El jefe del sindicato de los choferes-Roberto Fernández -, junto con su antecesor Juan Manuel Palacios, tienen conexiones documentadas con una empresa radicada en las Bahamas, un paraíso fiscal asociado al lavado de dinero.
Cuatro años pasaron de la renuncia de Juan Manuel Palacios como jefe del sindicato de choferes. El motivo fue una investigación de PERFIL, que reveló que había comprado campos a valores millonarios. El sucesor en el gremio fue Roberto Fernández, que también había participado en aquel negocio. Y ahora, este diario descubrió que Palacios, Fernández y su emprendimiento rural están vinculados a una empresa extranjera ubicada en Las Bahamas, un paraíso fiscal utilizado para el lavado de dinero.
Los sindicalistas tienen vínculos documentados con esa sociedad, que recibe el nombre de Vandalia Investments Limited. La firma offshore estableció una sucursal en Argentina, donde contrató al mismo escribano y se estableció en la misma dirección que Calema, la compañía que los gremialistas usaron para comprar las propiedades rurales.
Pero existe un nexo todavía más fuerte: la empresa foránea informó como domicilio fiscal una casa de la familia de Fernández. Allí vivió mucho tiempo su actual mujer, que ahora trabaja para la obra social del sindicato y en esa vivienda todavía reside la suegra de Fernández.
La empresa offshore fue creada en Las Bahamas, un archipiélago de islas del mar Caribe considerado un "paraíso fiscal", porque rige un secreto que hace difícil saber –por ejemplo– quiénes son los dueños de un depósito bancario o de una empresa.
Los datos sobre la creación de la firma se encuentran en la Inspección General de Justicia (IGJ), donde tuvieron que ser presentados por la propia sociedad para fijar una sede local. Fue inscripta el 26 de septiembre del año 1996 por dos agencias bahameñas que se dedican a fabricar ese tipo de sociedades: Atlantic y Continental Management Services. En mayo del año 2000, un "vecino panameño" llamado Andrés Maximino Sánchez se presentó como "único director de Vandalia Investments" y firmó un documento donde tomó seis resoluciones (ver facsímil).
Una de ellas fue "establecer sucursal en Argentina" fijando "domicilio en la Calle Lavalle 1634, Piso 4 H, Capital Federal". Y ése era el mismo departamento porteño que declaraba Calema SA, la empresa manejada por los jefes sindicales de la UTA(Unión Tranviarios Automotor). La coincidencia fue simultánea: la offshore se estableció allí en mayo de 2000, mientras que Calema lo hizo un mes más tarde.
En el directorio de esa compañía argentina, Roberto Fernández figuraba como presidente, acompañado por familiares de Juan Manuel Palacios. Todos ellos fijaron "domicilio especial" en el apartamento de Lavalle y lo mantuvieron incluso después que la empresa se trasladó a otra ubicación.
Otro nexo con Fernández y Palacios fue el escribano que utilizaron: Daniel Gamerman certificó varias escrituras de Calema, pero también intervino cuando Vandalia estableció su sede en Buenos Aires (ver facsímil). Este medio consultó a esa escribanía sobre la coincidencia, pero no recibió respuestas. El vínculo más evidente involucra a la familia de Fernádez. La firma informó que su domicilio fiscal se encontraba en Pringles 2781 de Lanús.
PERFIL comprobó que se trata de la casa de la suegra de Fernández, Clara Calienni. "No sé por qué esa empresa figura acá, pregúntenle a Silvia", dijo a través de una ventana. Silvia Bevk es su hija y además es la mujer del líder de la UTA. El documento panameño nombraba como apoderada a Sabrina Teresa Corti. Este diario se comunicó con la mujer, que dijo que "el abogado Alejandro Cicardo" le había pedido que firmara los papeles y agregó: "No sé lo que firmé, tenía 21 años y me tenían trabajando en negro. Me llevaron a la oficina del contador Mario Micele y me pagaron 50 pesos, espero que no me hayan metido en un lío", apuntó. Las dos personas desmintieron el episodio.
Hoy Palacios le da consejos a Hugo Moyano. Fernández coquetea con los "gordos", que se le oponen. Pero en los negocios siguen juntos.
Negocios rurales
En septiembre de 2006, PERFIL reveló que los jefes sindicales de la UTA eran dueños de varias estancias en Buenos Aires y La Pampa. Para adquirilas, habían utilizado la empresa Calema, ahora vinculada a Vandalia Investments.
Después de aquella revelacion, Palacios dejó el sindicato. También se abrió una causa judicial para investigar cómo dos ex choferes de origen humilde se habían convertido en prósperos estancieros, A pesar del sólido trabajo del fiscal Carlos Rívolo, el juez Norberto Oyarbide, quien hoy investiga a Hugo Moyano, los sobreseyó. Después de que el expediente terminó cerrado, Fernández consiguió el domingo pasado su reelección al frente de la UTA por otros cuatros años. Sus voceros no respondieron la consulta de este diario.
Por Leonardo Nicosia
Investigacion: http://www.perfil.com/
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