martes, 24 de diciembre de 2019
Entró en vigencia la «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva» ( Ley 27.541 )
Tras su sanción por el Congreso
Nacional, el Poder Ejecutivo promulgó y publicó
la Ley en el suplemento del Boletín Oficial (23/12/2019). De esta forma, la norma entra en vigencia en su totalidad a
partir de hoy, salvo por el Art. 52 que fue observado en parte (donde dice “En
ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor
Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”.).
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://jorgevega.com.ar/pdfs/proyectos/compilado.pdf
#LeydeSolidaridadSocialyReactivaciónProductiva #Ley27541
sábado, 21 de diciembre de 2019
Organizaciones sociales se unen y lanzan la UTEP, una “CGT piquetera” con el aval de Alberto Fernández
El líder de la organización
será Esteban "Gringo" Castro,
un hombre del Movimiento Evita que comandan Emilio Pérsico y Fernando
"El Chino" Navarro. Según sostuvieron voceros de los movimientos,
se trata de "un sindicato inédito" que "representará a quienes
crean su propio trabajo".
"Los Movimientos
Populares que vienen organizándose en la Argentina y nucleando a los trabajadores y las
trabajadoras de la economía popular en sus diferentes ramas productivas y de
servicios tomaron el compromiso de unificarse en un sindicato único para seguir
conquistando los derechos del sector", señaló un comunicado del Frente
Darío Santillán, una de las organizaciones convocantes.
Los voceros también indicaron
que uno de los objetivos que perseguirá este sindicato será "construir
representatividad para plantear demandas y soluciones enmarcadas en su programa
de Tierra, Techo y Trabajo".
El nuevo gremio -que podría
tener más de 500 mil afiliados- cuenta con el aval del presidente Alberto
Fernández, quien no pudo asistir al evento pero envió sus saludos a través de
un video que fue proyectado en una pantalla.
"Me hubiera encantado
poder acompañarlos, pero lamentablemente hoy tengo un día medio complicado acá
en Olivos. Estoy medio lejos y se me hace difícil llegar hasta allí. Pero estoy
con ustedes", dijo el mandatario.
Y agregó: "Con unidad
pudimos volver a ganar el gobierno y con la unidad podemos llevar adelante los
cambios que ya estamos protagonizando. Unidos van a tener otra fuerza frente a
la sociedad argentina, que definitivamente debe reconocerlos como lo que son:
actores de este presente. Como fuerza, ustedes ya son parte de este gobierno.
Hay un Estado que los reconoce como actores de la realidad argentina".
viernes, 20 de diciembre de 2019
miércoles, 18 de diciembre de 2019
El Gobierno dejó en claro su diagnóstico: si no hay reforma jubilatoria, hay hiperinflación
El ministro Guzmán dejó en claro la visión crítica
sobre la situación fiscal. Y que jubilados de ingresos medios terminarán
subsidiando a los de la mínima
Nadie puede declararse
sorprendido ni afirmar que Alberto Fernández esté faltando a su palabra: en su
discurso inaugural había advertido que se venía un tiempo en el que los que
estaban mejor iban a tener que asumir un sacrificio para poder ayudar a los que
estaban en una situación de emergencia.
Claro, lo que seguramente
nadie interpretó es que en la categoría de los argentinos que "están
mejor" no solamente entran los que viajan a Miami, los grandes productores
agropecuarios o los dueños de empresas energéticas, sino también los jubilados que perciben $25.000 por mes.
Porque, en los hechos, la
medida que suspende los ajustes jubilatorios -mientras se encuentra una nueva
fórmula indexatoria- y aplica un bono de $5.000 a los que cobran la mínima
implica la aplicación de un subsidio. Pero no es un subsidio que paguen los
sojeros ni los banqueros, sino que, dentro de la masa de jubilados, los que
están relativamente "bien" deben resignar ingresos para subsidiar a
los que están peor.
La consecuencia es que, al menos en los próximos
meses, se concretará un nuevo achatamiento en la pirámide de pagos, lo cual
casi seguramente disparará una ola de juicios, recursos y pedidos de amparo. A
fin de cuentas, la indexación jubilatoria surgió para cumplir un fallo de la Corte Suprema , luego
de juicios por parte de jubilados que –bajo el marco legal de una emergencia
económica- vieron sus ingresos congelados durante años.
No es que el equipo de
Alberto Fernández no sepa a lo que se expone con esta medida, naturalmente.
Sabe –y de hecho fue un tema que se habló en las reuniones técnicas- sobre el
riesgo de una avalancha de juicios. Sabe también que los jubilados que cobran
haberes más altos suelen ser los que completaron aportes, que ahora deberán
asumir el sacrificio para ayudar a los de la mínima, una franja donde están
muchos de los que se jubilaron con régimen de moratoria.
¿Por qué avanza el Gobierno
entonces en esta reforma impopular? Porque siente que no tiene opción. Alberto
Fernández sabe que, por más que a largo plazo tenga un revés judicial o deba
sufrir el malhumor de la opinión pública, en el otro platillo de la balanza
tendrá un incentivo mayor: una mejora inmediata de la situación fiscal.
Y ese es, en realidad, el
centro del tema: el Gobierno llegó a un diagnóstico inquietante: o se frena la
aplicación de la fórmula de indexación macrista, o el riesgo de una
hiperinflación empieza a corporizarse.
Lo manifestó con claridad el
ministro Martín Guzmán, al responder
las críticas en el sentido de que la actual fórmula es la que mejor puede
proteger a los jubilados. Para el ministro, esa afirmación es incorrecta,
porque la fórmula impide cualquier plan de caída de la inflación, y no hay
forma de defender el ingreso de los jubilados en una economía en la que los
precios se espiralicen.
"Tenemos un sistema que
necesitamos cambiar porque no funciona y desprotege a la población jubilada y
al país. Nos tomamos 180 días para remplazar una fórmula actual, que fue
pensada para una economía que iba a despegar y sostener, por otra fórmula que
tiene que ser sostenible y razonable", dijo el ministro.
Guzmán dijo que el país no
tiene "cómo financiar el déficit fiscal" y que "emitir sería
desestabilizante". Y vinculó al actual sistema de indexación jubilatoria
con ese problema fiscal. "El esquema actual imposibilita la desinflación.
La situación de los jubilados hubiese estado peor si lo manteníamos",
afirmó.
En consecuencia, el
diagnóstico crudo es que primero se debe cortar la indexación jubilatoria, de
manera de que el gasto jubilatorio siga creciendo respecto de los recursos fiscales
y alimentando la carrera nominal de los precios.
Los números de la emergencia jubilatoria
Hablando en números, la urgencia
de Guzmán por incluir cambios en la indexación jubilatoria tiene un fundamento:
hoy en día, el gasto previsional
equivale al 60% del gasto público total. Este año se llevará la friolera de
$1,7 billones.
Sin cambios en la fórmula,
esa erogación crecería alrededor entre 50% y 55% este año por culpa del
arrastre de la inflación pasada. El diagnóstico del ministro fue que había que
cortar esa inercia.En palabras del economista Pablo Goldín: "Reencaminar
la locomotora". "Si el gasto previsional se expandiera al 55%, eso
obligaría a imponer un impuestazo inviable", argumenta el director de la
consultora MacroView.
De hecho, las opiniones de
los economistas han ido en un sentido casi unánime, más allá de cual fuera su
postura política: con la vigencia de la actual fórmula indexatoria, la
situación fiscal se transformaba en una bomba de tiempo.
La economista Marina Dal
Poggetto calculó, en un reporte de reciente aparición, que esa indexación de
las jubilaciones y pensiones le sumaría al menos 0,5% de déficit fiscal a las
previsiones del próximo año.
"Está claro que el
Gobierno no quiere agrandar el agujero fiscal. Que al menos piensa en que
debería ser al que tendremos este año, lo cual sería un éxito", agrega
Goldín.
Dal Poggetto es contundente
al hacer su diagnóstico, que es similar al que tomó Guzmán: "La
combinación de indexación plena seis meses para atrás, sin topes y una
recaudación que crece bien por debajo de la fórmula de indexación se torna
inviable con cualquier intento de estabilización que requiere ajustar precios
mirando hacia adelante y no hacia atrás", asevera.
En el mismo sentido se
expresó el economista Emmanuel Álvarez Agis: "Si esta fórmula (de
indexación jubilatoria) siguiera vigente, nuestras estimaciones indican que el
aumento de jubilaciones podría neutralizar la mejora de la recaudación de los
aumentos de impuestos", escribió el economista desde su consultora PxQ.
Para
tener idea del peso de las diferentes escalas en el gasto previsional, hay que
saber lo siguiente: en la actualidad, seis de cada diez jubilaciones y
pensiones cobran la "mínima", que apenas sobrepasa los $14.000.
Un dato adicional que sirve
para tomar dimensión del "problema": En la última década, el gasto
previsional más que duplicó el gasto público total, pasando de 5% del PBI en 2006 a 11% en 2018. Hay que
aclarar que gran parte de esa expansión se debió a la universalización del
derecho a la jubilación tomada durante el kirchnerismo.
De todas maneras, habrá que
esperar para conocer el impacto de esta decisión en las cuentas públicas. Los
economistas profesionales evalúan que el resultado final de todo el combo
dependerá también de si el Gobierno logra que "se prenda la
economía". Esto es, que la actividad vuelva a ser positiva. Y eso, hoy por
hoy, no luce nada claro, ya que depende de la interacción de un set de medidas
complementarias una con la otra.
Entre las iniciativas que
aumentan los ingresos -como los impuestos al consumo dolarizado, Bienes
Personales y las retenciones-, y aquellas que miden los gastos, como las
jubilaciones, el nivel de obra pública, la relación con las provincias o los
subsidios, en medio de un congelamiento tarifario.
Advertencias añejas
Está claro que el peligro
inflacionario que conlleva el sistema previsional no es un problema nuevo. De
hecho, todos los gobiernos han enfrentado alguna crisis al respecto. Las
últimas advertencias habían sido hechas en 2016, cuando junto con el blanqueo
de capitales se aprobó la "reparación histórica" según la cual se les
reconocía a los jubilados los aumentos pendientes que habían sido reconocidos
por la justicia.
En aquel momento, muchos
economistas habían advertido lo que podría llegar a ocurrir. Por caso, un
informe de la consultora Macroview, dirigida por Rodolfo Santangelo –el socio
de Carlos Melconian- hacía una descripción lapidaria al respecto: la Argentina se encaminaba
a ser el país con mayor gasto en jubilaciones y pensiones, medidas en términos
de PBI.
Pronosticaba que podría llegar a gastar hasta 13
puntos del PBI, mientras que que sólo países altamente desarrollados –con
acceso a financiamiento barato- y con tradición de un fuerte Estado de
bienestar tienen gastos por encima de los 10 puntos: Francia, con 12,2 puntos,
lidera la tabla, seguida por Gran Bretaña, que tiene 11,5%.
Según ese informe, la tasa
cae a niveles de entre 6% y 7% cuando se pone la lupa sobre países comparables
con la Argentina ,
como los europeos de la zona este o como los vecinos del Mercosur.
De hecho, esas advertencias
fueron las que en diciembre de 2017 habían sido tomadas en cuenta para la nueva
fórmula indexatoria, aquella que generó graves incidentes frente al Congreso.
La fórmula implicaba un ajuste por inflación pasada y por la evolución
salarial. Como en aquel momento se preveía que la economía entraría en una fase
de crecimiento y que la inflación seguiría cayendo, entonces el sentido de la
fórmula era que la masa jubilatoria cayera en términos relativos frente a la
recaudación fiscal.
La realidad demostró con
creces que las premisas fueron equivocadas. Ocurrió lo contrario, la economía
-y por consiguiente la recaudación- cayó mientras la inflación -y por
consiguiente el gasto jubilatorio- fue en alza. Irónicamente, los que más se opusieron a aquella fórmula argumentando
que perjudicaba a los jubilados son los que ahora la dejan sin efecto
argumentando que resulta infinanciable.
Fuente: iprofesional.com
martes, 17 de diciembre de 2019
Interna sindical con proyección en CGT y el Gabinete nacional
La crisis tomó por sorpresa al equipo de Alberto
Fernández, que se presumía había tomado distancia de las internas del
sindicalismo.
La toma por la fuerza de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) desnudó ayer una
interna sindical de años que se proyecta sobre la CGT y hasta el Gabinete de
Alberto Fernández. Y pone en primer plano las diferencias insalvables entre el
sindicalismo tradicional de la central obrera y los aliados de HugoMoyano, a quienes sin embargo los
une, por ahora, el apoyo al nuevo Gobierno.La disputa se basa en el control de la UTA y se resume en dos pesos
pesados: Roberto Fernández, el actual secretario general y un orgánico de la CGT , y el opositor Miguel Ángel Bustinduy, exsecretario de
Organización del gremio y referente de la poderosa empresa DOTA, con más de un centenar de líneas de colectivos en la Capital Federal y
el Gran Buenos Aires. Bustinduy, además, cuenta con el apoyo de Moyano.
Se trata de un llamado de
atención para Alberto Fernández ante el alegado propósito del mandatario de
poner en marcha un Consejo Económico y Social y un acuerdo de precios y
salarios que demandarán del aval en bloque del sindicalismo, además de las cámaras
empresarias. Hasta anoche el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tenía
resuelto no intervenir de manera directa para evitar enfrascarse en una disputa
que considera intrasindical.
La crisis tomó al Ejecutivo
por sorpresa y en buena medida encuentra su explicación en la limitada
respuesta del Presidente a las demandas sindicales por espacios en el Gabinete.
Como relevó este diario, con excepción de Nicolás Trotta, ministro de Educación
alineado con Víctor Santa María (jefe del gremio de encargados de edificios),
ningún titular de las carteras nacionales le debe su cargo a la CGT.
Tampoco las segundas líneas fueron integradas con dirigentes
o técnicos propuestos por los gremios.
La única concesión de valor
estratégico determinante que hizo Alberto Fernández a la central fue la Superintendencia
de Servicios de Salud, el organismo encargado de la distribución de recursos y
el control de las obras sociales sindicales. Allí nombró como superintendente
al médico David Aruachan, surgido del consenso de la mesa chica de la CGT , tal como había adelantado
este diario.Por lo demás se debe bucear en los escalafones intermedios de los
ministerios para encontrar funcionarios con pertenencia sindical: en Trabajo,
por caso, fueron nombrados como asesor de Moroni el abogado Alberto Tomassone,
proveniente de Comercio, y como directora de Asociaciones Sindicales Mónica
Risotto (del gremio de taxistas).
Mientras que en Transporte se
produjeron nombramientos de relieve y también los más irritantes para un sector
del sindicalismo. Allí Moyano había reclamado que Mario Meoni pusiera como
secretario a Guillermo López del Punta, un abogado que había ocupado el mismo
cargo en la gestión de Eduardo Duhalde. Meoni no sólo desoyó ese pedido, que el
camionero le había hecho en persona a Alberto Fernández durante un almuerzo
días atrás, sino que nombró como su jefe de Gabinete al abogado Abel “Chavo” De
Manuele, histórico asesor de la
UTA.
Con pocos días de diferencia
Moyano hizo saber su malestar en declaraciones públicas; su hijo mayor, Pablo,
avisó que el gremio de Camioneros no se allanará al eventual pedido de la
conducción de la CGT
de posponer paritarias a cambio de un aumento por decreto, en el marco del
acuerdo de precios y salarios, y terminó de estallar la crisis en la UTA a partir de un reclamo no
del todo claro respecto de los pagos de haberes de DOTA. Los trabajadores de
esa empresa, referenciados en Bustinduy, optaron por realizar una marcha hacia la UTA en lugar de focalizar su
protesta en la sede de la empresa.
En la CGT y en la UTA atribuían la manifestación
a una acción coordinada entre la compañía de la familia Faijá y el propio
Bustinduy para presionar al nuevo Gobierno por la restitución de subsidios. En
ese sentido, Roberto Fernández se
hizo fuerte en el gremio en los últimos años a instancias de la constante
negociación con los gobiernos, tanto de Néstor y Cristina de Kirchner como de
Mauricio Macri, de los multimillonarios subsidios destinados al transporte
público de pasajeros. El jefe del sindicato pasó en un abrir y cerrar de ojos
de un apoyo lineal a Macri y reuniones constantes con el exministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, a abrazarse a la gestión de Alberto Fernández
apenas anunciado el resultado electoral.
Fuente: lanacion.com
WhatsApp: Cómo eliminar el historial de llamadas y otros trucos…
Un tutorial para borrar este archivo, así como otros ajustes de
configuración que pueden ser de utilidad para personalizar el servicio, reducir
el consumo de dato y mejorar la privacidad.
Cada vez que se hace una
llamada por WhatsApp queda un registro archivado del contacto al que se llamó y
el horario en que se estableció esa comunicación. En caso de que se quiera
eliminar ese historial basta con ingresar a la pestaña Llamadas, presionar en
los tres puntos que figuran en la parte superior y elegir la opción que dice
“Borrar registro de llamadas”.
En caso de que no se
quiera eliminar el historial completo sino alguno de los registros, entonces
habrá que ir al elemento del listado que se quiere borrar, presionar sobre ese
elemento y luego en el tachito de basura que aparecerá. De ese modo se
eliminará la información seleccionada.
Otros trucos de WhatsApp
WhatsApp ofrece varias
opciones de configuración que permiten optimizar su uso así como personalizarlo
según los deseos y necesidades del usuario. Aquí, alguno de ellos
Configuraciones de Privacidad
Dentro de este apartado,
al que se accede por medio de Ajustes/Cuenta, se puede optar por elegir que
nadie ve la hora de última conexión o seleccionar quién puede ver la foto de
perfil. También se puede desactivar las confirmaciones de lectura para que
nadie sepa cuando se vio el mensaje.
Dentro del apartado
Grupos se puede elegir quién podrá añadirte a los chats grupales. Esta
herramienta se sumó este año y es una de las grandes novedades que llegaron a
la plataforma. Allí también se podrá acceder al listado de contactos
bloqueados.
También dentro de esta
sección está la opción para activar el bloqueo por huella dactilar. Con esta
opción, sólo será posible ingresar al servicio de mensajería apoyando el dedo
sobre la pantalla.
Verificación en dos
pasos. Esta opción está dentro de Ajustes. Al activarla hay que crear un PIN
que se utilizará como segundo factor de autenticación.
Cambiar de número sin perder
información. Dentro también de Ajustes también está la opción “cambiar de
número” que permite migrar los ajustes, grupos e información de la cuenta para
no perder esta información en el cambio.
Copias de seguridad
Para activar las copias
de seguridad hay que ir hasta Ajustes/Chats y luego elegir la opción Copia de
seguridad. Allí se puede elegir guardar las copias de las conversaciones en
Google Drive, en el caso de Android o en iCloud, en el caso de iPhone. Se puede
establecer que se hagan las copias automáticas cada determinado tiempo, si es
que así se desea.
Datos y almacenamiento
Para gestionar esta
información hay que ingresar en la opción Datos y Almacenamientos dentro del
menú Ajustes. Allí se podrá ver cuántos datos se utilizaron a la fecha y también
activar la opción “disminuir uso de datos” que reduce los datos de las
llamadas.
Es posible elegir la
opción “descargar con wifi” todos los archivos para que sólo se descarguen
cuando haya wifi y no con datos. De este modo se ahorra en el consumo.
También se puede ver
dentro de Uso de almacenamiento cuántos recursos se consumieron por chat y se
puede ir liberando espacio dentro de cada conversación
Fuente: https://www.infobae.com/america/tecno/2019/12/17/como-eliminar-el-historial-de-llamadas-en-whatsapp
lunes, 16 de diciembre de 2019
sábado, 14 de diciembre de 2019
Decreto 34/2019: Declárase la emergencia pública en materia ocupacional
DECNU-2019-34-APN-PTE – Disposiciones. Ciudad de Buenos Aires, 13/12/2019 VISTO el Expediente N° EX -2019-110269114-APN-DSGA#SLYT, y CONSIDERANDO:
Que es intención del PODER EJECUTIVO NACIONAL realizar una convocatoria a una mesa de trabajo inspirada en los principios de solidaridad en la emergencia, a través de la cual se puedan alcanzar acuerdos básicos de corto plazo que coadyuven a detener el creciente deterioro económico y social que experimenta el tejido productivo de la Argentina.
Que dicha mesa de trabajo estará basada en principios de diálogo y concertación plural entre el sector empresarial y de los trabajadores y las trabajadoras y del Estado.
Que en dicho contexto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia resulta preciso atender a la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo.
Que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres, conforme surge de los reportes de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a septiembre 2019).
Que ya en el año 2016 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue observado en su totalidad por el Decreto N° 701 de fecha 20 de mayo de 2016.
Que desde la fecha del veto se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado privado: en mayo de 2016 había 6.178.000 trabajadores y trabajadoras y TRES (3) años después, en septiembre de 2019, 6.067.000.
Que en virtud de lo expuesto es necesario declarar la emergencia pública en materia ocupacional, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, a los fines de atender de manera inmediata y por un plazo razonable, la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de los acuerdos básicos indicados precedentemente.
Que asimismo, corresponde establecer que en caso de producirse despidos sin justa causa durante el término que dure la emergencia, los trabajadores y trabajadoras afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.
Que a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, resulta pertinente disponer que el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Que la gravedad de la crisis en materia ocupacional y el consecuente debilitamiento de las condiciones que hacen posible el acceso al derecho al trabajo determinan que gran parte de la población conviva con el temor a la pérdida del empleo y padezca un deterioro en sus condiciones de vida, lo que empeora con el paso de los días.
Que el dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite asegurar la eficacia de la medida, dando certeza respecto de sus efectos, y permitiendo que a partir de su publicación en el Boletín Oficial se promueva la protección del trabajo.
Que la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes. Que la Ley Nº 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así como de elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DÍEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de los artículos 2°, 19 y 20 de la Ley Nº 26.122.
Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Declárase la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
ARTÍCULO 2º.- En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.
ARTÍCULO 3°.- La duplicación prevista en el artículo precedente comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo.
ARTÍCULO 4°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 6º.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNANDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Eduardo Enrique De Pedro – Felipe Carlos Solá – Agustín Oscar Rossi – Martín Guzmán – Gabriel Nicolás Katopodis – Sabina Andrea Frederic – Ginés González García – Elizabeth Gómez Alcorta – Nicolás A. Trotta – Matías Sebastián Kulfas – Claudio Omar Moroni – Luis Eugenio Basterra – Matías Lammens – María Eugenia Bielsa – Daniel Fernando Arroyo – Tristán Bauer – Roberto Carlos Salvarezza – Juan Cabandie
WordPress.com
viernes, 13 de diciembre de 2019
jueves, 12 de diciembre de 2019
miércoles, 11 de diciembre de 2019
Teléfonos inteligentes. Profesiones digitales
Teléfonos
inteligentes. Profesiones digitales
Rodríguez Canfranc, Pablo. Teléfonos
inteligentes. Profesiones digitales. Madrid: Fundación Telefónica,
2019
Nuestra vida digital cada vez
pasa en mayor medida a través de los teléfonos inteligentes. El uso que hacemos
de internet para trabajar, relacionarnos o entretenernos, se desvincula
progresivamente de los dispositivos fijos, aquellos anclados a un lugar
concreto, y se hace ubicuo. Y el smartphone es
el terminal rey para acceder a las redes, preferido a otros como las tabletas o
los wearables, los dispositivos que se incorporan a alguna parte de nuestro
cuerpo e interactúan con él o con otros aparatos.
Este número de PROFESIONES
DIGITALES nos acerca a aquellos perfiles laborales relacionados con el
desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes.
PROFESIONES DIGITALES es una
colección de monográficos de Fundación Telefónica que pretende dar a conocer
aquellos perfiles profesionales más demandados por la economía digital.
Con un lenguaje sencillo y
divulgativo, cada número acerca al lector una disciplina en la que desarrollan
su actividad los trabajadores con los puestos más vanguardistas, ofreciendo de
esta manera una breve orientación sobre nuevas áreas laborales.
Claudio O. MORONI : designado MINISTRO de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 19/2019
DECFO-2019-19-APN-SLYT
- Desígnase Ministro.
Ciudad de Buenos Aires,
10/12/2019
VISTO el artículo 99,
inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase, a
partir del 10 de diciembre de 2019, en el cargo de Ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al Doctor D. Claudio Omar MORONI
(D.N.I. N° 13.645.872).
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNANDEZ - Santiago Andrés Cafiero
e. 11/12/2019
N° 96123/19 v. 11/12/2019
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