tesoro dejó la gerencia de Operaciones, aunque continuó en su cargo de director.
Oposición interna en ARSAT
Las intenciones de Tesoro provocaron un escándalo y chocan con el resto de la cúpula de ARSAT, que entiende que la gestión tiene que solucionar una situación clave para el país a través de un proceso lícito y trasparente. En la actualidad, la Argentina tiene administrada por el Estado nada menos que una red de 36.000 kilómetros de fibra óptica y son muchas las empresas privadas que, a través de ARSAT, brindan sus prestaciones de telefonía, de Internet, de transmisión de televisión por cable, por el cual el Estado, a su vez, cobra. Tesoro utiliza, puertas adentro, argumentos técnicos un tanto livianos para no pasar por el proceso licitatorio legítimo y reglamentado para contratar a este quinto proveedor. Pero lo cierto es que detrás de sus alegatos se esconden intereses personales. Y es que Tesoro, a su vez, es representante del gremio de las Telecomunicaciones FOETRA y mantiene vínculos estrechos con Gustavo Ammaturo, empresario detenido el año pasado por orden del juez Bonadio —ahora excarcelado— por estar implicado en la llama "Causa de los Cuadernos", acusado de pagar coimas al ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
Tesoro, con anterioridad y en funciones en ARSAT, había comprado equipamiento a Ammaturo, que luego se reveló como defectuoso. A su vez, Ammaturo está vinculado a Guillermo Schor-Landman en la Fundación Iberoamericana de Telemedicina. Schor-Landman es, junto a Edmundo Poggio, asesor de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que depende de la Jefatura de Gabinete y que maneja Martín Olmos. Ambos son miembros y también ASESORES de FOETRA.



miércoles, 26 de agosto de 2020

Paritarias 2020/21: Asambleas Informativas


Paritaria2020/21: Reunión de Secretarios Generales de la FOEESITRA


Secretarios Generales de los  Sindicatos que conforman la Foeesitra, mantuvieron una reunión virtual con la  Comisión Paritaria Nacional,  a los efectos de interiorizarse de  las negociaciones que se vienen desarrollando en el marco de la Paritaria 2020-2021.  


Empresas de telecomunicaciones: 24.363 denuncias de los usuarios en los primeros siete meses de 2020.




En los primeros siete meses de este 2020 acumulan 24.363 denuncias, lo que representa un 20% del total de los reclamos de usuarios.

 

El Sector de las telecomunicaciones que el gobierno declaró el viernes 21 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 como servicio público encabeza el ranking de empresas con más reclamos de usuarios al sumar en los primeros siete meses del año 24.363 denuncias ingresadas, lo que representa un  20% del total.


Las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7.115 reclamos, Telecentro con 6.987, Telecom con 6.636, Direct TV con 1.235, Claro con 568 y Telered con 203, según se desprende de la información relevada por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC).

Los datos se conocen en medio de la polémica causada por el DNU que declara como servicio público a la telefonía fija y celular, internet, y televisión por cable. Según detalló el informe  el 48,28% de los reclamos responden a los paquetes de productos (Tv Satelital + Internet + Telefonía fija, etc); 19,36% a telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a televisión por Cable/ Satelital; 5,63% telefonía fija;  1,97% a correos postales (Correo Argentino OCA etc.) y 0,06 televisión abierta.

El 27% de las quejas fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de baja del servicio,  18% por  incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16% por  facturación excesiva/ facturación cargos no convenidos, 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones. 

“Ante la reiteración de demandas contra determinadas empresas por motivos similares, la Secretaría de Comercio Interior, no solo da curso a los reclamos individuales, sino que identifica la actitud repetida y sistematizada de las compañías y realiza imputaciones administrativas”,  indicó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

En ese sentido, recordó que a fines de junio “se imputó de oficio a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por incumplimientos en su servicio”, y precisó que “en este momento la imputación se encuentra en el proceso administrativo correspondiente, en etapa de presentación de prueba”

 Consumidores La titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) Sandra González, señaló a Perfil que durante la pandemia los reclamos de la gente “aumentaron en forma considerable” porque “en muchas casos nadie les contesta entonces acuden a las entidades de consumidores que estamos atendiendo vía mail”. “Estamos recibiendo entre 100 y 150 mails por día.

El reclamo primero se lo mandamos a la empresa para ver si lo solucionan, y si no a la autoridad de aplicación correspondiente. En otros casos, redactamos la nota, o asesoramos cómo hacer el trámite” contó. Dijo que “una de las quejas más reiteradas es que la gente le quiere dar de baja al servicio, y no puede, es misión imposible, le ponen trabas, la empresa tiene que dar la baja en el momento que se pide, pero nunca pasa”.

Cita como ejemplo donde se evidencia este tipo denuncias el caso de la televisión por cable “donde mucha gente joven quiere dar anular el servicio y quedarse solo con internet”. González sostuvo que otras de las demandas más frencuentes contra las empresas de telefonía celular es que al cliente “le cambian el plan sin avisarle”, mientras que "en telefonía fija, hay robo masivo de cables y hay gente que está sin servicio hace tres o cuatro meses pero le siguen cobrando la factura". En el caso de la telefonía celular, en sintonía con el DNU,  consideró que “hoy es esencial porque en el actual contexto hay chicos que toman clases por ese aparato si no tienen una computadora o tablet”. 

 En cuanto al congelamiento de tarifas que plantea el DNU hasta el 31 de diciembre, González consideró que “estamos en una situación muy compleja por la pandemia,  hay gente que no ha podido empezar a trabajar, que no factura, es razonable no hablar de aumento hasta fin de año”.  “Y luego se van a tener que sentar las empresas con el Estado para definir el aumento”, acotó la dirigente quien enfatizó que el DNU surgió porque las empresas pretendían un aumento a principios de septiembre de 12% en promedio, que había sido cuestionado por entidades entidades representativas de los consumidores en una reunión que mantuvieron la semana pasada con funcionarios de ENACOM.

Según una encuesta de Analía del Franco Consultores, el 71,9% de las personas consultadas están de acuerdo con declarar como servicio público al sector de telecomunicaciones, y 21% está en contra. A su vez, el 78,9% avala el congelamiento de tarifas en ese rubro hasta fin de año mientras que el 18,6% está en desacuerdo con la medida. En cuanto a la advertencia de las empresas acerca de que el congelamiento tarifario afectará las inversiones y la calidad del servicio, el 52,4% de los encuestados cree que no tienen razón y es una excusa, en tanto el 36,6% opinó que es certera esa afirmación



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