Fondo Compensador Telefonico: Fecha de cobro de haberes...

 

TELEFONICA NO permite regresar a sus puestos de trabajo a compañeros DISPENSADOS del Grupo Laboral PST VENTA; contradiciendo la Res. Ministeral conjunta 4/21

 

Lista GRANATE BLANCA: Vamos por la RECUPERACION de FOETRA

 

 El 13/10 se presentó la #listaGranateBlanca para las elecciones de #FOETRA que se realizaran el 2/12/21. La misma está integrada con más de 200 candidatos en su mayoría delegados y activistas de 63 edificios de Capital y Gran Buenos Aires de las empresas Telecom-Personal, Telefónica-Movistar, Claro y Arsat.

La encabeza #SergioSosto de la Verde Negra como candidato a SECRETARIO GENERAL, #FlorenciaSaracho de la Violeta como candidata a secretaria ADJUNTA

 La Granate Blanca es la tercera elección que se presenta, siendo un frente de agrupaciones que integra la Naranja, la Violeta, la Verde y Negra, La Roja y Telefónicos de Pie. Desde la Naranja Telefónica propusimos convocar una Asamblea para debatir y votar una actualización del programa y el orden de los candidatos, con un método democrático y de movilización para impulsar el desarrollo de la lista.

Ahora entramos en una etapa, donde proponemos impulsar una gran campaña para que se exprese el descontento que recorre el gremio, por la pérdida salarial y el avance de las empresas. Vamos por un FOETRA donde volvamos a tener paritarias resueltas en Plenarios de delegados con mandato y Asamblea General. Vamos por las reivindicaciones y la recuperación de FOETRA ¡Fuera la burocracia sindical!

Insólito aval del gobierno a grupos que, con respaldo inglés, quieren un Estado separado en el sur de Argentina y Chile: The Mapuche Nation

Facundo Jones Huala es referente de una de estas organizaciones que no reconocen nuestra bandera y que protagonizan un constante desafío a la institucionalidad de ambos países

La implicación del Gobierno argentino en la defensa de un referente mapuche condenado por hechos de violencia motivados en una lucha cuya finalidad es crear una "nación mapuche" sobre buena parte del territorio de Argentina y Chile es difícil de entender. Si consideramos que la Cancillería de un país y sus embajadores tienen como misión defender y promover en el mundo el interés nacional, lo sucedido en la audiencia de libertad condicional de Jones Huala en la Cámara de Apelaciones de Temuco amerita que "la Patria se lo demande" a funcionarios que juran cumplir la Constitución al asumir un cargo.

Los hechos son conocidos: el pasado 8 de octubre, el Gobierno argentino envió a su embajador en Chile, Rafael Bielsa, a la audiencia en la que se analizaba el pedido de libertad condicional de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) condenado a 9 años de prisión por el ataque incendiario contra una estancia habitada en el sur de Chile. La misión encomendada a Bielsa era abogar por la concesión de ese beneficio que finalmente no fue otorgado por el antecedente de una huida anterior y porque Jones Huala no reconoce el daño causado por sus acciones.

No se arrepiente ni desiste de sus desafíos contra los Estados argentino y chileno.

La presencia del embajador argentino en esa instancia -injustificada, porque la asistencia a ciudadanos argentinos en el exterior debe hacerse a nivel consular- implicó un aval a grupos que desafían al mismo Estado que ese diplomático debe representar.

"No reconocen la bandera, el himno, las autoridades", dijo al respecto el senador Miguel Ángel Pichetto, en referencia a la RAM. "Hablan de un estado separado, separatista", advirtió.

Lo que afirma el ex senador, no es para nada secreto, sino una realidad que ningún gobierno argentino puede desconocer. Tampoco los respaldos internacionales que estas iniciativas separatistas poseen.

Mientras en el sur de nuestro continente organizaciones mapuches como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) o la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) le declaran la "guerra a Argentina y Chile", y protagonizan actos de sabotaje, incendios y amenazas, la sede inglesa de estos grupos, basada en Bristol, Inglaterra, explica desde su sitio web que "The Mapuche Nation (sic) está situada en lo que se conoce como el Cono Sur de Sudamérica, en el área actualmente ocupada (sic) por los Estados argentino y chileno".

"El día 11 de mayo de 1996, un grupo de mapuches y europeos comprometidos con el destino de los pueblos y naciones indígenas de las Américas, y en particular con el pueblo mapuche de Chile y Argentina, lanzaron la Mapuche International Link (MIL) en Bristol, United Kingdom", explican las autoridades de esta organización; a saber: Atus Mariqueo-Russell (Relaciones Públicas), Carole Concha Bell (Prensa), Colette Linehan (administradora), Gerald Colfer (Soporte técnico), Pedro Arenas Rincón (equipo Derechos Humanos), entre otros. El mapuche Reynaldo Mariqueo es el secretario general, secundado por Dame-Nina Saleh Ahmed, vice secretaria general.

El objetivo de esta organización es contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas y, "en última instancia, conquistar el derecho a la autodeterminación".

Es decir que uno de los centros de operaciones de la "lucha por la autodeterminación" de los mapuches está ubicado en el nº 6 de Lodge Street, de Bristol, Inglaterra.

Según esta organización, la "Nación Mapuche" abarca todo lo que está al sur del Biobío (Chile) y al sur del Salado y del Colorado (Argentina), "hasta el estrecho de Magallanes", ni más ni menos. En el sitio se afirma que "el pueblo mapuche" jamás ha renunciado "a sus derechos soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral", y proliferan las denuncias de "invasión", "genocidio", "represión" y "espionaje" por parte de los Estados de Chile y Argentina.

Una de las entradas sostiene por ejemplo que "el pueblo mapuche enfrenta políticas genocidas implementadas por los Estados de Argentina y Chile" y que es "estigmatizado y acusado de extranjero en su propia tierra". "Sus líderes son perseguidos, detenidos, intimidados y torturados. Otros son asesinados o desaparecidos", afirma The Mapuche web.

Esta es la iniciativa separatista que el gobierno argentino acaba de avalar a través del alegato defensivo pronunciado por su embajador ante la justicia chilena. Un posicionamiento que tiene lugar además en momentos en que también el Estado chileno vive un desafío abierto por parte de estos grupos que, como explicó el abogado Carlos Tenorio, representante de una familia de agricultores asesinados en Chile, no canalizan su reclamo a través de las vías jurídico institucionales sino mediante la acción directa.

"Estamos pasando por el período más complejo desde que trabajo en esto hace dos décadas. Un descontrol total que va de la mano con el clima político", afirmó el letrado chileno, en declaraciones a Radio Mitre, y en referencia a los resultados de las elecciones constituyentes que arrojaron un retroceso de los partidos tradicionales en la Asamblea que debe elaborar una nueva Carta Magna para Chile. "La semana pasada participé como expositor en la convención constituyente -dijo Tenorio-. Si dejamos en la impunidad todos estos crímenes es muy poco probable que logremos la paz social".

El abogado diferenció entre las "peticiones de comunidades indígenas" que se hacen "por vía institucional" y "otros grupos que hoy en día están armados y que han declarado un estado de guerra contra el estado chileno". "Anoche hubo tres o cuatro atentados gravísimos en Araucanía. Estos grupos califican como vulneradores de derechos esenciales", sentenció.

El caso que él representa tuvo lugar en enero de 2013 en un campo de 40 hectáreas del sur de Chile perteneciente a un matrimonio de apellido Luchsinger. Se trató de un ataque por una banda de 40 encapuchados. El señor Luchsinger se defendió con un arma y sus atacantes prendieron fuego a la casa. "Ellos murieron por carbonización", dijo Tenorio que calificó el hecho como "probablemente el caso más espantoso que se ha vivido desde el punto de vista de crímenes políticos", después de la dictadura.

El apoyo del gobierno argentino a Facundo Jones Huala configura un aval a la violencia, a los ataques a la propiedad privada y a las personas, que tienen lugar tanto en el sur de Chile como de Argentina y que tienen como fin último el secesionismo. Recordemos que el referente de la RAM está condenado por el incendio de una propiedad en el campo Pisu Pisue, cercano a Valdivia, en el año 2013.

El citado auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, destaca que esta iniciativa del embajador Bielsa no pudo tener lugar "sin una orden política". "Es la cancillería de Cafiero, y la visión ideológica del Gobierno, que viene tolerando las ocupaciones ilegales de tierra, actos de violencia, quemas, incendios, y actos terroristas", dijo en declaraciones a Radio La Red.

Y también en su advertencia de que esta actitud del Gobierno incentivará estos actos y que una eventual liberación y regreso al país de Jones Huala agigantaría "los problemas que hoy ocurren" en la Patagonia. También se pronunció el ex senador Federico Pinedo: "No entiendo que nuestro gobierno abogue por quien utiliza la violencia, no reconoce el derecho argentino y pretende desconocer nuestra soberanía territorial".

La intervención del gobierno argentino tiene lugar en momentos en que Chile vive un desafío por parte de los mapuches. Un manifestante enarbola la bandera mapuche durante una manifestación de protesta en Valparaíso

En efecto, es inentendible esta conducta por parte de quienes representan -o deben representar- al Estado argentino y en cambio defienden a quien lo ataca. ¿Con qué autoridad podrían luego cuestionar las veleidades separatistas de algunas provincias argentinas o la relativización de nuestros derechos sobre Malvinas, despropósitos expresados por diferentes referentes públicos en los últimos tiempos?

¿Cómo es posible que desde el mismo Estado se minimice, se tolere -se bendiga incluso- el desafío a la autoridad nacional y a la integridad territorial? No puede hacerse respetar por los demás quien no se respeta a sí mismo.

De nada sirve crear observatorios, comisiones o secretarías en defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur si al mismo tiempo se deja hacer a estos grupos. Salvo que lo primero sea sólo sobreactuación para disimular la declinación de la voluntad de encarnar los intereses del país de cara al mundo.

Fuente: INFOBAE 

Día de la Lealtad: una multitud en el acto convocado por la CGT

Columnas de trabajadoras y trabajadores colmaron la zona del microcentro y del bajo porteño. "El peronismo debe promover la alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula que garantiza un crecimiento sostenible con justicia social", planteó la central obrera en su documento oficial.

Decenas de columnas de trabajadoras y trabajadores colmaron la zona del  microcentro y del bajo porteño para participar del acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el Día de la Lealtad Peronista. Un amplio abanico de sindicatos y agrupaciones sociales se concentraron esta tarde en los alrededores del Monumento Canto al Trabajo.

La CGT y sus gremios confederados se pronunciaron por "el desarrollo, la producción y el trabajo" y por "la defensa del aparato productivo nacional y la generación de empleo genuino". El documento oficial del acto demandó políticas económicas que promuevan la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de salud.

"La Argentina y el Gobierno afrontan una instancia decisiva para superar la crisis económico-social heredada y agravada de forma dramática por los efectos de la pandemia" de coronavirus, sostuvo la CGT, que aseguró ser "la reserva desde donde el Movimiento Nacional puede reconstruir el tejido social y fortalecer la política".

Los gremios que se movilizaron

Se concentraron trabajadores rurales (Uatre), junto a camioneros, judiciales, trabajadores y trabajadoras de la sanidad, de los peajes, ferroviarios, UTA y de la alimentación, entre otros.

La CGT y otros espacios gremiales confederados en la central obrera, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y los docentes de UDA, entre algunos.

Se trató de la primera gran movilización sindical post pandemia de coronavirus. De esta manera, los sindicatos ratificaron su respaldo al gobierno de Alberto Fernández y repudian "los intentos de eliminación de la indemnización por despido y cualquier otra forma de flexibilización" impulsadas por la oposición de Juntos por el Cambio.

Allí se convocaron desde las 10.30 varios gremios, y otros más seguían avanzando desde la 9 de Julio, por distintas avenidas hacia el bajo. "Los empresarios tienen que entender que las responsabilidades son muy importantes", dijo Daer como mensaje previo a los discursos que tendrán lugar en el palco montado frente a la Facultad de Ingeniería.

Fuente: Página 12

17 de Octubre : Día de la Lealtad

 

                             http://www.foeesitra.com.ar/blog/291-17-de-octubre-dia-de-la-lealtad

Redes sociales y militancia…

"Dejemos las pantallas y las redes sociales y caminemos las calles"...dice el diputado santacruceño, jefe de la bancada del FdeT. 

Las RRSS y los medios masivos de comunicación hoy día te sacan la careta donde sea… Ello implica que no podés esconder nada y esa masividad hace que cualquier mortal, con un pequeño móvil se entere de todo lo que pasa en el barrio, el municipio, la escuela, el trabajo, la política y los políticos, la economía, la medicina, las frustraciones y los sueños…y eso incomoda y molesta a las autocracias oscurantistas.

En Cuba recientemente el levantamiento popular fogoneado por las redes sociales , terminó con una brutal represión de la dictadura sexagenaria; y paralelamente el gobierno Cortó Internet con el ayudin tecnológico de los chinos y ni que hablar de Corea del N,  la Putinesca o los maduros y ortegas...por eso las RRSS tienen algo de positivo que es tenerte conectado (con nimiedades y banalidades, pero también con información) con el mundo exterior y sus contextos y NO solamente con lo que el GRAN HERMANO te quiera decir con un solo y unívoco medio , sin posibilidad de disensos.

Criticable al extremo las RRSS son una hendija a la pluralidad, base de cualquier democracia: caminemos las calles con la frente en alta sin temor, provistos del derecho a la información que todos los medios tecnológicos de estos tiempos ponen a nuestro alcance... 

Telecom: Reunión con el Coordinador de los Servicios 112-114

 

Huawei apuesta al futuro y desafía a EE.UU.

 

El golpe experimentado por ·#Huawei - la mayor fabricante de equipos de alta tecnología de la República Popular, y número 1 en el desarrollo de la 5-G en el plano global – debido a la estrategia de acoso y destrucción de EE.UU. ha sido verdaderamente formidable.

Así, por ejemplo, sus ingresos han caído 29,4% en los primeros 6 meses del año, comparado con igual periodo del año anterior, la mayor disminución de toda su historia. El sector más afectado de su actividad fue el de consumos electrónicos – “·#smartphones” -, históricamente su actividad estrella; y al que EE.UU. ha prohibido el acceso a los “chips” (semiconductores) de fabricación norteamericana, que son el insumo absolutamente central para la manufactura de los teléfonos inteligentes.

El resultado es que los ingresos de este sector de vanguardia, donde el núcleo de la producción son los “smartphones” 5-G, se ha derrumbado más de 47% en el primer semestre del año, lo que ha provocado un virtual cese de su producción fuera del mercado chino.

El dominio de los “chips” es el rubro crucial en la estrategia de acoso y destrucción contra Huawei de EE.UU.; y es lo que le otorga a la superpotencia norteamericana la iniciativa en esta puja global entre la primera potencia del mundo y la principal compañía “hightech” de la República Popular.

Lo que está en juego es la primacía en el dominio de las tecnologías de avanzada de la Cuarta Revolución Industrial entre las dos superpotencias, donde la 5-G tiene un nítido carácter estratégico. En definitiva, lo que se está disputando es la estructura del poder global en el siglo XXI.

También Huawei ha experimentado una brutal caída en las ventas de equipos de infraestructura “hightech”, destinados a las grandes empresas de telecomunicaciones de China y del mundo.

En este segundo negocio estrella de la compañía de #Shenzhen, los ingresos han disminuido 14,2% en los primeros 6 meses del año.

Huawei, en breve, ha perdido en un año 14 puntos porcentuales de su participación en el mercado global; y su lugar lo han ocupado Apple y Samsung, de EE.UU. y Corea del Sur respectivamente; y todo indica que esta tendencia negativa se acentuará en los próximos 2/3 años, con una aceleración creciente hasta entonces.

Lo que ha crecido exponencialmente son las actividades “software” de la compañía china: las soluciones digitales para el transporte, la educación, y las “ciudades inteligentes”, tanto en China como en el mundo, que han mostrado un alza de 18,2% en el primer semestre respecto a igual periodo del año pasado.

Como regla, sin embargo, un error letal es subestimar a Huawei, y en general a la República Popular. Si EE.UU. lo comete en un brote de arrogancia, tendría perdida la batalla en el largo plazo.

Hay dos puntos fundamentales que favorecen la posición de la empresa china. En primer lugar, el mercado de la República Popular es el principal – de lejos – para las exportaciones de “chips” estadounidenses. Se puede argumentar, sin temor a la ironía, que el fenomenal auge de la demanda china de semiconductores norteamericanos es la que financia e impulsa la capacidad innovadora de EE.UU. en este rubro crucial.

En segundo lugar hay que subrayar la ubicación de la República Popular en la economía global: es la principal socia comercial de 144 países en el mundo (de los 192 representados en Naciones Unidas). En términos de la economía mundial, el crecimiento excepcional de la demanda china la ha convertido en el país absolutamente “indispensable” del capitalismo del siglo XXI, ante todo para EE.UU.

La respuesta de Huawei al desafío existencial que implica la ofensiva norteamericana es característicamente innovadora y sistemáticamente audaz.

Huawei sabe que en el mundo de hoy el dominio del futuro otorga el poder en el presente. Por eso apuesta, ya no a la 5-G, sino al liderazgo de la plataforma súper-intensiva que va más allá de la instantaneidad, que es la 6-G, que todavía no existe, pero existirá inexorablemente.

Por eso ha aumentado más de 40% sus inversiones en investigación y desarrollo en 2020; y las ha llevado a 15,6% del total de sus ingresos que superaron US$330.000 millones el año pasado, y aspira a duplicarlas-en los próximos 5/10 años.

De ahí que haya logrado 5.464 nuevas patentes – entre ellas, más de 30% sobre la 6-G – en los últimos 12 meses; y se ha convertido en el líder indiscutido de la propiedad intelectual “hightech” de la WIPO (“World Intelectual Property Organization” de Naciones Unidas).

Es lo mismo que está haciendo la República Popular en su estrategia de fondo para responder a la ofensiva norteamericana en una etapa de exacerbada confrontación. Por eso apuesta todas sus cartas, y prácticamente la totalidad de sus inversiones, a la creación de lo que todavía no existe, pero que está absolutamente confiada que sucederá: las tecnologías de avanzada de la siguiente etapa de revolución industrial, más allá incluso de la actual cuarta manifestación.

La regla esencial establecida por Mao en su “Estrategia de Guerra Prolongada” es que la única forma de dominar una tendencia es acelerarla (es lo que en Occidente con un criterio distinto del valor del tiempo se denomina más prosaicamente “huir hacia adelante”).

https://www.clarin.com/economia/huawei-apuesta-futuro-desafia-ee-uu-_0_kGCmmFngR.html

Decreto 678/21: Cuáles son las nuevas medidas sanitarias que rigen desde el 1 de octubre

El Gobierno emitió un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para disponer medidas preventivas generales y regular la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario entre el viernes 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021.

Dicho DNU, bajo el número 678/21, autoriza "actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario", como viajes de egresados y jubilados, bailes y fiestas y eventos con más de 1.000 persona, "con una serie de condiciones para su realización".

  

Ver texto del Decreto

https://drive.google.com/file/d/1UvTE4zfnw8uOoWRJzyZOZfuL10odBTOE/view

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/250368/20211001

5 de octubre de 1975: el día que cambió la historia de #Formosa

 

El 05 de octubre de 1975, la banda Terrorista #Far #Montoneros atacó el #RIM29 en Formosa asesinando a 13 soldados argentinos, en plena democracia

https://www.facebook.com/SoyTelefonico/photos/a.605898902806668/4483259928403860

https://radioformosa.com.ar/5-de-octubre-el-dia-que-cambio-la-historia-de-formosa/

Los casos más dramáticos de la VIGILANCIA MUNDIAL SOBRE INTERNET: arrestos, violencia, muerte

El número de detenciones y torturas a usuarios de redes sociales por sus publicaciones crecieron en el mundo durante la pandemia, según la ONG Freedom House. Se trata de la cifra más alta desde el inicio de este estudio.

El número de países donde los usuarios de internet y redes sociales fueron objeto de detenciones y violencia por el contenido sus publicaciones alcanzó un récord entre junio de 2020 y mayo de 2021, según reveló el último informe de la ONG estadounidense Freedom House, que asegura que los derechos digitales retrocedieron a nivel mundial por undécimo año consecutivo.

"Este año, los internautas enfrentaron ataques físicos como represalias a sus actividades en línea en 41 países", indicó el informe, que observó 70 naciones, calificadas en 21 diferentes indicadores tales como barreras para acceder a la red, límites en contenido que puede ser publicado, la vulneración de derechos de usuarios.

"Con pocas excepciones positivas, el impulso de regular la industria tecnológica, resultante en algunos casos de problemas reales como el acoso y las prácticas manipuladoras del mercado, se utiliza para sofocar la libertad de expresión y obtener un mayor acceso a los datos privado", escribió Freedom House. "Las víctimas son los usuarios", remarca la organización.

golpe Myanmar Birmania

El informe señala en caso de Birmania, donde la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 cortó el acceso a internet, bloquear las redes sociales y forzar a las empresas tecnológicas a darle datos privados.

Los autores añaden que en 56 de los 70 países estudiados se produjeron detenciones o condenas de ciudadanos por sus actividades en la red, lo que supone un porcentaje récord. Además, un total de 20 países bloquearon el acceso a internet de sus ciudadanos y destaca los cortes de internet en Birmania y Bielorrusia como los puntos más impactantes del periodo estudiado.

El informe también denuncia la creciente regulación de las empresas tecnológicas por parte de distintos gobiernos para amparar medidas represivas: en 48 de los 70 países, lo que equivale al 88% de los usuarios globales, se elaboraron nuevas reglas para las empresas tecnologías relacionadas con el contenido, los datos y la competencia.

Otras estadísticas del informe revelan que en el 80% de las naciones analizadas hubo gente arrestada por sus comentarios o discursos online; en el 41% de las naciones se ha llegado a detener Internet o las redes móviles por motivos políticos. Mientras tanto, el 46% de las naciones bloqueó o restringió el acceso a plataformas sociales, una elección realizada principalmente en concomitancia de protestas o elecciones.

Espionaje y bloqueo de las redes de Internet

Por el lado de la vigilancia, finalmente, el informe indica que las autoridades de al menos 45 de 70 países están sospechadas de utilizar software espías o tecnologías para la extracción de datos proporcionadas por empresas especializadas como Nso Group, que terminó en la tormenta del Software Pegasus, utilizado por algunos gobiernos contra periodistas, activistas y políticos.

"Un mercado comercial en auge para la tecnología de vigilancia ha dado a los gobiernos más capacidad que nunca para burlar el estado de derecho y monitorear las comunicaciones privadas a su discreción", dice el informe.

China considerado por el informe como el país menos respetuoso con las libertades digitales y el más represivo contra internautas disidentes. "La pandemia de Covid-19, que sigue siendo uno de los más discutidos ítems censurados", se indica en el informe.

El informe señala en caso de Birmania, donde la junta militar que tomó el poder en febrero de 2021 cortó el acceso a internet, bloquear las redes sociales y forzar a las empresas tecnológicas a darle datos privados. La caída en la puntuación de 14 puntos del país asiático (ahora en 17 puntos) es la más grande registrada desde el comienzo del proyecto Freedom on the Net.

Por otro lado, el informe habla de los cortes en internet durante una elección en Uganda en enero y tras las discutidas presidenciales de Bielorrusia de agosto de 2020, que originaron una protesta masiva luego reprimida.

"Al menos los gobiernos de 20 países cerraron Internet este año, y 21 estados bloquearon las redes sociales y las plataformas de comunicación, con mayor frecuencia durante tiempos de agitación política como protestas y elecciones", dice el informe.

La ONG menciona que en India el acceso a Internet se cortó repetidamente durante enero y febrero de 2021 cuando los agricultores salieron a las calles para expresar su oposición a los proyectos de ley de reforma agrícola. En Nueva Delhi afectó a más de 50 millones de usuarios.

Los países mejor y peor puntuados

La ONG menciona que en India el acceso a Internet se cortó repetidamente durante enero y febrero de 2021 cuando los agricultores salieron a las calles para expresar su oposición a los proyectos de ley de reforma agrícola. En Nueva Delhi afectó a más de 50 millones de usuarios.

Islandia (96 puntos) se sitúa en cabeza de la libertad en las redes sociales según esta clasificación, seguida de Estonia (94) y Costa Rica (87), el primer país que estableció el acceso a internet como derecho fundamental.

La puntuación de Estados Unidos (75) disminuyó por quinto calendario consecutivo con "información falsa y manipulada que influyó en la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020", señaló Freedom House.

En el otro extremo se sitúa China, con 10 puntos y considerado por el informe como el país menos respetuoso con las libertades digitales y el más represivo contra internautas disidentes. "La pandemia de Covid-19, que sigue siendo uno de los más discutidos ítems censurados", se indica en el informe.

"Las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes en línea, los informes independientes y las comunicaciones cotidianas mundanas", dice el informe, que agrega que el régimen "tomó medidas enérgicas contra los gigantes tecnológicos del país, citando sus abusos relacionados con la competencia y la protección de datos, aunque la campaña concentró aún más el poder en manos del estado autoritario".

Seis casos emblemáticos de la vigilancia gubernamental en Internet

La organización relata el caso del periodista mexicano Pablo Morrugares Parraguirre, fundador y editor del sitio de noticias PM Noticias, que fue asesinado por haber publicado en Facebook acusaciones de asesinato a una organización criminal.

Un estudiante de Bangladesh fue "agredido violentamente" y hospitalizado por una golpiza recibida por sus "actividades antigubernamentales" en la red.

En diciembre de 2020, las autoridades iraníes ejecutaron a Ruhollah Zam, quien administraba el popular canal Amad News en Telegram, luego de que fuera acusado de incitar protestas y estar afiliado a servicios de inteligencia extranjeros.

En Azerbaiyán la policía golpeó y detuvo a un hombre y posteriormente lo obligó a disculparse por las publicaciones de Facebook en las que criticaba a los funcionarios del gobierno local.

En enero de 2021, un tribunal de Tailandia condenó a una ex funcionaria civil a 43 años de prisión después de que fuera declarada culpable de violar la ley de lesa majestad -que criminaliza la crítica hacia el rey- a través de sus publicaciones en las que criticaba a la monarquía.

En Egipto, un tribunal condenó a los influencers Haneen Hossam y Mawada al-Adham a 6 y 10 años de prisión, respectivamente, acusados violar una ley de trata de personas al compartir videos de TikTok que alentaban a las mujeres a seguir carreras en las plataformas de redes sociales.

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Análisis de la Ley de Teletrabajo

El desempleo real es del 27%, según el Observatorio de la UCA

 

Las tasas de trabajo informal aumentaron y las condiciones laborales se precarizaron aún más pos pandemia.

Durante la última década, incluyendo el escenario de pandemia, los indicadores sociales de la Argentina muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y laborales no han disminuido, sino que incluso se agravaron. La situación ha empobrecido aún más al cada vez más extendido sector micro informal de subsistencia.

El Director del Observatorio de la UCA, Agustín Salvia, explicó: “En los últimos 10 años, es decir, del 2010 a la fecha la desocupación se ha mantenido alrededor del 10%, pero lo que creció de manera sistemática es el ‘subempleo informal’ o también llamados ‘trabajos de indigencia’. El empleo informal aumentó de un 12% en 2012 a un 16% o 17% en la actualidad. La verdadera tasa de desempleo debe sumar estos porcentajes para saber el desempleo real, que es del 27%”.

Los datos fueron difundidos en el estudio “La voz de la Informalidad” elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en conjunto con la Dirección de Innovación Social de CAF y publicados por el diario Perfil.

La pandemia agravó todo. Los sectores largamente empobrecidos fueron aún más afectados. La crisis actual de Covid-19 generó una importante pérdida de empleos, produciendo más desempleo y un mayor desaliento laboral. Esta situación redujo los ingresos laborales reales de los hogares, especialmente a los sectores informales y más pobres, pero también a las clases medias bajas formales o cuasiinformales. Si bien estos sectores informales fueron los primeros en reactivarse frente a la mayor flexibilidad sanitaria, se encontraron con condiciones laborales precarias e inestables.

Según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2021, la tasa de desocupación fue del 9,6%. Este número refleja una disminución del 3,5% en relación al mismo trimestre del año 2020 (13,1%) y 0,6% menor a la del trimestre anterior (10,2%).

Sin embargo, la baja en la tasa de desempleo respondería a que aumentó el trabajo informal y el subempleo. La cuestión planteada por el sociólogo Salvia es que si la persona trabajó una hora de manera remunerada, es considerada ocupada, cuando en realidad se trata de una situación de subempleo inestable con el cual no cubre los ingresos básicos. Es el caso de los vendedores ambulantes, las mujeres que limpian casas, los llamados «trapitos» que trabajan por hora y no tienen un ingreso fijo. “Tienen algún trabajo pero no es digno”, afirmó.

El porcentaje de ocupados sin aportes al Sistema de Seguridad Social continúa en valores elevados. Dentro del grupo de asalariados, el 27,5 % se halla bajo contratación laboral no declarada. Por otro lado, las inserciones de baja calidad en actividades por cuenta propia han determinado que el 69,9 % de trabajadores independientes no realicen sus aportes jubilatorios. En conjunto, el 46,1 % del total de ocupados no participa del Sistema de Seguridad Social.

Salvia detalló: “La gente buscó alternativas frente al empleo precario que podía conseguir, también desarrollaron actividades por cuenta propia. Todas alternativas para subsistir que fueron aumentando el trabajo informal”.

De hecho, todavía no se cubrió el nivel de empleo de antes de la pandemia. Hay uno o dos puntos porcentuales que estaban ocupados y fueron cesanteados, y que pasaron al desaliento. Es decir, que no buscan porque creen que no van a encontrar. Lo cual, sumado al nivel alto de subempleo y empleo informal, hace que la tasa de desocupados baje, pero en sí no representa una mejora.

Como contraparte, en los últimos 11 años, el empleo pleno no suma más del 45%. Es decir, aquellas personas que trabajan en blanco, que tienen regularidad laboral, seguridad social y un ingreso mínimo que les permite cubrir la canastica básica.

De acuerdo al informe la situación de desbalance económico producido por los cambios antes mencionados provocó la búsqueda de alternativas que les permitieran sobrellevar la crisis económica. Es así que se vieron en la necesidad de reducir los gastos en general, priorizando la alimentación como la principal necesidad que debía ser cubierta. Esto llevó a que en los momentos más críticos dejaran de pagar los servicios básicos del hogar, o que les dieran prioridad a los niños en el momento de atender las necesidades básicas.

También, asistieron a comedores comunitarios, participaron de ollas populares organizadas en su barrio y recibieron alimentos por parte de familiares y conocidos. En aquellos casos en los alguien de la familia contara con ahorros, estos fueron utilizados y agotados a raíz de la situación de necesidad económica. Asimismo, recurrieron a la solicitud de préstamos a familiares y conocidos, y créditos a entidades públicas. Reconocieron la importancia de ayudas sociales otorgadas por el gobierno, pero no fueron suficientes.

Fuente: Noticias urbanas

Las 4 propuestas para cambiar indemnizaciones: cómo pueden impactar en el empleo ***

Ya se presentaron 4 propuestas para eliminar indemnizaciones, dos proyectos de Juntos por el Cambio y dos propuestas del sector privado. Qué postulan y qué pasó cuando se modificaron las leyes para generar más empleo. El caso testigo de la construcción y las dudas de cobertura.

En medio del estancamiento de la generación de empleo que confirmó el INDEC esta semana, la baja de costos laborales es un eje común del reclamo de las empresas grandes, medianas o chicas como condición para generar nuevos puestos de trabajo. En las últimas semanas semanas se presentaron ya en sociedad cuatro propuestas para cambiar el sistema de indemnizaciones.

Para los especialistas de las centrales sindicales, sin embargo, los sistemas más flexibles como el de la construcción no generaron más nuevos empleos, sino que permiten una destrucción más rápida y también un rebote más activo. Por otra parte, advierten que eliminar indemnizaciones desincentiva a las empresas a resguardar la relación laboral.

Dos proyectos surgen desde el ámbito político, ambos desde Juntos por el Cambio, en línea con las declaraciones del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta quien dijo que se necesitaban cambios en las indemnizaciones. Uno corresponde al Diputado por Tierra del Fuego Héctor Antonio Stefani. El segundo corre por cuenta del radical Martín Lousteau, ex ministro de Economía de Cristina Fernández en tiempos de la pelea por el campo y la 125.

Otros dos parten del sector privado: la propuesta de "mochila argentina" del dueño de TN Platex, el empresario textil Teddy Karagozian. Y otro impulsado por IPA, la asociación de Industriales Pyme de Argentina, quienes señalan que no tienen "capital económico o político" pero lo presentarán como proyecto de ley.

"Cuando se debaten algunas de estas ideas, se pone en juego la protección contra el despido arbitrario que está garantizado en las leyes laborales. Lo que hace la normativa obligando al empleador a pagar una indemnización ante despidos sin causa, es hacer que económicamente le cueste despedir", explica la economista Paridad en la Macro Noelia Torres.

"No debe verse como un beneficio monetario a la hora de la desvinculación, sino como un costo que tiene que enfrentar el empleador a la hora de despedir un trabajador o trabajadora. "La propuesta que está siendo debatida propone socializar ese costo que ahora enfrenta la empresa, por lo que se perdería en algún punto el espíritu de algunas normas", agrega Torres.

LAS DIFERENTES PROPUESTAS:

Antonio "Tito" Stefani, diputado por Tierra del Fuego, abrió el juego con su proyecto para eliminar indemnizaciones. Propone un sistema de garantía para las indemnizaciones que permite percibir la compensación al terminar una relación laboral, sea por despido o renuncia. Ante un cambio de trabajo no habría pérdida de antigüedad y se traslada de trabajo en trabajo.

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La propuesta es similar a la "mochila argentina" que plantea Karagozian porque ambos se basan en el modelo austríaco. IPA también plantea que el fondo podría cobrarse como complemento a la jubilación al final de la carrera laboral.

La propuesta de Tito Stefani se financia a partir de la nómina salarial, con fondo fiduciario en base a los aportes que "se actualizará por inflación", según promete. El fondo de cada trabajador incluso se plantea como hereditario.

INDEMNIZACIÓN RECORTADA

El proyecto firmado por Martín Lousteau promueve un reemplazo de la obligación de empleadores de pagar una indemnización en caso de despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación, "aunque con una indemnización recortada, ya que se reduce la base de cálculo y se elimina el preaviso", analizó el centro Cifra de la CTA. El aporte patronal máximo es del 12% sobre las remuneraciones para el primer año y del 8% para los subsiguientes.

Los analistas sostienen que se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización. Un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual, remarcan y se preguntan si "en un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su poder adquisitivo, es posible asegurar que ese costo efectivamente lo asuma la parte empresaria.

AVAL DE TRABAJADORES Y SINDICATOS

Desde el sector de pequeñas y medianas empresas, la entidad de industriales pyme IPA que preside Daniel Rosato promueve la creación de un fondo de compensación laboral. "No pudimos instalarlo políticamente pero tenemos el consenso en los sindicatos", aseguró el empresario. Su autor, Alejandro Bartalini, lo define como "una reforma que permita generar trabajo más rápidamente sin que genere dificultades a futuro".

Las propuestas se venden como complemento a la jubilación

El proyecto de "mochila argentina" del empresario textil Teddy Karagozian, por su parte, apunta a un seguro contra despidos. Pero para los pyme, eso puede generar diferencias en los costos y problemas laborales. "Un seguro no genera incentivos para no despedir", remarcan desde IPA.

La idea de Karagozian se asemeja a las propuestas de JxC, se trata de un seguro para las empresas sobre su nómina salarial y pagado por ellas. Se trata de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que alimente un fideicomiso administrado por el ANSES, la Superintendencia de Seguros, y una Entidad de Control, que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, consiguiendo que puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.

El seguro se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados. Los empleados del estado tendrán los mismos beneficios, pero el estado no deberá integrar la prima de riesgo. Este proyecto también se presenta como complementario a la jubilación y como en el de Stefani es heredable en caso de muerte del asegurado.

En el caso de IPA, el fondo de compensación apunta a capitalizar los años trabajados en distintas empresas, un punto de coincidencia con el proyecto de Karagozian. "Si un trabajador pasa por cuatro o cinco empresas acumula esos años trabajados en ese fondo. Cuando termina la etapa laboral recibe ese fondo, que es adicional a la jubilación", agrega Bartalini.

También el proyecto de Lousteau plantea un incentivo similar para los trabajadores: una suma de ese Fondo ante situaciones de finalización de un vínculo laboral que no sean el despido sin causa.

El proyecto de IPA pone un porcentaje de masa salarial también como compensación por ganancias, es algo muy solicitado por los sindicatos, explican además como una de las zanahorias de la propuestas. "Sin el acompañamiento de sindicatos o los trabajadores no puede avanzar", reconocen.

"Sin el apoyo de los trabajadores y gremios no se puede", admiten en IPA

 ¿SE PUEDE GENERAR EMPLEO?

En todas las propuestas se afirma que la eliminación de la indemnización por despido redundaría en un incremento del empleo. De acuerdo con los analistas de Cifra-CTA, "la propia experiencia argentina ha mostrado que la flexibilización del mercado laboral y la reducción de costos laborales no provocan que el empleo se incremente".

El centro de estudios gremial sostiene que modificar en base a un proyecto como el de Lousteau el sistema de indemnizaciones "implicaría una menor estabilidad en el empleo, ya que el costo disuasorio de un despido desaparecería. Además, la amenaza del desempleo se volvería un recurso más concreto frente a cualquier reclamo. En síntesis, menos estabilidad y mayor disciplinamiento".

Desde la CTA-A, el coordinador del Observatorio del Derecho Social Luis Campos aseguró que reemplazar la indemnización por despido por un seguro similar a la libreta de desempleo de la industria de la construcción no va a redundar en una mayor creación de empleo formal y va a implicar un recorte de derechos laborales.

Noelia Torres advierte que es necesario tener en cuenta también las formas de trabajo, nuevas tecnologías y sectores. "Es cierto que hay que re-debatir algunos convenios y condiciones laborales como las plataformas tipo Uber o Rappi para que los trabajadores/as de estas nuevas tecnologías y sectores también alcancen su plenitud en términos de derechos laborales", agregó la economista de Paridad en la Macro.

CONSTRUCCIÓN, EL CASO TESTIGO

"En los últimos 13 años la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos, después de la pandemia la construcción quedó muy abajo", argumenta Campos sobre el sector que se ve como ejemplo para las desvinculaciones modernas.

En un hilo de Twitter el especialista en temas laborales aseguró que "la existencia de un esquema flexible de terminación del contrato de trabajo no condujo necesariamente a un crecimiento diferencial del empleo registrado".

Y advierte que "el despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica". Para apoyar esa afirmación detalla que la velocidad de la destrucción del empleo en la construcción fue mucho más rápida durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019/20.

"El rebote post crisis también es más rápido en la construcción que en el resto de las actividades", concede Campos, pero aclara que "a lo largo de los últimos 13 años ello no se tradujo en un crecimiento diferencial de la ocupación. Efecto empleo=cero", concluye.

 Torres, en tanto, asegura que "el verdadero debate no pasa por como flexibilizar las condiciones de salida del mercado, sino cómo los trabajadores pueden adaptarse ante un mundo económico cada vez más cambiante".

LAS DUDAS SOBRE LAS PROPUESTAS

La economista remarca que "desde un punto de vista más financiero y teniendo en cuenta el contexto inflacionario de la economía argentina no queda claro cuál va a ser el índice de actualización de esos aportes que se hagan al fondo o que puede llegar a pasar si las inversiones que realice ese fondo no sean lo suficientemente rentables para cubrir los costos de los despidos".

Otra de las dudas es "qué puede llegar a pasar en el caso de despidos masivos y que la aseguradora no llegue a cubrir todos los pagos de ese seguro ¿se va a hacer cargo el Estado?", señala Torres.

Además apunta que hay que tener en cuenta el contexto pospandemia. "En 2020 se reguló mucho el mercado de trabajo para proteger los puestos de los trabajadores/as entonces hay que tener cuidado (en caso de que se apruebe) con que no se termine transformando en un incentivo a las empresas a despedir masivamente", enfatizó en el marco de la doble indemnización para los trabajadores registrados pre-pandemia.

***PATRICIA VALLI. Subeditora de Economía y Política

 

Fuente: https://www.cronista.com/economia-politica/las-4-propuestas-para-eliminar-indemnizaciones-como-pueden-impactar-en-el-empleo/