La oficina de
Naciones Unidas en la Argentina
emitió hoy un duro informe sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el
país y su proyección en el futuro inmediato donde advierte un incremento de la pobreza
infantil, una fuerte profundización de las desigualdades, mayor impacto
del virus en los barrios vulnerables, el incremento de la violencia de género
en medio de la cuarentena y un duro golpe en el ingreso de los argentinos.
El informe “COVID-19 en
Argentina: impacto socioeconómico y ambiental” fue presentado en una
videoconferencia por los representantes de la ONU, la OIT y la OMS en Buenos Aires y refleja un preocupante
diagnóstico sobre la situación actual de la pandemia en el país pero también
una proyección oscura en el futuro inmediato, con la economía como uno de los
principales sectores afectados.
“El informe que presentamos arroja una imagen
alarmante y preocupante por el avance del COVID-19. A una Argentina que ya
estaba afectada por crisis socioeconómica, la pandemia afectará de manera
dramática a millones de argentinos y ello traerá mayor pobreza”, dijo Roberto
Valent, representante de la ONU en Buenos Aires al difundir el documento.
En tanto, la doctora Maureen
Birmingham, representante de la OMS en la Argentina destacó que “Argentina encaró la pandemia con medidas rápidas para
asegurar la protección social y con transparencia. Esto permitió aplanar la
curva de COVID-19 al principio y preparar el sistema de salud. Pero –alertó- sabemos por experiencia que si se
relajan las restricciones el virus sigue presente y puede volver en un disparo
descontrolado”
Según el documento de 88 páginas que elaboró la ONU,
las siguientes serán las principales consecuencias en la Argentina:
Pobreza infantil.
El informe señala que en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53%
de los/las niños/as, y alertó que tras la
pandemia podría escalar al 58,6%, hacia fines de 2020. Los datos son proyecciones basadas en estimaciones
de la caída del PBI y de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En términos de volúmenes de
población, ese incremento proyectado implicaría que entre 2019 y 2020 la
cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76
millones; la pobreza extrema, de 1,8
a 2,1 millones.
Situación en barrios
vulnerables. El análisis realizado por la ONU en Argentina muestra fuertes
desigualdades. Advierte que la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9
de cada 10 niños/as que viven en barrios vulnerables. “La ubicación de la
vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad”, dice
el informe.
Así, remarca que el Registro
Nacional de Barrios Populares de Argentina indica que 4,2 millones de personas
viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua
corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica
formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.A tres meses del
primer caso de COVID-19 en Argentina, la ONU alertó que 2 de cada 10
contagiados registrados en Buenos Aires vive en asentamientos precarios.
Asimismo, señala que la economía de quienes viven en las villas se ve
paralizada debido a las restricciones sobre la actividad impuestas por la
cuarentena.
Datos previos a la crisis de
la pandemia enseñan que más del 85% de las/los trabajadoras/es de los barrios
populares son empleados/as informales, eventuales o independientes, que en la
mayoría de los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral
ante shocks como la crisis sanitaria. Ahora solo el 12% de esta población
percibe ingresos de un subsidio estatal, siendo la mayoría mujeres (el 62%
Salario Social Complementario y el 74% Hacemos Futuro). El 31% de las mujeres y
el 73% de los hombres tienen un trabajo con ingresos, números que bajan
drásticamente en trabajos registrados, con el 10% y el 24%, respectivamente.
Los sectores más afectados.
Ante las medidas de aislamiento social que impuso el Gobierno para contener la pandemia
y reforzar la capacidad del sector de la salud, la ONU señaló que los sectores
que se vieron más afectados por la parálisis económica fueron los industriales
de productos “no esenciales”; el comercio de productos “no esenciales”; la
construcción; las/los trabajadoras/es de casas particulares; la provisión
general de servicios sociales; los hoteles y restaurantes; las actividades
inmobiliarias y el transporte de media y larga distancia.
Caída de ingresos.
En una de las encuestas que hizo la ONU sobre los efectos de la pandemia en la
Argentina el informe revela que en el contexto del aislamiento social, la
principal causa asociada con la disminución de ingresos está relacionada con el
tipo de actividad económica (venta ambulante, trabajo por cuenta propia de
plomería, albañilería, electricidad, changarín) y la imposibilidad de salir a
trabajar (56%); seguida por la suspensión temporal (18%); la disminución en el
nivel de ventas, pedidos o clientes (15%); la reducción de horas trabajadas
(12%); la reducción de salario (8%), entre otras con menor incidencia.
Esto se ve reflejado en que,
por ejemplo, en aquellos hogares sin presencia de asalariados, donde el 72%
sufrió una reducción de sus ingresos. Además, el 7,2% de los hogares declara
que se ha perdido al menos un empleo: en 400.000 hogares una persona ha perdido
su empleo. Esta cifra llega al 10% en la zona del NEA. También el informe
revela en este aspecto que ante la disminución de ingresos, algunos hogares
(39%) han tenido que dejar de pagar algún servicio, principalmente luz, gas,
teléfono, celular o internet. Estos valores ascienden al 45% en el caso los
hogares de menores ingresos. Además, un 5% de los hogares tuvo que reducir el
consumo de medicamentos, valor que asciende al 7,5% en los hogares ubicados en
villas y asentamientos.
Informalidad laboral.
El documento de Naciones Unidas reveló también que desde principios de 2018, la
tasa de trabajadores no registrados ha aumentado hasta alcanzar al 35,9% del
total de los asalariados a finales de 2019, con una mayor incidencia entre las
mujeres. Pero advierte que este aspecto se profundizará sustancialmente con la
pandemia.
Ayuda social.
Al analizar la situación en las villas y los asentamientos, el informe destaca
los datos que muestran que la llegada de los esquemas de transferencias
sociales sirvió para para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la
Argentina, como el IFE (31%), el bono extraordinario de AUH (45%) y la tarjeta
Alimentar (25%), tenía una cobertura más alta que en el resto de los hogares.
Por ende, se infiere una “buena focalización en hogares de bajos ingresos, que
se comprueba tanto al analizar la cobertura por cuartiles de ingresos como
cuando se observa que, entre quienes perciben una transferencia social, el
62,8% contaba con cobertura pública de salud y el 17,4% tenía una cobertura
privada de salud”.
Provisión de alimentos. La ONU alertó que “una importante lección que depara
la pandemia es la necesidad de acortar las cadenas logísticas, fortalecer los
mercados locales y la producción agroalimentaria de cercanía”. Pero a la vez,
señala oportunidades para “la producción de alimentos más saludables y
asequibles para la población y la creación de empleos más resilientes”.Así, en
el contexto de la pandemia, el informe sostiene que el 28,3% de los hogares
relevados había dejado de consumir algún alimento por limitaciones en el
ingreso. Pero en las villas y los asentamientos, el porcentaje llega al 45,3%.
Los hogares con jefatura femenina, los numerosos y aquellos con al menos una
persona con discapacidad también muestran mayores dificultades en el acceso a
alimentos que el promedio general. Asimismo los valores aumentan en algunas
regiones tales como Cuyo.
Mujeres y hombres.
El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y
puede exacerbar las disparidades previamente existentes asociadas al género. De
esta manera, en el informe se detalla que según la Encuesta Rápida de UNICEF,
el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que, durante el
aislamiento social, ha sentido una mayor carga de las tareas del hogar respecto
al período previo. Las causas de la sobrecarga son la limpieza de la casa
(32%); la tarea de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda
con las tareas escolares (22%).
Educación limitada.
El informe destaca que en la Argentina la reducción del tiempo de instrucción
que repercute en los logros del aprendizaje. “Cuando las escuelas cierran, el
rendimiento educativo se ve afectado”, dice el documento. Sin embargo, los
resultados de la Encuesta Rápida COVID-19 realizada por UNICEF revelan un
primer dato alentador: el 81% de los hogares con niños, niñas y adolescentes
tiene actividades y tareas escolares durante la cuarentena y que en 2 de cada 3
casos realizan tareas todos los días de la semana, lo que da cuenta de un
sostenimiento del vínculo entre los estudiantes y las instituciones educativas
a pesar del cierre de las mismas dispuesto por el Poder Ejecutivo para mitigar
el riesgo de contagio.
Violencia de género.
La cuarentena en la Argentina aumentó los riesgos de violencia de género y
abuso sexual. El encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes
de protección social afectaron los determinantes sociales de la salud y el
bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. Así,
según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del 20 de
marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 —el
único servicio nacional, gratuito y confidencial que brinda atención y
orientación sobre violencia de género— superó en un 39% al de los días
anteriores a la pandemia. Asimismo, durante el período de aislamiento se han
incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21
femicidios en el país.
Anticonceptivos.
El COVID-19 y la cuarentena presentan dificultades en el acceso a los
anticonceptivos modernos tanto por la vía del abastecimiento y provisión
pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los
anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. También alertó que seis
de cada diez mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo
harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que 4
de cada diez mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de
anticonceptivos modernos, lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los
servicios públicos de salud.
Durante la presentación del
informe que hizo la ONU, Luisa Brumana representante de UNICEF en Argentina
reveló que la pandemia podría afectar a 9 de cada 10 niños a una situación de
pobreza. “Es importante enfocarse en estos sectores. Sabemos que el Estado está
haciendo un esfuerzo importante. Pero son los grupos que más se verán
afectados”, dijo.
A la vez, Valent, como
representante de la ONU en la Argentina, dijo que “la pandemia afecta de manera dramática para millones de argentinos y
ello traerá mayor pobreza”. Y alertó que la economía de la Argentina caería
hasta un 10%; se perderían hasta 800.000 empleos en Argentina en el 2020 y la
respuesta a una salida de esta crisis deberá llegar de manera multidimensional,
con lo que destacó la iniciativa del Gobierno de promover el Consejo Económico
y Social.
En la presentación del
informe de la ONU se hizo presente Victoria Tolosa Paz, Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien remarcó que “el
informe deja al descubierto las desigualdades en Argentina que no son nuevas
pero también refleja que fue un acierto el aislamiento para detener el avance
del COVID-19” .
En cuanto a las
recomendaciones a futuro, la oficina de la ONU en Argentina planteó
la necesidad de profundizar medidas para restringir el movimiento y el contacto
del virus; establecer medidas para garantizar que los servicios de salud
lleguen a los grupos más marginalizados, mitigar el impacto de la pandemia en
ellos y abordar las barreras estructurales, legales y administrativas para el
acceso; diseñar políticas fiscales y monetarias capaces de apoyar la provisión
directa de recursos para apoyar a las/los trabajadores/as y los hogares, la
provisión de seguros de salud y de desempleo, el aumento de la protección
social y de ingresos y el apoyo a las empresas para evitar las quiebras y las
pérdidas masivas de puestos de trabajo y utilizar las inversiones públicas para
desarrollar infraestructura con el menor impacto ambiental negativo posible,
rehabilitar y conservar los recursos naturales y dar prioridad a la resiliencia
a fin de reducir el riesgo de desplazamiento de personas y empresas.
